Sentencia 5830 de octubre 30 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

CONSECUENCIAS DE LA NO COMPARECENCIA DEL DEMANDADO

EXTRACTOS: «Fue insistente el tribunal en señalar que, dada la incomparecencia del demandado a la audiencia de conciliación, el proceso ha debido terminar allí mismo, sobre la base de considerar que el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil enfatiza que en tal evento se “tendrán por ciertos los hechos de la demanda” que admitan confesión. Bien vale, entonces, auscultar el genuino sentido y alcance de tan categórico mandamiento legal.

El proceso contencioso es el escenario judicial donde se discute una controversia preexistente. Así que el contradictorio no es más que una elongación natural del estado de conflicto que movió a las partes a ocurrir ante la justicia, caracterizado las más de las veces por posiciones antagónicas, en donde cada uno de los adversarios ve la razón de su lado, con el objeto de procurarse una posición preeminente sobre el adversario. Mas ocurre que, lado sensu, el contradictorio puede ejercitarse de diversas maneras; y aun no ejercitarse, adoptando una posición puramente pasiva. Su ejercicio va, pues, desde una tenaz oposición hasta el desinterés absoluto por la contienda, pasando desde luego por actitudes intermedias, como el silencio o la rebeldía, momentáneas o definitivas.

En general, y para ir centrando las cosas a lo que aquí corresponde, la rebeldía para arrostrar la litis ha tenido preocupado al legislador de todo tiempo en orden a medir sus consecuencias jurídicas. Tanto más cuanto se tome conciencia de que el proceso civil ya no es cuestión que atañe de manera privada a los sujetos de la contienda; pues que si el Estado está vivamente interesado en que las decisiones de los jueces acompasen con la realidad, su tarea evaluativa será más prospera si las partes actúan en el proceso con mayor intensión, fijando mediante actos positivos sus respectivas posiciones, y más puntualmente, hablando sobre cuál es la certidumbre histórica de los hechos que alindan la controversia.

Y lo era menos antes porque, como se recordará, la corriente filosófica de antaño, más o menos generalizada, tuvo fuerte estribo en la autorresponsabilidad de las partes, quienes, por lo mismo, manejando a su antojo el contradictorio, podían dar pie a la formación de la convicción del juzgador. En este marco de ideas, el silencio, la rebeldía y el desinterés de las partes concurrían a formar una verdad procesal, cuyo valor probatorio variaba de grado según las circunstancias específicas del caso; del resorte de las partes estaba el formar una verdad suficiente para la decisión, sin mayor preocupación de si ésta clase de verdad hacía ecuación con la verdad verdadera, cosa que trataba de justificarse diciendo que el juez civil no está para acentuar el pleito buscando lo que las partes no quieren que busque, sino, muy por el contrario, para pacificarlas y ponerle fin.

En la hora actual, en cambio, merced a la ponderada publicización del proceso civil y la mella que por repercusión padeció el principio dispositivo, la cuestión está orientada a conseguir ante todo la reconstrucción verdadera de la certidumbre histórica de los hechos debatidos. Objetivo que impone una actividad acuciante del fallador, quien, en estrictez jurídica, ha de mirar con interés extremo todo aquello que lo conduzca al haz luminoso de la realidad; ésta ya no pertenece del todo a las partes, porque siendo que la verdad es única, mal puede convenirse en que haya varias respecto de una misma cosa; a todos por igual, pues, atañe conseguirla, y más señaladamente al juez. Desde esta nueva perspectiva, es lógico que ni el silencio, ni la rebeldía, ni en general la conducta procesal de las partes descargarán al juez de su ineludible función inquisitiva; salvo los eventos en que la ley dispone en contrario, entre los que se cuenta el allanamiento —pues en el fondo lo que traduce es el deseo de no pleitear— y los casos que adelante se mencionan. Es que ni aun la confesión, que sería el mayor valladar que se imagine en el punto, ha de estimarse bastante para colmar, sin más, la conciencia del juez —lo que no impide, desde luego, que el juzgador funde en esa prueba su decisión—; conclusión a la que no fue fácil arribar, como que fue menester, entre otras muchas cosas, empezar por mitigar lo ampuloso del título con que otrora se presentaba —reina de las pruebas— y entronizar por ahí derecho el postulado de que toda confesión admite cuestionamiento.

En nuestro medio, una vez sobrevino el sistema de la apreciación racional de las pruebas, se vio empeñoso al legislador en disciplinar más de cerca la conducta procesal de las partes. Dispuso, en línea de principio, que el juez podría deducir indicios del comportamiento que asuman los contendores en el juicio (CPC, art. 249). Regla genérica que le concede autonomía para deducir la consecuencia jurídica que más cuadre con el conjunto de elementos persuasivos recaudados en el proceso. Como se aprecia, allí no está preconcebida una sanción específica, impuesta ex lege.

Y en disposición más puntual todavía, hizo hincapié en que uno de los deberes de las partes está en “concurrir al despacho cuando sean citados por el juez” (CPC, art. 71, num. 5º), amén del de colaborar en la práctica de las pruebas y diligencias, “a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra”, según lo prescribe el numeral 6º ibídem.

En algunas ocasiones considera la ley que es de mayor connotación la rebeldía, y le da un tratamiento singular. Así, no contestar la demanda, o contestarla pero sin pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, constituye un indicio en contra del demandado, pero que, eso si, la misma norma se encargó de calificar como grave. Y no es todo. Porque si esa omisión ocurre en tratándose de ciertos procesos, puede intensificarse la sanción, concediéndose sin más disquisiciones la razón al actor, como cuando da lugar para que se aprueben las cuentas presentadas por éste en el proceso de rendición de cuentas, o provocando de inmediato y dentro de un marco circunstanciado, la sentencia estimativa de las pretensiones, cual ocurre, por ejemplo, en el juicio de restitución de inmueble arrendado (art. 424 —parágrafo 3º— ejusdem).

De igual modo, desobedecer sin causa justificada la citación para absolver el interrogatorio que le propone la contraparte, genera para el renuente una especial consecuencia jurídica, ex adversa, cual es la confesión ficta o presunta (art. 210 in fine), que en últimas se traduce en que su conducta negativa “hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles”.

Así venían las cosas hasta que posteriormente, y en vista del énfasis que se quiere poner en la aceleración de los trámites judiciales, ideóse el mecanismo de procurar, in limine una conciliación de la litis (D. 2282/89). Y afanoso en que teleológicamente no se prodigara oportunidad ninguna para ello, al legislador le mereció particular atención el hecho de que tal cosa se malograra por la rebeldía de las partes. De donde, allende una sanción pecuniaria, quiso que de allí resultase un efecto probatorio importante, como que dispuso que en caso de incomparecencia injustificada “su conducta se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso” (num. 2º del par. 2º del art. 101 hoy vigente del CPC).

Más recientemente aún, en procura de la descongestión de los despachos judiciales, en virtud del Decreto 2651 de 1991, cuya determinación en el punto concreto repitió la Ley 446 de 1998, volvióse a tocar el tema de la incomparecencia a la conciliación del citado artículo 101, disponiéndose al efecto:

Si es del demandado, “se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda y además el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, si las hubiere propuesto”. De tal modo de expresarse la ley concluyó el tribunal que los hechos a que se refiere la norma quedan definitivamente demostrados y, por ende, sin posibilidad de ponerlos en tela de juicio, de modo de concebirse sin más una terminación del proceso con sentencia que satisfaga las pretensiones de la contraparte. Conclusión que, desde luego, luce errónea, toda vez que dicha interpretación no brota ni de la letra de la ley ni del espíritu que informa a la filosofía probatoria hoy existente.

No lo segundo porque equivaldría a hacer tabla rasa de los firmes pasos que han marcado la evolución probatoria de nuestros tiempos, según hubo ocasión de elucidarlo atrás. Ciertamente, constituiría una regresión irremisible que se hiciesen reminiscencias hiperbólicas de corte privatístico del proceso, en el que las partes, circulando por un amplio sendero dispositivo, maniobren la verdad no más que con el timonel de su arbitrio. Hoy se consideran finadas las épocas en que las partes estaban facultadas para fabricar verdades en el proceso civil.

Tanto más es de objetar tal conclusión, si, como en el caso analizado, para la fabricación de verdades formales se utiliza apenas la inacción de una de las partes. Porque obsérvese que la premisa fundamental de la norma es la ausencia de la parte, quien, por lo mismo, nada dice expresamente, y todo se edifica sobre su silencio. ¿Qué es rebelde? De acuerdo. Empero, bien ha de fijarse la vista en que ni siquiera en los momentos más recalcitrantes del sistema de prueba legal llegó a concebirse que la rebeldía aparejase la consecuencia de que los hechos litigiosos quedasen por fuera de toda discusión, y mucho menos que demandase la pérdida automática del pleito. Si, pues, ha de decirse que el juez está obligado a investigar serenamente la verdad aun frente a la admisión expresa que de los hechos hagan las partes, en mucho mayor medida le cabe cuando la dimisión se supone, se finge por el silencio de ellas.

Es irrecusable que hay que asignarle un valor probatorio al silencio del rebelde; ciertamente, la verdad se nutre del lenguaje cruzado de las partes, quienes a buen seguro ingresarán al escenario judicial asumiendo posturas dotadas de tenacidad, y la labor del juez será más hacedera cuando esto suceda. Hablan trascendentemente, si bien no en el ámbito jurídico jura novit curia, sí en torno a los hechos. Pero a dicho propósito no sólo adquiere relieve lo que hagan por medio de actos positivos; lo que dejen de hacer, las omisiones, igualmente sirven de guía al juzgador para la indagación y acaso ejercerá, ante todo dentro de un marco coherente y circunstanciado, alguna influencia persuasiva en el juzgador.

Pero de esto a decir que el silencio no puede dar por resultado sino la verdad misma, hay una distancia que nada tiene de exigua. El vigor de una verdad supuesta, en tanto que bien puede estar en pugnacidad con la real realidad, no pasa de ser valetudinario.

Si, entonces, a un valor probatorio del silencio; pero no con el desmedido rigor de principio abstracto y muchísimo menos equipararlo a la pérdida del pleito.

Tampoco lo primero, habida cuenta que si de caminar apegado a la letra de la ley se trata, al pronto se notará que la expresión se “tendrán por ciertos” necesariamente incluye, no obstante la forma imperativa del verbo, la noción de certeza apenas supuesta. Tener por cierto no equivale, ni con mucho, a ser cierto. Salta a la vista que el legislador, como no podría ser de manera diversa, finge allí la verdad. Y bien es sabido que la ficción añora la inexpugnabilidad. Es exactamente igual a que hubiera dicho, lo cual, en aras de la claridad, hubiese sido lo preferible, que se presumen ciertos los hechos, para de ese modo acentuar que no se trata de hechos que se hagan indiscutibles como por encantamiento, sino de situaciones fácticas que por lo pronto, si se permite la metáfora, están abrigadas por un manto provisional de verdad.

En una palabra, estableció allí no más que una confesión de las llamadas fictas o presuntas; las cuales, como se sabe, son excepcionales en cuanto de la confesión en general se exige que sea expresa, y ellas, por el contrario, son tácitas. De cualquier modo, el caso es que hay un principio denominado infirmación de la confesión (CPC, art. 201), que si comprende a la confesión propiamente dicha, vale decir, la expresa, a fortiori contendrá la meramente presunta.

El colofón de todo es que la consecuencia jurídica que para la incomparecencia injustificada del demandado a la conciliación contempló el Decreto 2651 de 1991 en su artículo 10 —hoy artículo 103 de la Ley 446 de 1998— es la de presumir ciertos los hechos de la demanda, admitiendo en todo caso prueba en contrario».

(Sentencia de casación, octubre 30 de 2000. Expediente 5830. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Velásquez).

____________________________________