Sentencia 5694 de julio 14 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

DESPIDO DE TRABAJADORES OFICIALES

POR SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA

EXTRACTOS: «El punto principal a dirimir en el sub lite consiste en determinar si frente a la solicitud de destitución de un empleado oficial que hace la Procuraduría General de la Nación a la autoridad nominadora, ésta tiene obligación, además, de acudir al procedimiento convencional señalado para despedir a sus trabajadores cuando éstos han incurrido en justas causas de retiro.

Sobre el particular, la Sección 2ª de la Sala en sentencia del 30 de septiembre de 1987, radicación 1346, dijo:

“2. Conviene anotar que el sentenciador deduce la legalidad del despido por parte de la empresa nominadora de la solicitud que le hizo la Procuraduría General de la Nación, quien le impuso a Vallejo Ceballos la sanción disciplinaria de destitución por medio de Resolución Nº 613, organismo con competencia legal para ejercer la vigilancia sobre los empleados oficiales en el cumplimiento de sus deberes por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 25 de 1974, que ordena:

“El Procurador General, los Procuradores Delegados de que trata el artículo anterior y los Procuradores Regionales podrán imponer o solicitar la imposición a los empleados oficiales de las siguientes sanciones disciplinarias:

“a) Amonestación escrita con orden de que se anote en la hoja de vida;

“b) Multa hasta por un sueldo mensual;

“c) Solicitud de suspensión hasta por treinta (30) días, y

“d) Solicitud de destitución.

“PARÁGRAFO: El nominador está en la obligación de satisfacer dentro del término de diez (10) días, la solicitud de suspensión, o de destitución, so pena de incurrir en causal de mala conducta y en sanción igual a la que se abstuvo de imponer”.

El texto legal transcrito fue declarado exequible por esta Corporación en sentencia del 8 de agosto de 1985 (Radicación Nº 1303, Magistrado Ponente doctor Carlos Medellín) y al respecto dijo lo que se transcribe a continuación:

Segunda. El primer cargo de los que en la demanda se formulan contra las normas acusadas consiste en que éstas, al conceder al Ministerio Público facultades disciplinarias que sujetan a su control a los trabajadores oficiales y los exponen a sanciones previstas, atentan contra la especial protección del trabajo por el Estado, ordenada en el artículo 17 del estatuto constitucional. No se ve ciertamente cómo pueda ocurrir lo afirmado por el actor, pues una cosa es el deber del Estado de brindar efectiva protección al trabajo mediante la expedición de normas y la aplicación de medidas con él relacionadas, como las propias de la seguridad social, de la justa remuneración, de la estabilidad del trabajador, del equilibrio en las relaciones entre empleadores y empleados, y similares, y otra diferente el establecimiento de sistemas de vigilancia sobre los comportamientos de las personas vinculadas laboralmente al Estado para que éste se ajuste en todo momento a las exigencias de la ley, como medio de lograr el imperio de la legalidad entre quienes, conscientes de esta situación y conformes con ella, aceptan responsabilidades de servicio al ente estatal en sus diversos organismos. Más aún, una vigilancia bien ejercida, como la que la Carta asigna al Ministerio Público, puede llegar a ser el instrumento más eficaz para que el trabajo resulte mejor protegido, con el consiguiente beneficio de los empleados y los trabajadores, ya que éstos, compelidos de manera permanente al eficaz desempeño de sus labores, gozarán de mayor estabilidad en sus cargos y cumplirán sus actividades al amparo de esa legalidad ,constituida precisamente, y además, para la determinación y eficacia de sus derechos como tales, en armonía con sus correspondientes deberes. El buen control es siempre un instrumento de provecho tanto para quien lo recibe como para el destinatario de su actividad laboral, en este caso, la sociedad en su organización política y funcional.

Tercera. Por la misma razón la vigilancia del Ministerio Público a que se refieren las normas demandadas, y su facultad para aplicar las sanciones previstas en ellas, no determinan una sustitución del “poder jurídico de mando”, atribuido al empleador, como se afirma en el libelo, pues tanto en los preceptos constitucionales que establecen los poderes de control de la Procuraduría sobre los servidores del Estado —“supervigilar la conducta oficial de los empleados públicos”—, como en las disposiciones legales que desarrollan tal facultad, en particular las de la Ley 25 de 1974, a la cual pertenecen las normas acusadas, se deslindan las posiciones del vigilante y del vigilado, sin que haya lugar a confusión de ellas, o entre ellas. Adviértase cómo en lo que toca con la permanencia en el empleo de los sancionados, el acusado artículo 14 lo que autoriza en todo caso es: “solicitudes de suspensión”, y “solicitudes de destitución”, no que el funcionario del Ministerio Público produzca por sí mismo y directamente esas desvinculaciones transitorias o definitivas del empleado sancionado, sino para que lo haga el mismo nominador dentro de sus atribuciones de tal, pero naturalmente, además, para que haya de hacerlo, pues parte de sus funciones es el mantenimiento de la disciplina laboral que estas normas tutelan, y ellos así mismo se encuentran sometidos al poder disciplinario que la Carta ha conferido al Ministerio Público, específicamente en sus artículos 143 y 145 y que la Ley 25 de 1974 tiene suficientemente reglado, facultad constitucional en la cual no existen discriminaciones ni privilegios, como para que pueda afirmarse que hay quienes por su determinado tipo de vinculación con el Estado están exentos de la vigilancia de la Procuraduría sobre sus comportamientos oficiales, o que sólo algunos de éstos han de soportarla, por el significado político de las funciones que cumplen. Es el solo status del servicio al Estado, en cualquiera de sus múltiples posiciones, y en todas ellas a la vez, el que determina esa subordinación al poder disciplinario establecido por el constituyente en los términos de los citados artículos del Código Superior”.

Luego el Ministerio Público tiene la atribución legal de se que ejerza el poder disciplinario sobre los trabajadores oficiales, clasificados conforme al artículo 1º del Decreto 1848 de 1969 como empleados oficiales y de imponer las sanciones disciplinarias previstas en el artículo 14 de la Ley 25 de 1974”.

Adicionalmente a lo anterior, cabe destacar que el señalamiento en normas contractuales como la convención colectiva de trabajo, de procedimientos a seguir para despedir a un trabajador por justa causa tiene una finalidad concreta, cual es la de permitir que el inculpado conozca las acusaciones en su contra y pueda controvertirlas, solicitando la práctica de las pruebas correspondientes con el fin de garantizarle un adecuado derecho de defensa, para que el empleador, una vez cumplido el respectivo trámite determine si existen motivos valederos que culminen en la desvinculación de su servidor, o si por el contrario, la instrucción desarrollada permite concluir en que las faltas imputadas no tuvieron ocurrencia, sin perjuicio, desde luego, que configurado lo primero pueda haber la controversia judicial sobre tales hechos.

Siendo ello así, resultaría inane adelantar un procedimiento convencional como en el asunto que se examina, en el que fatalmente el nominador debe retirar del servicio al trabajador cuya desvinculación es solicitada de manera obligatoria por la Procuraduría General de la Nación, so pena de incurrir en causal de mala conducta y en sanción igual a la que se abstiene de imponer, de acuerdo a lo que perentoriamente exige el artículo 14 de la Ley 25 de 1974, no sin dejar de advertir que en el procedimiento disciplinario adelantado por este organismo contra el actor en el presente juicio, éste gozó de su derecho pleno a la defensa, ya que respondió a los cargos formulados, solicitó pruebas que le fueron practicadas e impugnó la decisión de primer grado, todo dentro de un debido proceso.

Y resulta bastante contradictorio, contra el sentido natural de las cosas, que en un evento como el planteado en el asunto sub examine, el no adelantamiento por la nominadora del procedimiento convencional consagrado para despedir a un trabajador frente a una solicitud de destitución que hace una autoridad competente cuyo incumplimiento genera la misma sanción para quien se abstiene de hacerlo, lo haga soportar también condenas judiciales por la omisión del referido trámite. Por ello, la respuesta es igualmente obvia, pues de conformidad a los precedentes planteamientos y dadas las circunstancias concretas del presente caso, no era necesario acudir a dicho procedimiento, ante el cual, además, se presentaba sustracción de materia».

(Sentencia de casación, julio 14 de 1993. Radicación 5694. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Con mi acostumbrado respeto, me separo de la decisión mayoritaria en cuanto en atención al artículo 14 de la Ley 25 de 1974, cuya constitucionalidad deviene de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 8 de agosto de 1985, la procuraduría solicitó la imposición de la sanción de destitución al señor Luis Eduardo Mendoza Peña como trabajador de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero a la cual estaba vinculado mediante contrato de trabajo y desde luego como trabajador oficial.

Haciendo abstracción de la constitucionalidad de esa disposición, es lo cierto que se trata de un conflicto de normas entre la Ley 25 de 1974 y las regulaciones establecidas en las leyes especiales y en el Código Sustantivo de Trabajo en cuanto a las situaciones jurídicas de los trabajadores oficiales.

Conforme a las últimas los trabajadores oficiales tienen el derecho a no ser despedidos sin el cumplimiento del trámite establecido en las convenciones colectivas, tal la situación del trabajador Eduardo Mendoza Peña. Entonces, es indubitable que en el sub examine se ha presentado un conflicto de leyes cuya solución la aporta el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 que en lo pertinente dice: “La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga un carácter general”.

Partiendo del principio de interpretación de la norma precedente, resulta incuestionable que las aplicables al caso bajo examen, son las especiales que regulan la obligación del trámite convencional para la procedencia de la sanción de destitución de un trabajador oficial o, más técnicamente, de la terminación de un contrato de trabajo.

Y no se diga, que el trabajador gozó de un debido derecho de defensa frente a la procuraduría en la investigación, pues el principio fundamental de ese derecho comienza con el ejercicio de la defensa ante la autoridad competente que lo era y es en el presente caso la propia Caja Agraria ante la cual y en ejercicio de la obligación convencional debió comparecer el trabajador inculpado».

Ramón Zúñiga Valverde. 

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