Sentencia 5738 de diciembre 14 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CAUCIÓN PARA EL SECUESTRO DE BIENES MUEBLES

TAMBIÉN AMPARA PERJUICIOS POR CAUTELAS IMPROCEDENTES

EXTRACTOS: «2. Con independencia de lo precedente, la Corte considera que no se da el desacierto jurídico del tribunal al sostener que el literal b del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil no hace distinción respecto de cuáles son específicamente los perjuicios que ampara la caución allí exigida para que se decrete la medida cautelar del secuestro sobre bienes muebles en proceso ordinario, ni tampoco al exponer, consecuente con esa reflexión, la pertinencia de entender que dicha norma alude indistintamente a todos los perjuicios que se causen con aquella medida, pues, de una parte, es verdad que allí no se excluye a ninguno de los que puedan, en particular, padecerse, y porque, de otra, es de tener en cuenta que si el fin de la caución es, como se sabe, garantizar por adelantado el pago de los perjuicios provenientes de la medida cautelar, basta que esos perjuicios se acrediten y que de acuerdo con la ley haya lugar a indemnizarlos, para que surja en el agraviado el derecho correlativo a reclamar su reconocimiento. De manera que si, acorde con lo dicho, la caución garantiza el pago de los perjuicios que llegaren a generarse por la práctica de medidas cautelares previstas por la ley, con mayor razón ella debe responder por los que cause el decreto de una cautela improcedente, entre esas hipótesis cuando ésta es dispuesta por el operador judicial sin estar contemplada en la ley, porque en este supuesto es obvio que existe tanta o mayor razón para que el perjuicio que se cause con la medida sea indemnizable. Por eso, quien asume la caución que procesalmente se le exige a otro para el decreto judicial de una cautela, está llamado a analizar en orden a comprender la responsabilidad que asume, entre otras cosas, la previsión legal de la medida, y no es verdad que cuando la caución se presta por una compañía de seguros, ésta pueda desentenderse de ese análisis bajo la simple y elemental consideración de que sólo queda vinculada patrimonialmente por las cautelas procedentes a la luz de la ley, porque, fuera de que esa consideración no es aspecto que concierna al objeto del contrato que ha suscrito, el legislador no condiciona el derecho a la indemnización del perjuicio a la procedencia legal de la medida, y por cuanto tanto o más perjuicio causan, si se quiere, las medidas cautelares improcedentes. Ahora, si la caución es un requisito de procedibilidad de la cautela, fijada en la ley para garantizar el pago de los perjuicios que con ésta se produzcan a la contraparte o a terceros, no se ve cómo pueda darse objeto ilícito en el contrato suscrito a ese propósito entre el demandante y una compañía aseguradora tendiente, por lo mismo, a garantizar los perjuicios que aquellas otras puedan sufrir, pues sin duda, como también lo dijo el tribunal, el “objeto” del contrato de seguro es “el riesgo asegurable”, es decir los citados perjuicios que puedan causarse con la medida, que es lo que quiere la ley, en lo que no hay prestación ilegal aIguna en tanto, se insiste, para el legislador pueden generarse cabalmente perjuicios con la práctica misma de la cautela, independientemente de que ésta sea o no procedente de acuerdo con la ley, y sin importar, de igual modo, que el auto que la decrete haya o no alcanzado firmeza.

Si, pues, la finalidad propia de la caución no es amparar la procedencia de la cautela, sino garantizar en todos los casos el resarcimiento del perjuicio causado con su práctica, mal puede la compañía aseguradora aquí demandada, que prestó la contra-garantía, escudarse en la improcedencia de la medida para alegar, de contragolpe, la ilicitud del objeto del seguro, porque eso sería tanto como confundir el riesgo asegurable del contrato suscrito con la institución procesal misma de que se trata (medida cautetar) y desconocer la función que a ésta le asigna la ley.

No hay duda y es apenas explicable que la aseguradora está en libertad de asumir o no el riesgo que se le pretende trasladar, pero, obviamente, una vez se hace cargo de él sin delimitación expresa aIguna de su parte, es preciso admitir que se hace plenamente responsable de éste en toda su extensión (C. Co., art. 1056), conclusión que es tanto más vinculante en la medida en que el riesgo sea de estirpe legal (CPC, art. 690, lit. b). Es precisamente lo que sucede en el caso de este proceso, en el que la aseguradora demandada asumió sin restricción aIguna, como riesgo asegurable, responder por los perjuicios resultantes de una medida cautelar por lo cual otorgó la correspondiente caución; y, como en efecto, se probaron al interior del proceso esos perjuicios, es apenas congruente deducir que ella está llamada a responder, como con acierto lo dedujo el tribunal, que por tanto no incurrió en el error jurídico que le enrostra la censura.

En efecto, miradas las condiciones particulares de la póliza de seguros Nº 1643 suscrita entre la Compañía Inversiones Cadebia Ltda. y Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales, cuya carátula obra a folios 36 del cuaderno 1, se observa claramente cómo allí no se hizo distinción ninguna entre los perjuicios cuya indemnización asumió la compañía aseguradora, pues se pactó simplemente que el “amparo” consistía en la “indemnización de perjuicios, costas y expensas”; lo cual traduce, a términos del artículo 1056 del Código de Comercio, que la póliza cubre ciertamente la indemnización perseguida en este proceso por la parte actora.

3. El cargo no prospera». 

(...).

BENEFICIARIOS EN EL SEGURO DE DAÑOS

NO ES OBLIGATORIO EL LITISCONSORCIO PARA LA RECLAMACIÓN

EXTRACTOS: «1. Bajo la concepción de la obligatoriedad de integrar litisconsorcio necesario entre los bancos Comercial Antioqueño (antes Banco Santander) y el Colombian Santander Bank Limited Nassau Bahamas, se formula el cargo objeto de estudio en la convicción el recurrente de que la omisión en tal sentido ha debido dar lugar a proferir sentencia inhibitoria y no de fondo como ocurrió. La afirmación la fundamenta en dos conceptos terminantes: a) No es posible resolver de fondo siendo el acto jurídico uno solo, de donde resulta una obligación conjunta que no permite ventilar en juicios distintos las pretensiones de pago. b) Que siendo la obligación divisible, cada uno de los acreedores sólo puede exigir su cuota.

2. Hácese necesario dilucidar los conceptos así presentados para poder obtener la claridad suficiente requerida en el despacho del cargo, con el anticipo de que el recurrente ha partido de premisas falsas, que obviamente lo llevaron a conclusiones igualmente falsas, y así resulta de lo siguiente:

2.1. Toda la estructura legal de los seguros de daños (y el que es objeto de estudio lo es), está cimentada en la reparación del daño patrimonial sufrido por el titular del interés asegurable, como consecuencia del siniestro, principio consagrado en nuestra legislación positiva en el artículo 1088 del Código de Comercio en cuyo texto se lee:

“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de acuerdo expreso”.

2.2. Ahora bien, “tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo”. (C. Co., art. 1083).

En el específico caso objeto de análisis, el asegurado es el sujeto pasivo del daño, esto es, la persona que adquiere el derecho a la indemnización en los precisos términos del artículo 1088 del Código de Comercio, antes transcrito, lo que se traduce dentro del contexto del contrato de seguros de daños en poder exigir del asegurador, solamente la mera indemnización por el daño efectivamente recibido y dentro de los términos contractuales de la respectiva póliza, lo que hace sustancial diferencia con los principios legales que gobiernan la responsabilidad por los delitos y las culpas, dentro del marco de las previsiones del Código Civil.

La estricta comprensión de la norma última citada, provoca la idea de que el interés asegurable, es el concepto de un todo patrimonial, que afectado por la ocurrencia del siniestro produce la necesidad de su reparación con un sentido de aproximación al equilibrio de contenido económico objeto de la garantía y siempre dentro del esquema contractual pactado entre tomador y asegurador.

Desde luego que el contexto de lo esbozado ha de entenderse como predicado general con aplicación a todo aquel que reporte una afectación directa o indirecta en su patrimonio por la realización de un riesgo. Dícese esto porque, siendo el principio de la indemnización de la naturaleza de los seguros de daños, debe existir siempre una correlatividad o correspondencia entre la prestación a la que está obligado el asegurador y el importe real del perjuicio recibido por el asegurado. Así por ejemplo, en lo que atañe al seguro de responsabilidad, éste tiene como objeto garantizar al asegurado contra las acciones que puedan intentarse contra él por los terceros en razón de los perjuicios que ha podido causarles y de los que resulta comprometida su responsabilidad. De allí que el seguro en referencia esté dirigido a reparar el daño.

2.3. De otro lado, cuando no concurren en la misma persona las calidades de tomador-asegurado y beneficiario es necesario advertir que respecto del beneficiario, su derecho emerge del contrato mismo o de la ley, según el caso, y dentro de los términos de las cláusulas pactadas, quedando su posición reducida o enmarcada a la mera indemnización que corresponda al asegurado, es decir no tiene más derechos que los que nacen del contrato. Mírese sinembargo que en el caso objeto de análisis, el derecho es directo, por haberse reportado en la póliza Nº 1643 (fl. 83, cdno. 1) como asegurados los mismos beneficiarios.

En los seguros de esta estirpe, el daño, con sujeción a las condiciones del contrato, origina la consiguiente obligación reparatoria del asegurador; de suerte que cuando el escaño reservado a la calidad de asegurado-beneficiario está integrado por varias personas, cada una de ellas podrá, según las circunstancias, verse afectada por el sufrimiento del referido daño, todo como consecuencia de la incertidumbre definitoria del concepto de riesgo (C. Co., art. 1054) a cuyo tenor se entiende por tal “...el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador...” (destaca la Corte). Esto significa que la unidad es predicable respecto del siniestro, pero con el cual puede ocasionarse una multiplicidad de daños, los que a su turno pueden afectar el interés asegurable en los términos del artículo 1083 del Código de Comercio, los que por su independencia, identidad jurídica y autonomía están llamados a recibir procesalmente para su reconocimiento un tratamiento separado igualmente autónomo e independiente que no requiere resolución uniforme, de lo que se concluye que no existe en este específico asunto obligatoriedad de integrar el litisconsorcio necesario entre las sociedades Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Santander) y el Colombian Santander Bank Limited Nassau Bahamas.

2.4. El beneficiario o beneficiarios en el seguro de daños, con ocasión de la realización del riesgo, adquieren el derecho a la prestación asegurada en la inteligencia, desde luego, de que experimenten y acrediten la materialización de un perjuicio en cabeza propia, pues no en vano ésta es la consecuencia que se deriva del principio indemnizatorio refrendado por el legislador en el ya referido artículo 1088 del Código de Comercio en concordancia con los artículos 1084 y 1089 ibídem, en lo que resulte pertinente. De donde no puede predicarse de manera general conjunción entre los distintos acreedores como tampoco divisibilidad de la prestación debida, porque ella, tratándose de un seguro de daños, es un concepto meramente indemnizatorio, como ya se anotó, y no totalmente indemnizatorio, por lo que el examen de divisible o no de la obligación es ajeno, en virtud de que cada uno de quienes ostentan dicha calidad, en caso de ser múltiple o plural dicha parte como aquí ocurre, cada uno de los asegurados que demuestre su afectación o perjuicio patrimonial por la ocurrencia del riesgo, tiene el derecho a la reclamación, dentro de los términos de mera indemnización, pues está proscrita la posibilidad de enriquecimiento sin causa. En fin, que el daño o perjuicio patrimonial concreto a cada uno de los asegurados es constitutivo de un derecho autónomo e independiente, tal como acontece con el seguro por responsabilidad civil extracontractual, con la diferencia de que en este último evento el beneficiario es la víctima o víctimas, los cuales por obvias razones no son conocidos al momento de la celebración del contrato. Ello se explica en razón a que por la naturaleza misma del seguro a que se refiere este estudio, ella cubre genéricamente el perjuicio, el que obviamente no es el mismo para cada uno de los asegurados, como que la medida cautelar ha se recaer sobre derechos que hipotéticamente pertenecen a cada quien y sobre los que por tal motivo no puede afirmarse comunicabilidad del daño, siguiéndose de allí que la obligación del asegurador es de objeto simple pero referida a cada uno de los asegurados. Por supuesto, todo dentro de los límites de cobertura de la póliza.

Como lo ha precisado esta Sala, la indivisibilidad e inescindibilidad de la relación jurídica material ventilada en el proceso es lo que caracteriza al litisconsorcio necesario, pues es lo que impide una distinta solución para los diversos sujetos que a él concurren, y lo que impide así mismo que pueda resolverse sin estar presentes todos los que se encuentran ligados por esa relación sustancial litigada, so pena de dividirse la continencia de la causa, es decir, la unidad de proceso, y de incurrirse en decisiones contradictorias impropias a esa relación. Por eso, también lo ha expuesto esta Sala, el litisconsorcio necesario tiene lugar “cuando se ejercitan acciones constitutivas que tengan por objeto constituir un nuevo Estado de derecho que sólo puede existir legalmente con relación a diversas personas; en las acciones communi dividundo, finium regordorum y familiar exciscundae; cuando se demanda la liquidación de una sociedad, la rectificación de una acta del estado civil, la nulidad de los acuerdos tomados por varias personas, y en general, cuando se ejercita el derecho potestativo de producir un efecto único respecto de varias personas...” (G.J. t. LXXIX, pág. 157). Ninguna de esas relaciones materiales se ventila en el presente litigio, con más veras cuando no existe pretensión alguna orientada a que se declare la invalidez del contrato mismo de seguro. Siendo así, no hay duda de que se está en presencia de un litisconsorcio voluntario propio o simple, determinado por el acaecimiento del siniestro, que amerita y justifica plenamente decisiones diversas para los litigantes, e inclusive contradictorias; tanto más en este caso concreto en el que el daño afloró únicamente para el demandante.

Corolario de semejante conclusión es que la individualidad de la reclamación, excluye la obligatoriedad de actuar bajo la cohesión que impone el litisconsorcio necesario, sin perjuicio de que pueda hacerse bajo la modalidad del litisconsorcio facultativo, pues aquí la calidad de beneficiario del actor no emerge únicamente de la designación que en tal calidad se le hace en la póliza, sino del desenvolvimiento del concepto de interés asegurable.

2.5. Ahora, si como lo dijo probatoriamente el tribunal y lo aceptó la recurrente al proponer este cargo por vía directa, en este caso “sólo la asegurada Banco de Santander demostró la ocurrencia del riesgo asegurado y que afectó directamente su patrimonio, pues fue el único de los demandados que tuvo que soportar la medida de embargo decretada”, no hay duda de que, cual lo afirmó así mismo ese sentenciador, “únicamente él puede demandar el pago de la indemnización, en forma total si el perjuicio superó la suma asegurada, o únicamente hasta la concurrencia del perjuicio demostrado”, pues se sabe de antemano que la otra entidad asegurada no sufrió perjuicio alguno con la medida cautelar, que por lo mismo no formuló reparación alguna a la aseguradora y que, por ende, una eventual pretensión indemnizatoria de su parte sería desestimada.

3. El cargo, en consecuencia, no prospera.

(...).

PERJUICIOS RESULTANTES DE MEDIDAS CAUTELARES

EL PERJUDICADO PUEDE RECLAMARLOS EN PROCESO ORDINARIO POSTERIOR

EXTRACTOS: «El artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto imparte instrucciones al juez sobre la forma de adopción de la parte resolutiva de la sentencia y su contenido, ordenándole que “deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando procede resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados y demás asuntos que corresponda decidir, ...” también lo condiciona a que tales determinaciones las produzca “con arreglo a lo dispuesto en este código”.

En ese orden de ideas, el mandato de la disposición encuadra la actuación del juez dentro de los momentos procesales predeterminados, al punto de que cada trámite está definido no sólo en la oportunidad para proponerlo sino también para decidirlo. Ha de entenderse entonces que dentro de la sucesión de actos que dan cuerpo al proceso, la formulación y resolución de algunos de ellos no son de despacho en la sentencia, pues los preceptos procesales pueden haber previsto su solución en momento distinto, o haberla pretermitido.

3. En tratándose de los perjuicios resultantes de la cancelación de medidas cautelares a consecuencia de recurso interpuesto contra su decreto, como quedó explicado atrás, no está prevista la procedencia de tal condenación, la que por lo mismo y no habiendo sido objeto de pretensión en la demanda, ni en su contestación, ni en otro incidente procesal legalmente procedente, no puede ser materia de la sentencia, pues de serlo se incurriría en incongruencia de la misma.

4. Desde éste ángulo se ve claro que no puede ser de recibo el argumento esgrimido por el recurrente pues no toda actuación procesal debe aglutinarse en la sentencia y menos ésta a la que se viene haciendo referencia, la que se extingue para el proceso al pronunciarse la decisión que corresponda, no siendo posible revivirla en la misma instancia, y menos si se agotaron los recursos respectivos.

La oportunidad procesal, pues para incoar los perjuicios deprecados, o resolver sobre los mismos, dentro de aquel proceso, había fenecido con el pronunciamiento de la providencia respectiva en la que aludió expresamente a ese aspecto de la contienda, y, por lo mismo no podía ser procedente revivir dicha actuación para hacer un pronunciamiento al respecto.

El artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, es norma que exige la concreción de todos los extremos de la litis, la solución de todas las incidencias pendientes, pero no faculta la retrotracción de lo actuando, menos si el asunto ha de dirimirse en un momento procesal distinto, lo que conduce a afirmar que actuar en sentido diverso es contrariar las normas procesales, es decir, salirse de lo dispuesto en el código que es precisamente lo que reprime la parte final del inciso segundo de la norma.

5. Infiérese de lo expuesto, que por virtud del momento procesal al que corresponde la decisión del asunto hoy controvertido en el primigenio proceso ordinario en el que sucedieron las medidas cautelares, y al haber precluido la oportunidad procesal para decidir allí lo atinente a tales perjuicios, (pues el ordenamiento procesal no hizo regulación específica del caso), no se puede significar con ello en manera alguna, que ante la evidente causación de los mismos su decisión tenía que estar sometida a la materia de la sentencia, y no fuera lo pertinente haber adelantando este proceso ordinario para obtener la declaración y reconocimiento de los mismos, decisión a la que llegó el tribunal en la sentencia atacada, en la que no es posible advertir la transgresión denunciadas en la censura.

6. La aplicación del artículo 508 inciso 4º del Código de Procedimiento Civil supone el incumplimiento previo de dos condiciones fundamentales: 1) Que la condena y liquidación de los perjuicios amparados por la cautelar se haya producido en el proceso en el que se intenta el cobro y 2) Que el deudor no hubiera objetado el pago. Está acreditado que en el proceso anterior no se produjo la condena ni liquidación de tales perjuicios y, además, que el asegurador objetó el pago, es decir, fallan los supuestos para la procedencia de la ejecución en el proceso inicial.

En asunto de consecuencia similar al que se analiza, ha tratado la Corte el tema específico de las vías o alternativas posibles para plantear la controversia sobre perjuicios resultantes de medidas cautelares y concretamente cuando no se produjo condenación en el respectivo proceso, para hacer efectivo su reconocimiento. Dijo entonces esta corporación:

“1.2. Siendo ello así, forzoso es concluir que, si el embargo y secuestro es excesivo es abusivo genera responsabilidad civil a cargo del ejecutante con relación a los daños ocasionados con las medidas cautelares practicadas a iniciativa dolosa o culposa en forma grave atribuida a aquél. Sin embargo, reitera la Sala que se trata de una responsabilidad civil extracontractual especial, que, no obstante, encontrarse sujeta a la estructura de dicha responsabilidad, tiene doble tratamiento; uno especial y otro ordinario.

1.2.1. En efecto, es evidente que el legislador, tanto al expedir el Código de Procedimiento Civil en 1970 (D. 1400 y 2019 de ese año), como al reformarlo posteriormente (D. 2282/89), impuso al juzgador el deber jurídico de condenar al demandante a pagar el demandado triunfante en las excepciones propuestas en proceso ejecutivo, los perjuicios sufridos con ocasión de las medidas cautelares decretadas y practicadas a petición del primero, perjuicios cuya liquidación, durante la vigencia del artículo 510, numeral 4 del Código de Procedimiento Civil su redacción original, habría de realizarse con sujeción a lo dispuesto por el artículo 308 del mismo código. Pero también lo es que la legislación procesal civil patria, ni antes ni ahora, restringió en manera alguna el derecho del perjudicado con medidas ejecutivas practicadas en proceso adelantado en su contra y terminado por resultar victorioso en las excepciones propuestas, a reclamar luego, en proceso ordinario, que su pretendido acreedor fuese condenado al pago de tales perjuicios, que encuentran su frente en la responsabilidad aquiliana derivada del abuso del derecho a litigar.

Por lo que, entonces, se trata de dos alternativas procesales para la reclamación de perjuicios de embargo y secuestros excesivo, la del proceso ejecutivo y la del proceso ordinario, que traen como consecuencia lógica ineludible lo siguiente: si el ejecutado hace uso pleno de la vía procesal que se le otorga en el proceso de ejecución y obtiene, como debe serlo, providencia condenatoria al pago de perjuicios en su favor, y de igual manera aprovecha la oportunidad y el trámite especial para la liquidación de los perjuicios comprobado, no hay la menor duda de que, por haber empleado plenamente este medio procesal excepcional, carece, en consecuencia de acción ordinaria para replantear controversias sobre perjuicios no alegados o comprobados en esa ocasión, por estimarse definitiva la decisión final de dicho trámite especial y adicional a la sentencia de excepciones. Lo contrario, sería desconocer la intención de la ley de obtener en forma especial y breve de una definición de la ley de obtener en forma especial y breve de una definición por medio de esta vía, sustitutiva de la ordinaria, a la elección del interesado; pero que de ninguna manera tiene un carácter acumulado administrativo, que, por lo demás, resultaría contrario a la economía procesal.

Pero no puede decirse lo mismo, cuando no ha habido condena preceptiva al pago de los perjuicios, porque, en tal evento, como se dijo, aún se goza de la acción ordinaria correspondiente” (Sent. dic. 2/93. Exp. 4159).

Razón demás para precisar que ante la ausencia de la norma explícita que permitiera la condenación y liquidación de los perjuicios causados debía acudirse al procedimiento ordinario como ocurrió, es el hecho de que tratándose de norma sancionatoria, ella no podía aplicarse por analogía, lo que necesariamente coloca a la parte afectada en situación de enfrentar en el proceso plenario dicha declaración.

Lo transcrito recoge, en síntesis, una lógica postura doctrinaria, mediante la cual se reconocen las opciones posibles enderezadas a definir las controversias generadas en los perjuicios causados con la práctica de las medidas cautelares, opciones cuya pérdida ha de extenderse por idénticas razones y argumentos al garante cuando, dados los presupuestos atrás anunciados, se pretenda la reclamación respectiva con sustento en el contrato de seguros, en lo que resulte pertinente.

En síntesis, como en el auto del tribunal que revocó la medida cautelar, no hubo condena preceptiva al pago de perjuicios, por no estar contemplada para el caso ni ser posible imponerla analógicamente, y como, además, producido el levantamiento de la medida la aseguradora objetó la reclamación que en tal sentido le hiciera el aquí actor, de todo ello resulta, como corolario obligado, que en este caso no era posible, para hacer efectivo el pago de los perjuicios sufridos por el actor, el trámite del proceso ejecutivo, sino la iniciación de un proceso ordinario, tal como en efecto aconteció.

7. Síguese de lo anterior, que no existió la errónea interpretación que de dicha norma endilga al recurrente al tribunal”.

(Sentencia de casación, diciembre 14 de 2000. Expediente 5738. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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