Sentencia 588 de septiembre 20 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 1100122030002001-0588-10, sep. 20/2001

M.P. Nicolás Bechara Simancas

Despacha la Corte la impugnación formulada contra el fallo el 9 de agosto de 2001 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del cual se denegó la solicitud de amparo constitucional elevada por la corporación de Abastos de Bogotá S.A., contra el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá.

Antecedentes

—Actuando por intermedio de apoderado judicial, la accionante reclama protección de su derecho fundamental al debido proceso, que considera conculcado por el juez accionado, quien dentro de un proceso ordinario de dominio adelantado por ella contra Myriam Morales y Atanasio Rodríguez, señaló como costas incluyendo agencias en derecho por la suma de $ 3.060.000.000.

— En el referido proceso se reclama el reconocimiento de dominio sobre un predio denominado la Cantera, que fue invadido por personas a quienes los demandados cedieron la posesión.

— Surtido el trámite ordinario, el Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá deniega las pretensiones argumentando falta de identidad del predio pretendido y falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva, al no haberse demandado a los poseedores actuales que se estiman en más de tres mil.

Recurrida la sentencia, la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, que estimó las costas en segunda instancia en la suma de $ 1.000.000.

— Pero en un hecho judicial sin precedentes, el juez accionado liquidó el 29 de enero de 2001 la desproporcionada suma de $ 3.060.000.000, como costas, sin fundamento ni explicación alguna.

— Esa estipulación de costas fue objetada por la accionante, al objetar la liquidación, habiéndose decretado una pericia y designado los auxiliares de la justicia para ello en marzo 9 de 2001.

— En la misma fecha el juez acepta un desistimiento del apoderado de los demandados presentado el 12 de febrero de 2001, sin nota de presentación personal, requerida para tales fines. El escrito pretendía la aceptación del desistimiento a la objeción formulada por los demandados a la liquidación de costas. El juez no verificó el mandato legal que imponía la presentación legal del escrito.

— Dicha actuación infringió el derecho de defensa de la demandante, pues después de que se le decretó la prueba pericial solicitada, se admitió la maniobra del apoderado de los demandados al desistir de la objeción de las costas, provocando que quedara en firme la liquidación realizada.

Las agencias en derecho señaladas no tiene justificación ni razón que las explique y equivalen a 111.5 salarios mínimos legales mensuales durante ocho (8) años el juez por el despropósito, negó la petición al considerar que el mandamiento de pago estaba acorde con la demanda ejecutiva.

— Tales decisiones lesionan gravemente el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales cuyo restablecimiento se reclama, y por tanto solicita que por vía de la acción constitucional se deje sin efectos el auto que aprobó el desistimiento de la objeción a las costas formuladas por el apoderado de los demandados, y en su lugar se dé curso a la objeción a la liquidación de costas presentada por la demandante en aquel proceso y la práctica del dictamen pericial decretado.

A la presente acción constitucional concurrió como coadyuvante la Procuraduría General de la Nación, mediante procurador judicial delegado para asuntos civiles (fls. 64 y ss.).

Respuesta del accionado

El juez contra quien se dirige la acción se limitó a remitir en copia al juez constitucional parte de la actuación surtida y colocó a disposición de éste el original del expediente, sin exponer relación alguna de los hechos que originan la queja.

Fallo del tribunal

El a quo no accedió a brindar el amparo solicitado al estimar que no se incurrió en vía de hecho, porque pese a la eventualidad de error, la entidad accionante tuvo a su disposición, por intermedio de su apoderado, procurar la corrección al interior del proceso, proponiendo la respectiva objeción o interponiendo los recursos contra la providencia que aceptó el desistimiento, actuación la primera, en la que fue negligente el apoderado de la accionante, pues objetó en forma extemporánea la liquidación de costas a que fue condenada la entidad por él representada, y guardó absoluto silencio frente al auto que admitió el desistimiento a la objeción a la liquidación de costas que presentó la parte demandada, es decir, no hizo uso de los recursos y oportunidades que le otorgaba la ley procesal para su defensa, derechos que fueron garantizados por el juzgado accionado.

Señala que la acción de tutela no puede ser utilizada como instrumento para suplir las deficiencias, errores y descuidos de quien ha dejado vencer los términos o expirar las oportunidades de defensa judicial o para interponer los recursos.

Impugnación

Tanto la entidad accionante, como la Procuraduría General de la nación, coadyuvante, impugnan el fallo, fundamentando su desacuerdo principalmente en que el parámetro para determinar las agencias en derecho es equivocado, pues no se partió de la cuantía de la pretensión en la demanda al proceder a señalar la suma exorbitante por agencias en derecho, con soporte en un dictamen pericial estimado sobre un predio que la propia sentencia califica como distinto del pretendido. Consideran entonces que en la actuación del juez concurren todos los factores constitutivos de una vía de hecho que lesiona gravemente el patrimonio estatal.

Consideraciones

1. Se solicita por parte de la corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos” protección a su derecho fundamental del debido proceso, quebrantado, según lo afirma, por el Juez Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, en el trámite del proceso ordinario reivindicando adelantado por dicha accionante contra Myriam Morales de Morales y Atanasio Rodríguez Cely, en orden a que el accionado “suspenda en forma” inmediata los actos perturbadores al debido proceso...”, consistentes, en términos de la queja que se sintetizan, en que, en tal proceso ordinario, se señalaron contra “Corabastos” unas “agencias en derecho extravagantes y desproporcionados por valor de tres mil sesenta millones de pesos ($ 3.060.000.000) sin fundamento ni explicación alguna “(auto, ene. 29/2001), fuera de que el accionado aceptó irregularmente el desistimiento presentado por la parte demandada en aquél proceso al trámite de la objeción a la liquidación de costas abierto a instancias suyas (auto, mar. 9/2001) por cuanto ese desistimiento no se presentó personalmente como lo ordena del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, conducta con la que el juez accionado le abrió paso a la aprobación de costas, expedida a continuación, que dejó en firme el monto de las agencias en derecho, privando a la parte aquí actora “de obtener un pronunciamiento expreso de as razones que condujeron al juzgado a tasar unas agencias en derecho tan desproporcionadas”, toda vez que, para tal efecto, la accionante había solicitado y obtenido que en el trámite de la objeción, propuesto igualmente por ella, se decretara la práctica de prueba pericial.

2. La corporación accionante no lo dice expresamente, pero así se desprende del expediente que contiene esta actuación, que la objeción a la liquidación de costas por ella presentada fue desestimada por el accionado en razón de haberse presentado en forma extemporánea, tal como lo resolvió éste en auto de 18 de mayo de 2001, en el que precisamente revocó,a pedido de la contraparte, el auto que le dio como a esa objeción de Corabastos y aprobó “la liquidación de costas en la suma de tres mil sesenta millones de pesos ($ 3.060.000.000)” (fl. 41. c. 1).

3. La Procuraduría General de la Nación coadyuvó la acción de tutela promovida por Corabastos, aduciendo que el escrito de desistimiento a la objeción de costas no fue presentado personalmente por los allá demandados, y que las agencias en derecho no se fijaron sobre la cuantía del proceso señalada en la demanda ($ 5.120.000.000), sino conforme al dictamen pericial practicado en el proceso ordinaria reivindicatorio, que no era del caso parecía por cuanto en él “no se determinó la identidad del predio” ni “si éste estaba en posesión de las demandados”, de lo que deduce y agrega la entidad coadyuvante “no podía afirmarse que los frutos civiles y naturales corresponden al predio objeto de la litis y si se adelantaron mejoras tampoco se pudo establecer quien las realizó y su valor para determinar a quién corresponden, como se dijo en la sentencia”.

4. No es preciso esfuerzo de mayor consideración para concluir que si, al tenor delos numerales 3º, 4º y 5º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas, “liquidación que las partes podrán objetar dentro de los tres días siguientes a aquel en que quedare a disposición de ellas, pues si no es objetada oportunamente “será aprobada por auto que no admite recurso alguno”, ello significa que cuando las partes o una de ellas no actúan en la precisa forma en que lo ordenan esos preceptos, no pueden aspirar luego a que la fijación de agencias en derecho pueda pueda discutirse en otra etapa procesal, y menos que tan particular asunto pueda ventilarse al amparo de la acción de tutela, cuando por todos es ya sabido que su procedencia está sujeta a la ausencia de todo otro medio de defensa al alcance del interesado, bien porque no está consagrado en la ley, ora porque estándolo se agotó oportunamente por aquél sin resultado positivo alguno.

De lo precedente fluye enfático afirmar que si Corabastos objetó tardíamente la liquidación de costas que en el citado proceso ordinario reinvindicatorio corrió en traslado el juzgado veintinueve civil del circuito de esta ciudad, no puede dolerse ahora en esta acción de tutela de comportamiento indebido del juez accionado al fijar las agencias en derecho, porque, como lo dijo el juez constitucional de primer grado, esa queja no tiene cabida en el marco del artículo 86 de la Carta Política.

Tampoco cabe reparo válido del accionante respecto de la precisa decisión del juez accionado de aceptar el desistimiento de la parte allá demandada al trámite de la objeción de las costas por ella presentado y abierto por aquél, puesto que si esa apertura obedeció a la oportuna actuación que en tal sentido propicio esa parte del proceso ordinario, apenas es lógico aceptar que ella, cualquiera hubiese sido el motivo determinante de esa decisión, estaba legitimada para desistir de lo que por su propio interés se inicio, cuanto más sin mediar interés legal en la culminación de ese trámite. Y en cuanto a que el desistimiento no fue presentado personalmente como lo indica el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, de lo que también se duele la accionante, es preciso responder que tratándose ese defecto de una de las irregularidades previstas por el parágrafo del artículo 140 de la codificación citada, hay que tenerla por saneada en la medida en que la aquí accionante ningún reparo formuló oportunamente por este concepto frente al auto del juez accionado que admitió ese desistimiento.

5. A pesar de las reflexiones precedentes, muy otras son las consideraciones que cumple hacer a la Corte respecto de la coadyuvancia dada a la presente acción de tutela por la Procuraduría General de la Nación, pues no es dable olvidar que, de un lado, ella no fue parte en el susodicho proceso ordinario reivindicatorio promovido por “Corabastos”, a quien por tanto le quepan los mismos reparos de conducta negligente ya hechos a dicha parte, y por cuanto es de tener en cuenta muy especialmente, de otro lado, que la Procuraduría General de la Nación ha hecho su intervención en esta acción de tutela “ en defensa del orden jurídico y del patrimonio público”, como se lo permiten y ordenan los artículos 277, numeral 7º de la Carta Política y 31-1 del Decreto 262 de 2000, reglamentando este último por los artículos 15 y 16 del la Resolución 17 del 4 de marzo del 2000, todo lo cual amerita que esta Sala de la Corte analice, obviamente desde otra perspectiva, su intervención, en tanto frente a ella ya no es posible predicar, como se dijo, que haya dejado agotar medios ordinarios de defensa, y por cuanto su gestión, en los términos de la ley, compromete los más altos intereses de la colectividad.

Lo anterior es así, porque frente a la Constitución Política, es preponderante el interés general sobre el particular, o individual, y ello es argumento suficiente para encontrar en la Procuraduría General de la Nación interés legítimo para actuar en este proceso, tal como se desprende del artículo 277 de la Constitución Política, a cuyo tenor deberá intervenir particularmente en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, pudiendo incluso iniciar de manera independiente las acciones que considere necesarias para el cumplimiento de tales fines (C.P., art. 277, num. 7º, inc. final).

De manera que si el derecho de acción o legitimación en la causa que corresponde a la Procuraduría General de la Nación, proviene de la lesión real e inminente del debido proceso atañadero al accionante pero en el que está comprometido el interés general por la afectación que comporta para el patrimonio público la decisión combatida, no cabe predicar que su coadyuvancia en este proceso de tutela, sea improcedente, con más veras si no constituye un ilegal desplazamiento del ente administrativo accionante, en tanto, como defensor constitucional del interés general, actúa en representación de la colectividad.

6. Puestas en este estado las cosas, es procedente que la Corte examine entonces, en la actuación judicial que se censura, si los cuestionamientos que aquí hace la Procuraduría General de la Nación al juez accionado constituyen o no la vía de hecho denunciaba, en particular si a ello conduce la fijación del monto de las agencias en derecho liquidadas en el proceso de que se hace mención en este proceso.

Para dilucidar el punto, es preciso anticipar que el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 199 del Decreto 2282 de 1989, dispone:

“Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas establecidas, con aprobación del Ministerio de Justicia, por el colegio de abogados del respectivo distrito, o de otro si allí no existiere. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (negrilla fuera del texto original).

Desde luego que todos esos factores deben conjugarse para que las agencias en derecho sea una razonable compensación económica por la gestión profesional realizada, que descarta excesos o defectos repugnantes a los principios de justicia y equidad.

En ese orden de ideas, el monto económico de la pretensión, como uno de los factores de cuantificación de las agencias en derecho a tener en cuenta por el juez, debe determinarse atendiendo a la estimación hecha por el demandante en su demanda, si no fue objeto de controversia (art. 75-8), siempre que esté acorde con los parámetros establecidos en los artículos 19 y 20 del Código de Procedimiento Civil, el último de los cuales indica claramente cómo se determina la cuantía para efectos procesales, adscribiéndola al valor de las pretensiones al tiempo de la demanda.

Pues bien, del texto del escrito demandatorio se tiene que la parte demandante al señalar los factores determinantes de la competencia y la cuantía, dijo: “se trata de un proceso ordinario de mayor cuantía, regulado en los artículos 396, 398 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

“Dada la naturaleza de la acción, el lugar de ubicación del predio, el domicilio del demandante y los demandados por determinar y la cuantía que se estima en cinco mil ciento veinte millones de pesos m/cte ($ 5.200.000) (sic) de pesos (128.000 m 2 a $ 40.000 m 2 ), es competente señor juez para avocar el conocimiento del presente proceso” (sic).

En consecuencia, la cuantía a tener en este caso para la fijación de las agencias en derecho, no podía ser otra que la estimada por la parte demandante en los términos que quedaron reflejados, es decir, la suma de $ 5.120.000, (sic) pues dicha estimación no fue discutida por la parte contraria en el proceso ordinario reivindicatorio tantas veces mencionado.

Y no podía atenderse a valor distinto, y menos al que arrojó el dictamen pericial que de un predio se hizo dentro del proceso, pues como con acierto lo señala la Procuraduría General de la Nación, la propia sentencia descalificó en sus consideraciones que el predio valorado por los expertos fuera idéntico al pretendido en la demanda, por lo que si para el despacho judicial accionado, se trató de predios distintos, resulta ilógico a todas luces que el mismo funcionario hubiese admitido luego el valor de esa pericia como constitutiva de la cuantía del proceso, ya que no se podría aplicar razonablemente al bien diferente materia de la pretensión, mayormente cuando, según lo visto, el actor fijó claramente en la damanda el interés económico de la misma, no discutido por la parte allá demandada.

7. Entonces, si para señalar las agencias en derecho en el presente proceso el juez partió exclusivamente del valor asignado a un predio, que para el mismo juez era distinto del pretendido en la demanda, sin tener en cuenta además los otros factores ya enunciados de cuantificación de las agencias en derecho, incurrió, como lo asevera la Procuraduría General de la Nación y se impone por fuerza de las consideraciones precedentes, en una vía de hecho en la valoración probatoria porque la prueba de que se sirvió para ello reflejaba el valor de un bien distinto la que era objeto de la pretensión, y en esa actitud dejó de lado la prueba que de la cuantía le brinda la demanda, en cuyo texto el actor, se insiste, indicó el monto de su pretensión.

8. Es claro que en la actuación que se revisa el juez desembocó en un juicio distante de la prueba que debía considerar, traduciéndose por ello su actuación en arbitraria por no estar ajustada a la ley ni a la pieza procesal llamada a servir de fundamento a su determinación en los términos del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. Pero además, ese vicio, constitutivo como es de una vía de hecho derivada de la evaluación judicial de las pruebas, tuvo enorme trascendencia en la decisión (1) que señala las agencias en derecho que correspondía tasar en este proceso, porque la cuantía estimada no consulta los parámetros pertinentes, aun si se considerara que la actuación desplegada por el apoderado de la parte demandante estuvo en el más alto nivel para cada uno de los factores atrás señalados por la Corte, aspecto por el que no puede transitar el juez constitucional so pena de invadir la órbita del natural, a quien está reservada dicha valoración.

(1) “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinalmente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia...” CCCNAI... Sentencia T-442 de 1994.

Es evidente para la Corte, que la conducta del funcionario accionado plasmada en la providencia judicial proferida por él señalando las agencias en derecho, sobrepasa los límites de interpretación lógica de la ley, y distorsiona sin razón atendible los soportes fácticos y probatorios de la referida actuación, es decir, la decisión refulge como arbitraria, y por ende, contraria al orden jurídico.

9. Lo expuesto implica que desacertó, entonces, el fallador constitucional de primer grado, cuando al resolver esta acción de tutela denegó su prosperidad por no advertir la vía de hecho denunciada, lo cual traduce que el fallo impugnado deba revocarse, para en su lugar acceder a la demanda tutelar requerida por la Procuraduría General de la Nación a favor de la corporación de Abastos de Bogotá S.A “Corabastos”, sociedad de economía mixta del orden nacional vinculada al Ministerio de Agricultura, en defensa del debido proceso concerniente a la entidad accionada pero en el que está vivamente interesada la comunidad por la indudable afectación de patrimonio público producida por aquel pronunciamiento. Se dejará en consecuencia sin efectos el auto que hizo el señalamiento de las agencias en derecho, por el trámite en primera instancia, y la demás actuación que de él depende, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, el juez accionado proceda a reponer la actuación dentro de los términos expuestos en este fallo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad dela ley. REVOCA el fallo de fecha y procedencia preanotadas. En su lugar,

RESUELVE:

1. Conceder tutela al derecho fundamental al debido proceso de la corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos”, sociedad de economía mixta del orden nacional vinculada al Ministerio de Agricultura, solicitado por la Procuraduría General de la Nación en defensa del debido proceso atañadero a la accionante pro en el que está comprometido el interés general por la afectación del patrimonio público, derecho que resultó lesionado con la actuación judicial adelantada por el Juez Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá.

2. Dejar sin efectos el auto proferido por el juzgado accionado por el que hizo el señalamiento de las agencias en derecho por el trámite en primera instancia, y la demás actuación que de él depende, para lo cual adoptará las medidas necesarias.

3. Ordenar al juez accionado que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo proceda a reponer la actuación, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión.

Para su cumplimiento, envíese al juez accionado con el oficio respectivo, copia de la presente providencia.

Notifíquese esta determinación a las partes y envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese.

Magistrados: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

_________________________________