Sentencia 5759 de octubre 31 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN

EXTRACTOS: «El asunto a dilucidar en el caso sub lite no es otro que determinar, si como alega el demandante no existía la obligación de pago para la sociedad actora por haber prescrito la obligación conforme con lo preceptuado por el artículo 1081 del Código de Comercio, o si como alega la demandada, ésta norma no es aplicable al caso en discusión, pues la norma aplicable es el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

La corporación en diversas ocasiones ha tenido la oportunidad de analizar el tema relacionado con el término de prescripción de las obligaciones que surgen a cargo de las compañías aseguradoras, al emitir en favor de las entidades públicas pólizas como garantía de cumplimiento de obligaciones de terceros frente a éstas, especialmente cuando ellas se refieren a materia fiscal.

Fue así como en el fallo del 12 de julio de 1991, expediente 2641 actor la Nación, con ponencia del doctor Jaime Abella Zárate la Sala reiteró la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado en los fallos del 4 de septiembre de 1990 y abril 30 de 1991, al decir:

“La tesis de la no aplicación del término de dos años de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio sino de cinco años del artículo 66 del Decreto 01 de 1984 como término válido para el ejercicio de la acción ejecutiva por parte de las entidades públicas, en los casos de cobro de garantías mediante pólizas de seguros, fue adoptada como jurisprudencia de la corporación en fallos de Sala Plena de fecha 4 de septiembre de 1990 (Exp. A-050) y abril 30 de 1991 (R-087).

Por este motivo la Sección se limita a reiterar su criterio varias veces expuesto en este sentido, de conformidad con el cual no se configura la caducidad de la acción ejecutiva en el caso que se analiza puesto que el mandamiento de pago se notificó antes de los cinco años de quedar ejecutoriada la Resolución 955 de 1986 de la Dirección General de Aduanas, lo cual se produjo el 2 de septiembre de 1986”.

Es decir que si expedido el acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía, dentro de los cinco (5) años siguientes a su firmeza no se han realizado los actos que corresponden para ejecutarlos no puede la administración exigir su cobro.

Cosa distinta, la constituye el término para proferir el acto administrativo que ordene hacer efectiva la garantía, que junto con la póliza otorgada constituyen el título ejecutivo conforme lo preceptúa el artículo 68 numeral 5° del Código Contencioso Administrativo.

Término que contrariamente a lo expresado por el a quo no necesariamente debe coincidir con el de vigencia de la póliza de garantía, porque éste tiene por objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia. Ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido, que pueden ser coetáneos o posteriores a la de la vigencia de la póliza.

Resulta improcedente la pretensión de la actora en el sentido de que en materia de seguros para que pueda nacer la obligación de la aseguradora, sea menester que el acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro, el riesgo amparado o el incumplimiento de la obligación afianzado, deba quedar ejecutoriado dentro del término de vigencia de la póliza, pues tal interpretación haría nugatorio el derecho a la indemnización en favor del asegurado, en virtud de que el acto administrativo dada su discusión en sede gubernativa puede requerir más tiempo que el de vigencia de la póliza, sin desconocer el plazo que se necesita para su discusión en la vía contenciosa.

Tampoco puede pretenderse, como lo insinúa la apoderada de la demandada, que la administración no tiene término para proferir el acto administrativo pues ello equivale al imperio de la inseguridad jurídica en las relaciones contractuales.

El término dentro del cual la administración debe proferir el acto administrativo, a efectos de constituir el título ejecutivo, fue analizado y precisado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia del 7 de marzo de 1991, expediente R-087, actor la Nación, que por su importancia se transcribe en la parte pertinente:

“El artículo 1081 del Código de Comercio establece una prescripción extintiva ordinaria de dos (2) años y extraordinaria de cinco (5) años para el derecho y obligación correlativos y para las acciones que se deriven del contrato de seguro. Dentro de tales términos quedan comprendidas tanta la acción ejecutiva como la ordinaria. Dicha norma consagra una excepción a la regla general sentada por el artículo 2536 del Código Civil, según el cual el término de prescripción de la acción ejecutiva, que no del derecho y obligación mismos, es de diez (10) años.

En los eventos en que la administración pretendía exigir derivada (sic) de un contrato de seguro por acaecimiento del siniestro o riesgo asegurado y éste hubiera sido otorgado para amparar obligaciones del contratista frente a la administración contratante, la regulación de la prescripción se sujetaba en su integridad a la norma antes citada. Es decir, la acción que la administración podía intentar contra el asegurador prescribía en los términos señalados en el artículo 1081 del Código de Comercio. Del hecho de que al crédito a favor del Estado se le diera el calificativo de obligación fiscal, no se derivaba consecuencia diferente a la antes señalada, ya que tal calificativo no tenía, ni tiene hoy en día la virtualidad de transmutar la naturaleza jurídica y el origen mismo de la obligación. Tampoco conducía a una conclusión distinta el argumento atinente a la conformación del título ejecutivo que permite a la administración el cobro de la obligación por la vía de la jurisdicción coactiva. Concretamente en el evento que nos ocupa, la circunstancia de que tal título se estructurara, a más del contrato en que es parte contratante la administración y de la póliza, con uno o varios actos administrativos, para nada incidía en la determinación del término de prescripción de la acción, pues únicamente concernía a la posibilidad o viabilidad de incoar la acción ejecutiva por la vía de la jurisdicción coactiva. De otra parte, el artículo 1081, en forma por demás expresa y precisa, determina que la prescripción en él señalada corre en contra del interesado y es claro que siendo la administración contratante asegurada y beneficiaria, es parte interesada. Anota la Sala, que la misma sentencia objeto del recurso expresó que “cabe anotar que el artículo 1081 del Código de Comercio se refiere a relaciones jurídicas que nacen del contrato de seguro, vale decir, los vínculos jurídicos entre asegurador y asegurado...” de donde hay que concluir que en la misma sentencia se reconoce la aplicabilidad del artículo 1081 del Código de Comercio, a eventos como el que ahora ocupa la atención de la Sala.

De lo anterior se concluye que desde el momento en que ocurría el siniestro o riesgo asegurado empezaba a correr el término de la prescripción extraordinaria de cinco años y desde la fecha en que la administración contratante había tenido y debido tener conocimiento de tal ocurrencia empezaba a correr el término de la prescripción ordinaria de dos años, lo anterior tanto para el derecho y obligación correlativos, como para la acción, a diferencia de lo que ocurre a partir de la vigencia del actual Código Contencioso Administrativo, en que cabe diferenciar el término de prescripción de la obligación y del derecho que emana del contrato de seguro, aspecto éste regido por el artículo 1081 del Código de Comercio y, el término de prescripción de la acción ejecutiva por jurisdicción coactiva regulado por el artículo 66, numeral 3°, del Código Contencioso Administrativo. De manera que si el título ejecutivo no se conforma dentro de los dos años señalados por la norma primeramente citada, no será viable el cobro ejecutivo por jurisdicción coactiva de la obligación derivada del contrato de seguro, en razón a que el derecho y la obligación ya se encuentran prescritos, asunto éste materia de cuestionamiento o controversia dentro del control de legalidad del acto administrativo así expedido, más no de la excepción de prescripción de la acción en el proceso ejecutivo”. (Subraya fuera del texto).

En consecuencia si las pólizas: 11-3000791, 11-3000790, 11-3000765, 11-301658, 11-3001052, 11-3000756, 11-3000757, tienen vigencia hasta febrero 14/83, noviembre 4/83, diciembre 6 /82, octubre 23/82, agosto 16/83, mayo 25/83, mayo 25/83, respectivamente, cuando la Administración expidió la Resolución 062 de 5 de febrero de 1986 ya había precluido el término de los dos (2) años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, contado a partir del momento en que incurrió en incumplimiento el im-portador, esto fue cuando vencido el término legal de la garantía, de su prórroga y extensión prevista en el artículo 286 del Código de Aduanas, no reexportó la mercancía, ni efectuó tampoco su nacionalización, a términos de la cláusula 8ª del contrato 1384 (fls. 195 a 207 c. ppal).

En este orden de ideas la sentencia apelada merece confirmación, pero por las razones aquí expuestas».

(Sentencia de octubre 31 de 1994. Expediente 5759. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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