Sentencia 5724 de julio 1º de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

EXAMEN DE LA CONTABILIDAD

NOMBRAMIENTO DE UN PERITO CONTADOR

EXTRACTOS: «En este cargo dirigido por la vía directa el casacionista cuestiona la determinación del Tribunal de decretar de oficio la práctica de un dictamen pericial sin inspección ocular o judicial sobre los libros de contabilidad de los demandados, cuando a su juicio lo pertinente hubiera sido ordenar una inspección judicial sobre el sistema contable que ellos llevaban, asesorándose de un perito, si el tribunal estimaba necesario un experto en esa materia, sin embargo considera el censor que el juzgador ad quem en este asunto no necesitaba de un perito para establecer la existencia de un contrato de arrendamiento entre los demandados y examinar los comprobantes de pago derivados de ese contrato.

En relación con la primera discrepancia del censor relacionada con la prueba pericial dispuesta en la segunda instancia, se tiene que el artículo 51 del C. P. del T., prescribe que este medio probatorio únicamente tiene lugar cuando el juzgador considera que debe nombrar un perito que lo asista en aquellos asuntos que requieran conocimientos especiales, por tanto es el juzgador a quien corresponde resolver en cada caso la pertinencia de esta prueba si estima que no tiene los conocimientos técnicos o especiales necesarios sobre cierta materia para esclarecer determinados hechos.

Acerca de este punto se encuentra que la técnica contable es una disciplina que requiere de estudios que varían en su grado de intensidad según el carácter técnico o profesional que se pretenda, por esto se explica que el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 145 de 1960 exija que “para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable, especialmente en diligencias sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas y avalúo de intangibles patrimoniales” se requiere la calidad de contador público, y en este mismo sentido el artículo 8º del C. de P. C., señala que los cargos de los auxiliares de la justicia deberán ser desempeñados por personas idóneas con versación y experiencia en la materia respectiva, con título profesional expedido legalmente cuando las circunstancias así lo determinen.

Se advierte, conforme a lo expuesto, que el Tribunal no aplicó indebidamente el artículo 51 del C. de P. L. al decretar el dictamen pericial sobre la contabilidad de los codemandados con el fin de establecer en los libros de comercio que éstos debían llevar el carácter de sus transacciones comerciales, a efectos de constatar si, de acuerdo con la historia de los negocios que relatan los asientos contables de tales libros, entre aquellos existió un contrato de arrendamiento comercial o si por el contrario el codemandado Luis Alfonso Rincón era un simple administrador de los negocios hoteleros de propiedad del también demandado Gabriel Ángel Vidales; de manera pues que el examen de una contabilidad y más aún su confrontación con otra contabilidad requiere de conocimientos especiales que sólo los proporcionan unos estudios idóneos, circunstancia que justifica la designación de un perito conocedor de la materia como lo es el contador».

(Sentencia de casación, julio 1º de 1993. Radicación 5724. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

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