Sentencia 5713 de mayo 7 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

JURISPRUDENCIA LABORAL

FUNCIÓN UNIFICADORA DE LA CORTE

EXTRACTOS: «Considera la Sala oportuno anotar que tiene toda la razón el recurrente cuando observa que el artículo 230 de la nueva Constitución Política no le quitó a la Corte Suprema de Justicia la función unificadora de la jurisprudencia nacional y que, estrictamente, no consagró nada nuevo al disponer que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”.

No es verdad, como parece suponerlo el Tribunal, que en virtud de la nueva Constitución hayan desaparecido las fuentes formales supletorias del derecho laboral que enuncia el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. De acuerdo con este precepto, y de conformidad con los lineamientos que desde el siglo pasado trazaron el Código Civil y la Ley 153 de 1887, la jurisprudencia que trata de unificar la Corte como tribunal de casación y máximo juez de la justicia ordinaria (arts. 234 y 235 CN y 86 del CPT), continúa siendo fuente normativa que colma o completa las insuficiencias de la ley, es decir, un “criterio auxiliar de la actividad judicial” como lo denomina la propia Constitución.

Claro que es apenas obvio que la jurisprudencia que produce la Corte como tribunal de casación no obliga a los juzgadores de instancia. Bien al contrario, lo natural, y además lo deseable en alto grado, es que estos jueces, en ejercicio de la independencia inherente a los cargos y función que desempeñan, se aparten cuando lo consideren necesario de los derroteros doctrinarios que sobre interpretación de las normas pueda haber marcado la corporación. La Sala no sólo acepta sino que prohija esa forma de actuar y decidir por parte de los tribunales y jueces laborales, consciente como es de que la constante evolución del derecho del trabajo y la dinámica de la jurisprudencia que le es propia, determinan que sean precisamente los jueces de instancia quienes, al acoger o rechazar los permanentemente novedosos planteamientos que proponen los litigantes, vayan señalando nuevos rumbos con miras a “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (art. 1º, CST).

No ocurrió así, sin embargo y lamentablemente, en el caso sublite en el cual el juzgado y el Tribunal no dieron argumento alguno para apartarse de la doctrina que, ciertamente sin improvisación, ha venido exponiendo la Corte en materia de revaluación judicial de los créditos laborales, para cuya elaboración, lejos de apartarse de la ley o desconocerla, ha entendido aplicarla en su genuino sentido, al considerar que dentro de los perjuicios causados al acreedor por el retardo en el cumplimiento de la obligación está el correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, puesto que la indexación es parte integrante de la indemnización por daño emergente que el deudor debe pagar como consecuencia de la mora en el cumplimiento de la obligación».

(Sentencia de mayo 7 de 1993. Radicación 5713. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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