Sentencia 571-99 de junio 24 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ES UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO CON CARÁCTER UNIVERSITARIO

EXTRACTOS: «Desde la creación de la Escuela Superior de Administración Pública en el año de 1958, mediante la Ley 19, ha sido constante la preocupación de los estudiosos sobre la materia para dilucidar la naturaleza jurídica de dicho ente adscrito al Departamento Administrativo del Servicio Civil, hoy de la Función Pública.

En este orden de ideas se ha dicho que la ESAP es un simple establecimiento público, o una entidad universitaria, o un establecimiento público universitario oficial, o una institución oficial de educación superior al tenor de los artículos 19 y 57 de la Ley 30 de 1992.

Para mayor ilustración, dicen estos artículos lo siguiente:

“ART. 19.—Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.

Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados, de conformidad con la presente ley.

ART. 57.—Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.

Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.

El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente ley.

PAR.—Las instituciones estatales u oficiales de educación superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente ley deberán organizarse como establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal”.

Es claro que según los artículos transcritos, y en especial del parágrafo del artículo 57, las instituciones estatales “que no tengan el carácter de universidad”, deben organizarse como establecimientos públicos, afirmación que ha llevado a plantearse que la ESAP no tiene el carácter de “universidad”.

Sin embargo, posteriormente la Ley 136 de 1994, expresó que la Escuela Superior de Administración Pública es una “universidad del Estado”, motivo por el cual respecto a dicho ente universitario puede decirse dentro de la mínima interpretación, que el propio legislador mediante la citada ley le dio a la ESAP, el carácter de universidad, si pensamos que no lo era, o que reiteró tal carácter, pues ha sido tradicional a tal ente otorgarle el carácter de universidad.

Textualmente dice el artículo 196 de la Ley 136 de 1994:

“ART. 196.—El gobierno nacional dispondrá lo pertinente para que, de conformidad con la Ley 30 de 1992, en un lapso no mayor a tres meses a partir de la vigencia de la presente ley, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, como universidad del Estado especializada en la materia, adecue su estatuto básico, estructura orgánica, planta de personal y escala salarial, a los requerimientos que en cuanto a investigación, asesoría, capacitación, formación profesional y tecnológica de los servidores públicos, en sus diferentes niveles municipal, departamental y nacional, tengan los entes territoriales para el desarrollo de esta ley”.

De acuerdo con lo expuesto, y si se piensa que existía oscuridad en el texto de la Ley 30 de 1992, puede afirmarse en gracia de discusión, que la Ley 136 de 1994, la interpretó con autoridad, en los términos descritos en el artículo 25 del Código Civil.

Posteriormente el artículo 38 de la Ley 443 de 1998, reitera el carácter universitario de la “ESAP”, en su condición de establecimiento público.

Sin embargo, con anterioridad a ésta discusión, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con fecha 20 de febrero de 1974 y con ponencia del doctor Luis Carlos Sáchica había expresado que la ESAP no sólo era un establecimiento público, sino una “universidad oficial”.

Dijo en esa oportunidad el Consejo de Estado:

“Habiendo dejado en claro que la Escuela es un establecimiento público es indiscutible su carácter de universidad oficial, en el sentido de estatal, como se desprende de su origen legal, de la formación de su patrimonio, de su régimen de derecho público, y de la declaración del artículo 1º del Decreto 225 en mención al afirmar que, como tal, forma parte de la rama ejecutiva, y está adscrita al Departamento Administrativo del Servicio Civil”.

Por consiguiente, como la ESAP siempre ha sido considerada como una institución de educación superior y reconocida como “universidad”, y por ello se ajusta a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 19 de la Ley 30 de 1992, según el cual “son universidades las reconocidas actualmente”, y así lo reiteran los artículos 196 de la Ley 136 de 1994, y 38 de la Ley 443 de 1998, se concluye inequívocamente que la ESAP, es una “universidad”, motivo por el cual habrá de confirmarse el fallo apelado para acceder a las súplicas de la demanda aunque por las razones antes expuestas, puesto que el personal docente de la ESAP tiene vocación a percibir los salarios a que se refiere el Decreto 1444 de 1992, y de los demás decretos que lo modifiquen o adicionen.

En términos similares se pronunció esta Sala en fallo del día 17 de junio de 1999, expediente 299-99 con ponencia del doctor Javier Díaz Bueno».

(Sentencia de junio 24 de 1999. Expediente 571-99. Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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