Sentencia 5834 de septiembre 9 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

SUSTITUCIÓN PENSIONAL

HIJOS INVALIDOS

EXTRACTOS: «La sustitución pensional es un derecho que faculta a una o a varias personas para entrar a disfrutar de los beneficios de una tal prestación social de que era acreedora antes otra, no significando ello el reconocimiento de ese derecho pensional sino la legitimación para reemplazar a un individuo que venía percibiéndolo.

El régimen de la sustitución pensional se inicia en el Código Sustantivo del Trabajo con la “pensión en caso de muerte” que preveía el artículo 275. Con posterioridad a la disposición antes citada, el legislador profirió una serie de normas, motivadas más que todo por un sentido de equidad, de solidariad humanitaria y de justicia social. Entre esos preceptos pueden citarse el artículo 12 de la Ley 171 de 1961, artículo 1º de la Ley 5ª de 1969, el artículo 15 del Decreto 435 de 1971, el artículo 10 de la Ley 10 de 1972, la Ley 33 de 1973, la Ley 12 de 1975, la Ley 113 de 1985, la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1989.

El concepto de sustitución pensional comprende las situaciones jurídicas derivadas de un vínculo laboral y creadas en favor de los causahabientes del asalariado fallecido, bien sea por transmisión del derecho del causante o por subrogación objetiva del riesgo. Cuando se habla de transmisión del derecho, se indica que la pensión que ha estado radicada en el trabajador como titular de la misma por el hecho de la muerte pasa, por disposición de la ley, a los causahabientes laborales de aquél. En cambio, con la expedición de la Ley 12 de 1975, la sustitución pensional recibe una modalidad diferente a la de la transmisión del derecho pensional. En efecto, el artículo 1º de la ley en referencia dispuso: “El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas”.

En el evento bajo examen no se discute que el padre del demandante venía disfrutando una pensión de jubilación de la entidad demandada, pensión que precisamente éste reclama en sustitución, por habérsele mantenido económicamente por aquél, dada su condición —se reitera— de inválido desde antes de fallecer su progenitor, hecho que ocurrió el 24 de septiembre de 1982 (folio 7).

Las normas que atrás fueron citadas establecen que fallecido el trabajador particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, el cónyuge supérstite o la compañera o compañero permanente, así como los hijos menores del causante incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a recibir en concurrencia con el cónyuge, compañera o compañero permanente, la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al terminar sus estudios, o al cesar la invalidez. La filosofía de la sustitución pensional, no es otra que la de evitar que las personas allegadas al jubilado queden por el simple hecho de la muerte de éste en el desamparo o la desprotección. Es entonces, el anterior, un principio elemental de justicia retributiva y de equidad, mediante el cual los seres que conforman el núcleo familiar del trabajador fallecido tengan derecho a la presentación pensional que éste venía disfrutando, lo que les permite mitigar las penurias económicas que un insuceso de éstos produce.

Sin embargo, para poderse reclamar la sustitución pensional en las condiciones antes dichas, deberá acreditarse la calidad de incapacitado para trabajar por invalidez, como existente antes o al momento de morir el causante, toda vez que la sustitución no opera ipso facto como si de una herencia se tratara, ya que para la estructuración de aquélla deben cumplirse ciertas exigencias que trae la ley. (D.R. 690 de 1974 y D.R. 1160 de 1989).

Pasando la Sala al análisis de la única prueba calificada que el casacionista invoca, que lo es la historia clínica del demandante (folios 24 a 38), se infiere lo siguiente:

Gerardo de Jesús Ortega Restrepo fue atendido por el sistema nacional de salud —Servicio Seccional de Salud de Antioquia—, en las siguientes fechas: 6 de marzo de 1987 (folio 26), 2 de noviembre de 1985 (folio 27), 21 de febrero de 1985 (folio 27 vuelto), 21 de marzo de 1989 (folio 28), año de 1987 (folio 29), 30 de enero de 1988 (folio 29), 5 de mayo de 1988 (folio 29 vuelto), 6 y 7 de marzo de 1987 (folio 30 frente y vuelto), 21 y 22 de marzo de 1989 (folios 31 frente y vuelto y 32). De folios 33 a 36 son todas anotaciones correspondientes al año de 1989. Las de folios 37 pertenecen al año de 1992.

De la historia clínica aludida se infiere que únicamente a partir de 1985 Ortega Restrepo fue atendido por el sistema Seccional de Salud de Antioquia. No obstante habérsele diagnosticado diabetes, enfermedad que le viene disminuyendo su salud en forma progresiva, no hay base alguna que permita deducir de dicha historia que el demandante se encontraba en estado de invalidez para el 24 de septiembre de 1982 (fecha de fallecimiento de su progenitor). A pesar de no quedar ninguna duda para la Sala acerca del actual estado crítico de salud del demandante y las incidencias que suelen derivarse de una situación de esas en el plano económico, no existe soporte probatorio para deducir que los particulares deben cargar con las contingencias que puedan presentarse con los hijos mayores de edad de los jubilados fallecidos con anterioridad a esos hechos, cuando, del tenor literal de la ley se desprende que la dependencia económica por invalidez de los hijos adultos debe estar configurada antes o al momento de la muerte del jubilado y no después como sucede en el caso en estudio. Igualmente, agrega esta Corporación, que el deber de asistencia social, en principio corresponde al Estado (artículo 48 Constitución Nacional) y no a los particulares».

(Sentencia de casación, septiembre 9 de 1993. Radicación 5834. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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