Sentencia 5791 de agosto 30 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ABORDAJE DE AERONAVES

EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES ES DE DOS AÑOS

EXTRACTOS: «En la sustentación del cargo el impugnante parte de la base de que son hechos incontrovertidos que el abordaje de las avionetas sucedió el 16 de mayo de 1987, que la demanda promovida por “Fumigaray Ltda” fue presentada el 1º de julio de 1990, que el auto admisorio de la misma fue notificado al representante legal de “Uniban” el 11 de junio de 1990 y que fue respondida por ésta en tiempo mediante escrito en el cual propuso la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, por haber transcurrido más de dos años contados desde el 16 de mayo de 1987, fecha del abordaje de las naves. Recuerda igualmente el censor que el juez a quo, y luego el tribunal prohijando la tesis de éste, señaló que como la prescripción comporta una sanción legal a la inactividad del titular del respectivo derecho, las normas que regulan dicho fenómeno no pueden ampliarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Código Civil; que, por consiguiente, si en el capítulo del Código de Comercio que regula el abordaje de las aeronaves nada se dice respecto de las prescripción de las acciones indemnizatorias, ese silencio no autoriza aplicar el artículo 1539 del Código de Comercio que contempla la prescripción para el abordaje de las naves acuáticas, sino que se impone, en aplicación del artículo 822 del Código de Comercio, acudir a los principios que en la materia gobiernan las obligaciones civiles, pues no se podía aplicar el principio de analogía en materia de prescripción ya que por ser materia sancionatoria es de interpretación estricta.

3. Señala enseguida el recurrente que el tribunal vio que cuando se notificó personalmente el auto admisorio de la demanda habían transcurrido más de tres años, y sinembargo, basado en la referida interpretación, halló que la acción no estaba prescrita, cometiendo grave yerro jurídico, pues por seguir a pie juntillas las consideraciones del juez a quo concluyó que en este caso era aplicable el artículo 822 del Código de Comercio, sin advertir que éste precepto, en lo que remite a las reglas de las obligaciones civiles, indica que ello ha de suceder “a menos que la ley establezca otra cosa”, lo cual significa que la aplicación de tales principios civiles es meramente subsidiaria. Este entendimiento, continúa el censor, acompasa con lo que dispone el artículo 2º del Código de Comercio que sienta regla semejante de subsidiariedad pero luego de mandar en el artículo 1º ib. que los asuntos mercantiles se regirán por la ley comercial “y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas”, todo lo cual permite aseverar que la legislación civil sólo puede utilizarse cuando el asunto no esté regulado en la ley mercantil y cuando, además, no sea posible decidirlo por analogía de sus normas. A vuelta de insistir en el punto, dice el recurrente que en su orden operan la ley mercantil, a falta de ésta la analogía con las normas comerciales, y si tampoco las hay, y sólo entonces, se puede acudir a la legislación civil.

4. Apuntalado en los anteriores razonamientos, el casacionista afirma que es cierto que en el capítulo VII relativo al abordaje de aeronaves no existe norma reguladora de la prescripción, pero sí la hay en el capítulo II, título VI de la primera parte del libro 5º del Código de Comercio que se ocupa expresamente del “Abordaje” en la navegación marítima, concretamente el artículo 1539 que contempla un término prescriptivo de dos años contados a partir de la fecha del accidente; de allí que el sentenciador se equivocó cuando de aquél silencio legal concluyó que para el caso no era aplicable por analogía este precepto inherente a las naves de navegación acuática, y más bien decidió acudir a las normas civiles desatendiendo lo dispuesto en el artículo 1º del Código de Comercio; el abordaje en ambos tipos de navegación, remata el impugnante, es materia específica del tema general de la navegación. Por consiguiente, en tanto que fue por esa falta de aplicación de la analogía que el sentenciador se abstuvo de decretar la prescripción alegada por la demandada, incurrió en las infracciones a la ley denunciadas al comienzo del cargo.

Se considera:

1. El error in judicando que el casacionista le enrostra al sentenciador en el cargo antes compendiado, obliga a la Corte a hacer un estudio detallado de las normas que son aplicables a los litigios que versan sobre un asunto de carácter mercantil, a cuya naturaleza indudablemente pertenecen las acciones indemnizatorias derivadas del abordaje sucedido entre dos aeronaves; acciones que resultaron exitosas en el fallo impugnado únicamente frente a la sociedad demandada C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. – Uniban; en esa dirección, la cuestión debe ser proyectada según sea el alcance que para el efecto se le otorguen a las reglas generales contenidas en el título preliminar del Código de Comercio, en particular los artículos 1º y 2º, y las que en el campo de las obligaciones mercantiles remiten a las normas de derecho civil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio; todo lo cual se pasa a explicar en los párrafos siguientes.

2. En general, manda el artículo 1º del Código de Comercio, “los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas”, y, según el artículo 2º, “en las cuestiones comerciales que no puedan regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la ley civil”; por consiguiente, en tanto que, como se deduce de estos preceptos, prima en caso de vacío legal la aplicación de la analogía de las normas comerciales por sobre la aplicación de los preceptos de naturaleza civil, claro se ve que el legislador, en principio, quiso guardar que los asuntos mercantiles fuesen definidos atendiendo a su propia naturaleza y de acuerdo con las normas que han sido expedidas en consonancia con ésta y con la agilidad que de suyo ostenta el tráfico comercial, mucho más y antes que acudir a otro ordenamiento extraño o incompatible.

3. Empero, esa primera intención del legislador sufre notable variación, en lo que a su vez constituye excepción a la anterior regla general consistente en la aplicación esencial de los preceptos del Código de Comercio, cuando posteriormente el artículo 822 dispone que: “Los principios que gobiernan la formación de los actos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa” (resalta la Corte).

Se ve entonces que la norma transcrita, en relación con la aplicación de los preceptos civiles a los asuntos mercantiles que tocan con los actos y las obligaciones de este linaje y respecto de cada una de las situaciones que ella misma define, sobrepasa la preferente aplicación de la analogía de las normas comerciales que, por regla general, establece el Código de Comercio, pues yendo más allá y justamente con el fin de precaver lo que se debe hacer en presencia de un vacío legal, e incluso para evitarlo en lo posible, integra al cuerpo de normas comerciales los principios y, por ende, las normas del derecho civil en lo que respecta a los negocios jurídicos y a las obligaciones mercantiles; ello implica en consecuencia que en las materias a que alude el citado artículo 822 del Código de Comercio y cuando no haya precepto comercial aplicable a un caso determinado deba acudirse a lo que disponga el derecho civil antes que a las situaciones comerciales análogas o semejantes, salvo, claro está, “que la ley establezca otra cosa”.

4. Ahora bien, del hecho mismo de que esa integración normativa no pueda darse cuando “la ley establezca otra cosa”, fluye palmario que esta salvedad no coloca las cosas de nuevo para que también en punto de actos y obligaciones mercantiles, a falta de norma comercial, deba acudirse a la analogía como de manera preeminente lo indica el artículo 1º del Código de Comercio, puesto que si ello fuera así perdería sentido y razón de ser el fenómeno de integración de normas comerciales y civiles que en el fondo consagra el artículo 822; es decir si fuera dable considerar con apoyo en este precepto que uno de los eventos en que la ley dispone otro modo para resolver los casos no regulados en la ley comercial es el considerado en el artículo 1º —analogía—, en la práctica desaparecería la remisión al derecho civil que establece aquel precepto posterior.

El genuino entendimiento de la excepción o salvedad que se comenta no puede ser otro que el de que cuando sobre los mismos principios o materias atinentes a tales actos u obligaciones exista regulación diferente en uno y otro ordenamiento, el civil y el comercial, se impone la aplicación de este régimen, toda vez que ello es igual a decir que existe norma expresa y especial de índole mercantil que regula la cuestión, caso en el cual no sería posible ni lógica ni jurídicamente acudir al derecho civil; igual da decir que se excluye la aplicación de los principios y normas de éste cuando la ley dispone expresamente esa exclusión, o cuando indica otras formas de integración o de aplicación de las normas a un caso dado.

5. En síntesis, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles se aplican “los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse”, salvo que la ley expresamente lo impida o lo mande de otro modo; y por consiguiente es sólo en el caso de que sobre tales aspectos no haya regulación en los dos ordenamientos en cuestión que se ha de acudir primero a la analogía de las normas comerciales, allí sí según la directriz que traza el artículo 1º ib.

6. Situada la Corte en el caso que ahora ocupa su atención, observa lo siguiente: el juez de primera instancia dio por sentado que como en las normas mercantiles no hay precepto que regule la prescripción de las acciones derivadas del abordaje de dos aeronaves, no era aplicable el artículo 1539 del Código de Comercio que indica un término de prescripción de dos años, contados a partir de la fecha del accidente, pues su aplicación se contrae a las acciones derivadas del abordaje entre naves acuáticas; en tal virtud y con aplicación de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio acogió el término general de prescripción de las obligaciones civiles y por consiguiente, sin más, declaró no probada la excepción de prescripción que había propuesto la parte demandada. Por su parte el tribunal, prohijó esa posición del a quo, toda vez que nada dijo sobre la mencionada excepción pero sí la confirmó sin hacer ningún reparo a su despacho desfavorable. Por su lado, el recurrente objeta en el plano estrictamente jurídico las apreciaciones del ad quem, pues estima que infringió los preceptos sustanciales que regulan el caso, ya que antes de acudir a las normas de prescripción del derecho civil, como lo hizo, debió aplicar la analogía de las normas comerciales; y considera que de haber obrado de ese modo el fallador hubiera hallado prescrita la acción de la parte demandante, en aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 1539 del Código de Comercio.

7. De conformidad con lo discurrido hasta este momento, encuentra la Corte que se equivocó el tribunal al prohijar la tesis de la no aplicación a este litigio del artículo 1539 del estatuto mercantil, que establece un término corto de prescripción respecto de las acciones derivadas del abordaje marítimo o acuático, precepto que resulta aplicable también a las acciones dimanantes del abordaje o colisión de aeronaves, y al que debió acudir antes de remitirse a las normas de derecho civil, ya que en este caso ello no era posible, no precisamente por aplicación analógica de ese precepto sino, como pasará a verse a continuación, porque en el Código de Comercio existe regulación expresa de la materia del abordaje y así mismo del término de prescripción de las acciones indemnizatorias derivadas de ese fenómeno, lo cual implica, a términos de las reflexiones precedentes, que la legislación aplicable al caso de este proceso es la comercial, por remisión de sus normas.

En efecto:

a) El libro V, parte segunda, de la aeronáutica, capítulo VII, abordaje, artículo 1841 del Código de Comercio señala que “se entiende por abordaje toda colisión o interferencia entre dos o más aeronaves en vuelo o sobre la superficie”, y enseguida los artículos 1842, 1843, y por remisión de éste los artículos 1834 y 1839 ib., los cuales están en el capítulo VI precedente que regula los “Daños a terceros en la superficie”, señala y regula la responsabilidad que corre a cargo del explotador que cause un abordaje y las indemnizaciones consecuentes a que hay lugar como consecuencia del mismo ya respecto de las personas a bordo de otras aeronaves o ya en relación con los daños causados a éstas y a los bienes a bordo de las mismas. En verdad, allí nada dice el estatuto mercantil sobre el término de prescripción que cobija tales acciones; es decir, en materia de abordaje de aeronaves y propiamente en el capítulo que regula el punto resulta palpable que no existe norma reguladora del fenómeno extintivo de la prescripción de las acciones consiguientes, de donde se deduce que el punto, el cual constituye materia atañedera al modo de extinción de las obligaciones mercantiles, no está específicamente previsto en las normas propias de la navegación aérea.

b) Sinembargo, en el mismo cuerpo normativo antes mencionado que regula la aeronáutica, justamente en el capítulo I sobre “Disposiciones generales”, el artículo 1781 claramente dispone que “Cuando una determinada materia no esté específicamente prevista en este libro, se acudirá a los principios generales de derecho aéreo, a las normas y principios del derecho marítimo y a los principios generales del derecho común sucesivamente. La misma regla se aplicará para la interpretación de las normas de este libro”.

c) Quiere decir lo anterior que no estando prevista norma sobre la prescripción que debe aplicarse a las acciones derivadas del abordaje que haya sucedido entre dos aeronaves, como son las que se han impetrado en este proceso, la ley llena ese vacío legal remitiéndose a las normas del derecho marítimo, desde luego que de los principios generales de derecho aéreo, cuya aplicación sería preferente en los términos del citado artículo 1781, no brota ningún término exacto de prescripción de tales acciones.

d) Ahora bien, siguiendo el derrotero que traza la norma remitente, encuentra la Corte que entre las normas del derecho marítimo se hallan las que están contenidas en el mismo libro V, primera parte, De la navegación acuática, título VI que trata “De los riesgos y daños en la navegación marítima”, cuyo capítulo II se refiere al “Abordaje” entre naves acuáticas; en éste también se especifica la responsabilidad y las indemnizaciones consiguientes, y al final el artículo 1539 indica que “Las acciones derivadas del abordaje prescribirán por el transcurso de los dos años, a partir de la fecha del accidente”, norma esta que por expresa remisión del artículo 1781 ib., resulta aplicable, entonces, para las acciones derivadas del abordaje aéreo, pues es esa la manera como la misma ley mercantil llena el vacío que se presenta cuando una determinada materia no está prevista en las normas de la aeronáutica.

8. Como corolario obligado de lo anterior, se advierte que en este caso que versa sobre acciones indemnizatorias derivadas del abordaje entre aeronaves, no podía el sentenciador pasar por alto que justamente dada las explícitas remisiones a que se refiere el citado artículo 1781 del Código de Comercio en materia aeronáutica hacia las normas del derecho marítimo, ello impedía aplicar el artículo 822 ib., pues aunque en éste se permite aplicar a las obligaciones mercantiles, sin distinguir las fuentes de las cuales éstas provengan, los principios que gobiernan las obligaciones civiles, incluyendo el “modo de extinguirse” éstas, uno de los cuales es la prescripción, tal situación podía darse “a menos que la ley establezca otra cosa”, y otra cosa en verdad disponen las normas del Código de Comercio en materia de derecho aéreo, que incluye el abordaje, pues a falta de precepto regulador manda ir a las normas de derecho marítimo antes que a las normas del derecho civil, según ya se ha explicado; es obvio que tampoco le asiste razón al recurrente cuando para soportar la infracción del citado artículo 822, cuya aplicación indebida constituye el fundamento cardinal que llevó al sentenciador a rechazar la prescripción alegada por la demandada, en cuanto se apoyó en él para descartar la aplicación del artículo 1539 del Código de Comercio, pues evidentemente a ésta no se llega por el camino de la analogía de las normas comerciales, como él lo propone, sino por el expreso envío a las normas de derecho marítimo que hace el artículo 1781 ib.

9. En fin, sirve de refuerzo a lo anterior, y sobre todo para hallar que la interpretación adoptada resulta enteramente compatible con el ordenamiento comercial, el hecho de que sea constatable en la mayoría de las normas que regulan las acciones de los derechos acuático y aeronáutico, que en ellas se consagran breves términos de prescripción; esta verificación permite ver que aplicar a las acciones derivadas del abordaje entre aeronaves una prescripción de largo tiempo acudiendo al régimen de derecho civil, como fue lo que aquí acaeció en las instancias, resulta no sólo excesivo sino fuera del contexto normativo dentro del cual aquellas acciones se hallan regladas, a contrapelo de la regla de hermenéutica prevista en el artículo 30 del Código Civil según la cual “El contexto de la ley [en este caso el Código de Comercio] servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de maneras que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”; y es que de llegar a avalar la Corte transposición semejante, atentaría en últimas contra los criterios y las pautas que el propio legislador estableció para llenar los vacíos que deja el libro de La navegación en el campo de la aeronáutica.

A título de ejemplo véase que: en las normas sobre navegación acuática es de un año el término de prescripción de las acciones derivadas de la avería gruesa (art. 1528), del contrato de fletamento (art. 1677) y del arrendamiento de naves (1687); de dos años las derivadas de la asistencia y salvamento (art. 1554) y de la hipoteca de embarcaciones (art. 1577); y en las normas sobre aeronáutica, es de dos años el término de prescripción de las acciones derivadas de los daños causados a terceros en superficie (art. 1838); de la búsqueda, rescate, asistencia y salvamento de aeronaves (art. 1846); y en general también de manera corta se consagran los términos de prescripción de las acciones que nacen de todo tipo de contrato de transporte.

10. En virtud de todo lo anterior, se llega a la conclusión de que fue por causa de un yerro estrictamente jurídico, que atañe con el escogimiento equivocado de la aplicación de las normas de prescripción, que el sentenciador declaró no probada la excepción de prescripción alegada por el demandado que resultó condenado en la sentencia acusada en casación; dicho yerro se subsana con la recta aplicación al caso de los artículos 1781 y 1539 del Código de Comercio, de los cuales brota que el término de prescripción de las acciones derivadas del abordaje aéreo es de dos años, contados a partir de la fecha del accidente, y su enmienda le impone a la Corte, después de casar la sentencia del tribunal y una vez situada en sede de instancia, declarar probada la excepción de prescripción de las acciones derivadas del abordaje aéreo que fue raíz del litigio entre las partes, toda vez que fácilmente se constata que la colisión ocurrió el 16 de mayo de 1987 según narra la demanda introductoria del proceso, que ésta en cuanto la que fue dirigida contra “Uniban S.A.”, único condenado en la sentencia acusada, fue presentada el 1º de junio de 1990 y notificada el día 11 siguiente; confrontación que muestra al rompe que el término legal de prescripción anotado fue superado con creces. Esta conclusión releva a la Corte de hacer el examen de otros asuntos que no fueron materia de recurso de casación o que se sustraen ante la inminencia del fallo de instancia absolutorio que subsigue al reconocimiento de la mentada excepción».

(Sentencia de casación, agosto 30 de 2001. Expediente 5791. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

_____________________________