SENTENCIA 5868 DE NOVIEMBRE 16 DE 1990

 

Sentencia 5868 de noviembre 16 de 1990 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INDEMNIZACIONES A PROPIETARIOS DE INMUEBLES

PRUEBA DEL DOMINIO

EXTRACTOS: «El a-quo estimó que en el proceso se acreditaron debidamente los presupuestos para ordenar el reconocimiento de la indemnización por ocupación permanente de un inmueble con ocasión de la construcción de una obra pública. En lo relacionado con la prueba de la propiedad la da por establecida con “la segunda copia tomada del original de la escritura pública 7464 del 17 dé noviembre de 1974 de la Notaría Novena del Círculo de Bogotá con la constancia del registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, efectuado el 31 de diciembre de 1984 en el folio de matrícula 050-02592 34”. (fl. 203 C. 1).

Para la Sala el asunto amerita algunas reflexiones previas, ya que el punto ha tenido diferente tratamiento en la jurisprudencia de la Sala, como pasa a explicarse:

1. Inicialmente se adoptó el criterio general que aparece sintetizado en la sentencia de 20 de octubre de 1987, en el sentido de que quien alega el carácter de propietario de un inmueble con fines indemnizatorios debía no solo acompañar la escritura pública correspondiente con sus notas de registro sino el certificado de libertad. Allí se dijo:

“En casos como el sub judice, en que los actores alegan el carácter de dueños de los inmuebles que sufrieron daños por hechos de la administración, se ha exigido como prueba para la legitimación activa, la copia de la escritura pública de adquisición del inmueble acompañada con el certificado de libertad expedido por el registrador de instrumentos públicos. Se ha hecho esta doble exigencia, porque se estima que la escritura pública prueba la existencia del contrato pero no la tradición. Como también que esa escritura con la nota de registro demuestra que se efectuó la tradición en favor del adquirente, pero no la vigencia del título de dominio en cabeza de la persona que quiera hacer valer judicialmente los derechos derivados de su propiedad. En otras palabras, con es certificado del registrador se acredita la vigencia del título alegado por el demandante al momento de la presentación de la demanda y la prueba de su legitimación activa”. (Expediente 5025. Actor: Pedro José Sarmiento Romero).

En este mismo sentido, se aplicó el criterio el las sentencias correspondientes a los procesos Nos 4493 (Beatriz María Martínez) y 5230 (Germán H. Montoya), en su orden, de enero 30 de 1987 y septiembre 23 de 1988.

2. En la sentencia de octubre 5 de 1989 (Proceso 5320 Marta Cecilia Klinker de Jaramillo, ponente Doctor Gustavo de Greiff Restrepo) se precisó el alcance de la tesis y se dijo que bastaba al actor, en casos como el allí estudiado, demostrar el derecho de propiedad con la escritura de adquisición correspondiente, con las notas de registro de rigor.

En este fallo se expresó:

“La Sala no comparte la tesis del a-quo según la cual la actora debía, además, comprobar que en el momento de promover el presente proceso todavía ostentaba su calidad de dueña mediante certificado actualizado de la misma Oficina de Registro.

Para la Sala, quien invoque ser el propietario de un inmueble, para derivar de este despacho alguna pretensión, sólo tiene que demostrar el título por el cual adquirió y que se le hizo la tradición y si el demandado pone en duda esa calidad, es él quien tiene la carga de demostrar su afirmación, lo que logrará mediante el certificado actualizado de la Oficina de Registro en el cual conste que el actor ya no es propietario.

Ninguna norma, ni del Código Civil, ni del de Procedimiento Civil, ni del Decreto 1250 de 1970, ni en general de cualquier otro estatuto, le impone al que alega ser propietario de un inmueble, la carga de llevar al proceso el mencionado certificado. Lo único que exige el art. 256 del estatuto procesal es que “cuando la ley exija la inscripción de un documento en un registro público, la copia que se aduzca como prueba deberá llevar la nota de haberse efectuado aquélla...

Demostrado por el actor el derecho de dominio mediante el título y el modo, al demandado le correspondería demostrar que se extinguió en cabeza de aquél, si es que desea deducir de este hecho consecuencias en su favor. (Actori incumbit probatio reus in excipiendo fit actor) .

3. Para la Sala es esta la oportunidad para introducir una precisión más, porque estima que ninguno de los dos extremos puede generalizarse, ya que una y otra tesis tienen su operancia, según sea el caso controvertido. Así, si el demandante legitima su interés a una indemnización apoyado en su derecho de dominio, sin que la sentencia favorable implique la transferencia de este derecho, la tesis enunciada en el punto segundo conserva toda su vigencia, puesto que el debate parte de supuesto de que el demandante es titular de ese derecho de dominio y que por eso demanda y no implica propiamente una definición sobre la propiedad misma.

Como ejemplos pueden citarse las acciones indemnizatorias relacionadas con los daños en la propiedad inmueble causados, bien por trabajos públicos o por su ocupación transitoria. En cambio, como sucede con la indemnización por ocupación permanente, quien alega el carácter de dueño tendrá la carga de probar no solo que es titular de ese derecho, sino que está en condiciones de transferirlo al ente público que le debe pagar la indemnización correspondiente. En otras palabras, debe acompañar la escritura pública de adquisición con sus constancias de registro, acompañada del certificado del registrador sobre suficiencia del título. Por algo la misma Corte Suprema cuando conocía de estos asuntos los asimilaba a una acción reivindicatoria, con la diferencia de que como no podía ordenarse la restitución del inmueble, se condenaba al pago de su equivalencia en dinero.

En el sublite la falta del certificado de tradición y libertad se suplió mediante auto para mejor proveer, ya que con la demanda sólo se trajo copia de la escritura N° 7464 de la Notaría 9a de Bogotá, con la constancia de su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (a folio 15 vuelto del C. N° 1).

La exigencia en el caso concreto es clara, ya que el proceso versa sobre la ocupación permanente de inmueble y en éstos, como en los reivindicatorios, el dominio en cabeza del demandante tendrá que quedar adecuadamente probado, para efectos de la legitimación.

Además, es conveniente precisar que de acuerdo con el artículo 219 del CCA (56 del Decreto 2304 de 1989) las sentencias condenatorias dictadas en los procesos indemnizatorios por ocupación permanente de la propiedad con ocasión de trabajos públicos, son título traslaticio de dominio a favor de la administración y por ello es esencial que en el proceso se acredite la vigencia del título en cabeza del demandante; circunstancia que sólo puede ser demostrada con el certificado de tradición y libertad, válido a la fecha de presentación de la demanda, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados. De lo contrario se podría presentar la Situación de que la condena se hiciera a favor de quien ya no es titular del derecho de dominio que se indemniza y que la sentencia no pudiera inscribirse como título traslaticio de dicho derecho por no afectar a dicho titular».

(Sentencia de noviembre 16 de 1990. Expediente 5868. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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