Sentencia 5722 de agosto 3 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO

NO IMPIDE QUE SE DECLARE SU NULIDAD

Ref.: Exp. 5722

Consejera Ponente:

Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Luis Fernando Velandia Rodríguez

Santafé de Bogotá, D.C., agosto tres (3) del año dos mil (2000).

IV. Consideraciones de la Sala

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sala examinar la legalidad de las normas cuyo texto es el siguiente:

Decreto 1510 de agosto 4 de 1998 

“ART. 1º—En los términos del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, la junta central de contadores efectuará la inscripción de los contadores públicos egresados de las facultades de contaduría pública del país. A los contadores públicos inscritos se les expedirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la solicitud, la tarjeta profesional que los habilite para el ejercicio profesional si a ello hubiere lugar.

Para efectos de las solicitudes de inscripción y expedición de las tarjetas profesionales de contador público, la junta central de contadores implementará mecanismos de verificación de la información suministrada y de comprobación de la experiencia contable certificada, incluida la práctica de pruebas al contador público solicitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º, literal a), parágrafo 1º de la Ley 43 de 1990”.

Resolución 145 de diciembre 10 de 1998 

“ART. 1º—La junta central de contadores efectuará pruebas de comprobación, mediante la aplicación de exámenes referidos al área de experiencia contable certificada, a los contadores públicos solicitantes de inscripción y expedición de tarjeta profesional. Dichas pruebas constituyen el procedimiento por medio del cual una persona demuestra que ha alcanzado el dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas en el área de su desempeño profesional.

ART. 2º—Las pruebas a que se refiere el artículo anterior se aplicarán en la sede nacional de la junta central de contadores y en las oficinas seccionales, pudiéndose delegar su realización conforme a la reglamentación que para el efecto se expedirá.

ART. 3º—Corresponde a la junta central de contadores programar, diseñar, administrar y calificar los exámenes de comprobación, que se realizarán en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada anualidad. Para ello, la junta central de contadores informará sobre los mecanismos y forma de calificación en el instructivo correspondiente.

ART. 4º—Para la aplicación de las pruebas de comprobación de experiencia contable se observará el siguiente procedimiento:

a) El solicitante deberá radicar en la junta central de contadores o en cualquiera de las juntas seccionales el formulario de solicitud de inscripción suministrado, acompañado de los documentos correspondientes, en los términos de la Resolución 45 de 1998;

b) En el formulario respectivo, el solicitante señalará el área específica de su experiencia, sobre la cual versará la prueba de comprobación;

c) Revisados, los documentos presentados por el aspirante, la junta central de contadores, citará a examen a quien acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. En caso contrario, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 10 de la Resolución 45 de 1998, y

d) En la fecha y en el lugar indicado en la comunicación de convocatoria, el aspirante deberá presentarse con su cédula de ciudadanía, o, si extranjero, con la cédula de extranjería o documento equivalente.

ART. 5º—Para la autorización de la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de contador público es necesario que el solicitante, además del cumplimiento de los requisitos señalados en la Resolución 45 de 1998, haya presentado el examen de comprobación, cuya calificación aprobatoria mínima será del 70%.

ART. 6º—Cuando el solicitante de inscripción no aprobare el examen aplicado, podrá presentarse a una nueva prueba, dentro de los seis (6) meses siguientes de acuerdo con la programación establecida para el efecto por la junta central de contadores. Transcurridos seis (6) meses después de la presentación del último examen no aprobado, la junta central de contadores dispondrá el archivo de la solicitud de inscripción y expedición de tarjeta profesional presentada.

ART. 7º—Los solicitantes de inscripción podrán escoger, para efectos de la aplicación de los exámenes de comprobación, cualquiera de las siguientes áreas, relacionadas con la experiencia contable certificada:

a) Contabilidad financiera;

b) Contabilidad de costos;

c) Contabilidad pública;

d) Contabilidades especiales;

e) Auditoría;

f) Revisoría fiscal;

g) Tributaria;

h) presupuestos;

i) Hacienda pública, y

j) Administración financiera.

Así mismo, la junta central de contadores podrá considerar otras áreas distintas a las descritas, cuando las mismas tengan relación directa con la ciencia contable.

PAR.—Para los efectos de este artículo se entiende por contabilidades especiales aquéllas relacionadas con las actividades bancaria, de seguros, hotelera, agropecuaria, cooperativa, ambiental y social, entre otras.

ART. 8º—Los resultados de los exámenes realizados se publicarán en un lugar visible de la junta central de contadores y de las juntas seccionales, dentro de los treinta (30) días siguientes a su realización.

ART. 9º—La junta central de contadores expedirá a cada solicitante de inscripción el certificado de aprobación respectivo, el cual le da derecho a obtener su inscripción como contador público, a favor de quien se expedirá la tarjeta profesional, según el procedimiento establecido en la Resolución 45 de 1998.

ART. 10.—La presente resolución adiciona la Resolución 45 de 1998 y rige a partir del 1º de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.

Resolución 60 de julio 8 de 1999 

ART. 2º—Al formulario de solicitud de inscripción deberán anexarse los siguientes documentos, en su orden:

a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía;

b) Tres (3) fotos tamaño cédula, según las especificaciones señaladas en el formulario de inscripción;

c) Fotocopia del acta de grado expedida por la universidad que otorgó el título;

d) Certificado de experiencia contable, en los términos previstos en el capítulo II de esta resolución;

e) Certificado de existencia y representación legal del ente económico que certifica la experiencia laboral contable, expedido por la cámara de comercio del lugar de su domicilio, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Cuando se trate de experiencia contable certificada por entidades públicas, no se requerirá prueba de su existencia, y

f) Copia al carbón y fotocopia del recibo de consignación del valor de la inscripción profesional, vigente a la fecha de radicación de la solicitud, donde conste el timbre de la caja receptora o, en su defecto, el sello de la entidad correspondiente.

PAR. 1º—Cuando se trate de entidades que por mandato legal no estén obligadas a inscribirse en la cámara de comercio, se deberá acompañar a la solicitud de inscripción, certificado de existencia y representación legal expedido por el organismo de inspección, vigilancia y control correspondiente.

PAR. 2º—La fotocopia autenticada de la visa de residente, expedida de conformidad con las normas legales vigentes, mediante la cual se acredite domicilio ininterrumpido en Colombia por espacio mínimo de tres (3) años, suplirá la cédula de ciudadanía, cuando el solicitante de inscripción sea extranjero.

PAR. 3º—Cuando por causa ininmputable al peticionario, se haya ordenado el archivo de la solicitud presentada, el interesado deberá demostrar el pago del valor de la inscripción profesional, vigente en la fecha de solicitud de desarchivo.

ART. 8º—En acatamiento de lo ordenado por el Decreto 1510 y la Resolución 145 de 1998, la junta central de contadores efectuará pruebas de comprobación, mediante la aplicación de exámenes referidos al área de experiencia contable certificada, a los contadores públicos solicitantes de inscripción profesional”.

Antes de entrar al examen de fondo de los cargos presentados en la demanda, advierte la Sala que mediante fallo de esta sección (1) se declaró la nulidad de la expresión “incluida la práctica de pruebas al contador público solicitante” contenida en el artículo 1º, inciso 2º del Decreto 1510 de agosto 4 de 1998, expedido por el Gobierno Nacional, por lo que, en relación con este aparte habrá que atenerse a lo expuesto en el fallo en mención.

(1) Fallo de noviembre 4 de 1999, expediente 5271. Actora Rubiela Vidal Montenegro. Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Lo anterior, por cuanto, a pesar de que se demandó la totalidad del artículo 1º del Decreto 1510 de 1998, el cargo sólo está dirigido a la exigencia de pruebas de comprobación de conocimientos como requisito para obtención de la tarjeta profesional de contador público.

En cuanto a la solicitud de la nulidad de las resoluciones 145 de diciembre 1º de 1998 y 60 de julio 8 de 1999, expedida por la junta central de contadores, se tiene que dichos actos fueron derogados en virtud de la expedición de las resoluciones 117 y 116 de 1999, respectivamente.

Sin embargo, acogiendo la tesis sentada por la Sala Plena en decisión de fecha 14 de enero de 1991 (Exp. S-157, C.P. Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla), se procederá al examen de fondo de dichos actos en atención a los efectos que pudieron causar durante el lapso de su vigencia.

Sobre el aspecto anterior, resulta, además, necesario precisar por la Sala que, en estricto sentido, con respecto a la Resolución 145 de diciembre 10 de 1998, en la medida en que se decretó la nulidad de la expresión “incluida la práctica de pruebas al contador público solicitante”, contenida en el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1510 de 1998, desapareció el fundamento derecho del mencionado acto administrativo. En efecto, para la expedición de ese acto administrativo, la junta central de contadores esgrimió las facultades conferidas en la Ley 43 de 1990 y en el Decreto 1510 de 1998, entendiéndose, con respecto a este último, que hace atinencia únicamente a la práctica de pruebas, en la medida de que regula el procedimiento para tales pruebas. Lo anterior conlleva a precisar que en el curso de este proceso, se operó el decaimiento de tal acto.

Al respecto resulta pertinente señalar que el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo contempla los eventos en los que produce la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo, así:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan su vigencia.

La doctrina ha denominado la causal 2º, decaimiento del acto, y sobre la necesidad de proferir fallo de fondo respecto de actos cuyo fundamento de derecho ha sido declarado inexequible por la Corte Constitucional o nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, habría que decir, en primer lugar, que el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo establece, en relación con la declaratoria de nulidad de ordenanzas y acuerdos municipales, que quedarán sin efecto en lo pertinente, los decretos reglamentarios de aquéllos, como una de las consecuencias del principio de la cosa juzgada regulada en la norma citada, norma que modificó, en lo pertinente, el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 “las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno expedidos en el ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contarios a la Constitución, a las leyes (...)” y que a juicio de la Sala sólo tiene atinencia a esa especial clase de actos administrativos.

Pero si bien es cierto, como lo ha sostenido esta corporación (2) , que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no puede solicitarse al juez de lo contencioso administrativo, pues no existe una acción autónoma que lo permita, no lo es menos que nada impide que con respecto a los actos administrativos respecto de los cuales se ha producido el fenómeno del decaimiento, se produzca un fallo de nulidad, pues en este evento se ataca la configuración de los elementos del acto administrativo al momento de su nacimiento, y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa, como en el procedimiento para su expedición, mientras que, el fenómeno producido por la desaparición del fundamento de derecho de un acto administrativo, tiene efectos hacia el futuro sin afectar la validez del acto por todo el tiempo de su existencia jurídica.

(2) Auto de fecha de junio 28 de 1996. Consejero ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 12005. Sección Tercera del Consejo de Estado.

En efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la expedición de actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas con base en aquél del que se predica el fenómeno del decaimiento, por declaratoria de inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la norma sustento de derecho y, como quiera que tal fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición.

No hay, por lo tanto, razón alguna que imposibilite proferir fallo de fondo con respecto a la legalidad de un acto respecto del cual se ha producido el fenómeno del decaimiento, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dicho acto administrativo estuvo vigente, lapso durante el cual el acto administrativo gozó de presunción de legalidad.

Lo anterior, por cuanto para que se produzca un fallo de mérito respecto de un acto administrativo, no se requiere que el mismo se encuentre produciendo efectos, tal como se sostuvo por esta sección en providencia de fecha junio 15 de 1992 (3) , pues sólo el fallo de nulidad, al producir efectos ex tun, desvirtúa la presunción de legalidad que acompañó al acto administrativo mientras éste produjo sus efectos.

(3) Sección Primera, expediente 1948, consejero ponente doctor Miguel González Rodríguez.

Si bien es cierto que en relación con la Resolución 145 aquí demandada, la junta central de contadores no podrá darle efectos a partir del 4 de noviembre de 1999, en razón del fallo que declaró nulo el aparte del artículo 1º del Decreto 1510 de 1998 que obligaba a la práctica de pruebas de conocimiento como requisito para la obtención de la tarjeta profesional de contador público, ello no implica que la jurisdicción deba abstenerse de conocer del examen de legalidad de tal acto administrativo bajo la argumentación que que el mencionado acto no está produciendo efectos, desde la fecha indicada, como consecuencia del decaimiento que sufrió a lo largo de este proceso.

Lo anterior, debido a que la nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del acto administrativo y en el evento de prosperar, se remonta hasta el momento de su expedición, mientras que la causal de decaimiento que acaeció estando en trámite este proceso, atañe a circunstancias posteriores al nacimiento del acto administrativo y no atacan la validez del mismo. Pudiera decirse que cuando se produce el fenómeno del decaimiento, el acto administrativo supervive en el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque del mismo, pero ha perdido uno de sus caracteres principales, cual es el de ser ejecutorio, lo que implica que la administración no puede hacerlo cumplir.

Al efecto, son tres los conceptos que deben analizarse en este acápite a fin de dilucidar el tema: eficacia del acto administrativo, validez del acto administrativo y fuerza ejecutoria del mismo.

La validez del acto administrativo se remonta al momento de la expedición de la voluntad administrativa, mientras que la potencialidad de producir efectos jurídicos está ligada al hecho de que se cumpla con el requisito de la publicación, aspecto externo que se requiere para que sea eficaz, es decir oponible a los administrados; ello implica que aunque, el acto administrativo existe con toda plenitud desde el momento en que se expide, su eficacia se encuentra ligada al cumplimiento del principio de la publicación.

De otro lado, la tendencia del acto administrativo a producir sus efectos, ha hecho que “especialmente dentro de la doctrina española, que tales actos, como resultado de la presunción de su legitimidad, son ejecutivos y ejecutorios” (4) .

(4) Héctor Escola. Compendio de derecho administrativo, volumen I.

La fuerza ejecutoria del acto administrativo está circunscrita al hecho de la producción de efectos jurídicos, aun en contra de la voluntad del administrado, según lo establece el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, pues se presume su legitimidad hasta tanto exista un pronunciamiento judicial que decrete su nulidad.

La posibilidad de la acción directa coercitiva, y que se justifica en la medida de que es el medio para asegurar su cumplimiento es un privilegio de la administración, frente a los administrados, “ya que goza de la llamada “acción de oficio” o “acción directa”, a diferencia de los particulares que tienen que recurrir a las autoridades para hacer defender sus derechos” (5) depende de la presunción de legalidad del acto administrativo y de su firmeza.

(5) Obra citada.

En el caso en estudio, en realidad, la Resolución 145 adolece, en la actualidad, de la pérdida de su presupuesto jurídico en virtud de un fenómeno que puede describirse como ilegitimidad sobreviniente en la medida de que, aunque nació a la vida jurídica con un soporte suficiente, la necesidad de reglamentar la presentación de pruebas como prerrequisito de la obtención de la tarjeta profesional de contador público, tal regulación, hoy en día, no tiene sustento, en la medida de que no constituye un acto que regule, de manera independiente, situaciones jurídicas que atañen a la relación administración-administrado, sino que fue expedido en ejercicio de la “potestad organizativa”, pues creó todo el engranaje necesario para el cumplimiento de una tarea que se había autoimpuesto.

Pero, lo anterior, como ya se adujo, no implica que, decretada la nulidad de su fundamento jurídico, tal fallo se extiende con efectos similares a dicha resolución.

En el presente caso, la Resolución 145 de 1998 reguló el procedimiento para la presentación de pruebas de conocimiento como requisito previo para la obtención de la tarjeta profesional de contador público. El punto central de la demanda está fundamentado en el exceso en que incurre el artículo 1º del Decreto 1510 de 1998 al reglamentar el procedimiento para la elaboración de pruebas de conocimiento como requisito para la obtención de la tarjeta profesional de contador público, cuando el artículo 20 de la Ley 43 de 1990 sólo le entregó a la junta central de contadores la función de expedir, a costa del interesado, tal tarjeta y su reglamentación, bajo la argumentación de reglamentar tal expedición no le da atribución al gobierno para exigir requisitos diferentes a los señalados en el artículo 3º de la Ley 43 de 1990.

Para resolver el presente asunto, encuentra la Sala que resulta claro que el literal a) del artículo 3º de la Ley 43 de 1990, entregó a la junta central de contadores la función de reglamentar la tarjeta profesional. El porte de la misma implica el hecho de poder comprobar con su exhibición la idoneidad del título de contador público, sin necesidad de portar copia del diploma y de la correspondiente acta de grado para exhibirlas ante cualquier autoridad o persona privada que requiera tal acreditación; a su vez, también implica que, una vez obtenido el título de contador público del centro educativo reconocido para tal fin, las autoridades encargadas de expedir las respectivas tarjetas profesionales carecen de competencia para exigir el lleno de requisitos diferentes a aquéllos estrictamente necesarios para su obtención, como serían las fotografía, copias de los documentos que acrediten el título universitario, pago de derechos, etc., sin que ello comprenda la exigencia de pruebas de conocimientos, entrevistas o de cualquier otra exigencia que implique que la autoridad administrativa se está arrogando la facultad de calificar la idoneidad profesional de quien solicita la expedición de la tarjeta profesional.

Tal idoneidad se deduce del aval que ha dado el Estado al centro educativo correspondiente, el que, en virtud de tales autorizaciones expide determinados títulos profesionales, por lo que se infiere la capacidad del centro educativo para impartir la formación profesional, y del estudiante que se gradúa para ejercer determinada profesión. Que luego lo haga con total éxito o no, no depende de pruebas que las autoridades administrativas impongan con posterioridad a la obtención del título respectivo, como tampoco es asunto que corresponda a ellas.

Ahora, la comprobación de un año de experiencia, como requisito para la obtención de la tarjeta profesional de contador público, fue impuesto por la Ley 43 de 1990 y, por lo tanto, la reglamentación que hizo el gobierno y, posteriormente la junta de contadores en relación con la comprobación de este aspecto, no podía introducir requisitos adicionales a los previstos en la ley.

En efecto, en lo que atañe a la exigencia de comprobación de experiencia contable certificada, como quiera que tal regulación se contrae a los términos de lo establecido en el artículo 3º, literal a) parágrafo 1º de la Ley 43 de 1990, habrá que entenderse que la experiencia a demostrar debe ser por el término de un (1) año, que es el que indica la norma legal.

En cuanto a los artículo 1º a 10 de la Resolución 145 de diciembre 10 de 1998, proferida por la junta central de contadores, encuentra la Sala que tal acto fue expedido en virtud de las facultades conferidas en la Ley 43 de 1990 y en el Decreto 1510 de 1998. Allí se establece el procedimiento para la práctica de pruebas de comprobación consagradas en Decreto 1510 de 1998, normatividad que como ya se dijo, ha sufrido el decaimiento y que, adolece del mismo vicio de nulidad del acto que le servía de sustento, por lo que, so pretexto de reglamentar la expedición de la tarjeta, no se podía regular todo un procedimiento para la presentación de pruebas de conocimientos, razón por la cual todo su contenido será declarado nulo.

En cuanto a la Resolución 60 de junio 8 de 1999, también expedida por la junta central de contadores, se encuentra que reguló el trámite para la inscripción de profesionales de contaduría pública y en los artículo acusados (arts. 2º, 6º y 8º) estableció, respectivamente, los anexos al formulario de solicitud, el período por el cual se debe acreditar la experiencia contable y el contenido del certificado de experiencia, y la facultad para efectuar pruebas de comprobación, mediante la aplicación de exámenes.

En lo que respecta al artículo 8º, caben las precisiones ya efectuadas con antelación para declararlo nulo.

Y en cuanto a los artículo 2º y 6º, se cuestiona la exigencia de que a la certificación de experiencia contable deba anexarse certificado de existencia y representación legal del ente que certifica, expedida por la cámara de comercio o por el organismo competente, dentro de los seis meses anteriores a la radicación de la solicitud; original del contrato suscrito o certificación de vinculación del solicitante, con constancia del cumplimiento de la función; certificado de afiliación al sistema de seguridad social, y la exigencia de la firma del representante legal y del revisor fiscal de la entidad, o del contador público que dé fe de los actos y hechos, y comprobación de cumplimiento de obligaciones tributarias, fiscales de quien expide la certificación.

Al respecto, la Sala encuentra que en cuanto al requisito de la comprobación de la experiencia contable de por lo menos un año, que es requisito de ley y, de otra parte cuando el reglamento involucra requisitos relativos a la persona que certifica no necesariamente se está desconociendo el principio constitucional de la buena fe, pues entratándose de personas jurídicas de derecho privado, la prueba de su existencia es requisito que no resulta exagerado, teniendo en cuenta, además, que incluso es imperativo que exige la Código de Procedimiento Civil para la intervención de tales personas dentro del trámite procesal. Ahora en cuanto a la exigencia de la constancia del certificado de afiliación al sistema de seguridad social, y la firma del revisor fiscal de la entidad, o del contador público que dé fe de los actos y hechos, sí aparecen como requisitos que desbordan la exigencia legal, por lo que se declarará la nulidad del artículo 2º de la resolución en comento sólo en lo que se relaciona con los requisitos a que se ha hecho referencia en esta parte.

Tal como lo expuso, la agencia de Ministerio Público, la enumeración exigencias adicionales, tanto para la persona que expide la certificación como para quien la presenta ante la junta central de contadores, contraviene dicho principio constitucional, razón por la cual se accederá a declarar la nulidad de los literales analizados.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por ministerio de la ley,

FALLA:

1. En cuanto a la pretensión de nulidad del artículo 1º del Decreto 1510 de 1998, ATÉNGASE a lo dispuesto en fallo de noviembre cuatro (4) de 1999 en donde se declaró la nulidad de la expresión “incluida la práctica de pruebas al contador público solicitante”, contenida en el inciso 2º del artículo 1º del decreto en mención.

2. DECLÁRASE LA NULIDAD de las siguientes expresiones, contenidas en la Resolución 60 de junio 8 de 1999, expedida por la junta central de contadores “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre los requisitos y el procedimiento para la inscripción de profesionales de contaduría pública”:

Del artículo 2º, del literal d), que a su vez remite al capítulo II “de la experiencia contable” de esta misma resolución, en cuanto hace al artículo 5º literal d), inciso 3º“en dicho documento se deberá dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y parafiscales a cargo de la persona que certifica”.

Del artículo 2º, del literal d), que a su vez remite al capítulo II “de la experiencia contable” de esta misma resolución, en cuanto hace al artículo 5º literal d), inciso 5º“certificado de afiliación al sistema de seguridad social”.

Del artículo 6º: “(...) y por su revisor fiscal. En las entidades que por ley o estatutos no se contemple la obligación de tener revisor fiscal, la firma de éste se reemplazará por la del contador público que dé fe de los actos y hechos económicos del ente, quien deberá indicar su número de registro de inscripción profesional en los términos de la presente resolución”.

3. DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo 8º de la Resolución 60 de junio 8 de 1999, expedida por la junta central de contadores “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre los requisitos y el procedimiento para la inscripción de profesionales de contaduría pública”.

4. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 145 de diciembre 10 de 1998, expedida por la junta central de contadores “por la cual se establece el procedimiento para la práctica de pruebas de comprobación establecidas en el Decreto 1510 de 1998”.

5. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. DEVUÉLVASE al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios de proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en Sala en su sesión de fecha tres (3) de agosto del año dos mil (2000).

ACLARACIÓN DE VOTO

Mi discrepancia con la decisión de mayoría radica en que, a mi juicio, la Sala ha debido tener en cuenta que la Ley 43 de 1990 sólo le exige al peticionario de la inscripción como contador público que acredite su experiencia en actividades contables durante el período no inferior a un año, y de dicha exigencia no se infiere que deba demostrar la existencia y representación legal de la persona jurídica que certifica dicha experiencia.

Al no esta implícita en la ley tal exigencia, no podía la resolución acusada requerirla, pues, no solo excedería el espíritu de la misma, sino que estaría quebrantando el artículo 84 de la Carta Política, que le prohíbe a las autoridades públicas establecer requisitos adicionales frente a una actividad que, como la de contador público, ha sido reglamentada de manera general.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

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