Sentencia 5768 de noviembre 28 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CONFESIÓN FICTA POR INASISTENCIA A INTERROGATORIO

NO SE PRODUCE SI LA CONVOCATORIA SE HIZO DE OFICIO

EXTRACTOS: «Cumple afirmar que la confesión judicial, por realizarla una de las partes ante un juez en ejercicio de sus funciones, será provocada si se origina con ocasión de interrogatorio formulado por su adversario o por el mismo juzgador, en contraposición con la espontánea que se deriva de la demanda, su contestación o de cualquier otro acto procesal sin previo interrogatorio, siempre y cuando se satisfagan, en lo pertinente, las exigencias de los artículos 194 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

A ello se agrega que la confesión también puede producirse, como sanción, frente a ciertas conductas asumidas por las partes durante la tramitación del litigio, que no se acompasan con el principio basilar de lealtad procesal, ni con el deber de colaboración para el esclarecimiento de los hechos de incidencia en la decisión judicial. En este sentido, el artículo 210 del estatuto procesal civil, ha establecido que la ausencia injustificada del demandante o del demandado a su interrogatorio de parte o a su continuación, hará tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas que sean admitidas por el juez y que consten en el formulario escrito aportado para el efecto, o, en su defecto, que se hayan alegado en la demanda, las excepciones de mérito o sus respectivas contestaciones, según fuere el caso. Esta misma consecuencia se derivará cuando, de asistir, la parte es renuente a contestar o dar respuestas evasivas, si a pesar de verificarse la amonestación judicial que prevé el artículo 208 ibidem en su antepenúltimo inciso, el absolvente persiste en su reticencia.

Y no podía ser de otra manera, en tanto que “reconocido el derecho de interrogar judicialmente al adversario por las razones y con los fines que hemos dicho, nace en el interrogado la obligación de responder. El silencio no puede interpretarse, salvo prueba en contrario, sino como la admisión de los hechos propuestos, y así debe sostenerse, ya cuando el interrogado no comparezca, ya cuando rehúse responder, siempre que no justifique un impedimento legítimo. El no comparecer viene a probar que se carece de valor para presentarse y admitir un hecho; y el no querer responder, cuando no se cuestiona sobre la admisión del interrogatorio o cuando fue denegado, significa un pretexto de no querer decir una verdad que redunda en propio daño” (1) . Al fin y al cabo, como lo puntualiza Pescatore, citado por el referido autor Lessona, “el silencio del interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar, e induce la confesión tácita: el silencio es el efecto, y la conciencia de la verdad es su causa determinante; la inducción marcha desde el efecto a la causa y descubre la verdad en la conciencia del interrogado, eliminando cualquier otro motivo del silencio” (ibídem).

(1) Carlos Lessona. Teoría General de la Prueba en el Derecho Civil, Tomo I, pág. 537.

Ahora bien, la mencionada consecuencia de presumir la confesión como secuela de la rebeldía injustificada frente al interrogatorio, presupone que éste haya sido necesariamente convocado a instancia de parte, en ejercicio del derecho que confiere el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil. Así se desprende del artículo 207 del ordenamiento procesal, norma según la cual “El interrogatorio será oral, si la parte que lo solicita concurre a la audiencia; en caso contrario, el peticionario deberá formularlo por escrito en pliego abierto o cerrado...” (se resalta). Por tanto, si la convocatoria a rendir declaración se hizo oficiosamente por el juez, en ejercicio de los poderes de instrucción que le han sido conferidos, tal como lo habilita el artículo 202 de la mencionada codificación, la contumacia no tendrá otra consecuencia que la de constituir un indicio, según lo precisa la misma disposición, motivo por el cual los pliegos de preguntas que la contraparte presente con el propósito de que sean tenidos en cuenta, no están llamados a generar ningún efecto probatorio, pues en esta clase de diligencias sólo el juez puede interrogar.

Justifícase ampliamente la precitada distinción realizada por el legislador, como quiera que cuando la indagación deviene de oficio, no es el adversario de la litis quien se esfuerza en provocar la confesión de una de las partes en aras de lograr el despacho favorable de sus súplicas, sino el juzgador, motu proprio, quien se interesa en obtener el conocimiento e identificación de los hechos necesarios para recrear y fundamentar su decisión, sin que, en un sentido lógico, pueda atribuirse una misma consecuencia probatoria a los casos de renuencia injustificada de la parte a concurrir a la diligencia o a responder las preguntas, sin atender el origen de la convocatoria, si se considera que, cuando ella se hace por petición de parte, es posible conocer el propósito que tendrán las preguntas y, en mayor o menor grado, su contenido, dado el interés particular en la pretensión o en la oposición, mientras que, si se hizo de oficio, no se sabe, en concreto, cuál es la finalidad que tiene el juez al ordenar la práctica de la prueba, en cuanto se entiende que obra en función del interés general en el proceso.

Se concluye, entonces, que el efecto probatorio en cuestión, de clara estirpe sancionatoria, no tiene cabida en favor de un sujeto procesal que en la audiencia ordenada de oficio no estaba legitimado para interrogar y que, en su momento, dejó de aprovechar eficazmente la oportunidad que, in abstracto, concede el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, muy idónea, por cierto, para obtener la “verdad” que es necesaria para facilitar el despacho benigno de sus pedimentos».

(Sentencia de casación, noviembre 28 de 2000. Expediente 5768. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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