Sentencia 5826 de noviembre 9 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ESTATUTO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

LOS ERRORES DE LA COMPILACIÓN NO OCASIONAN SU ANULACIÓN TOTAL

EXTRACTOS: «El ciudadano y abogado Hernán Fabio López Blanco, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998, “por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”, expedido por el Gobierno Nacional.

I. Fundamentos de derecho

En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1. Que el decreto acusado viola de manera ostensible los parámetros que le señaló la Ley 446 de 1998 en su artículo 166, empezando por sus considerandos, ya que en éstos se asevera que el mismo se expide sin cambiar la redacción, ni el contenido de las normas objeto de la compilación, aspecto éste que riñe con la realidad pues, el artículo 11 compiló el 95 de la Ley 446 de 1998 y en su redacción se refirió al artículo 96; y, que de igual manera, el artículo 48 del decreto acusado, al compilar el artículo 85 de dicha ley, lo transcribió mal pues, éste se refirió al artículo 68 y no al artículo 69.

2. Que el artículo 166 de la citada Ley 446 autorizó al Gobierno Nacional para compilar las normas vigentes de dicha ley, de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, lo cual tampoco ocurrió pues, en el decreto acusado se incluyeron algunas disposiciones derogadas, así:

En el artículo 121, que ya fue anulado por el Consejo de Estado, se recopiló el artículo 6º del Decreto 2279 de 1989, que había sido derogado por el artículo 167, numeral 2º, de la Ley 446 de 1998.

El artículo 126, también anulado por el Consejo de Estado, recopiló el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, que había sido modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, norma esta última que ha debido ser recopilada, al no haber sido derogada por la citada Ley 446.

Los artículos 135 y 136 recopilaron los artículos 15 y 16 del Decreto 2279 de 1989 que se encuentran derogados, pues, desde la expedición del Decreto 2651 de 1991 se eliminó toda intervención del juez civil del circuito en los procesos arbitrales.

El artículo 138 recopiló el artículo 26 del Decreto 2279 de 1989, olvidando que el artículo 167, numeral 2º, de la Ley 446 de 1998, derogó el numeral 3º de dicho artículo.

3. Igualmente, aduce el actor que, además de haber sido mal recopiladas, se incluyeron normas que nada tienen que ver con la autorización dada, como ocurrió con el artículo 155 del decreto acusado, que incluyó los numerales 4º y 5º del original artículo 21 del Decreto 2651 de 1991, que expresamente fueron derogados por la Ley 446 de 1998, en su artículo 167; y los artículos 23 y 24 del Decreto 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por el artículo 162 de la citada Ley 446, que se refieren a aspectos propios de la práctica de pruebas, aplicables a todo proceso, y no solo al arbitral.

Que, por ello, también se viola el artículo 150, numeral 2º, de la Constitución Política al no cumplirse con la labor encomendada, sino que se legisló al revivir normas derogadas, al modificar otras vigentes, o al dejar de incluir las mismas, como los artículos 63 de la Ley 23 de 1991, 75 de la Ley 446 de 1998, 5º a 9º del Decreto Reglamentario 800 de 1991, 19 y 20 del Decreto 2651 de 1991 y la Ley 16 de 1981.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

Esta corporación en sentencia de 8 de abril de 1999 (Exp. 5191, actor: Julio Roberto Cepeda Tarazona, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa), declaró la nulidad de los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998, por cuanto en tales disposiciones se compilaron normas derogadas o se dejó de reproducir el texto de otras que, a su vez, habían modificado normas objeto de la compilación.

Significa lo precedente, como se advirtió en el proveído que resolvió la solicitud de suspensión provisional en este proceso, que en relación con las citadas disposiciones operó el fenómeno de la cosa juzgada, lo cual hace innecesario, por sustracción de materia, que la Sala vuelva a hacer pronunciamiento alguno al respecto.

Le asiste razón al actor en cuanto a que el artículo 11 del decreto acusado, que compiló el artículo 95 de la Ley 446 de 1998, en su texto hace referencia al artículo 96 ibídem, cuando en realidad es el 95; el artículo 48 de aquél al compilar el artículo 85 de dicha ley lo transcribió mal pues, éste se refirió al artículo 68 y no al 69; y los artículos 135 y 136 compilaron los artículos 15 y 16 del Decreto 2279 de 1989, derogados por el Decreto 2651 de 1991, en su artículo 19.

En efecto, prevén los artículos 11, 48, 135 y 136 del decreto acusado:

“ART. 11.—Centros de conciliación de facultades de derecho. Las facultades de derecho podrán organizar su propio centro de conciliación.

Dichos centros de conciliación deberán conocer de todas aquellas materias a que se refiere el artículo 66 de la presente ley, sin limitarse a los asuntos de competencia de los consultorios jurídicos (L. 446/98, art. 96)”.

Confrontando esta norma con el texto del artículo 96 de la Ley 446 de 1998 al cual alude, fácilmente se extrae que este artículo se refiere a las tarifas que pueden cobrar los centros de conciliación por sus servicios, es decir, que no guarda relación con la materia regulada en aquélla, cual es la de los centros de conciliación de las facultades de derecho, materia consagrada en el artículo 95 ibídem.

“ART. 48.—Inasistencia. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción laboral haya sido citado con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y no comparezca a la audiencia a la que se citó.

La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante la autoridad administrativa del trabajo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual ésta señalará fecha para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.

La inasistencia injustificada de una de las partes a la audiencia de conciliación, obliga al inspector de trabajo a consignar expresamente este hecho en el acta, para los efectos establecidos en el artículo 69 de la presente ley (artículo 85 Ley 446 de 1998, que modifica el artículo 32 de la Ley 23 de 1991)”.

De la comparación entre el texto transcrito y el del artículo 85 de la Ley 446 de 1998, que modificó al artículo 32 de la Ley 23 de 1991, sin esfuerzo alguno la Sala observa que la norma compilada en su inciso 3º se remite a los efectos del artículo 68 de la citada ley, mientras que aquél alude al artículo 69, el cual por no regular la materia prevista en la norma en estudio, hace que ésta resulte incoherente.

Sin embargo, la Sala considera, como lo observó el señor agente del Ministerio Público, que la cita equivocada de las disposiciones legales objeto de la compilación no entraña en sí un vicio que conlleve la declaratoria de su nulidad, pues, constituye un error mecanográfico susceptible de ser subsanado. Por ello habrán de denegarse las súplicas de la demanda en cuanto a las mencionadas disposiciones se refiere.

Ahora, los artículos 135 y 136 del decreto acusado, prevén:

“ART. 135.—Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de los árbitros haya empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez civil del circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento para que decida de plano. Contra esta providencia no procede recurso alguno (D. 2279/89, art. 15)”.

“ART. 136.—Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del circuito para que decida de plano.

Si se aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la correspondiente decisión se comunicará a quien hizo el nombramiento para que proceda al reemplazo en la forma prevista en la designación.

Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación (D. 2279/89, art. 16)”.

Según el artículo 19 del Decreto-Ley 2651 de 1991 “los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el director del centro de arbitraje”. De tal manera que al consagrar las disposiciones antes transcritas tal facultad en cabeza del juez civil del circuito está compilando normas derogadas por aquél, contrariando el texto del artículo 166 de la citada Ley 446, pues este facultó al Gobierno Nacional para hacer la compilación de normas vigentes relativas a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por ello, es viable acceder a declarar la nulidad de dichas normas.

Finalmente, a juicio del actor no fueron objeto de la compilación, debiendo serlo, los artículos 63 de la Ley 23 de 1991, 75 de la Ley 446 de 1998, 5º a 9º del Decreto Reglamentario 800 de 1991, 19 y 20 del Decreto 2651 de 1991 y la Ley 16 de 1981.

Del texto de tales disposiciones se deduce que ellas guardan relación con los mecanismos alternativos de solución de conflictos por lo que si el decreto acusado fue expedido en desarrollo de las facultades contenidas en el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, esto es, para compilar normas aplicables en esa materia, lo lógico sería que hubieran formado parte del mismo pues, precisamente, ese es el objeto de la compilación.

No obstante, ello, las referidas normas que no fueron compiladas continúan produciendo efectos, pues no han desaparecido del mundo jurídico, y la deficiente compilación, si bien no contribuye en forma eficaz a la labor de las distintas personas interesadas en su aplicación (particulares, demandantes, demandados, jueces, etc.), tampoco puede afectar las normas que sí cumplieron con el cometido de la Ley 446, en cuanto fueron bien compiladas; amén de que una decisión estimatoria de las súplicas de la demanda, esto es, anulatoria de todo el decreto cuestionado, causaría mayor traumatismo que el que se genera con el compendio de normas, así éste no sea completo

En consecuencia, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada en relación con los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998; declarará la nulidad de los artículos 135 y 136 ibídem; y denegará las pretensiones de la demanda, en lo que respecta al restante articulado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada en relación con los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998.

2. DECLÁRASE la nulidad de los artículos 135 y 136 ibídem.

3. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda en lo que respecta al restante articulado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de noviembre de 2000».

(Sentencia de noviembre 9 de 2000. Expediente 5826. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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