Sentencia 5737 de octubre 11 de 1990

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTARTIVO

SECCION TERCERA

Radicación 5737

Consejero ponente:

Dr. Gustavo de Greiff Restrepo

Actor: Orlando Nieto Forero

Bogotá, D.E., once de octubre de mil novecientos noventa

Conoce la Sala de este proceso por apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida el 1º de diciembre de 1.988, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se deniegan las súplicas de la demanda y se condena a la misma parte en costas.

I. ANTECEDENTES:

l' Mediante demanda presentada el 4 de octubre de 1.985 el señor ORLANDO NIETO FORERO pretende que se declare que la Nación - Colombiana - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, es administrativamente responsable de los perjuicios que se le causaron "por descuido, omisión, negligencia, deficiencia o demora en la labor de vigilancia que corresponde a la POLICIA NACIONAL, constitutivos de una falta o falla del servicio, la cual dió lugar a que se llevará (sic) a cabo por estudiantes y elementos subversivos que los acompañaban la quema o incendio del vehículo de [su] propiedad identificado con las siguientes características: Buseta de servicio de transporte público destinada a la prestación del servicio público de pasajeros en la ciudad de Bogotá, Marca Avia, Modelo 1.970, Placas SB 5304, Número interno 007, Número de Motor 203 E 12695, afiliado a la empresa Cooperativa Integral de Transportadores de Niza Ltda. (COOTRANSNIZA LTDA.)", y que, como consecuencia se condene a la misma entidad dernandada a pagar al demandante "los peduicios de orden material (lucro cesante y daño emergente) que le fueron causados ... por la quema de la buseta de su propiedad ... los cuales se estiman por lo menos como mínimo (sic), en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M / CTE. ($2.300.000.00), o la que resulte probada dentro del proceso o se regule conforme al procedimiento previsto por el artículo 308 del C.P.C.", pide también que la condena sea actualizada y que se le reconozcan intereses corrientes "sobre las correspondientes sumas desde la fecha en que se ocurrieron los hechos hasta cuando se dicte la sentencia que ponga fin al proceso".

2' Los hechos, causa pretendi de las citadas pretensiones, pueden sintetizarse

así:

a) El demandante era propietario del automotor quemado o destruido.

b) El día 7 de agosto de 1.983 el citado vehículo, conducido por el señor Gabriel

Martínez prestaba su servicio normal de transporte en la ruta MINUTO - ALQUERIA cuando a las 8:45 p.m. en inmediaciones de la Universidad Nacional, en la calle 53 con carrera 37 fue abordado por dos sujetos que portando botellas de gasolina dieron orden a los pasajeros de descender y procedieron a incendiaria.

c) La buseta tenía en ese momento un valor comercial de $970.000.00, "dado

que se hallaba en perfecto estado de funcionamiento y presentación".

d) Tan pronto ocurrió el hecho el señor Martinez llamó a la Policía y al Cuerpo de Bomberos "los cuales se hicieron presentes mucho tiempo después cuando era poco lo que podían hacer para impedir que las llamas consumieran a la buseta".

e) La Policía Nacional había tenido conocimiento de desordenes que por esa época ocurrían en la ciudad de Bogotá por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional y de elementos subversivos por el aumento en las tarifas de transporte, por el alto costo de la vida, por conmemoración de fechas tales como muerte de estudiantes, etc., por todo lo cual se habían dedicado a causar daños a los vehículos de servicio público colectivo urbano, a pesar de lo cual "se Omitió completamente la vigilancia en el sector de la universidad nacional, zona esta que ha sido tradicional para llevar a cabo dichos actos".

f) "A lo anterior hay que agregar, que en la fecha en que tuvo ocurrencia la quema de la buseta ..., se estaba celebrando el día del guerrillero heroico (octubre 7 - 83)y las autoridades militares y de policía, suficientemente enterados de este hecho necesariamente han debido prever que se presentarían desórdenes evidentes con ataques para las personas, bienes y vehículos en la Universidad Nacional...Como ha sido tradicional".

g)Si hubiera existido una adecuada vigilancia de la Policía Nacional en el lugar de los acontecimientos o si al menos no se hubieran demorado tanto para llegar allí, "se hubiese evitado en su mayor parte los daños sufridos por la buseta y los perjuicios consiguientes para su propietario".

h)De acuerdo con los cálculos que presenta la demanda, en el Período comprendido entre el 7 de octubre de 1.983 al 31 de enero de 1.985, teniendo en cuenta "el alza del transporte".

3º En derecho, el actor, sustenta sus pretensiones en los artículos 16, 20, 21, 30 y 51 de la C.N.; 86, 137, 139, 178 y 217 del C.C.A.; 1, 2, 5, 29, 30, 32,

34, 35 y 124 del Decreto 1355 de 1.970; 2341, 2347 y 2356 del C.C.; en el Decreto 1393 de 1.970 y la ley 15 de 1.959.

4º La demanda fue contestada mediante apoderado judicial por el señor Director

de la Policía Nacional quien se opuso a su prosperidad. '

5º Trabada la litis y luego de ordenarse y practicarse la mayoría de las pruebas pedidas por las partes, concluyó la Primera instancia con sentencia denegatorio de las pretensiones.

que: Para el a - quo, de los elementos probatorios allegados al proceso resultó

a) El día 7 de octubre de 1.983, "hacia las dos de la tarde, se iniciaron disturbios estudiantiles en la Universidad Nacional, que se manifestaron por pedreas, incendios y destrucciones en la calle 45 con carrera 30 y a la altura del puente peatonal de la Ciudad Universitaria en la calle 26",

b) "Fuerzas de la Policía se hicieron presentes en la calle 26 con el fin de restablecer el orden, más al iniciarse la destrucción de las mallas aledañas a la calle 45, se desplazaron hacia ese lugar, circunstancias que aprovecharon los revoltosos para destruir y luego proceder a quemar dos vehículos oficiales y una buseta que transitaba por la calle 26".

c) "Hacia las nueve de la noche de ese día ya había sido restablecida la calma en el sector de la Universidad Nacional".

d) "Alrededor de las ocho noche del día en cuestión, la buseta de placas SB 5304, conducida por el señor Gabriel Martínez inició el recorrido de la ruta (El Minuto - Alquería la Fragua) y al pasar por el barrio El Salitre abordó el vehículo un individuo de barba, quien posteriormente, al arribár la buseta a la calle 53 con carrera 37, costado norte de la Universidad Nacional sirnuló querer descender, momento que aprovecharon tres o cuatro personas que se hallaban en la calle para hacer bajar a todos los pasajeros y proceder acto seguido a prenderle fuego al automotor".

e) "Llamada por el conductor, se hizo presente la Policía quince o veinte minutos más tarde, cuando ya la buseta había sido pasto de las llamas, con su consiguiente destrucción" (fl 93, C. 1).

En presencia de lo anterior, para el a - quo "no hubo por parte de las fuerzas de la Policía negligencia alguna frente a los desórdenes protagonizados presuntamente por estudiantes tan pronto se iniciaron los desmanes, hacia las dos de la tarde, siendo ellos rnismos víctimas de los actos vandálicos ......

Continua el Tribunal afirmando que "si a pesar de la oportuna intervención de las Fuerzas del orden, se sucedieron daños a las personas y a las cosas (Lesiones con arrnas de fuego y contundentes, destrucción de rnallas y vehículos, etc.) ello no quiere decir otra cosa sino que la magnitud de los acontecimientos desbordó las posibilidades preventivas y represivas de la Policía".

Enseguida dice el Tribunal que "la forma como se desarrollaron los hechos materia de la demanda incoada hacía sobremanera difícil si no imposible, impedirlos mediante una eficaz acción preventiva" pues, por una parte, "la policía debía cubrir una zona azás extensa" y por otro lado "los hechos acontecieron en una zona distinta al lugar de los disturbios", "como lo era el cruce de la calle 53 con la carrera 37 y en momentos en que ya había sido restablecido el orden en la zona de conflicto".

Concluye, entonces el a - quo que "pretender que, en las condiciones antedichas, le quepa a la Nación responsabilidad administrativa alguna por el incendio de la buseta, sería tanto como exigir que por todo atentado contra la vida, honra y bienes de las personas, cometido dentro del territorio patrio, debiera dicho ente jurídico indemnizar a los titulares del Derecho conculcado" y cita en apoyo de su dicho un aparte de lo expresado por esta Corporación en fallo del 17 de noviembre de 1.987, en donde se lee: "...sería un absurdo que se pretendiera exigir del Estado la protección individual hasta el último riesgo y hasta la más imprevisible amenaza. Constituiría esto una nueva versión del Estado - Gendarme, tan peregrina como imposible; equivaldría a solicitar del Estado la aplicación de atributos mágicos de que indudablemente carece".

Finalmente, considera el fallador de instancia que la Policía se hizo presente en tiempo relativamente corto (15 o 20 minutos) y que agregando a esto el tiempo que pudo tomarle al conductor llamar por teléfono "se ha de imputar deficiencia alguna a las Fuerzas del Orden".

6º Inconforme con lo decidido, el actor interpuso recurso de apelación pues considera que:

a) "Es un hecho incuestionable que los empresarios dedicados a la prestación del servicio público de transporte tiene la obligación de prestar dicho servicio, en forma permanente, continua y regular, pues así lo demanda la comunidad destinataria del mismo. No pueden en consecuencia sustraerse a dicha obligación, cualesquiera que sean las circunstancias adversas que se los impida".

"Tanto es así, que cuando los empresarios del transporte, previendo las consecuencias de los desórdenes estudiantiles y de elementos extremistas han tratado de no prestar el servicio en forma regular, han sido sancionados por las autoridades de tránsito ......

b) "Ala obligación que tienen los empresarios de prestar el servicio público de transporte debe corresponder la obligación del Estado, a través de los organismos de seguridad, de proteger los bienes de los empresarios incorporados en la prestación del servicio.. ".

c) "Esta demostrado en el expediente, como lo advierte el Tribunal en su sentencia, que en la fecha en que ocurrieron los hechos hubo intervención de la fuerza armada (Policía Nacional) para restablecer el orden quebrantado, a raíz de los disturbios presentados en la Universidad Nacional... No Obstante, exonera a la Nación de responsabilidad al considerar que no hubo negligencia de la policía en la prestación del servicio de vigilancia ....

d) "La quema del vehículo [del actor] era un hecho previsible, pues ha sido una constante la quema de vehículos y en especial de servicio público en las inmediaciones de la Universidad Nacional, cada vez que se aumentan las tarifas de servicio público de transporte o se conmemoran fechas que los extremistas y militantes de izquierda consideran que tienen especial significación para sus ideales y propósitos revolucionarios. Por consiguiente, no puede admitir el Tribunal como excusa para la omisión del servicio de protección y vigilancia que le compete a la Policía Nacional, la circunstancia de ser muy extensa la zona sometida a la misma ni la carencia de personal ......

e) "El mismo Estado ha reconocido la necesidad de proteger los bienes de los empresarios incorporados al servicio público de transporte" y por ello expidió recientemente un Decreto creando un seguro obligatorio en su favor para casos como el sub - judice y, en consecuencia "de la misma manera debe responder por los hechos ocurridos en el pasado cuando los dejó sin protección".

f)Por último, expresa que "no resulta equitativo el que tenga que soportar, en forma individual, los perjuicios que se ocasionaron con motivo de Ia prestación de un servicio del cual se benefició toda la comunidad" (fls. 103 a 106).

7º La apoderada judicial del ente demandado alegó durante la segunda instancia para pedir la confirmación de la sentencia apelada pues considera, con el a - quo, que "las autoridades no desatendieron las situaciones que se estaban presentando en materia de orden público y ubicaron la vigilancia que consideraron necesaria de cuerdo a sus capacidades...... anota que "es casi imposible que, con los pocos medios humanos y materiales que (sic) cuenta el Departamento de Policía Metropolitano de Bogotá se pueda controlar una ciudad habitada por treinta millones (30.000.000) de personas" y al efecto trae a cuenta lo dicho por la Sala dentro del expediente N° 5125, actor Emestina Almairo de Duarte y otro, cuando examinó la falla del servicio que se alegaba por la muerte de los hermanos Duarte Neira y expresó que la falla del servicio debe valorarse y estructurarse indagando lo que razonablemente se puede esperar de él, teniendo en cuenta las disponibilidades de personal y los medios con que cuenta para defender a los ciudadanos contra el delito.

En cuanto al seguro mencionado por el apelante dice que posiblemente se refiere al contemplado en el Decreto 2205 del 25 de octubre de 1.988, por el cual se autorizó a la Previsora S.A. para amparar a los vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros "por el término de setenta y dos (72) horas comprendidas entre las 00:00 horas del día, 26, hasta las 24:00 horas del día 28 de octubre de 1.988", cuando se había amenazado con un paro nacional y la medida que fue excepcional. "En consecuencia no es de recibo en el sub - judice el planteamiento de la recurrente pues, si el Estado hubiese tomado el mencionado seguro en forma permanente y no temporal, estaría aceptando y amparando la realización continua de hechos subversivos, así como la celebración de todos los días que se le ocurran a los estudiantes de la Universidad Nacional o a quienes se hacen pasar por aquellos ......

"El Estado no puede responder por todas las quemas de buses, cuando se ha comprobado su intervención efectiva para la prevención de ello, y menos por motivos de equidad...... (fls. 1 10 a 116).

8º La Fiscalía 7a. de la Corporación, en su concepto de rigor, pide que se contrae la sentencia apelada, y expresa que el actor incurrió en contradicción pues en la demanda habla de que la Policía Nacional había tenido conocimiento de los desórdenes que tenían lugar por la época y omitió vigilar el sector de la Universidad Nacional, pero luego, al referirse a la falla del servicio, que por lo anterior surgiría a causa de la omisión en prestarlo, afirma que lo que hubo fue retardo en su prestación por la excesiva demora en llegar al sitio de los acontecimientos.

Anota luego la misma actora, en la sustentación del recurso, "cambia de parecer y afirma que no comparte el criterio del Tribunal [para quien si hubo intervención de la Policía Nacional a efecto de conjurar los disturbios, pues ya no considera omisión ni retardo en la prestación del servicio [y] esta vez opta por la ineficiencia en la prestación del mismo ......

Considera que el recurrente interpretó mal la sentencia pues en ella no se sostiene "que las fuerzas del orden - Policía Nacional - se hicieron presentes en el lugar de los hechos sino que la providencia impugnada dice exactamente lo contrario", es decir que los hechos acontecieron en una zona distinta al lugar de los disturbios.

Por último, observa la parte actora, al sustentar el recurso ya no pretende, como lo hace en la demanda, imputar responsabilidad a la Nación apoyándose en la falla del servicio público sino que la enfoca por el rompimiento del principio de

igualdad frente a las cargas públicas "que no tiene cabida en el presente caso" (fls. 11 8 a 124).

11. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

1º El actor en la demanda calificó el régimen jurídico bajo el cual quiso amparar sus pretensiones como el de la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional "por descuido, omisión, negligencia, deficiencia o demora en la labor de vigilancia que corresponde a la POLICIA NACIONAL..." y que dió lugar a que terceros destruyeran un vehículo de su propiedad.

Aún cuando esta Sala en ocasiones anteriores, pero de manera especial en su fallo de 20 de febrero de 1.989 (Expediente No 4655 (97), Actor: Alfonso Sierra Velásquez) ha explicado que en procesos de reparación directa la circunstancia de que el actor o no califique el régimen jurídico bajo el cual desee colocarse o elija algunos de los varios regímenes de responsabilidad existentes, cuando la realidad demuestre que ha debido ser otro, no implica ineptitud de aquella ni, conduce aun fallo inhibitorio. Por ello, si de lo alegado y probado dentro del respectivo proceso resulta que la responsabilidad pretendida debe declararse pero no por falla o falta en la prestación del servicio sino por causa diferente aquella calificación hecha en la dernanda u omitida en la misma no es obstáculo, por este aspecto, para una sentencia de mérito porque "la escogencia de una de los varios regímenes de responsabilidad y, con ello, la exigencia de las condiciones que su aplicación supone para que la responsabilidad del Estado pueda ser declarada ante determinados perjuicios, es tarea que corresponde realizar libremente al juez, a menos que dichas condiciones estén contempladas expresamente en la ley" - (sent. cit.), con lo cual no se hizo otra cosa que aplicar el principio "iúra novit curia".

Lo anterior se precisa en razón de las glosas hechas en el concepto Fiscal en tomo a la manera como el actor ha alegado que ocurrieron los hechos que en su opinión configuran la responsabilidad del ente demandado.

Pero lo que si es cierto es que en el sub - judice no puede hablarse de responsabilidad de la administración por la circunstancia de haber tenido su vehículo destinado a la prestación de un servicio público y haber resultado destruido por una acción vandálico de terceros, pues tiene razón la Fiscalía cuando afirma que aquí no tiene cabida la teoría, admitida jurisprudencialmente, conocida como la del daño especial.

La pretensión indemnizatoria por daño especial cabe cuando el Estado acomodo en un todo dentro de la legalidad causa al administrado un daño anormal, considerable, superior al que deben sufrir los ciudadanos en razón de la vida en sociedad, rompiéndose por él la igualdad frente a las cargas públicas; siendo obvio, entonces, que el caso sub judice no puede encuadrarse dentro de dicha teoría porque aquí el autor lo que predica es una actuación tardía (en la demanda) u omisiva (en la sustentación del recurso) de la autoridad policiva. 

2º Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo que se pidió concretamente la protección, o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ¡lícito que puede causar o está causando un daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó. 

Y cuando se trata de que la falla del servicio se originó en una actuación tardía de la administración, es indispensable que surja de lo probado en el respectivo proceso que la actuación revistió esa característica de inoportuna, por demorada. 

Ninguna de tales circunstancias aparece acreditada en este proceso, en donde, por el contrario se observa que habiéndose prendido fuego al vehículo de propiedad del actor por dos sujetos que lo abordaron (Hecho 3' de la demanda) en lugar algo alejado del sitio en donde algunos estudiantes de la Universidad Nacional y elementos subversivos estaban causando daños (al decir del demandante - Hecho 8º de su libelo), el conductor procedió a llamar a la policía y al cuerpo de bomberos, habiéndose hecho presente una unidad de los segundos que nada logró hacer para impedir el efecto destructor de las llamas. 

A folio 9 del expediente aparece el informe rendido por el "Comandante General del Cuerpo Oficial Bomberos" y por el "Jefe del Departamento de Prevención" en donde aparece que se les avisó a las 20:59 del incendio y que llegaron al lugar a las 21:05.

El actor por su lado (Hecho 3' de la demanda) afirma que cuando los dos sujetos abordaron la buseta, obligaron al conductor a que les entregara las llaves de la misma, ordenaron a los pasajeros que se bajaran y procedieron a incendiaria, eran aproximadamente las 8:45 p.m., es decir, las 20:45.

En otras palabras resulta que los bomberos se presentaron, como consecuencia del pedido que se les hizo, quince (1 5) minutos después del momento en que comenzaron a producirse los hechos citados, tiempo apenas prudencial para haber respondido a dicho pedido, si se tiene en cuenta que algún tiempo tuvo que tomarse quien dió el aviso telefónico a la autoridad.

El mismo actor, en su memorial sustentatorio del recurso reconoce que el lugar donde ocurrieron los hechos no era el mismo donde "los estudiantes y elementos subversivos" estaban provocando los desórdenes que en la misma noche ocurrían pues, tanto de la demanda como del memorial sustentatorio del recurso de apelación y de las declaraciones recibidas (ver por ejemplo la del Sr. Gabriel Martínez Arias, conductor del vehículo, a fls. 1 a 3, C. 2), resulta que ellos ocurrían en la calle 26 y en la carrera 30 con calle 45, frente a las instalaciones de la Universidad Nacional.

El demandante, por otra parte, considera que la quema del vehículo de su propiedad era un hecho previsible pues así ha ocurrido cuando "se aumentan las tarifas del servicio público de transporte o se conmemoran fechas que los extremistas y militantes de la izquierda consideran que tienen especial significación para sus ideales y propósitos revolucionarios" (fl. 105), pero que ello fuera así no significa que hubiera existido ni omisión en atender el llamado de auxilio hecho por el conductor de la buseta ni tardanza en hacerlo, como ya se vio.

Tampoco es posible pensar que la citada previsibilidad pudiera abarcar el lugar donde aconteció el hecho dañino, en el sub - lite. Al contrario, de las pruebas recogidas surge que las fuerzas de policía estuvieron presentes precisamente en los lugares donde ocurrían los desórdenes, combatiéndolos. 

Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible". 

Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio". (Exp. N° 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1.977, pág. 605).

Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub - lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración a deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho.

Tampoco podría excusarse la responsabilidad de la administración cuando ha sido advertida del peligro y no toma las medidas precautelativas necesarias para impedir su materialización o para conjurar los daños una vez presentado, pero también aquí el análisis del juez se orientará de acuerdo con circunstancias relativas a la oportunidad del aviso recibido y la posibilidad de prevenir y evitar lo temido. En esta línea de pensamiento, existen varios casos en donde la Sala ha encontrado que el servicio ha fallado habiéndose avisado a la fuerza pública de los posibles peligros; así en fallo del 17 de febrero de 1.983 dijo: "Queda claro, pues, que si los agentes de la autoridad hubieran atendido el llamado de los empresarios del transporte se hubiera ejercido el control necesario para evitar los desmanes. Las Universidad, desde luego, era uno de los puntos críticos y sobre ella se pudo haber ejercido una especial vigilancia, que no se llevó a cabo, desoyendo los requerimientos de los transportadores. Y aunque este clamor no se hubiere exteriorizado, una elemental previsión en situaciones como las que genera un alza de transporte habrían (sic) llevado a la autoridad policiva al ejercicio oportuno y eficaz en los predios de la Universidad" (Exp. N° 2771, Actor: Pompilio Rengifo, Anales, Primer Semestre 1.983, pág. 590 y ss.).

Obsérvese que en el caso del proceso al que se refiere la cita no sólo hubo requerimiento de protección a la autoridad sino que los hechos ocurrieron en el lugar mismo en donde se produjo la destrucción de un vehículo, circunstancia que no se presentó en el sub - judice.

De otro lado, tampoco parece admisible pensar que porque el Gobierno nacional, ante la amenaza de un paro en todo el territorio del país hubiera autorizado a una compañía de seguros estatal para otorgar un seguro a los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros por el riesgo de ser destruidos o dañados durante los días en que aquel se desarrollaría, esto demuestre una falla de su parte al no hacerlo para la misma época en que ocurrió el incendio de la buseta de propiedad del actor, porque las circunstancias que llevaron a tomar aquella provisión no eran las mismas y porque nada hace pensar que autorizado dicho seguro el propietario indefectiblemente hubiera contratado el amparo.

Todo lo expuesto, parangonado con las pruebas que obran en el proceso conduce a la Sala a la misma contusión a que llegó el Tribunal a - quo y por ello, en acuerdo con el concepto Fiscal, habrá de confirmar la providencia recurrida

No habiéndose presentado una falla del servicio en el presente caso, sobra examinar la existencia o no de los otros elementos configurativos de la responsabilidad estatal, a saber el daño y su relación de causalidad con aquella.

En mérito de las consideraciones que preceden, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confirmase la sentencia proferida el l' de diciembre de 1.988 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de la referencia.

Cópiese, notifiquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha 11 de

octubre de 1.990. 1

Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo—Carlos Gustavo Arrieta Padilla Presidente de la sala Ausente—Gustavo De Greiff RestrepoJulio César Uribe Acosta.

Felix Arturo Mora Villate

Secretario

REITERACION JURISPRUDENCIAL: Sent. sept. 20190, Exp. 5759, actor. - Olga Ruth Tabares Vda. de García, ponente Dr. Gustavo de Greiff Restrepo.