Sentencia 5786 de abril 26 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASAClÓN PENAL

RECURSO DE REVISIÓN

CESACIÓN POR MUERTE DEL CONDENADO

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Saavedra Rojas

Ref.: Radicación 5786. Revisión. Aprobado

Acta 025 del 17 de abril de 1991.

Bogotá, D.E., abril veintiséis de mil novecientos noventa y uno.

Vistos

Procede la Corte Suprema de Justicia a decidir lo pertinente en relación con el fallecimiento del condenado que ha intentado por medio de apoderado especial la revisión del proceso.

Mediante sentencia de agosto treinta y uno (31) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), el Juzgado Noveno Superior con sede en Bogotá condenó a Pablo Emilio Castellanos Escobar, a la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y las accesorias de rigor, como autor responsable de los punibles de falsedad material de particular en documento público, falsificación o uso fraudulento de sello oficial y estafa en el grado de tentativa, realizados en concurso material, según hechos ocurridos el día siete (7) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981) en esta ciudad.

La anterior providencia, según constancia secretarial, se ejecutorió el diecisiete (17) del mismo mes y año, e hizo tránsito a cosa juzgada.

Aproximadamente dos años después, el condenado recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, por medio de apoderado especial, interpuso contra la aludida sentencia recurso extraordinario de revisión mediante demanda, la cual por reunir los requisitos formales señalados en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, fue declarada admisible por esta Corporación.

Se reconoció personería al doctor Nelson de Jesús Zuluaga Gómez, como apoderado del condenado recurrente y se solicitó al Juzgado Noveno Superior de Bogotá, el proceso original para el trámite correspondiente, el cual fue remitido en su oportunidad.

En tal estado se encontraba la actuación, cuando se acreditó el registro en el obituario de la Notaría Treinta de Bogotá, del fallecimiento de Pablo Emilio Castellanos Escobar (véase registro de defunción, folio 59) ocurrido el veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos noventa (1990), en el establecimiento carcelario de la Modelo, según informe en tal sentido de la asesora jurídica de dicha penitenciaría.

Con fundamento en el hecho de la muerte del condenado, su apoderado designado exclusivamente para impetrar el recurso extraordinario de revisión, solicitó de la Corte con anterioridad a la comprobación del fallecimiento, “finalizar el recurso, absteniéndose de fallar”, mediante escrito que presentó personalmente a la Secretaría de la Corporación.

Se considera

El Código de Procedimiento Penal no tiene ciertamente precepto específico alguno que de modo expreso y claro señale la muerte del condenado como causa de improseguibilidad o inhibición de la Corte para seguir con el trámite propio del recurso de revisión y fallarlo en el fondo, como tampoco otro ordenamiento legal. La ley penal sustantiva (art. 76 del C.P.) sólo hace referencia a la muerte del sindicado o la del condenado, como causa de extinción de la acción penal en el primer caso, y de la pena impuesta, en el segundo.

Sin embargo, para la Corte resulta claro que la defunción del reo con posterioridad a la interposición del recurso debe poner fin a la tramitación de la revisión, pues la naturaleza misma del recurso y los fines del mismo así lo imponen. Al desaparecer física y civilmente la persona del condenado, en cuyo beneficio directo cuando el fallo le es adverso fue instituido el recurso de revisión, por sustracción de materia más exactamente de sujeto, la anulación de los efectos jurídicos de la condena, cuya autoridad de cosa juzgada se pretende remover para tutelar la inocencia del reo, pierden todo sentido, al estar sobradamente entendido que el objetivo del recurso no es ni la rehabilitación de la memoria del extinto ni tampoco el provecho de terceros.

Carecería de objeto entonces la revisión, ya que con la muerte del condenado, la suspensión de la condena, la restitución de la inocencia se predicarían de sujeto inexistente.

Pero además, no sobra añadir que, como lo reflejaría la práctica, “la revisión de la causa” resultaría imposible de cumplir. A través del recurso de revisión se busca, como es bien sabido, que mediante decisión de la Corte se retrotraiga el proceso a la etapa procesal del juzgamiento, o sea, que la revisión para la legislación penal colombiana es un recurso extraordinario, que como medio de impugnación, proyecta su pretensión a las instancias, proponiéndose la invalidación parcial de la causa, y la consiguiente reconstrucción de la misma.

Si mediante fallo rescindente, que es el pronunciamiento de la Corte por medio del cual declara la comprobación de la causal aducida y la anulación parcial del proceso, se ordena la retramitación de la causa por los jueces de instancia, como quiera que el reo regresa a la condición de procesado hasta el punto que se le reconocen derechos ajenos a la condición de condenado, como el de la libertad provisional, medida ésta propia del proceso y no de la ejecución de la pena, al juez distinto del que tramitó la causa inicialmente, no le correspondería sino cumplir con el deber legal de cesar todo procedimiento con respecto al nuevo juicio, en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del Código Penal que consagra la muerte del sindicado o procesado como causa de extinción de la acción penal, y lo previsto en el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal que dispone la improseguibilidad del procedimiento en cualquier momento que se advierta que el proceso “no podía iniciarse o proseguirse”.

La providencia de que trata el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, ha venido sosteniendo la Corte, cuando tenga como motivo una causal de índole objetiva como: la prescripción, la muerte del procesado, verbigracia, puede ser decretada por la Corte durante el trámite del recurso de casación, lo que naturalmente resulta viable toda vez que el proceso “se proyecta sobre la etapa de la casación cuando la sentencia es impugnada por este medio extraordinario” (Corte Suprema de Justicia, auto de mayo 13 de 1981, Magistrado Ponente Darío Velásquez Gaviria).

De la revisión se dice, en cambio, que opera extra-proceso; su oportunidad tiene cabida sólo dentro de la fase de la ejecución de la pena, y planteadas así las cosas, aparentemente pareciera que el mecanismo de la cesación de procedimiento es extraño al recurso de revisión.

La revisión como acto complejo que es al comprender el fallo de la Corte y de las instancias cuando prospera, está encaminada a invalidar la sentencia y la autoridad de la cosa juzgada que ella implica, y por ese camino como resulta apenas lógico a revivir el proceso mediante su tramitación por las instancias. De allí que se diga que más que un recurso es una acción, y entonces si frente al fallecimiento del sujeto respecto de quien se pretende anular los efectos de la sentencia, la declaratoria de la cesación de procedimiento no encuentra ningún reparo, aunque la ley no lo consigne de manera expresa, razones de lógica jurídica tienen que llevar ineludiblemente a la conclusión de la cesación del procedimiento por la Corte, en sede de revisión, pues según reza el conocido aforismo: “la muerte todo lo termina”.

Las precedentes consideraciones son suficientes para que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVA:

Declarar que la tramitación del recurso de revisión no puede proseguirse, y, en consecuencia, ordenar la cesación de procedimiento.

Notifíquese y cúmplase.

Dídimo Páez Velandia—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Édgar Saavedra Rojas—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia M. 

Rafael Cortés Garnica, Secretario.

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