Sentencia 5716 de abril 4 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

OFERTA

DIFERENCIA CON LA INVITACIÓN A NEGOCIAR

EXTRACTOS: «No pueden calificarse de contraevidentes las reflexiones del tribunal en cuanto distinguió la invitación a contratar formulada por la demandada, de la oferta presentada por la actora y estas dos, a su vez, del contrato finalmente acordado entre ambas.

En efecto:

3.1. No pueden confundirse la “oferta”, esto es, el “proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra” (C. Co., art. 845), que en cuanto reúna los requisitos allí previstos, además de ser irrevocable, da lugar al nacimiento del contrato, una vez ha sido aceptada por el destinatario, con cualquier invitación a emprender negociaciones que una persona exponga a otra u otras, manifestación, esta última que abarca múltiples posibilidades tales como los avisos publicitarios y propagandísticos por medio de los cuales el comerciante anuncia sus productos, y a los que el artículo 847 ejusdem les niega obligatoriedad, hasta las proposiciones que una persona hace a otras para que le formulen verdaderas ofertas, conductas todas ellas que apenas insinúan, como su nombre lo sugiere, el deseo serio y leal de querer contratar y que solamente darán lugar a la responsabilidad propia de quien quebrante los deberes de corrección y buena fe que gobiernan la actividad preparatoria de los contratos.

No pueden trastocarse tales conceptos, se decía, puesto que la naturaleza, alcances y efectos de cada uno de ellos es bien particular, como distinta es la responsabilidad que pueden originar; desde luego que la oferta, una vez comunicada, no podrá ser revocada so pena de indemnizar los perjuicios que tal acto le cause al destinatario, amén que dará lugar al contrato una vez sea aceptada. En cambio, la simple invitación a negociar carece de este atributo ya que no es otra cosa que la exteriorización del ánimo serio de emprender negociaciones, iniciativa que suele plantearse en términos inciertos, como el deseo de atender las ofertas que otros formulen, y en cuyo caso, recibida la propuesta, corresponde al invitante decidir sobre su aceptación.

Así las cosas, la mera invitación “a ofrecer”, se perfila, por regla general, como la solicitud que una persona hace a otras, determinadas o no, para que le formulen propuestas de un negocio jurídico en el cual se está interesado. Se trata, pues, de anunciar la disposición que se tiene para atender las ofertas que otros hagan con miras a aceptar aquella que le resulte más provechosa e, inclusive, si ninguna resulta serlo, abstenerse de ajustar el contrato, modalidad de contratación cuyas ventajas son innegables en aquellos negocios jurídicos que están antecedidos de datos o diseños técnicos, pero que no obliga al invitante, quien, desde esa perspectiva, está facultado para rechazar las proposiciones que reciba, sin desdeñar, por supuesto, los deberes de corrección y lealtad que incumben a todas las negociaciones preliminares.

3.2. No obstante que las cosas son del modo que viene de exponerse, también puede suceder que la invitación contenga la concluyente declaración del emisor de que innegablemente realizará el negocio jurídico con la mejor propuesta, evento en el cual, es preciso subrayarlo, la convocatoria puede adquirir la naturaleza de una oferta. En otros términos: dada la certidumbre que el interesado le imprima a su invitación, pueda ella concebirse, también, como una verdadera oferta, en cuyo caso deberá éste revelar su indeclinable intención de contratar, manifestación que debe ser completa y comunicada al destinatario, de modo que su aceptación perfeccione el contrato.

“... El anuncio, ha dicho la Corte, que puede llevarse a cabo por cualquier medio probatorio, es la pauta del concurso y al propio tiempo contiene tanto la característica del contrato proyectado como las reglas fundamentales a través de las cuales queda vinculado el anunciante, aspecto este último determinante del carácter atribuible a este tipo de actos y del papel que juega en procedimientos de esta naturaleza, habida cuenta que su significación no es fatalmente la misma en todos los supuestos posibles, pues en unos, quizá los más comunes, no habrá verdaderas ofertas sino apenas simples invitaciones a formularlas, mientras que en otros, ante una declaración concluyente hecha en tal sentido, por quien tomó la iniciativa de convocar al concurso, forzoso será estimar que éste se abrió para ser celebrado el contrato sin reserva, es decir involucrando una oferta completa y obligatoria de contratar con el concursante que resultare favorecido. Dicho en otras palabras, el significado del anuncio es cuestión circunstancial y cualquier duda ha de resolverse por interpretación del sentido razonable de las palabras utilizadas por el anunciante en su declaración, confirmado por la actitud subsiguiente que el mismo hubiera adoptado; lo corriente es, entonces, que de no presentarse factores que abonen la otra alternativa, una invitación a concursar representa tan sólo la posibilidad de concurrir al certamen formulando las verdaderas ofertas bajo el supuesto de que el anunciante se ha reservado para sí la libertad de adjudicar o no, lo que equivale a decir que el proyectado contrato no podrá tenerse por perfeccionado sino mediante la adjudicación, caso por cierto diferente a aquel en que la invitación es una auténtica oferta, vale decir una proposición que, en los términos que indican los artículos 845, 846 y 860 del Código de Comercio, dejará vinculado contractualmente al proponente —anunciante— por el sólo hecho de haberse formulado, con acatamiento de las reglas del concurso, la correspondiente aceptación por alguno de los llamados a participar en su realización” (CXCVI, pág. 121 y ss.).

En consecuencia, en la medida en que el invitante se reserve el derecho a declarar desierta la licitación, hipótesis que deja al descubierto la contingencia de su designio negocial —obviamente que en tales circunstancias no es inamovible su voluntad de ajustar el contrato deseado—, el perfeccionamiento del mismo se encuentra condicionado a que sean de su agrado la naturaleza, calidad y cuantía de las propuestas, así como la idoneidad del proponente, atribución que, como se ha puntualizado, encuentra coto en los deberes de lealtad y buena fe propios de toda tentativa contractual. No es posible en este caso concreto, entonces, asentar de manera axiomática que los términos contenidos en el pliego se proyecten necesariamente como estipulaciones integrantes del ulterior contrato acordado por las partes, pues es patente que la verdadera oferta es la presentada por el concursante, y en cuanto tal debe contener los elementos esenciales del convenio, propuesta que una vez aceptada por quien abrió el concurso, perfeccionará el negocio jurídico.

3.3. En el asunto sometido ahora a la consideración de la Corte, se advierte que en el punto 2.2 del pliego de condiciones Cencar S.A. se reservó el derecho de “... adjudicar total o parcialmente la oferta a uno o varios oferentes y en caso de tal determinación no habrá lugar a reclamos o indemnización...”, y que en el numeral 2.4, bajo el título “adjudicación desierta” precisó que “Cencar S.A. podrá no aceptar las ofertas cuando a su juicio así lo estime conveniente”, cláusulas todas estas que impiden colegir que el aludido pliego contuviera una oferta que en cuanto tal fuese irrevocable y obligatoria para la demandada. Por el contrario, y el curso posterior de la negociación así lo demostró, se trató de una invitación a que le formularon ofertas, las cuales, a su vez, dieron lugar a un contrato de distinta naturaleza jurídica del inicialmente previsto.

Significa lo dicho que, dadas las particulares circunstancias que rodearon la negociación en el asunto de esta especie, la inferencia del tribunal en virtud de la cual minimizó la injerencia de la convocatoria de la demandada para que los interesados le formularan propuestas relativas a la construcción del “lubricentro”, no puede tildarse de contraria a la evidencia, pues no sólo dicha invitación no constituyó una oferta que hubiese vinculado a quien la hacía por la aceptación del mejor de los destinatarios, sino que, como los hechos lo demostraron, las partes se apartaron de ella.

4. Lo anterior no apareja, ni por asomo, que sean indiferentes para el ordenamiento las informaciones engañosas o, en su caso, la reticencia de los contratantes en la fase preliminar de las negociaciones; por supuesto que dentro de los deberes de corrección y lealtad que se exigen a toda persona que emprenda tratos negociales, se encuentra el que atañe con las informaciones o declaraciones que está llamado a suministrar, cuando a ellas hay lugar, en relación con el objeto, circunstancias o particularidades del acuerdo en camino de consumación, y cuya importancia, si bien variable, resulta sustancial para efectos de desembarazar el consentimiento del destinatario de artificios o vicios que lo afecten.

4.1. Bien puede acontecer, entonces, que, estando compelido uno de los negociantes a suministrar ciertas informaciones, carga cuya existencia se juzga, cuando las partes o ley no la determinan, atendiendo consideraciones de diversa índole, como la naturaleza del proyecto o las calidades de sus intervinientes, omita hacerlo o lo haga con graves inexactitudes, y que tal incorrección repercuta en una responsabilidad civil del infractor; o, por el contrario, puede suceder que, ora porque así lo prescribe de manera expresa la ley (de lo cual es ejemplo el C. de Co., art. 1058), o porque concierne con los móviles determinantes del contrato conocidos por la contraparte, la incorrección despunte en una nulidad relativa del negocio jurídico finalmente acordado. Todo esto, sin dejar de lado aquellas hipótesis donde la malintencionada manipulación de la información por parte del contratante se trastoque en dolo que vicie el consentimiento del otro.

4.2. Por supuesto que cosa muy distinta resulta ser que dentro de las obligaciones que son de la naturaleza de algunos contratos se encuentre la de suministrar ciertas informaciones, cual sucede con la notificación de la alteración del estado del riesgo en el contrato de seguro (art. 1060, ibíd.), o las modificaciones domiciliarias en la compraventa con pacto de reserva de dominio (art. 956, íd.), entre otros, supuestos todos estos que, como es patente, presuponen la existencia de un contrato que le imponga tal obligación al contratante y cuya infracción puede dar pie a distintas consecuencias, tales como la revocación del negocio o a su inmediato cumplimiento.

4.3. Si en el asunto sub iudice ha quedado establecido que la mal denominada “oferta” de Cencar S.A., no pasó de ser una invitación para que le formularan propuestas, y que es en ella donde, según la demandante, descansaba el deber de la demandada de informar con exactitud de ciertas condiciones de la contratación, su hipotética inobservancia no puede, en manera alguna, acarrear la resolución del posterior contrato de arrendamiento en donde nada se dijo al respecto, desde luego que las consecuencias de la misma no tienen la potestad de trascender o desbordar la órbita de los deberes de lealtad y corrección en la etapa de negociaciones preliminares entre las partes.

Con mayor aproximación: Si en el contrato de arrendamiento ajustado por las partes mediante la escritura pública Nº 2586 del 31 de diciembre de 1985, no se impuso a cargo de la demandada la obligación de suministrar determinadas informaciones, ni las mismas son de la naturaleza de tal especie de contrato, no pueden invocarse las supuestas inexactitudes en la información que previamente a la celebración del contrato suministró la demandada como causal de resolución del mismo, puesto que la infracción de tal carga, si en verdad existía, no desborda el ámbito de la responsabilidad civil de la demandada, o la de la anulabilidad del negocio, si afecta el consentimiento del contratante, y se juntan a cabalidad las exigencias legales pertinentes.

Por consiguiente, si la demandante consideraba que las informaciones contenidas en la convocatoria realizada por la encausada contenía afirmaciones mendaces o contrarias a los deberes de lealtad y corrección propios de la etapa de negociaciones preliminares, otros eran los mecanismos a su alcance, distintos, claro está, de la terminación del contrato por incumplimiento de una obligación contractual, pues, como ya quedara dicho, ese deber no nace con el contrato sino que le antecede».

(Sentencia de casación, abril 4 de 2001. Expediente 5716. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles).

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