Sentencia 5830 de noviembre 12 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

RETENCIÓN DE LA CESANTÍA

NORMA APLICABLE A TRABAJADORES OFICIALES

EXTRACTOS: «Entra la Corte al estudio del tema específico del cargo, que lo es determinar si el asunto bajo examen se rige por la disposición del inciso 3º del literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, como lo afirma el censor, o por el artículo 42 del Decreto 1045 de 1978, como lo entendió el fallo atacado.

Para proceder con método, observa la Sala que el citado decreto delimita claramente el campo de su aplicación al estatuir que el mismo “fija las reglas generales a las cuales deben sujetarse algunas entidades de la administración pública del orden nacional” (artículo 1º), a propósito de lo cual concreta en el artículo 2º: “Para los efectos de este decreto se entiende por entidades de la administración pública del orden nacional la Presidencia de la República, los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales”. De donde es fácilmente deducible que están excluidas de su normatividad las empresas industriales y comerciales del Estado, así como las sociedades de economía mixta, que “están vinculadas a la administración y sujetas a su orientación, coordinación y control” (artículo 1º, parágrafo, del Decreto 1050 de 1968). Es decir, que aunque en el título del aludido decreto se dice que por él “se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”, ha de entenderse, en los términos de los artículos 1º y 2º de aquél, que los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional a quienes van dirigidas las normas del decreto, o sea sus destinatarios específicos, son los de “la Presidencia de la República, los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales”; ninguno otro.

Pero mayor contenido restrictivo aún tiene el propio artículo 42 del multicitado decreto, en cuanto contrae el campo de su aplicación a los “empleados públicos”; o sea que excluye de su imperio aun a los trabajadores oficiales de los organismos integrantes de la administración mencionados en el artículo 2º.

Es punto definido en la sentencia, y no acusado en el cargo, el referente al carácter del actor de trabajador oficial, pues tal se concluye, según las propias palabras del Tribunal, de ser “el Banco Cafetero una empresa comercial del Estado, según lo establecen los Decretos 2314 de 1953 y 2420 de 1968 ... (artículo 5º del Decreto 3135 de 1968)” y “del sector nacional por estar adscrita al Ministerio de Agricultura (Decreto 886 de 1969)” (folios 216 y 221 del cuaderno Nº 1).

Establecido lo anterior, aparece claro que si el ad quem aplicó al caso de un trabajador oficial de una empresa comercial del Estado, del orden nacional —como lo es el demandante— una norma que no podía referirse al mismo, lo hizo de modo indebido e incurrió así en la violación alegada de dicho precepto (el artículo 42 del Decreto 1045 de 1978); lo cual da pie, además, para desestimar el argumento de la réplica, que prohija la posición del Tribunal en este punto.

Ahora, con este entendido, resta sólo establecer si, conforme lo reclama el censor,

la regla jurídica aplicable al caso lo es el artículo 12, lit. h), inc. 3º de la Ley 6ª de 1945, que de serlo resultaría quebrantada en el fallo acusado a consecuencia de no habérsela hecho actuar en la solución de la litis. Dicho precepto —en lo pertinente— es del siguiente tenor:

“En caso de delitos contra la empresa o contra sus directores y trabajadores, por causa y con ocasión del trabajo, así como en el caso de graves daños causados a la empresa, el patrono podrá retener el correspondiente auxilio de cesantía hasta que la justicia decida sobre la indemnización que el trabajador deba pagar, a la cual se aplicarán en primer término los auxilios retenidos”.

La determinación de si dicha disposición legal es la que conviene al tema de la litis, incluye la realización de dos operaciones: de un lado, la de establecer si la referida Ley 6ª de 1945 es o no aplicable a los trabajadores oficiales; y del otro, la de realizar el escrutinio de la normatividad posterior a la mencionada ley, para ver de concluir si alguna norma o estatuto hizo derogación expresa o tácita o reforma de cualquier orden del artículo 12, lit. f), inc. 3º de aquélla.

Con respecto a lo primero, hay que decir que el punto es doctrinariamente pacífico y jurisprudencialmente definido sin hesitación alguna, en el sentido de que en los aspectos que subsisten de sus disposiciones, ciertamente la Ley 6ª de 1945 es estatuto aplicable a las relaciones jurídicas contractuales de los trabajadores oficiales.

Y en cuanto lo segundo, realizado el examen cuidadoso de las disposiciones posteriores referentes al tema de la cesantía y más concretamente de su retención o pérdida, no encuentra la Corte ninguna que expresa o tácitamente haya derogado el mandato contenido en el inciso 3º del literal f) de la Ley 6ª de 1945, pero tampoco un estatuto orgánico completo de la materia por cuya entrada en vigencia pudiera concluirse sin lugar a duda que el citado aparte de la Ley 6ª de 1945 haya dejado de regir. Luego, si pertenece a un estatuto aplicable a las relaciones contractuales de la administración con sus trabajadores oficiales y no ha sido objeto de derogación ni de reforma, el aludido precepto ha debido hacerse actuar en el caso de la litis y como el sentenciador de segundo grado no procedió así, tuvo lugar la infracción denunciada en el cargo, el cual, por consiguiente, está llamado a prosperar».

(Sentencia de noviembre 12 de 1993. Radicación 5830. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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