Sentencia 570 de marzo 23 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente 570/98

Consejera Ponente:

Dra. Ana Margarita Olaya Forero

Actor: Luis Fernando Zúñiga Girón

Antecedentes

EXTRACTOS: «1. El ciudadano Luis Fernando Zúñiga Girón, en ejercicio de la acción objetiva consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, demanda la nulidad parcial del literal b) del artículo 3º del Decreto Reglamentario 24 del 6 de enero de 1998, expedido por el Gobierno Nacional, el cual reza lo siguiente:

“Generalidades. Los trabajadores en misión tendrán derecho:

(...)

b) A ser beneficiario de todas aquellas perrogativas que la empresa usuaria tenga respecto de sus propios trabajadores tales como: transporte, alimentación y recreación;

(...)”

CONSIDERACIONES:

En primer lugar debe precisar la Sala que el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 definió la empresa de servicios temporales, así:

“Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador”.

Y el artículo 74 de la citada Ley 50 señaló las distintas categorías de trabajadores en estas empresas temporales, así:

“Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de dos categorías: trabajadores de planta y trabajadores en misión.

Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias propios de las empresas de servicios temporales.

Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos”. (Destaca la Sala).

Ahora bien, los artículos 75 y 79 de la Ley 50 de 1990, citados como infringidos por la “norma acusada, prescriben en cuando a las normas laborales que gobiernan la situación de los “trabajadores en misión” y en relación al salario, lo siguiente:

“ART. 75.—A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley.

ART. 79.—Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte alimentación y recreación.

(...)”.

Como fácilmente se colige de los precitados artículos de la Ley 50 de 1990, el legislador señaló como regla general que a los trabajadores en misión se les aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas de carácter laboral, así como lo establecido en la Ley 50. Así mismo, se determinó que el trabajador en misión tiene derecho a gozar de los mismos beneficios que la empresa usuaria tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación.

Significa lo anterior, como se dijo en el auto que suspendió provisionalmente el aparte del decreto acusado, que los beneficios adicionales a que tienen derecho estos trabajadores en misión no son todos los que la empresa usuaria reconoce a sus trabajadores, sino exclusivamente los que tal empresa reconoce “en el lugar de trabajo” y en materia de “transporte, alimentación y recreación”.

El Decreto Reglamentario 24 de 1998, acusado en esta litis, al utilizar las expresiones “todas” y “tales como”, convierte en enunciativa la oración, confiriendo a los trabajadores en misión el derecho a reclamar otros beneficios diferentes a los que la ley consagró taxativamente.

Pero además, el hecho de que el decreto reglamentario no hubiera especificado que los beneficios son los que el usuario tenga en el lugar de trabajo, se puede interpretar que los trabajadores en misión fuera de los beneficios establecidos en la sede donde desarrollan su trabajo, tienen además las prerrogativas instituidas por la empresa en las demás dependencias y sucursales, lo cual contraría el mandato taxativo y el espíritu de la ley que reglamenta.

Fue muy claro el legislador, en la ponencia para segundo debate, en señalar normas muy precisas tendientes a la protección de los derechos de los trabajadores temporales, en cuanto a su remuneración, prestaciones sociales y salud ocupacional; así como en la prescripción de disposiciones relativas a la constitución y requisitos para el funcionamiento de las empresas temporales, con el fin de eliminar los abusos contra esta clase de trabajadores, que denominó el legislador “de planta” y “de misión”; por ello, se estableció taxativamente, con el fin de respetar el principio de “a igual trabajo igual salario”, que el personal temporal percibirá el mismo salario ordinario del trabajador contratado directamente por la empresa usuaria y que desempeñe idénticas funciones, haciendo la salvedad con respecto a diferenciales por razones de antigüedad.

En ese mismo sentido prescribió la Ley 50 que dicho personal en misión tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecido para sus trabajadores, como se dijo anteriormente, en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación (destaca la Sala). Son estos pues los beneficios que estableció el legislador; por ello, añadirle al claro y taxativo mandato del legislador, expresiones como las de la norma acusada “todas” y “tales como”, desvirtúa y desborda su precepto, ya que excede sus lineamientos.

En este orden de ideas, le asiste razón al demandante en censurar por exceso en la potestad reglamentaria el literal b) del artículo 3º del Decreto 024 del 6 de enero de 1998, lo que impone declarar su nulidad.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase la nulidad del literal b) del artículo 3º del Decreto Reglamentario 024 de enero 6 de 1998, expedido por el Gobierno Nacional, “por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales”.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Una vez ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente.

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