Sentencia 5705 de septiembre 20 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

TÉCNICA DE CASACIÓN

ALEGACIÓN DE VIOLACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN UN MISMO CARGO

EXTRACTOS: «Visto que el cargo denuncia a la vez violación directa e indirecta de las mismas normas sustanciales, preciso es que la Corte aborde liminarmente el aspecto técnico de planteamiento semejante.

En materia de casación es conocidísimo que el vicio in judicando abreva en dos fuentes igual de contaminadas, pero de diversa naturaleza. Conviénese en que, después de todo, el resultado es el mismo, porque siempre la ofensa será para el derecho sustancial; en el punto, empero, es de necesidad absoluta distinguir qué es lo que desagrada del juzgador. Se le increpará que su entendimiento del derecho material es deficitario, o que no es el mejor observador del expediente en punto de pruebas. Allá se le juzgará de poco criterioso en dicho ámbito; acá de alterar la contienda probatoria que supone el proceso.

Nótase al rompe, pues, que el ultraje al derecho sustancial deviene por caminos paralelos y que, por lo mismo, al tiempo que preservan su distancia jamás se tocan. Es esto lo que en el terreno de la casación se conoce como violación directa e indirecta de la ley, a las que aluden, en su orden, los dos incisos de la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. Así que la rivalidad de esas dos cosas no se remite a duda; tanta, que basta observar que la violación derecha de la norma sustancial supone ausencia de riñas de abolengo probatorio, para que de esa forma que de dicho todo. De ahí el perseverante criterio jurisprudencial que declara inadmisible, por contradictorio, el cargo en el que se amoneste al fallador de ambas cosas a un tiempo.

Pero mucho tiento se ha de tener a la hora de aplicar tal regla técnica. Porque todo dependerá de como se haya expresado el tribunal en el correspondiente fallo. Evidentemente, fácil es decir que ella cae con todo su peso cuando el sentenciador se ha recostado en consideraciones que todas hacen parte de una de aquellas dos fuentes; si, por ejemplo, son meras lucubraciones jurídicas las que movieron al sentenciador para decidir del modo como lo hizo, haríase mal en calificar promiscuemente la violación de la ley como de directa e indirecta; y otro tanto, si las que a la postre causaron el quebranto del derecho sustancial, fueron de linaje probatorias y fácticas (quaestio facti) pues en tal caso no puede hacerse cosa distinta a la de denunciar la vía indirecta.

Mas cuando sucede, cosa que no es infrecuente, que la decisión es cimentada en consideraciones amalgamadas, esto es, de una y otra índole, el cariz de la situación no es ya el mismo y la regla técnica que se analiza no podría aplicarse mecánicamente sin pasar por odiosa. Ocurre a menudo que los sentenciadores traen a cuento, no una, sino varias razones que juntas y cada una por si apuntalan su decisión; vale decir, no obstante que una de ellas sería bastante a dictar el pronunciamiento, alargan su tarea dialéctica y, a mayor abundamiento evocan otras que arrojan idéntico resultado. Y ocurre que no todas pertenecen a la misma familia. Como si para definir un pleito se dijese que el dueño no está habilitado por la ley para reivindicar sus cosas (yerro puramente jurídico), y que, aunque lo estuviera, lo cierto es que no probó (habiendo prueba de ello) que el demandado fuese poseedor de la cosa; y que sobre apuntalarse en tales reflexiones, añadiese injustificadamente el juzgador que está confusa la identidad de la cosa. En este evento, es paladino que al fracaso de la pretensión concurriría eficazmente cualquiera de las susodichas argumentaciones, y el tribunal bien hubiera podido detener ahí su estudio y dictar el fallo pertinente, sin más dilataciones; si por la primera de las anunciadas se inclinase, el ataque propicio en casación sería la vía directa; si por cualquiera de las restantes, por involucrar enfrentamientos de tipo probatorio, la indirecta.

La controversia surge entonces cuando decide apoyarse en todas. La mixtura de sus razonamientos (jurídicos y probatorios) haríale recordar al impugnador qué tesis constante ha sido la de que no puede, juntar en un mismo cargo cuestiones irreconciliables (vías directa e indirecta), y que tampoco puede a su gusto dejar de lado ninguno porque es también reiterado aquello de que el ataque en casación debe ser completo, toda vez que la Corte considera que “no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido atacada en casación, ni por violación de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado” (LXXI, pág. 740; LXXIII, pág. 45 y LXXV, pág. 52). Pues bien piensa hoy la Sala que nada obsta para que el ataque total pueda hacerse en el mismo cargo con la debida precisión. Conjuntar ordenadamente violaciones directas e indirectas, así como de varia tenga la argumentación del tribunal, guardándose, eso sí, la correspondencia necesaria.

Porque es refulgente que la pluricitada regla técnica tiene por fundamento el principio filosófico de contradicción. Si el tribunal se apoya no más que en una de las hipótesis que se dejaron referidas en el ejemplo, profanaríase tal postulado si llegara a decirse que la violación de las normas se presentó a la vez por las dos sendas, la vías directa e indirecta; mas no cuando se apoya en todas, porque las dos vías predicaríanse de cosas diferentes, y no respecto de la misma cosa que es el presupuesto lógico del principio.

Ciertamente, para no apartar la vista del evento que se examina a guisa de ejemplo, la decisión del tribunal, por donde se la mire, da de mano al derecho sustancial; vale decir, dada su locuacidad, se le conmina de mal entendedor de las normas jurídicas, y de mal contemplador de pruebas.

Esa es la consecuencia de que el tribunal haya dicho que por todos lados la decisión es la misma.

Necio fuese que, por una inadvertida aplicación de la técnica de casación, se reprochara al recurrente conjunción semejante; aspérrima objeción fuese decirle por acá que no puede juntar las dos vías, y esperar por allá que no las junte para reprobarle lo del cargo incompleto.

Por modo que si en el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, el tribunal habló al tiempo jurídica y probatoriamente, pues dijo que las pretensiones resultaban frustráneas tanto porque lo irrisorio del precio presupone un elemento subjetivo del que no daba cuenta el sub lite —cosa que no comparte el impugnador— como porque, aun sin ser así, a su juicio tampoco es tal, de conformidad con la prueba pericial, el que se pactó en la negociación cuestionada —cuestión que tampoco es del agrado del recurrente—, más que autorizado estaba el casacionista para formular los ataques que hizo; aquello por la vía directa, y esto por la indirecta.

Despejado el aspecto técnico de la acusación, éntrase al fondo de la misma, sin dejar de recordar que obviamente el éxito del recurso está supeditado al triunfo de ambos ataques.

Por lo que toca a lo primero, analízase si es correcto afirmar que, de cara al ordenamiento jurídico colombiano, el calificativo que de irrisorio le quepa al precio, involucra el aspecto subjetivo que echó de menos el tribunal. Pues bien: en mérito de la conmutatividad de ciertos contratos, ineludible es indagar que las prestaciones recíprocas de los contratantes, si bien no simétrica y rigurosamente equivalentes, sí puedan considerarse, o “mirarse” para utilizar la expresión positiva de la ley (CC, art. 1498) como tales. Y es ahí donde adquieren importancia los conceptos de precio lesivo e irrisorio, para no aludir sino a los que son estrictamente necesarios al pleito en examen. Será lo primero, cuando la desproporción del precio de la cosa que se recibe alcanza el contraste cuantitativo de la figura de la lesión enorme; lo segundo, cuando la desproporción sube tanto de punto que, por lo ínfimo, aparece como ridículo.

Pero al paso que respecto de la lesión enorme se acepta pacíficamente que es un fenómeno enteramente objetivo, bien pudiera especularse y discutirse que el del precio irrisorio no lo es tanto, o que no lo es en definitiva. De hecho, la doctrina, entregada a la labor de darle identidad muy propia a esta figura, ha debatido con energía el punto; y no han faltado quiénes vean allí un componente subjetivo, al que han acudido sobre todo al ensayar una definición del fenómeno. Afirmase, verbigracia, que irrisorio es el precio que se pacta sin la intención de exigirlo; que cuando el vendedor pasa por semejante acuerdo, es porque entiende que no ha habida seriedad en el punto, con lo cual —dicho sea de ocasión—, se echan a perder los linderos que lo diferenciarían de la simulación. Doctrinantes hay, pues, que paran mientes en esa intencionalidad; pero, y este es el punto que destacar quisiera la Corte, si bien aluden a él para mejor explicar lo que comúnmente ocurre, no le otorgan, ni con mucho, la calidad de elemento esencial, y se cuidan de dejar a salvo la eventualidad de que ella —la intención— no concurra en un momento dado, sin desmedro de ver estructurada la figura. Así, los hermanos Mazeaud, tras subrayar dicho elemento, añaden que “el criterio de la distinción no está solamente, por lo demás, en el importe del precio o en su proporción con respecto al valor de la cosa vendida, sino, al mismo tiempo, en la intención de las partes: cuando el precio es únicamente lesivo, las partes han querido proceder a una compraventa, pero el vendedor se ha engañado sobre el valor de una cosa suya o por las circunstancias se encontraba apremiado a vender a precio vil; cuando el precio es irrisorio, salvo los rarísimos acasos de necedad total del vendedor, las partes han querido proceder a una liberalidad” (1) . Naturalmente que si el precio bajísimo devino a título de torpeza o “necedad total”, sobra toda pesquisa tendiente a establecer una intención asaz discutible, y no por ello deja de ser irrisorio. De cualquier modo, entablada que fuese la demanda, difícilmente podría rehusarse la pretensión no más con decirle que él pactó pero con la intención de cobrar el precio.

(1) Derecho Civil, Los principales contratos, tomo III parte III, pág, 150.

Queda claro entonces que puede ser cierto que cuando se conviene un precio irrisorio, obedece a algún propósito de los contratantes; probable es que las más veces no se quiera exigir en verdad el precio; pero también es diamantino que a la hora de determinar lo irrisorio del precio, ese aspecto no presta ninguna utilidad práctica, porque en últimas aun puede serlo —irrisorio— en ausencia de propósitos análogos.

Y no habría cómo entenderlo de manera diversa en la legislación colombiana. El Código de Comercio, que es el que expresamente trata la materia, no hace exigencia de naturaleza subjetiva, como que, luego de consagrar el principio general de que lo irrisorio desvanece la conmutatividad del contrato, apenas si dispuso para el contrato de compraventa que el precio irrisorio se tendrá por no pactado (art. 872 y 920, respectivamente). Más aún: esta expresión, aunque lacónica, da la idea de que bien pudiera suceder que las partes pactasen seriamente precio tal, y sin embargo la ley sale al paso para indicar que, con todo, se tendrá por no escrito. Todo esto le permite a la Corte señalar que no hay mayor fundamento legal ni doctrinario para afirmar que en la tarea de averiguar si un precio merece calificarse de irrisorio sea de rigor hurgar las disposiciones mentales de los contratantes y que más bien es lo desmesurado de la desproporción lo que en definitiva estructura el fenómeno. Así como la ley se expresó, escuetamente ha de entendérsela, y afirmar enseguida que la palabra irrisorio no puede tener otro significado que el que le es común, o sea, precio tan exiguo que de lejos es ridículo; si se quiere, que su monto suscita irrisión. Como sucede en los ejemplos de que se vale la doctrina, esto es, pagarse un peso por una cosa que vale varios miles. No hay duda ahí de la insignificancia del precio.

Por lo demás, así puede interpretarse el pensamiento de la doctrina patria. En su obra “De los principales contratos civiles”, el autor Gómez Estrada se refiere al punto en los siguientes términos: “El precio es irrisorio cuando entre él y el valor de la cosa que se compra existe una manifiesta desproporción, tanta que el precio aparece a simple vista como ridículo”; y añade más adelante que el que se pacta sin intención de ser exigido, se opone al precio real, precisamente por ser simulado (pág. 35 y 36). Y aun cuando es verdad que Álvaro Pérez Vives menciona la intencionalidad de los contratantes, no lo hace en sentido distinto del ya anotado criterio de la doctrina, comoquiera que tras apuntar que en caso semejante “lo más probable es que no haya habido seriedad en dicho precio”, a semejanza de los hermanos Mazeaud, hace la siguiente salvedad: “nada descarta la posibilidad de que, por aquélla o esta otra circunstancia, (el precio ...) se haya pactado como serio. Es, pues, una cuestión de hecho que se guía por estas reglas generales: cuando la desproporción del precio sea de tal magnitud que no represente ni remotamente el verdadero valor de la cosa, habrá precio irrisorio” (“Compraventa y Permuta en Derecho Colombiano”, pág. 145).

Ya es ocasión, pues, para concluir que ahí se equivocó el tribunal y que, por lo tanto, esta parte de la acusación resultó ser cierta.

Y puesta la Corte en camino de analizar el ataque que por vía indirecta contiene el cargo, memora que el tribunal no halló probada la objeción grave que se formuló al dictamen oficioso decretado antes de ultimarse la primera instancia, sobre la base de considerar dos cosas, a saber: por un lado, que el avalúo del interés social comprende algo más que el simple avalúo de los activos y pasivos y que, por lo tanto, no se avaluó lo que en realidad constituía el objeto del dictamen; y, por otro, que aun aceptando lo que efectivamente fue avaluado, el dictamen de la objeción muestra las siguientes falencias: no se allegaron las cotizaciones de las cuales dijeron partir los peritos; los promedios se refieren “únicamente” a la “eficiencia de la producción”, esto es, sin tomar en consideración los “factores variables, sujetos a las oscilaciones del mercado y a muchas incidencias empresariales y de producción”; por lo que a su juicio ese dictamen “no alcanza evidenciar que en el precedente se haya incurrido en error grave “que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas””, según lo previene el artículo 238, numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil.

Por supuesto, que tarea del recurrente era fustigar exitosamente ambos conceptos, pues con uno siquiera en pie, fracasa la acusación. Y resulta que la Corte advierte de entrada que el ataque del segundo de ellos no puede abrirse paso. Todo lo más, porque las citadas razones del tribunal no están combatidas en el cargo, ni menos resueltamente como lo reclama un recurso como el de casación. Y es así porque la censura se limitó a transcribir las partes pertinentes de los dictámenes enfrentados, para concluir simplemente en lo que sigue: “A las claras se ve en dónde radica la diferencia de resultados y su razón de ser, y cómo los primeros peritos incurrieron en error grave: en la cuenta del volumen, en el precio del rajón y en el margen de rendimiento. De ahí el contraste entre $ 26''625.040 que ellos señalaron como precio de la cantera, y $ 53''410.445, valor del último dictamen”.

Y es obvio que con eso no más no se está refutando realmente al tribunal; no se trataba de resaltar lo que se lee en el dictamen —al fin y al cabo visto también por el tribunal—, sino de rebatir las falencias que éste relacionó con respecto al mismo. Indemne aparece, pues, aquello de que las cotizaciones no se allegaron y que se basó únicamente en la “eficiencia de producción” sin contar con las oscilaciones y fluctuaciones propias del mercado, o “factores variables” que denominó el sentenciador.

Por manera que no se destruyó aquello de la falta de prueba de la objeción y por consecuencia queda en pie el razonamiento que a partir de allí elaboró el tribunal, en el sentido de indicar que el precio a tener en cuenta era el del dictamen anterior, esto es, el objetado, y que, por lo tanto, ese precio, en su sentir, no es irrisorio, cuestión que dedujo de estimar, que en ese marco de ideas el interés social valía $ 14.457.259 y por él se pagaron $ 8.420.000. En verdad, dígase al paso, dicho precio jamás llama a risa o burla, como tampoco lo sería si se tomara incluso el precio de $ 7.000.000 que el recurrente estima acreditado en el proceso.

Determinase entonces que el cargo no florece. Sin embargo, no habrá condena en costas porque lo cierto es que resultó rectificada la doctrina del tribunal en el estudio que de la primera parte de la acusación se hizo».

(Sentencia de casación, septiembre 20 de 2000. Expediente 5705. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Velásquez).

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