Sentencia 5696 de septiembre 10 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ESTADO DE IRA O INTENSO DOLOR

RECONOCIMIENTO DE ESTA DIMINUENTE

Magistrado Ponente:

Dr.: Gustavo Gómez Velásquez

Radicación 5696. Aprobado Acta No 060 - Agosto 27/91

Santafé de Bogotá, D. C., septiembre 10 de mil novecientos noventa y uno.

Vistos

Conoce y define la Corte el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de nueve de octubre del año próximo pasado, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, y mediante la cual, por el delito de “homicidio agravado y porte ilegal de armas'''', impuso a Fanny Sampayo Alvarez, como pena privativa de la libertad, dieciséis años, cuatro meses de prisión, modificando así la señalada por el Juzgado Doce Superior (julio 13/90), que la había fijado en setenta meses de prisión.

El recurso se interpuso y sustentó oportuna y adecuadamente, lo cual fue declarado así en autos de diciembre 7/90 y marzo 21/91, respectivamente.

Hechos

Del hogar formado por unión libre entre el doctor Mario Uribe Henao y Fanny Sampayo Alvarez, nació Susana quien, siendo muy joven, contrajo matrimonio con el entonces estudiante de medicina Juan Fernando Correa. Por este no aceptado connubio, en el núcleo familiar de Correa, le surgieron a éste contratiempos económicos y afectivos, lo cual lo llevó a vivir en casa de sus suegros, quienes le prodigaron atención de todo orden y mantuvieron con él un trato especial, pleno de cariño y asistencia. Correa, con este singular apoyo, terminó sus estudios y recibió el correspondiente grado y otro tanto, en odontología, obtuvo su esposa Susana, quien se dedicó a su trabajo profesional en compañía de su padre, el doctor Uribe Henao. Pero con la marcha del tiempo y pese a la existencia de dos hijos, el matrimonio Correa-Uribe, comenzó a resquebrajarse. Vinieron los maltratos de palabra y de obra, todo porque el esposo se disipó en su vida y llegó a tener una amante, a la cual, con retiros esporádicos de su casa, parecía atendía con mayor dedicación. Y esto se reflejó, en un calamitoso demérito, en las relaciones con los suegros, especialmente con la angustiada madre Fanny Sampayo Alvarez, quien prodigaba singular afecto a su hija y a sus dos nietos. Se puede decir por el sinnúmero de probanzas, que la vida de los dos hogares se volvió insufrible y Correa se mudó agresivo para con su esposa y la progenitora de ésta. Olvidó todos los favores recibidos y las obligaciones espirituales para quienes le habían brindado protección y amor. Y cada día se acentuaba el disgusto, el desafecto, la reprobación, las amenazas, y los insultos, las vías de hecho, en fin, el mal comportamiento. El 31 de mayo de 1989, el menor de los hijos del occiso, por enfermedad, se encontraba bajo el cuidado de su abuela. Correa llegó tarde a su propia casa (9 1/2 de la noche) y rechazando las buenas razones de su cónyuge, obligó a ésta, con su hijo mayor, a ir donde sus suegros a reclamar y traer a viva fuerza a su otro descendiente. Su conducta final estuvo conforme a esa conflictiva vida anterior. La sentenciada afirmó ser violentada por su yerno, exhibiendo un revólver, con el cual, al perderlo, e intentar aquel tomar un cuchillo, la procesada le causó la muerte de varios disparos. La versión aceptada en el juzgamiento fue la de que el revólver era de propiedad de la señora Sampayo Alvarez y que su accionar no se produjo dentro de la casa de ésta sino en la calle, y que la legítima defensa pura o excedida, no se dio. Como tampoco atenuante alguna.

Actuación procesal

Así la itinera la delegada:

“... El Juzgado 48 de Instrucción Criminal de Medellín abrió la investigación penal en auto del día dos de junio de mil novecientos ochenta y nueve.

Durante la fase investigativa, a más de la indagatoria de la incriminada, se recibieron otros múltiples medios de prueba, entre los cuales vale relievar se encuentran algunos testimonios que dan cuenta de amenazas que había sufrido la sindicada de parte de su yerno, la denuncia que contra él había formulado Mario Uribe Henao por el delito de violación de domicilio, otra por el mismo ilícito elevada por la incriminada, una orden del Inspector de Permanencia Número Cuatro de Belén, fechada el 19 de agosto de 1988 en la que se solicita a las autoridades de Policía Nacional brindar protección a la acusada “en el sentido de que el señor Juan Fernando Correa Arias, no atente contra su integridad física y moral ya que constantemente viene recibiendo amenazas por parte de este señor”, y la comunicación que el Inspector Octavo Municipal de Policía dirigió al Juzgado Doce Superior de Medellín informándole que la señora Leti Sampayo se quejó ante ese despacho por malos tratos que le infligía Juan Fernando Correa A., razón por la cual ambos fueron conminados para que no se ofendieran de palabra ni de obra.

En auto de doce de junio de mil novecientos ochenta y nueve el Juzgado Instructor decretó la detención preventiva de la sindicada, por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, providencia que fuera confirmada por el Tribunal Sueperior de Medellín el día diez de agosto del mismo año.

El treinta de agosto del año mencionado se declaró cerrada la investigación y se procedió a calificar el mérito del sumario el día veintiséis de septiembre siguiente, profiriéndose resolución de acusación en contra de la encartada Fanny Olimpa Sampayo Alvarez por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. Es oportuno anotar aquí que en la parte motiva de la providencia enjuiciatoria, el juzgado consignó expresamente que los hechos se adecúan típicamente a la descripción contenida en el art. 324 del Código Penal en cuanto al homicidio, esto es, se trata de un delito de tal naturaleza agravado, como quiera que concurren las causales previstas en los ordinales 2º y 7º del mencionado artículo.

Practicadas las diligencias que se estimaron pertinentes en la etapa del juicio, se celebró la audiencia pública que tuvo comienzo el día doce de junio de mil novecientos noventa. Terminada ésta, el Juzgado Doce Superior de Medellín procedió a dictar sentencia de fecha trece de junio del mismo año, haciendo la declaración de condena que atrás se dejó reseñada. Apelado el fallo, la segunda instancia fue desatada por el Tribunal Superior de la misma ciudad en los téminos a que ya se hizo alusión...”.

La demanda

Con amparo en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, causal primera, cuerpo segundo, se dice:

“... En el presente caso hubo violación indirecta de la norma de derecho sustancial, por error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba, que generó la falta de aplicación del artículo 60 del estatuto punitivo, irrogándose grave lesión al procesado, lo que incidió en la alta dosificación de la pena como paso a demostrarlo.

El comportamiento grave e injusto de Juan Fernando Correa, contra su esposa, hija legítima de la procesada, generó ese estado de ira que presidió el comportamiento de la madre, el día de los hechos, cuando el médico quiso ingresar de nuevo a su hogar para ultrajar a su hija. No podemos olvidar que la ofensa injusta inferida a la hija también se irrogaba a la madre que estaba presenciando continuamente todos los hechos agresivos y provocadores realizados contra su hija. Pero esos ultrajes no sólo se quedaban allí, sino que también, se ejercieron en forma directa contra ella, contra su hermana y contra su esposo. El sentenciador ad quem, ignoró, incurriendo en falso juicio de existencia, las constancias documentales que obran a folios 383, 15, 4 fte. del cuaderno original, donde la familia Uribe Sampayo demuestra que tuvo que acudir desde el año de 1988 a las autoridades jurisdiccionales y policivas, impetrando protección debido al injusto y grave comportamiento de Juan Fernando Correa. Si el fallador hubiese apreciado las pruebas mencionadas, habría interpretado cabalmente el móvil del hecho, reconociendo la atenuante del artículo 60. Esas probanzas, condensadas en la denuncia, en las quejas policivas, y en las solicitudes de protección, demuestran el injusto comportamiento del provocador. En esos documentos se anida la pasión sicomotriz que presidió el comportamiento de la procesada. No se olvide que la vieja ofensa, florece de nuevo, se rememora cuando el acto provocador se repite. En el campo sicológico no puede hablarse de emociones simples, como lo advierte el profesor Mira y López, el hombre es un complejo de emociones donde ora aflora el dolor, ya la ira, ya el miedo, ya el temor.

Ignoró también el sentenciador ad quem, incurriendo en falso juicio de existencia, el testimonio de Jorge Argemiro Eusse, que corre a folios 398 fte., donde describe a Juan Fernando como un hombre de temperamento sumamente agresivo (folios 399 fte.). Ese temperamento fue el que lo llevó, en más de una ocasión a vulnerar la intimidad domiciliaria y la integridad de la familia Uribe Sampayo.

El cotejo de ofensas, provocaciones, humillaciones que irrogó en forma grave e injusta el galeno contra queridas familias que lo habían protegido siempre, aparece con nitdez, en los siguientes testimonios ignorados, incurriendo en ostensible error de existencia, por el sentenciador de segunda instancia:

“Cuando mi papá llegaba bravo le pegaba a mi mamá” (Juan Camilo Correa, fls. 125 vts.). “Cuando llegaba era a ponerle problema a ellá'' (Luz Dary García, fls. 127 vts.). “Como me le puse en el camino para que no entrara me agredió dándome un fuerte golpe en la cará'' (Leti Sampayo, folios 125 vts.). “Allí él la maltrató a ella físicamente y ella la sacó en pijama a altas horas de la noche y la llevaron a mi casa a amanecer con hematomas en los brazos” (fls. 8 vts., Mario Uribe). Doña Fanny describe también el siguiente hecho violento: “Una vez vino bañada en sangre porque le ajó las aretas y vino votando sangre horriblé'' (Fanny Sampayo, folios 424 fte.).

También dejó de apreciar el sentenciador ad quem, incurriendo en ostensible error de hecho, falso juicio de existencia, el testimonio del mayor Policarpo Álvarez del Castillo, cuando describe la protección impetrada por doña Fanny Sampayo y por su hija, ante las autoridades de la brigada, sede donde prestaba los servicios el médico Juan Fernando Correa. El deponente, aduce, que las citadas damas le solicitaron que evitara la venta de un arma que el doctor Correa Arias había solicitado, ya que el citado señor tenía graves problemas familiares y que según ellas les daba mal tratao, les pegaba y las amenazaba con matarlas. Advierte el deponente que las citadas damas volvieron a su despacho, manifestando que los malos tratos continuaban, “inclusive la señora Fanny llevaba la cara moretiada y los brazos mostrándome que había recibido golpes de su esposó'' (el testigo se refiere a la esposa del doctor Correa, fls. 377 vtos.). Agrega ese declarante, cuyo dicho no fue apreciado en la sentencia, que notó el temblor de las manos y el nerviosismo de las damas que acudían en su ayuda (fls. 378 fte.). Lo anterior significa que la angustia, el desasosiego y la preocupación de la familia Sampayo Uribe, venía de tiempo atrás, situación que no había cesado desde el año de 1988. Si el sentenciador ad quem hubiese apreciado también esa prueba testimonial habría auscultado el móvil de la acción y el estado emocional de doña Fanny Sampayo.

Distorsionó la prueba el sentenciador ad quem, cuando explica el móvil de la acción, desconociendo todas las probanzas que hemos analizado. Todos estos errores de hecho, ostensibles, manifiestos, llevaron al tribunal sentenciador a dejar de aplicar el artículo 60 del estatuto punitivo, cuando los elementos estructurales de la figura emergen con claridad de las páginas procesales, esto es, el comportamiento injusto del doctor Correa, la grave injusticia de su acción y la reacción anímica de la procesada ...”.

Respuesta del Procurador Tercero Delegado en lo Penal

A esta delegada no le satisface el escrito de censura ya relacionado. Le encuentra numerosas falencias y de ahí el que estime como solución adecuada la improcedencia del recurso. También conviene reproducir intensivamente este concepto:

“... Lo que sí se opone a que llegue a feliz término en el libelo, es el hecho de que los cargos quedaron solamente enunciados, sin un desarrollo que permita establecer que las razones del impugnante son suficientes para producir la ruptura de la sentencia atacada. Así, debe anotarse que el censor olvidó mencionar cuál fue la trascendencia del error en el fallo atacado, pue sólo hizo referencia a él pero no demostró en qué medida el haber ignorado los medios probatorios enumerados influyó par que el tribunal descartara la figura del delito emocional que reclama a favor de la sentenciada, ni se preocupó en momento alguno por desvirtuar las bases de la decisión censurada, que valga decirlo, son diversas a las esbozadas por el recurrente.

No basta, en criterio de esta delegada, con examinar las pruebas omitidas para hacer luego afirmaciones genéricas de que ellas permiten o reclaman la aplicación del artículo 60 del Código Penal, pues tal proceder no es más que el propio de una alegación de instancia en donde al recurrente no le es exigible el juicio técnico-jurídico sobre las decisiones del juzgador.

En casación las cosas no pueden tolerarse así. Es de la esencia del recurso extraordinario la demostración de sus alegaciones y en tal medida, frente a lo que se pretende en este específico caso, estaba obligado el demandante a examinar si los medios de convicción probaban la existencia de cada uno de los elementos integrantes de la figura de la ira e intenso dolor, vale decir, que a su propia interpretación de las evidencias, ha debido sumar argumentos que ligaran éstas con el estado de ira en que se encontraba la procesada al momento de los hechos, o con el dolor que la embargaba en el mismo instante; planteamientos que además deberían referirse a lo grave e injusto del comportamiento desplegado por el occiso, y a la relación que pudiera existir entre la conducta del interfecto y la reacción criminosa de la procesada.

Nada de esto hizo el libelista. Ni siquiera especificó si la acusada actuó influida por la ira o por el dolor; simplemente se remitió a afirmar que existió un comportamiento grave e injusto de parte del señor Juan Fernando Correa Arias, el cual dentro de los alegatos que contiene la demanda podrían dar pie a cualesquiera de las dos situaciones emocionales previstas en el artículo que se estimó inaplicado.

Y no se diga que este aspecto es intrascendente, porque si bien la ira o el dolor conducen a un mismo resultado penológico, ello no quiere decir que se puedan utilizar como un mismo sentimiento o cual comodines para impetrar la reducción de la pena, porque la circunstancia, para que sea aplicable, tiene que estar debidamente probada y ello sólo se logra a través de la constatación de uno de los sentimientos contemplados en la norma.

Por lo demás, ignoró el demandnate que la base fundamental que tuvo el tribunal para negar la aplicación de la disposición reclamada, no fue precisamente la de la ausencia de la prueba respecto de los problemas personales y familiares que habían tenido víctima y procesada, sino la presencia de un medio de convicción que acreditaba el sentimiento que impulsó a la sentenciada en su acción, pasión diversa a la ira o al dolor. Dijo así la corporación de segunda instancia al respecto:

“De veras, recogiendo la tesis de la fiscalía de este Tribunal, en cuyos apartes desconoce la atenuante en estos términos: “Ha dicho con absoluta claridad la señora Sampayo, que no la abrigó sino el temor, mas no la ira ni otras situaciones diversas asistieron su actuar. Y que los hechos se sucedieron en una forma tan rápida que no tuvo más cabida en ella, que procurar salvaguardar su integridad física y la de su familia, sin estar asistida de ninguna otra pasión que compeliera su conductá””. (subrayas fuera del texto).

Adviértese, además, que en el fallo de segundo grado el tribunal también analizó —si bien de modo global— los hechos de anteriores rencillas ocurridas con el occiso, a las cuales sin embargo restó toda importancia frente al contenido del artículo 60 del Código Penal, porque estimó que tales aconteceres ya habían superado para la época de los hechos. El comportamiento grave e injusto, en consecuencia, no podía ser el anterior de la víctima, sino el asumido al momento de los hechos en que fuera agredido.

Nada de lo anterior fue tocado por el demandante quien, de esta forma, se quedó corto en sus ataques ...”.

Consideraciones de la Sala

Antes de apuntar una estimación sobre la cuestión debatida conviene hacer una breve reflexión sobre ciertas peculiaridades de la forma de administración de justicia, en casos de esta dolorosa índole. Estos delitos-tragedia, en donde lejos de advertirse la maldad refinada que sacude hoy día a nuestra sociedad, en donde el lucro se ha erigido en principio y razón de ser de la existencia y a él se sacrifica toda otra consideración, empleándose al efecto los más devastadores medios que puedan arbitrarse, antaño eran mirados como tales y estremecían la conciencia del fallador para encontrar fórmulas jurídicas exactas que reflejaran esta forma del padecer humano y del conflicto de los sentimientos. Porque, ciertamente, las relaciones que entran en juego se trenzan con tal complejidad y compendian tan disímiles afectos que es imposible llegar a sacrificar uno de ellos por simple capricho, o por simple deseo de imponer una voluntad o una forma de vida, o por torpeza, o por malformación familiar o cultural. Estos son escalofriantes dramas, que no logran adecuar una solución, pues se oscila entre dejar pasar por alto todas las ofensas y atropellos, ambientando así su reiteración y acrecimiento, o tomar partido por una acción violenta en donde, como en el caso en estudio, la procesada sacrifica al padre de sus nietos, sembrando en éstos todo el dolor que puede darse en unos niños que ven atónitos cómo se ultima a su padre y recordarán siempre esa escena de pavura. Es el sentimiento herido de una madre que, consternada, presencia impotente el maltrato de su hija, la avería del mundo apacible de sus nietos y la ausencia y hasta pérdida de aquélla y de éstos. Es la insufrible situación del suegro, que si se inhibe es un cobarde, un insensible, que deja despedazar a su esposa, a su hija, a sus nietos, pero si asume un papel beligerante, imposibilita más la reconducción de las relaciones y destroza a éstos, a su padre y al cónyuge de su propia hija. Qué hacer, en este turbión de horror, en donde los remedios a la mano (comprensión, tolerancia, amor, conciliación, halago, alejamiento, reproches, intervención de terceros o de autoridades, etc.), se exhiben como fallidos y, además, recrudecen la discordia? Nadie acierta, así esté ajeno a esa turbulencia, con el remedio, o con la fórmula relativamente eficaz. La naturaleza humana, que odia más fuertemente cuando ha amado, no responde a patrones lógios ni a patrones tradicionales. Las alternativas, en mentes consumidas por la crisis espiritual, se muestran esquivas e igualmente aniquilantes: malvivir postrado, víctima de la humillación y el miedo, que inexorablemente socava el ansia de vivir y remite paulatinamente a la muerte, o se sucumbe al estímulo de las pasiones, ahogándose todo brote de cordura y entrándose en el juego feral del todo por el todo. El nudo no se ha desatado. Se ha cortado, con sus secuelas de muerte, de destrucción múltiple e instantánea de hogares, del surgimiento de lacerante proceso penal y de reclusión intensa.

Antaño, sin contagiarse de libérrimas absoluciones ni tampoco de excepcionales durezas, ajenas unas y otras a la verdad social, jurídica y sicológica del asunto y de las personas, se escrutaban soluciones ecuánimes, proporcionadas, sabias y de gran temperancia. Se hacía justicia a la insensatez de todas las conductas envueltas en esta borrasca de los sentimientos. Por lo mismo que se era implacable con la delincuencia llamada peligrosa o temible y había posibilidades de descubrirla, enfrentarla y reducirla, se podía ser racionalmente piadoso y equitativamente misericordioso, con esta clase de delincuentes pasionales, perturbadores sí del orden social, pero no destructores del mismo. Hogaño, la hiperestesia del delito desbordado, que no desconoce ninguna forma delincuencial y a todas las troca en algo monstruoso y constante, ante la imposibilidad de dar con todos sus autores, reducirlos a prisión y reordenarlos mediante justas sanciones, se descarga todo el furor represivo sobre delincuentes como Fanny Sampayo Alvrez, que, para cualquiera técnico o lego en esta materia, ocupan los niveles más benignos de la criminalidad.

El drama siempre será el mismo. Ahora se desarrolla entre suegra y yerno, pero pudo ser a la inversa, o entre esposa y esposo, o entre hijo o padre, o entre amantes ... y en fin, para cada forma de amor, una manera de duelo. Su límite es la vida, o mejor, la imaginación de la vida.

El demandante destaca:

a) Juan Fernando Correa se exhibe como el provocador grave e injusto, por su forma de vida familiar, respecto de su esposa y de los padres de ésta;

b) La hora y la forma como se presenta susana Uribe de Correa a la casa de sus padres, el 30 de mayo de 1989, y su aterrorizada actitud de no querer abandonar el apartamento de éstos, origina un nuevo choque entre Juan Fernando Correa y su suegra Fanny Sampayo, con las consecuencias ya relacionadas;

c) Recuerda el concepto del fiscal del Tribunal, cuando conceptuó sobre la medida de aseguramiento impuesta a Fanny Sampayo, en el cual señaló: “Lo único que hasta el presente se vislumbra con claridad es el estado de irá”;

d) Puntualiza, como ya se dejó visto, un error de hecho manifiesto sobre la apreciación de la prueba. Brota como algo incuestionable el volumen probatorio ignorado por el Tribunal (falso juicio de existencia), el mismo que constituye a Correa como autor de un comportamiento reiterado de grave e injusta provocación, el cual tuvo su definitivo desenlace el día del final encuentro con Fanny Sampayo;

e) Como prueba ignorada que diera lugar a suprimir la comentada diminuente, el censor cita las constancias de fs. 4, 15, 383, los testimonios de Jorge Argemiro Eusse, fs. 398, aunque se prescinde de su segundo apellido, Juan Camilo Correa —fls. 125—, Mario Uribe —fls. 8—, una manifestación de la procesada —fls. 424— y la declaración del mayor Policarpo Alvarez Castillo. Todo este conjunto probatorio destaca nítidamente el continuado mal obrar, en palabras, actitudes y hechos, de Correa, su gravedad e injusticia, suficientes para alterar el ánimo de una madre y, desencadenar una violenta reacción, al advertir, como ocurrió la noche del 30 de mayo de 1989, que no había enmienda ni el abuso se contenía.

Y ciertamente que casi todos estos fundamentales aspectos probatorios, no se mencionan específicamente en la sentencia y menos, por el falso juicio de existencia, se comentan. Hay apenas una ligera referencia a lo que demostraban con amplitud las constancias de fs. 4, 15 y 383 (la solicitud de protección estatal ante el injusto y grave comportamiento de Correa) y que consistión en restarles trascendencia porque las ofendidas con ese maltrato de palabra y obra, no persistieron en la acción penal o policiva y “perdonaron” la conducta.

La entidad de estos elementos de convicción echados de menos por el recurrente en el fallo que impugna, así como la pobreza argumentativa que a la ligera consignó en su fallo el Tribunal para un aspecto decisivo de la cuestión, constituye una innegble realidad. El que no se deje llevar por la sola impresión de la violencia de las finales acciones, sobre los cuales la Sala también expondrá sus puntos de vista, debe ceder ante la contundencia de estos elementos de convicción que favorecen a la sentenciada y que imponían el reconocimiento del estado emocional. Por sí solos proyectan una información nítida sobre los motivos verdaderos de ese punible comportamiento y es difícil argumentar en contra de su importancia y repercusión. El análisis en contrario, pero dispuesto de manera ordenada, seria, trascendente no habría borrado por entero la significación de esos indicados medios de persuasión, pero sí dificultado la procedencia del ataque en casación. Mas dándose como hecho irrefutable la omisión que denuncia el impugnador y la obvia importancia que tiene lo omitido en la valoración adecuada de lo sucedido y de sus protagonistas, y ante la carencia de razonables argumentos en contrario, porque ésta es otra verdad de apuño, pues la sentencia se muestra en este punto criticable por lo deficiente, no hay más alternativa que admitir el planteamiento del casacionista.

Verificadas las omisiones que originan el falso juicio de existencia, la Sala se ve autorizada para profundizar un poco más en el asunto y explanar unas explicaciones que bien pudo consignar el recurrente pero cuya privación no restan mérito a sus alegaciones y sólo complementan su punto de vista, tratamiento que debe ofrecer la Sala porque ya colocado en el terreno del juez de casación, puede y debe ahondar en glosas propias sobre defectos de la sentencia. Lo esencial y a cargo del recurrente, se satisfizo y por eso la admisión de sus objeciones.

Que la demanda pudo ofrecer una más completa composición, es apreciación no repudiable del todo; pero, a expensas de su extrema bondad, o de reiterar precisiones evidentes y fácilmente deducibles de sus enunciados, no es dable desechar lo básicamente cumplido, muy acorde con lo que la ley manda para esta clase de pretensiones. Por eso la Sala encuentra, en sus requisitos de esencia, idónea la demanda presentada y le da, además, el crédito de su prosperidad.

El Tribunal, en orden a negar la procedencia de un estado emocional como propio a una atenuación de pena, dijo:

“... Prohijando dicha tesis de la señorita fiscal colaboradora, considera la Sala que en el instante mismo de los hechos, y antes, no desencadenó la víctima ninguna provocación grave e injusta, su propósito era inequívoco y sano, iba por su vástago como lo aseveran los testigos Jairo Escobar y Rafael Estrada, cuando oían las voces del ofendido reclamándolo, desesperado quería llevárselo porque estaba enfermo. Es aquí donde racionalmente se debe escrutar ese proceso comportamental de la víctima, para sopesar si provocó o irritó el estado de ánimo de la procesada, pero vemos que la misma señora Fanny Sampayo descarta tajantemente una provocación por parte de la víctima, que su conducta no comportó una alteración de ánimo o conmoción síquica para acometer a su yerno, a quien quería entrañablemente según sus propias palabras y admiraba como marido; por algo aconsejaba a su hija que no “siguiera dándole motivos a Juan para que él no se enojara más” (cfr. fls. 418); por eso, descartando toda provocación por parte del ofendido, porque albergaba un mejoramiento de las relaciones conyugales, según la propia acusada, no se detiene en rememorar actuaciones o conflictos pretéritos, que ya habían sido superados porque eran “simples problemas familiares” como lo reconocen los suegros de la víctima al desistir de una querella instaurada en su contra; pero a pesar de ser condonado todo esto, ese amor fraternal continuaba siendo lastimado por las relaciones extramatrimoniales de su yerno con otra dama, como retaliación a lo que él creía era una infidelidad por parte de su esposa (según referencia que hace el doctor Francisco Javier Restrepo). Este comportamiento del doctor Correa Arias, a pesar de lo insondable que es el aspecto subjetivo para desentrañar la motivación de una conducta, es lo que constituye el móvil para haber acometido la procesada a su yerno, este antecedente así concebido, a no dudarlo sirvió para que entre hija y madre hicieran ir a la víctima para acometerla injustamente, como realmente sucedió. Este aserto tiene mucho de cierto para la Sala, porque el doctor Correa tuvo que suspender el turno en la clínica donde ejercía como ortopedista, para atender un llamado de su esposa de que su hijo menor lo requería en casa de los suegros; un comportamiento así concebido, descarta el reconocimiento de la aminorante del art. 60 del C. Penal, a voces de esta concepción doctrinaria del profesor Antonio José Cancino, cuando puntualiza: “Si el juez encuentra que, a pesar de haber existido el comportamiento de tercero grave e injusto, quien reacciona lo hace con refinada frialdad, atrayendo a la víctima con halagos y demostraciones que la induzcan a entregarse confiadamente en sus manos, o con artificiosas materialidades que constituyan trampas o celadas, como diría el doctor Lozano y Lozano, no podrá reconocer la existencia de la figura, pues no es el sentimiento de una relativa justa ira el que obra, sino que la perfidia, el deseo de venganza, la perversidad alimentada son factores determinantes de la reacción''''. (El delito emocional. Pág. 53) —subraya la Corte—

Pero aquí ni siquiera que con diamantina claridad hubo un comportamiento grave e injusto de la víctima, y sí se antoja que en la acusada hubo un proceder que se adecúa a los siguientes apartes doctrinarios transcritos por la Sala, no puede concluirse entonces que la reacción de la señora Fanny Sampayo fue el producto o resultado de un comportamiento grave e injusto del doctor Juan Fernando Correa Arias, quien para la Colegiatura fue injustamente acometido. Por estas razones no procede en favor de la acusada la diminuente consagrada en el art. 60 del C. Penal” —transcripción textual—.

El tema, que exigía otro manejo y enfoque ante las sesudas reflexiones de la defensa en el debate de audiencia pública —fs. 524 y ss.— y la sólida argumentación del fallador de primera instancia —fs. 620 y ss.— fue soslayado, se remitió a una incompleta y torpe apreciación del colaborador fiscal, y, como si esto fuera poco, a glosas superficiales, que así estuvieran más del lado de la omisión de los elementos de convicción consultables, desfiguraron su realiad y se mostraron contradictorios. Sobre esto último, la Corte destacará una obligada réplica.

Si el expediente no abundara en variada y atendible información sobre el comportamiento matrimonial del occiso, con graves repercusiones hacia el núcleo familiar de su esposa, en especial hacia su progenitora, estaría bien que la sentencia se inclinara por conceptos ligeros y desacertados. En efecto, no asomándose como explicación de los sucesos un estado de ira o de pasión excusable, no había porqué abundar en razonamientos para desechar una circunstancia que no ensayaba siquiera una tímida incidencia en lo acontecido. Pero cuando la investigación recoge abundante y grave prueba sobre la diminuente que consagra el artículo 60 del C. Penal, el juzgador debe esmerarse en la confrontación de ese sustancial aspecto, para reconocerlo o extrañarlo, so pena de que, en casación, esa singular actitud omisiva aparezca como susceptible de ser censurada con éxito, para obtener su enmienda.

La tendencia del Código de Procedimiento Penal es la de procurar, en toda investigación, el total esclarecimiento de los hechos, con sus particularidades. Por eso categoriza el celo que debe acompañar al instructor, por igual, para establecer lo favorable o desfavorable al procesado, y, además, para no cejar en este empeño, así medie una confesión, pues en este caso el esfuerzo tiende a confirmarla o a desvirtuarla, a evitar que con ella se trate de encubrir la acción de otra persona, o que se procure dar un perfil diferente a lo ocurrido, o por ignorancia, falsa apreciación o temor a asumir consecuencias dañosas se procura una posición equivocada frente al real suceso o los hallazgos realizados, o, en fin, sea el producto de un factor patológico o de un error (CPP, arts. 299, 358, 360, etc.). Y si esto se dice en cuanto a la labor de instrucción, no es menos pertinente la exigencia en la fase del juzgamiento. En este ámbito, el juez tiene que enfrentar, con igual esmero y delicadeza, todo aquello que exhiba atendible respaldo probatorio.

Pues bien, por el hecho de haber escogido la procesada un medio de defensa artificial, imperfecto o torpe, y haber concentrado sobre él todo el posible beneficio de sus pretensiones y esperanzas, no por ello los funcionarios que actuaron como investigadores o asumieron el papel de falladores de instancia, estaban exonerados de abordar con seriedad y acierto toda la problemática que insinuaba el caso. Con destacado esfuerzo crítico se enfrentó el punto de la legítima defensa y tal vez por la bondad de los análisis, al menos desde la óptica escogida por el juez superior y el Tribunal de distrito, la defensa ha rehuido en sede de casación, toda censura al respecto. Ha aceptado el fallo en cuanto a este fundamental aspecto. Pero no cabe decir otro tanto, como ya se advirtió, en cuanto a la diminuente, pues la parquedad razonadora fue tan aguda y sensible (destacar la infortunada aseveración del Ministerio Público de haber “dicho con absoluta claridad la señora Sampayo, que no la abrigó sino el temor, mas no la irá'' y agregar una contradictoria y supuesta posibilidad de haberse preparado la agresión) que debe concluirse más bien, en la comisión de un error manifiesto en la apreciación de la prueba obrante al respecto, en ignorancia (falso juicio de existencia) de lo que válidamente pudo y debió estimar sobre el particular. Lo más estrujante, como realidad, era el estado emocional en que la procesada se debatía ante el cambio de vida de su hija Susana y su yerno Juan Fernando, que entrecruzaba sentimientos de alegría y pesar, de éxito y fracaso, de amor y repugnancia, de miedo y de inopinada valentía, etc. Esta realiad, se repite, dejó de escrutarse en debida forma y de ahí que la impugnación no se muestre ni fingida, ni supuesta, ni incompleta, ni excedida, ni irracional, ni aventurada, sino, por el contrario, muy puesta en su sitio y arraigada en las patentes demostraciones de autos. Además, es de una entidad tal y tan fácilmente apreciables sus supuestos de hecho como originantes de un transitorio colapso espiritual, que basta con su enunciación clara para admitir lo que con ello se pretende y cuál ha sido el yerro. Estas son situaciones que no requieren, como trata de enseñarlo la delegada, reiteraciones conceptuales, juegos dialécticos de causaldiad, etc., pues todo conduciría a demostrar lo palmar y evidente. Se llega a saber, con lo dicho en la demanda, en qué consistió el desacierto del Tribunal y cuál la razón del mismo.

A la Sala le queda bien fácil depejar el asunto, ya por la ponderada solicitud del recurrente y la destacada prueba que obra en autos, ya por el juicioso estudio de la primera instancia y la inconsistente presentación del tema en el fallo recurrido, y de ahí que con breves consideraciones, ajenas a complicados o virtuosos razonamientos, podrá despachar la cuestión. Así se confirma la tesis de que, en casación, los reproches que suelen prosperar son aquellos que con sencillos enunciados, diáfanas demostraciones y una preceptiva simple, muestran el cuadro completo del tema y auspician una evaluación directa y acertada. Nadie desligado de prejuicios e intereses de parte, puede negar que la familia Uribe-Sampayo se mostró acogedora, colaborante, amorosa con Juan Fernando Correa y que siempre tuvieron buenos ojos y limpia intención para con el matrimonio de éste con Susana. Le respaldaron en la culminación de sus estudios, a uno y otro, y contribuyeron espiritual y materialmente a que unión tan temprana de estos dos jóvenes estudiantes, se mantuviera estable, exitosa y conservara unidad. Así fue durante unos ocho años. Pero, con el tiempo, el ascenso profesional del doctor Correa, y sus desvíos, aparecieron los devaneos amorosos y todo cambió. La paz se trocó en desasosiego, y llegaron los mutuos reproches e intransigencias, las evaciones del hogar, el amor paralelo, y desapareció la armonía tanto entre los esposos Correa-Uribe, como de aquel para con sus suegros, particularmente con Fanny Sampayo, tal vez por ser poco dúctil, por resignarse menos, por resistir a esta mudanza de vida y de afectos, por su querencia a sus nietos, o por apecharse más directamente el conflicto y demostrar su contrariedad por el trato que aquél daba a su esposa. De todo este viacrucis, y es en estas atestaciones donde brota con fuerza innegable la verdadera motivación de acto tan sobrecogedor, dan cuenta las detalladas y adoloridas narraciones de Mario Uribe Henao (“... hace aproximadamente año o año y medio que se han venido presentando los problemas, estos han sido muy frecuentes y ha llegado a un estado de hostigamiento y acosamiento y acorralamiento a la hija con naturalmente reflejo a nosotros los padres, porque ella nos lo manifiesta y ha venido varias veces a refugiarse en mi casa... él vivió en mi casa... aproximadamente ocho años. Los dos muchachitos nacieron en mi casa... él la maltrató a ella físicamente y la sacó en pijama a altas horas de la noche... ha sido causa de muchos maltratos que yo no los he visto pero que me los ha contado ella, físicos y mentales, tal vez los mentales son los peores, tales como yo te voy a matar... físicamente nos ha hecho amenazas como consta en las denuncias de violación de domicilio y mentalmente nos ha enviado o mandado decir que nos tenemos que morir y que él tiene quien nos mate y una vez envió dos sicarios o como se llame el que mata a sueldo...” —fs. 8 vto.—), Susana Uribe de Correa —fs. 38 a 44 y 388 a 394—, la versión de Leti Sampayo A. —fs. 115 a 116 vto.—, las versiones de los odontólogos Jorge Argemiro Jurado —fs. 398 a 400— e Ilse María Oviedo Zapata —fs. 524 y vto.—. Y, en parte, también puede colacionarse el interesado testimonio de Claudia Torres (mujer separada de cuerpos y bienes, como ella lo indica) y quien fuera el definitivo origen, en forma inmediata, por sus amores con Correa Arias, de esas graves desavenencias matrimoniales, pues no niega que “los fines de semana nos quedábamos juntos —fs. 117 y 188—, lo cual confirma el ya citado jurado (“...ella —Susana— estuvo capotiando sus problemas, ella lo que hizo fue bregar a luchar por su matrimonio...''''). Igualmente cabe citar al mayor Policarpo Álvarez —fls. 377— a quien le correspondió oír las sinceras quejas de la procesada y de su hija, y, por último, los documentos relacionados con la violación de domicilio, según queja de la desesperada Sampayo Alvarez —fls. 4, 83 a 85— y la orden de protección para evitar la repetición de malos tratos a Susana de Correa —fls. 15—.

Con antecedentes tales, cualquier funcionario se hubiera puesto en guardia para no perder de vista, en la evaluación del comportamiento de la sentenciada, esta situación como raíz verdadera y potenciada de las finales acciones de violencia. Y más hubiera sido el estado de alertamiento al advertir estas prolijas y desgarradoras informaciones, dejadas de lado, en forma casi absoluta, por la procesada. Al respecto basta ver su relato de fls. 11 a 14 y el más escueto de fls. 473 a 474. Si algo surge de este contraste es que la procesada, parte por haber adoptado un equivocado plan de defensa, parte por la precariedad del interrogatorio que extrañó la exploración necesaria de esta génesis, no evidenció todas sus razones y dejó huérfanas las más procedentes y válidas. Por ello no acierta el funcionario que para saber la causa impulsora de todo este obrar y toda su proyección, se limita a estudiar la posición asumida por la procesada, al momento del desenlace final, estudio que puede resultar apto para rechazar la justificante, pero abiertamente inidóneo para repudiar la cuestionada diminuente. No está por demás, para ver algunas trazas del estado anímico de Fanny Sampayo Álvarez, aludir a este aparte de su indagatoria:

“... para mí eso fue como que pasó un relámpago, uno no sabe cómo pasan las cosas, ya cuando lo vi con ese cuchillo le disparé, no sé cuántos ni cómo, no sé, eso para mí es una cosa contar otra cosa es estar en eso, uno no sabe ni lo que hace, tal vez por lo que yo también tenía miedo por lo que estaba amenazada por él durante un año amenazada de muerte. Eso pasó como un relámpago no sé...”.

Con acierto el Juzgado Superior, en su sentencia de primera instancia, reconoció el esatdo de grave e injusta provocación y analizó con cuidado las circunstancias propias a él —fs. 620 y ss.—, razones que el Tribunal no pudo refutar, pues en el tratamiento del punto, no se sabe qué criticar más, si la torpeza de reducir las características de este fenómeno sicólogico al momento en que se produjo la muerte de Correa, para deducir que no se dio la provocación dejando de lado todo un recorrido de casi un año y medio de afrentas, hostilidades, vejámenes, malos tratos, desaires, atropellos, comportamientos matrimoniales indebidos, etc., o el mayúsculo desaguisado de pretender como realidad de lo acontecido y suficiente razón para desechar la cuestionada diminuente, el haber preordenado la agresión.

Doble e inadmisible absurdo, porque:

a) El estado pasional se va conformando lenta, inexorable y acumulativamente en razón de las continuas y persistentes ofensas. Alguien podrá pensar que no se crea un estado de descontrol anímico cuando a largos años de favores se responde al final con injustas persecuciones y con sinsabores de toda índole, o que el abandono y maltrato físico de la hija es cuestión que debe recibirse con alegría, beneplácito y tranquilidad de ánimo, o será sensato olvidar la evidencia de la relajación matrimonial, en Correa, por una inconfirmada, aislada y e inconcreta incorrección sexual de la esposa vilipendiada?; y b) Será atendible, como juicio certero y racional, que en Medellín un par de mujeres, una de ellas profesional respetable y otra, de 46 años de edad, urden la eliminación de su esposo y yerno, que no se mostraba tan manejable, ni tan sumiso, ni de reacciones siquiera normales —ver testimonios de Luis Hernando Velásquez fs. 132 Jorge A. Jurado, quienes incluso dan a conocer el uso de droga en el occiso—, y surja un enfrentamiento con las características del hecho comentado, y se aluda, abusivamente, a ardid o trama para eliminarlo? Y será factible esto, cuando la esposa que quería dejar su hijo menor, enfermo, al cuidado de su madre, máxime cuando al día siguiente, por sus obligaciones profesionales no podía atenderlo, y ésta se desvelaba en prodigarle atención, sea violentada para recogerle a avanzada hora de la noche, faena que se realiza en los peores términos? Si algo revela esto es que esta última jornada del occiso, correspondió a lo que era su constante en la vida matrimonial y en sus relaciones con sus suegros y que fue tanto el desespero creado, el atosigamiento moral, la insufrible situación, que Fanny Sampayo, se decidió a enfrentar a su yerno y ultimarlo a tiros de revólver, en medio de una obvia agitación anímica.

La negación de este natural estado de turbación, resulta, por estos antecedentes, inadmisible; y, más todavía cuando se observa que, el argumento capital del Tribunal, está contradicho y recogido en la providencia misma objeto de censura, lo cual evidencia, por sí, la horfandad probatoria y discursiva de esta criticada posición. En efecto, el llamamiento a juicio se formuló, en cuanto al homicidio, bajo la calificación de los artículos 323 y 324-1 y 7o del C. Penal. Pero, ya en la sentencia de primer grado, como agravación específica, sólo se conservó lo referente al parentesco, desechándose lo de colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad. Pues bien, el Tribunal, al confirmar esta decisión, en este punto, no podía sostener que “... entre hija y madre hicieron ir a la víctima para acometerlo injustamente, como realmente sucedió...''''. Y más se confirma esta apreciación, cuando el Tribunal, al dosificar la pena por esta conducta, impuso el mínimo “...porque no hay razones para agravarla, consultados los criterios dosimétricos del art. 61 ejusdem'''', cuando el artículo 66 de la misma obra y con el mismo fin, de ser cierto o aceptable tan aventurada opinión, prevé “Haber obrado por motivos innobles o fútiles 1. El tiempo, los instrumentos o el modo de ejecución del hecho cuando hayan dificultado la defensa del ofendido o perjudicado... o demuestren una mayor insensibilidad moral en el delincuente 3. La preparación ponderada del hecho punible 4. Abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido 5. Ejecutar el hecho con insidias o artificios 6. Obrar con la complicidad de otro 7, etc.

Total, el tribunal ideó un argumento para negar la diminuente, el mismo que debía llevarle a intensificar la pena; de donde, rechazar el aumento de ésta y dejarla en su mínimo, equivalía a repudiar lo que había tenido en cuenta para dejar de aplicar el citado artículo 60 del C. Penal, beneficio que venía concedido en el fallo de la primera instancia. Cuál, entonces, la seriedad, entidad y realidad de este argumento y cuál el fundamento para mantener la decisión en este punto?

El cargo prospera.

Compete, entonces, determinar el fallo de sustitución y a ello pasa la Sala.

Este poderoso fenómeno sicológico, tan ajeno a la venganza pura, el ánimo de lucro, al implantamiento de un poder desmedido, a la obtención de ventajas vitandas o, en fin, a simples caprichos, excesos de carácter o fatuas rivalidades, no restringe su incidencia a una especie o modalidad delictiva, comúnmente a los llamados delitos de sangre, pues debe cubrir todo el comportamiento sobre el cual irradia su influjo. Es inimaginable, en el cuestionamiento jurídico, que la severa alteración espiritual de la emoción o de la pasión, se advierta para el resultado pero no para los medios de acción que puedan estimarse como delitos autónomos; y, menos, que la capacidad razonadora se vea afectada, y así lo reconozca la ley, en la infracción de mayor entidad, pero se conserve para la conducta instrumental que la hizo posible o que fue necesario emplear en un determinado momento. El sujeto activo, agitado por esa bizarra fuerza síquica, no puede ejercitar un tranquilo conocimiento ni asumir un adecuado control, sobre las características del arma utilizada par determinar, v. gr., si era ajena o propia, si se daba sobre la misma un amparo legal o carecía del mismo, si era el elemento de acción apropiado o resultaba escalofriantemente exagerado.

La escasa significación de la pena determinada para el porte ilegal de armas, se explica, entonces, por la forma de punición prevista para los concursos delictuales y, principalmente, por la incidencia que sobre la misma tiene la diminuente reconocida.

El tribunal señaló como pena privativa de la libertad, diez y seis años de prisión, en cuanto al homicidio, más cuatro meses en razón del porte ilegal de armas. Respecto de perjuicios materiales, para la esposa e hijos, los elevó a un mil quinientos (1.500) gramos oro, y, quinientos (500) gramos oro, para cada uno de los progenitores del occiso.

En razón de la diminuente, que cobija los dos hechos delictuosos, el homicidio quedará reprimido con cinco años, cuatro meses de prisión (la pena no será “ni menor de la tercera parte del mínimo...” —art. 60 C.P.—) aumentada en un mes, por lo atinente al porte ilegal de armas. En total, la sentenciada purgará cinco años, cinco meses de prisión.

En cuanto a los perjuicios materiales resulta una inconsecuencia, advertida las modalidades de los hechos, ya suficientemente detalladas, hacer cualquier condenación de resarcimiento en beneficio de Susana Uribe de Correa. Y, en cuanto a los hijos, por obra del estado pasional deducido, la condena se determina en doscientos (200) gramos oro, para los dos. Similares razones, aunadas a la índole de las relaciones mantenidas entre Juan Fernando Correa y sus padres, inciden para detraer el monto fijado en la segunda instancia, y de ahí que la cuantía de los perjuicios morales que deben cubrirse a los padres del occiso, por la sentenciada, será de cincuenta (50) gramos oro, para cada uno.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR PARCIALMENTE el fallo acusado, ya mencionado en su origen, fecha y naturaleza, y por tanto, condenar a Fanny Sampayo Alvarez, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, a cinco años, cuatro meses de prisión. En cuanto a perjuicios, se fijan así: como materiales y en favor de los dos hijos de Juan Fernando Correa, cien (100) gramos oro, para cada uno; para los padres del occiso, para cada uno, cincuenta (50) gramos oro.

No hay lugar, y de ahí que se revoca lo determinado a este respecto, a condenar en perjuicios en favor de Susana Uribe de Correa.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Dídimo Páez Velandia—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Édgar Saavedra Rojas—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia M. 

Rafael Cortés Garnica, Secretario.

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