Sentencia 5868 de septiembre 5 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DEMANDA DE SIMULACIÓN INTERPUESTA POR EL CÓNYUGE

MOMENTO EN QUE SURGE EL INTERÉS JURÍDICO

EXTRACTOS: «1. La naturaleza de la simulación, que al fin de cuentas es una acción de prevalencia, porque descartado está que el fenómeno simulatorio acarree un vicio para el negocio jurídico, ha determinado que tanto la doctrina como la jurisprudencia, se hayan preocupado de elucidar quiénes tienen interés para el ejercicio de tal acción, pues lo cierto es que el contrato no puede quedar expuesto a que cualquier persona que tuviera conocimiento del acto, pudiera asistirle interés para hacer prevalecer la verdad. Concretamente la jurisprudencia de la corporación ha exigido para ese efecto que el demandante exhiba un interés jurídico, serio y actual, que no es otra cosa que la titularidad de un derecho cierto cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, que por ser fingido su declaración de simulación se reclama (G.J. CXCVI, 2º semestre, pág. 23). De manera, que en términos generales el interés se pregona de las propias partes; de los terceros que por fungir de acreedores de los contratantes eventualmente se ven lesionados, y del cónyuge, respecto de los actos jurídicos celebrados por el otro, bajo las pautas, desde luego, del régimen económico del matrimonio, previsto por la Ley 28 de 1932, que es el punto que debe examinarse en el caso concreto.

2. A falta de capitulaciones matrimoniales, se forma entre los contrayentes, por el solo hecho del matrimonio, una sociedad de bienes (C.C., arts. 180 y 1774), cuyo haber lo integra, entre otros, “los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso”. Desaparecida, por virtud de la citada ley, la jefatura única de la sociedad conyugal, la mujer y el marido se encuentran facultados para administrar y disponer libremente de sus bienes, entendiendo por tales los de su exclusiva propiedad y los que, a pesar de tener la vocación de gananciales, se radican en cabeza de uno o de otro.

Frente a la autonomía que cada uno de los cónyuges tiene para el manejo de sus patrimonios, sin control o fiscalización del uno sobre el otro, la doctrina y la jurisprudencia se han dado a la tarea de averiguar en qué momento surge el interés válido y tutelable para que los cónyuges se cuestionen entre sí, la libre administración y disposición de bienes. Indudablemente que la facultad de administrar y de disponer libremente de los bienes, se mantiene hasta cuando la sociedad conyugal se disuelve, porque si cada cónyuge “administra y dispone libremente de los bienes que adquiere durante el matrimonio y si sólo cuando se disuelve la sociedad conyugal se considera que ésta ha existido desde la celebración de aquél, síguese que por regla general mientras no se disuelva dicha sociedad ninguno de los cónyuges puede atacar los actos celebrados por el otro, pues si le fuera permitido hacerlo antes esto conduciría en el fondo a anular la facultad que la misma ley concede a cada uno de ellos para disponer libremente de los bienes que adquiera durante la unión matrimonial” (sent. Cas. Civ., oct. 4/82, G.J. CLXV, pág. 216.) (negrilla fuera de texto).

Colígese, entonces, como regla general, que el interés para impugnar de simulados los negocios jurídicos celebrados por el otro cónyuge, surge ordinariamente de la disolución real y efectiva de la sociedad conyugal. Por excepción, ese interés se ha admitido, cuando existe una clara y patente manifestación de aniquilar la sociedad conyugal, lo cual acontece cuando un cónyuge convoca judicialmente al otro con ese propósito, ante todo para impedir que la posible disolución decretada se haga ilusoria en sus efectos. Conforme a los antecedentes jurisprudenciales, inicialmente ese interés se encuadró en la demanda de separación de bienes y aún en algunas medidas cautelares, para posteriormente hacerlo derivar de “una causa que vaya orientada a la disolución de la misma, como la separación de cuerpos, de bienes, el divorcio, etc.”, condicionada su existencia al instante de demandarse la simulación, pues al ser ese interés un presupuesto de la pretensión debe “existir al momento de deducirse la acción porque el derecho no puede reclamarse de futuro”, sin que la sola calidad de cónyuge lo legitime para el efecto.

Pero, según doctrina que mantiene vigencia (sent. Cas. Civ. 127, sep. 15/93), la sola presentación de la demanda no es motivo concluyente para precaver el desenlace del proceso, cualquiera fuere el sentido, pues mientras el demandado no haya sido vinculado legalmente a éste, la demanda puede ser retirada por la parte actora. Por consiguiente se ha dicho que el interés para deprecar la simulación se concreta y actualiza sólo cuando se traba la relación jurídico-procesal, momento a partir del cual se sabe con certeza que en condiciones normales ha de sobrevenir la disolución, pues en el entretanto, por muchos y variados que sean los hechos ejecutados a ese propósito, todo se presenta de manera contingente.

Recientemente la Corte (sent. oct. 30/98, exp. 4920), reiteró su criterio en los siguientes términos:

“Según establece el artículo 1º de la Ley 28 de 1932, entre los atributos que para los cónyuges surge de la constitución de la sociedad conyugal, está el de disposición que durante el matrimonio puede ejercer cada uno de ellos respecto de los bienes sociales que le pertenezcan al momento de contraerlo, o que hubiere aportado a él, prerrogativa que sólo decaerá a la disolución de la sociedad, por cuya causa habrá de liquidarse la misma, caso en el cual “se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio”. Significa lo anterior, entonces, que mientras no se hubiese disuelto la sociedad conyugal por uno cualquiera de los modos establecidos en el señalado artículo 1820 del Código Civil los cónyuges se tendrán como separados de bienes y, por lo mismo, gozarán de capacidad dispositiva con total independencia frente al otro, salvo, claro está, en el evento de afectación a vivienda familiar de que trata la Ley 258 de 1996, independencia que se traduce en que éste no puede obstaculizar el ejercicio de ese derecho. De igual manera, en vida de los contratantes tampoco los eventuales herederos podrán impugnar los actos celebrados por el otro cónyuge, fincados en las meras expectativas emergentes de una futura e hipotética disolución del matrimonio o de la sociedad conyugal, como que si así no fuere se desnaturalizaría su régimen legal.

En cambio, “una vez disuelta la sociedad conyugal los cónyuges están legitimados para demandar la simulación de los actos celebrados por el otro. El interés jurídico es patente en ese caso porque disuelta la sociedad por cualquiera de las causas legales, se actualiza el derecho de cada uno de los cónyuges sobre los bienes sociales para la determinación de los gananciales que a cada uno correspondan. Pero antes de esa disolución puede existir ya el interés jurídico en uno de los cónyuges para demandar la simulación de un contrato celebrado por el otro sobre bienes adquiridos por éste a título oneroso durante el matrimonio cuando la demanda de simulación es posterior a la existencia de un juicio de separación de bienes, o de divorcio, o de nulidad del matrimonio, los cuales al tener éxito, conllevan la disolución de la sociedad conyugal” (G.J. CLXV 211), caso en el cual se exige que “una de tales demandas definitorias de la disolución de dicha sociedad se haya notificado al otro cónyuge, antes de la presentación de la demanda de simulación” (sent. Cas. Civil, sep. 15/93); por supuesto que en eventos como los señalados, asoma con carácter definido una amenaza grave, cierta y actual a los derechos del demandante, toda vez que, sin lugar a dudas, la preservación del negocio simulado acarrea una mengua a sus derechos”.

3. Las anteriores reflexiones vienen al caso para resolver adversamente los cargos segundo y tercero que hacen derivar el interés para demandar la simulación de la simple calidad de cónyuge, porque mientras que la sociedad conyugal no se disuelva o ciertamente se halle en vía de disolución, la calidad dicha no confiere un derecho concreto sobre los bienes que tengan el carácter de gananciales, porque de conformidad con lo previsto por el artículo 1º de la Ley 28 de 1932, la sociedad conyugal existe en estado latente o virtual desde cuando se celebra el matrimonio hasta la disolución, momento a partir del cual se concretizan los derechos de los cónyuges para los fines de su liquidación y pago de gananciales. De manera, que de acuerdo con el régimen aquí establecido, mientras que la sociedad conyugal esté en el estado al cual se ha hecho referencia, cada cónyuge goza de total autonomía e independencia para administrar y disponer de los bienes a su nombre, esto es, sin injerencia o control de parte del otro, pues precisamente esa es la situación jurídica que configura el sistema consagrado por la citada ley, es decir, de separación de bienes pero con participación en gananciales.

Desde esta perspectiva, el interés serio y actual del cónyuge surge no de la calidad de tal, sino del hecho efectivo y cierto de la disolución de la sociedad conyugal o cuando, como seguidamente se dirá, exista un motivo fundado con miras a ese propósito, como lo ha expuesto la jurisprudencia. Por supuesto, que el estado latente o virtual de esa sociedad no coloca al cónyuge en la misma posición de los acreedores frente a los actos fraudulentos de su deudor, porque para que aquéllos se legitimen en las acciones pertinentes con el fin de restablecer el patrimonio de éste, deben estar asistidos de un derecho cierto e indiscutido, esto es, serio y actual, lo que, por lo visto, no puede deducirse de la simple condición de cónyuge.

Ahora, no puede pensarse, como lo pregona el recurrente, que los anteriores lineamientos desaparecieron con la expedición de la Ley 258 de 1996, por la cual se estableció la afectación de los inmuebles a vivienda familiar, pues el fin que la inspiró no fue precisamente reconocer al cónyuge el derecho a controlar y fiscalizar los actos jurídicos de administración y disposición realizados por el otro, sino asegurar la habitación de la familia no sólo durante la vigencia de la relación de pareja, sino ante una eventual ruptura de la misma. Pero además, esa afectación no se extiende a todos los inmuebles adquiridos “en su totalidad por uno de los cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio”, como lo asevera el recurrente, sino únicamente a aquellos destinados a la habitación de la familia, previo el requisito solemne de su constitución mediante escritura pública.

Si bien la jurisprudencia de esta corporación ha admitido con criterio justo y equitativo que aún antes de disolverse la sociedad conyugal puede traslucirse el interés para que un cónyuge demande de simulados los actos jurídicos celebrados por el otro, no debe olvidarse que esa eventualidad ha recibido un tratamiento eminentemente excepcional, como antes quedó expuesto, por cuanto se requiere, reitérase, la constitución de la relación jurídica procesal con ocasión de un proceso donde la parte demandante haya formulado una pretensión con el objeto de obtener la disolución y ulterior liquidación de la susodicha sociedad.

El recurrente insiste en que la separación de hecho y la ejecución de actos previos encaminados a disolver la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, otorga al cónyuge el interés para demandar de simulados los actos jurídicos celebrados por el otro, según se infiere de la acepción “etcétera”, utilizada por la Corte en la sentencia de 4 de octubre de 1982. Sin embargo, como el texto de la correspondiente providencia fue citado parcialmente, no se nota que el sentido que realmente tiene la acepción es diferente, porque allí se dijo que ese interés jurídico debe estar “vinculado necesariamente a la disolución de bienes, como acontece cuando el cónyuge ha demandado la separación de bienes, la separación de cuerpos, el divorcio, la nulidad del matrimonio, etc.”, lo cual significa que sólo una demanda presentada con ese propósito compromete la existencia de la sociedad y le confiere al cónyuge el interés para demandar la simulación, nunca la simple separación de hecho, ni otra cualquiera actuación encaminada a esa finalidad. Al contrario, el complemento de la sentencia es diáfano al señalar que “Sin mediar la disolución de la sociedad conyugal o sin haber demandado al otro cónyuge en litigio que comprometa la existencia de la sociedad de bienes, no procede su pretensión de simulación, por carencia de interés jurídico para impugnar los actos o contratos en ese sentido”, o como más adelante se dijo, “si no se ha disuelto la sociedad, ni judicialmente se pretende su disolución, no aparece el interés jurídico para impugnar los actos ficticios”.

Como se advierte, la Corte siempre se ha referido es a la contienda judicial, razón por la cual, posteriormente, en la sentencia ya citada de 15 de septiembre de 1993, expresó que para disipar la idea latente o virtual de la disolución de la sociedad conyugal, no bastaba la presentación de la demanda, sino que además de su admisión se requería de la notificación de ese auto a la parte demandada de la relación procesal, porque sólo así se garantizaba una definición sobre el punto, positiva o negativa. Esa solución, desde luego, no la compromete el hecho de existir formas anormales de terminación del proceso (desistimiento, transacción, conciliación, etc.), según lo indica la censura, porque tales acontecimientos, incluyendo la misma sentencia, no son del resorte exclusivo de la parte demandante, lo que sí acaece con el retiro de la demanda, sino que en esos actos procesales aparece ya vinculada la parte convocada a afrontar la controversia, al extremo de exigir la ley para el caso del desistimiento, “la anuencia de la parte demandada, cuando ésta no se opuso a la demanda” (C.P.C., art. 342, inc. 5º), en los procesos de disolución o liquidación de sociedades conyugales. Como se ve, se trata es de garantizar el desenlace del proceso, normal o anormalmente, vale decir, tener certeza sobre que habrá de tomarse una decisión que comporte, eventualmente, la disolución de la sociedad conyugal. De ahí que la Corte ni siquiera haya admitido como factores determinantes de ese interés, ni el otorgamiento del poder para la iniciación del proceso respectivo, ni tampoco la mera admisión de la demanda. Al respecto anotó en la sentencia de casación de 15 de septiembre de 1993, lo que hoy cobra vigencia:

“En el anterior orden de ideas, no es jurídicamente de recibo que en el otorgamiento del poder para la iniciación de un proceso orientado a disolver la sociedad conyugal, sea advertible un interés del cónyuge capaz de justificar la ulterior demanda de simulación. Desde luego, tampoco se puede ver en la escueta presentación de la demanda. Pero ni siquiera cuando la misma ha sido admitida. En todos estos supuestos, a la incertidumbre propia de la expectativa, según la delineación que de la misma atrás se trazó, se le suma un factor adicional que interfiere con el desenlace esperado, a saber, el de que todavía no se sabe si habrá o no decisión puesto que el demandante es libre de retirar la demanda mientras el demandado no sea notificado. Sólo cuando esto ocurra, el interés de aquél viene a concretarse y a actualizarse”. (G.J. t. CCXXV, Nº 2464, págs. 484 y ss.).

Concomitante con lo anterior, el recurrente cuestiona que mientras se produce la vinculación de la parte demandada al proceso promovido para obtener la disolución de la sociedad conyugal, dicha parte, además de evadir la notificación, “estará en la posibilidad de enajenar los bienes” de esa sociedad, “burlando y birlando a su cónyuge”, sin advertir que en esos mismos procesos es factible practicar con antelación a la notificación del auto admisorio, el embargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales y que estuvieren en cabeza del otro cónyuge (C.P.C., art. 691), inclusive la inscripción de la demanda en los eventos contemplados en el artículo 11 de la ley de afectación a vivienda familiar (258/96).

El desenlace del cual se viene hablando resulta imposible buscarlo tratándose de la disolución de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, porque si bien el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976, subrogatorio del artículo 1820 del Código Civil, abrió la posibilidad jurídica de la intervención directa de los cónyuges con ese propósito, esa intención no puede quedarse ahí, sino que tiene que elevarse a “escritura pública”, única manera de su concreción, porque si no hay tal (el mutuo acuerdo), inexorablemente los cónyuges deben acudir al proceso judicial para obtener contenciosamente esa disolución, luego no hay razón alguna para ver en el mutuo acuerdo, concretamente en la “etapa previa”, para utilizar los términos de la censura, la misma connotación de la trabazón judicial, mucho menos cuando, como se expone en los hechos 15 y 16 de la demanda, el apoderado del demandante sólo “se comunicó con doña Leonor con miras a adelantar una separación de bienes por mutuo acuerdo”, pero ésta “le dio largas al asunto sin resolver cosa alguna sobre el particular”, hechos estos, entre otras cosas, no aceptados por la parte demandada. Por lo tanto, el intercambio de conversaciones bien pudo haber arribado al mutuo acuerdo para la disolución de la sociedad conyugal, evento en el cual ha debido elevarse a escritura pública, pero también pudo frustrarse, contingencias estas que sólo dejarían entrever la idea latente o virtual de la disolución, pero no la certeza efectiva de una determinación en tal sentido.

4. Por último, puede ser cierto que “con recursos propios” (cargo primero), el cónyuge demandante haya construido en el lote que figuraba a nombre de la cónyuge demandada, una casa de habitación y un apartamento anexo, pero esta circunstancia no entrega a aquél el interés jurídico exigido para atacar de simulados los actos o negocios jurídicos celebrados por ésta, porque en el punto vuelve a jugar el tema relativo a que la legitimación para ese propósito sólo deviene de la disolución real y efectiva de la sociedad conyugal, o de la presencia de una demanda judicial que comprometa la existencia de la misma, debidamente notificada a la parte demandada.

Insistentemente se ha dicho que a falta de capitulaciones matrimoniales, el sólo hecho jurídico del matrimonio sustrae de la esfera de los cónyuges lo relativo a la regulación de su régimen económico. Pero como la supuesta o real existencia de un crédito en contra de la sociedad conyugal y en favor de uno de los cónyuges, o viceversa, vale decir, la aplicación de la teoría de las recompensas, inclusive la expectativa misma de los gananciales, sólo ha lugar una vez disuelta dicha sociedad (C.C., arts. 1821 y 1826), no queda duda que como su extinción conlleva la liquidación, el tratamiento de esos temas sólo surge en esa etapa, no antes.

Lo anterior indica, entonces, que para arribar a esos propósitos, obligatoriamente se requiere la disolución de la sociedad conyugal, o bien comprometer su existencia mediante una demanda idónea para ese efecto, que, como se dijo, debe estar notificada a la parte demandada. Lo contrario sería admitir que el derecho puede reclamarse de futuro, como parece entenderlo el recurrente al pretender que se restituya para él, no para la sociedad conyugal, la mitad de los derechos sobre el inmueble, pese a reconocer que por igual el citado bien ingresó al haber social, lo cual constituiría una forma sui generis de liquidar esa sociedad, aún en estado latente o virtual. En últimas, el recurrente sería un acreedor de la sociedad conyugal, pero su derecho queda diferido a la disolución y liquidación de la sociedad dicha (C.C., art. 1783, num. 3º).

En cuanto a la hipótesis del recurrente sobre el otorgamiento de un poder para adelantar un proceso de común acuerdo y las tratativas destinadas a la concreción del mismo, la Corte por el momento se releva de analizar la incidencia de dichos hechos en el cuestionado interés, por cuanto los mismos ni siquiera fueron demostrados.

Por todo lo tanto, los cargos no prosperan».

(Sentencia de casación, septiembre 5 de 2001. Expediente 5868. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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