Sentencia 5723 de octubre 5 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO MERCANTIL

DEMANDA DE NULIDAD CONTRA ACTOS DE REGISTRO

EXTRACTOS: «No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá la Sala a decidir, previas las siguientes

Consideraciones

IV. 1. Los actos demandados.

De acuerdo con el texto de la demanda, los actos cuya nulidad se solicita son los siguientes:

La Resolución 30 de octubre 3 de 1990, del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio de la cual resuelve “No acceder a la solicitud de no inscripción de la escritura pública 2192 de agosto 8 de 1990, otorgada en la Notaría 10 de Bogotá, mediante la cual se solemnizó la exclusión del socio Jaime Maldonado Bernal” y concedió el recurso de apelación ante el superior jerárquico.

La Resolución 02 de 21 de enero de 1991, del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio de la cual resuelve “Confirmar el acto de inscripción efectuado bajo el número 312666 del Libro IX el día 12 de diciembre de 1990, correspondiente a la escritura pública 2192, otorgada el 8 de agosto de 1990 en la Notaría Décima de Bogotá, mediante la cual se solemnizó una reforma estatutaria de la sociedad denominada Comercializadora Electrónica Koell Ltda., consistente en la exclusión del socio Jaime Maldonado Bernal” y se concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación.

La Resolución 1226 de julio 19 de 1991, del Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve en el artículo 3º “Confirmar el acto de inscripción 312666 Libro IX, efectuado por la Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de diciembre de 1990, correspondiente a la escritura pública 2192 del 8 de agosto de 1990 Notaría Décima de esta ciudad, por la cual se solemnizó una reforma estatutaria de la sociedad Comercializadora Electrónica Koell Ltda., consistente en la exclusión del socio Jaime Maldonado Bernal” y se da por agotada la vía gubernativa.

IV. 2. La individualización de las pretensiones.

Una de las excepciones planteadas en el proceso fue la de no haberse individualizado las pretensiones en la forma que determina la ley, pues el artículo 138 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989, prescribe:

“Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión (...).

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”.

De otra parte, el inciso final del artículo 84 ibídem establece que “También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.

Consideró el tribunal que no hubo individualización correcta de las pretensiones porque el acto propio de registro, mediante el cual la cámara de comercio inscribió la reforma estatutaria, no fue demandado. Se trata del acto de inscripción número 312666 del Libro IX de 12 de diciembre de 1990, correspondiente a la escritura pública 2192 de 8 de agosto de 1990, de la Notaría Décima de Bogotá.

Ese acto de inscripción de la reforma estatutaria constituye para efectos del control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el acto definitivo, pues mediante dicho acto se concluye el procedimiento especial que tiene que ver con las reformas de estatutos de una sociedad, pues de acuerdo con el artículo 28 del Código de Comercio, deberán inscribirse en dicho registro los libros de actas de asambleas y juntas de socios (ord. 7º), la constitución, adiciones o reformas estatutarias, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su remoción (ord. 9º). Y conforme al artículo 86 ibídem, dentro de las funciones de las cámaras de comercio se encuentra la de “Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en el inscrito...”.

De otra parte, para efectos de determinar el valor de ese acto de inscripción debe tenerse presente el artículo 117 del Código de Comercio, cuyo texto dispone:

“La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere, el certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halla disuelta ...”.

En el mismo orden de ideas, dice el artículo 158 ibídem que

“Toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá reducirse a escritura pública que se registrará como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad, en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma”.

El acto de registro en la cámara de comercio de la sociedad se confunde con su existencia, razón por la cual constituye la decisión de dicha entidad en la materia la manifestación de una prerrogativa de poder público, constitutiva de derechos. Y esa naturaleza pública de la función cumplida por las cámaras de comercio se encuentra refrendada por el artículo 94 del Código de Comercio, cuando ordena que

“La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio. Surtido dicho recurso, quedará agotada la vía gubernativa”.

La Sala observa, entonces, que se encuentra en presencia de un procedimiento especial, de naturaleza pública, cuya vía gubernativa termina con una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, controlable, en consecuencia, ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Cuando se trata de actos de esa naturaleza, que se enmarcan en un proceso gubernativo, como sucede en el sub lite, la demanda deberá versar sobre el acto definitivo y sobre aquellos que lo modifican o confirman, de acuerdo con el inciso 3º del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo. No sucedió así porque la parte actora no demandó el acto definitivo, representado por la inscripción de la escritura pública de reforma de los estatutos de la sociedad ante la Cámara de Comercio, lo cual conduce necesariamente a que la demanda deba considerarse inepta y, en consecuencia, habrá de confirmarse la decisión inhibitoria.

Esa clase de fallos, como lo dice el recurrente, no es deseable que ocurra en el cumplimiento de la función jurisdiccional de parte del Estado, pero el procedimiento los ha previsto para aquellos casos en los que la demanda no reúne los requisitos de técnica jurídica que exigen los códigos de procedimiento, pues de no ser así el proceso se convertiría en una serie de pasos informales, que no brindaría seguridad jurídica a las partes.

Dadas las anteriores consideraciones, el fallo recurrido será confirmado».

(Sentencia de octubre 5 de 2000. Expediente 5723. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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