Sentencia 5682 de octubre 20 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Referencia: Expediente 5682

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil.

(...).

1. La causal cuarta de casación constituye un motivo autónomo que presenta características especiales.

En efecto, ella se configura cuando se ha violado el principio de la no reformatio in pejus, previsto en el artículo 357 del Código Procedimiento Civil, esto es, cuando la sentencia de segunda instancia impugnada contiene decisiones que hacen más gravosa la situación de la aparte apelante o la de aquella para cuya protección se surtió la consulta, siempre que la otra no haya apelado, ni adherido a la apelación, salvo las excepciones legales (cuando en razón de la reforma fuere necesario hacer modificaciones sobre aspectos íntimamente relacionados con la providencia impugnada, o cuando las dos partes hubieren apelado).

Por tal razón, para la estructuración de esta causal, ha sostenido la Corte que resulta indispensable la concurrencia de cuatro elementos: “a) que haya un litigante vencido, excluyéndose por ende cuando se trata de la apelación de fallos meramente formales: b) que sólo dicho litigante apele, puesto que la restricción en examen cede cuando la parte contraria formula también recurso o adhiere al inicialmente promovido; c) que con su decisión, el ad quem haya modificado, desmejorándola, la posición procesal que para el apelante creó el proveído en cuestión; y d) que la enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de carácter lógico o jurídico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional y a su completa efectividad inmediata, evitando tener que remitirse a nuevas actuaciones posteriores, caso este último del que suministra persuasivo ejemplo el segundo inciso del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil” (Sent. dic. 2/97, exp. 4915).

De igual forma, en esa misma providencia la Corte concluyó que “Por consiguiente para que la reforma en perjuicio se configure, es indispensable que ciertamente el superior enmiende la providencia apelada imponiendo al litigante vencido una agravación de las obligaciones a que ya fue condenado, y no cualquier enmienda, aclaración o corrección en algunas hipótesis, orientados simplemente a disipar un simple yerro o un lapsus calami. (Cas. Civ. mayo 10/89)”. (El subrayado es ajeno al texto).

2. En el presente cargo se ha acusado la sentencia del tribunal de resultar más gravosa al apelante, en cuanto que la parte recurrente nunca podría iniciar la acción de pertenencia sin antes definir la situación de co-posesión que mantenía sobre el inmueble.

Se recuerda que Franquelina Uribe de Jiménez demandó a María Juana Abril de Aparicio y Ana Rosa Aparicio Abril para que se declarara que pertenece de pleno dominio a la primera, el 50% del local distinguido en su puerta de entrada con los números 9-66 y 9-70 de la calle 15 de esta ciudad, inmueble que hace parte de otro de mayor extensión, siendo rechazadas estas pretensiones en su integridad por el a quo precisamente en cuanto no encontró acreditado el tiempo de posesión suficiente para adquirir el dominio por prescripción.

En estas circunstancias, el demandante apeló para que se accediera a las súplicas del libelo, considerando que sí concurrían los elementos necesarios para su prosperidad, entre ellos, el tiempo de ejercicio de la posesión. Ante dicha apelación, el tribunal de segundo grado decidió revocar la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la actora y, en su lugar, decidió inhibirse de fallar de mérito el asunto por falta del presupuesto procesal de “demanda en forma”, habida cuenta de que en ésta no se identificó el 50% del inmueble cuya pertenencia se alegaba.

Siendo así las cosas, la Corte no advierte que se hubiera violado el mencionado principio, por cuanto no habiendo sido la sentencia de primer grado favorable al apelante sino adversa de manera integral, ya que había sido absolutoria de las pretensiones de la demanda, debe concluirse que en esta apelación el tribunal adquirió plena competencia para revisar la totalidad del proceso, tanto para mantener la decisión ya tomada como para sustituirla (de manera condenatoria o absolutoria o, incluso, inhibitoria). Además, porque tratándose de los presupuestos procesales, siendo asunto de orden público, resulta obligatorio para el juez efectuar un pronunciamiento expreso en ese sentido, tal y como lo sostenido reiteradamente (sic) esta corporación, como es el caso de la sentencia del 21 de marzo de 1991 en la que sobre el tema se dijo que: “De acuerdo con la doctrina, ha dicho la Corte que los presupuestos procesales, entendidos como los requisitos exigidos por la ley para la regular formación y el perfecto desarrollo del proceso, deben hallarse presentes para que el juez pueda proferir sentencia de mérito; que su ausencia (en excepcionales casos) lo conduce a un fallo inhibitorio, con fuerza de cosa juzgada formal y no material; y que como estos requisitos implican supuestos previos a un fin pretendido, se impone al fallador, dado el carácter jurídico público de la relación procesal, el deber de declarar oficiosamente, antes de entrar a conocer y decidir sobre las pretensiones y excepciones deducidas por los litigantes y si existen o no los presupuestos del proceso...”.

Adicionalmente a lo precedentemente señalado, observa la Corte que la decisión inhibitoria de segundo grado, resultó más favorable al apelante si se confronta con la sentencia desestimatoria de primer grado, porque aquella, a diferencia de ésta, no hace tránsito a cosa juzgada material (CPC, art. 333, inc. 4º).

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