Sentencia T-59043 de marzo 6 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobada Acta Nº 72

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil doce.

Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela propuesta por Luis Felipe Bustamante Restrepo, por intermedio de apoderado judicial, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y el Juzgado 25 Penal del Circuito de la misma ciudad, por la presunta vulneración de su derecho fundamental del debido proceso, actuación a la cual fueron vinculados la Fiscalía 121 de la Unidad Seccional de Delitos Contra la Vida y la Víctima dentro del proceso penal.

Antecedentes y fundamentos de la acción

1. La parte accionante cuestiona las decisiones proferidas el 11 de julio de 2011 por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Medellín y el 2 de noviembre del mismo año por la Sala Penal del Tribunal Superior de la citada ciudad, que la confirmó, mediante las cuales declararon la nulidad del allanamiento al cual se sometió el actor frente a los cargos que la Fiscalía le imputó por el delito de homicidio bajo la circunstancia atenuante de la ira e intenso dolor.

2. Estima el apoderado del accionante que las autoridades demandadas no podían anular el allanamiento en tanto el mismo provino de un acto voluntario e informado del procesado y en esa medida resultaba obligatorio para aquellas, en tanto no se desconocieron garantías fundamentales, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

3. Considera que la declaración de nulidad del allanamiento obedeció a un criterio caprichoso y sin fundamento jurídico, pues hasta el momento de la imputación la Fiscalía solo ostenta evidencias físicas y material probatorio, de manera que no era correcta la nulidad argumentando que no existe congruencia entre los hechos y la imputación, pues a tal conclusión no puede llegarse si aún no existen pruebas para tal cosa.

4. Por lo anterior solicita se anulen los pronunciamientos judiciales antes indicados y se proceda a ordenar la aprobación del allanamiento.

Respuesta a la demanda

Las autoridades judiciales accionadas, como respuesta a la demanda, aportaron copia de las decisiones judiciales cuestionadas; por su parte, la Fiscalía manifestó compartir los argumentos del demandante y apartarse de las providencias censuradas, por estimar que el ente acusador “...le dio a la imputación fáctica la calificación jurídica correspondiente, y ello con base en los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenidas”.

También intervino el apoderado de la víctima, para quien debe mantenerse la firmeza de los procedimientos atacados, destacando que no existe inmediatez en el ejercicio de la acción pues se interpone más de tres meses después de que se confirmara la providencia de primer grado y con el objeto de evitar la imposición de una medida de aseguramiento.

Consideraciones de la Corte

1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”(1) que implican una carga para el actor, no solo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional(2).

Tan exigente es, que según la doctrina constitucional los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”(3).

f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, se insiste, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “...si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”. (C-590/2005).

Su cualidad habilitadora, en el caso de los primeros, hace que su ausencia repercuta en la declaratoria de improcedencia de la acción.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales no es excepcional, sino excepcionalísima.

Para la Sala, no está por demás indicar que cuando la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que en reciente pronunciamiento expresó:

“La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar” —negrillas y subrayas (sic) fuera del original— Sentencia T-780 de 2006. Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

Baste entonces con que se incumpla uno de los requisitos de habilitación tan profusamente expuestos en esta providencia, para relevar al juez de tutela del estudio de fondo del asunto puesto a su conocimiento.

3. Cumplimiento de las causales generales de procedibilidad en el caso concreto.

Corresponde a la Sala, coherente con lo anteriormente expuesto, determinar si en este caso se cumplen las causales de procedibilidad que permitirían una revisión de fondo sobre el asunto propuesto; en ese contexto, se observa que ello amerita una respuesta afirmativa, en tanto el accionante identifica un problema de estricto contenido constitucional, en el cual acusa a la decisión atacada de desconocer el derecho fundamental del debido proceso, pues las autoridades demandadas, en claro desconocimiento de las preceptivas procesales propias del sistema acusatorio implementado con la Ley 906 de 2004, anularon un allanamiento libre y voluntario so pretexto de que la conducta imputada no coincidía con los presupuestos fácticos, siendo que la actuación solo avanzó hasta la fase de imputación y procesalmente no existían pruebas sino únicamente elementos de investigación que fueron los que apoyaron tanto a la Fiscalía como al implicado en el momento de allanarse a los cargos.

Visto así el asunto, en la forma concreta y sencilla en que es planteado en la demanda, puede concluirse que existe un asunto constitucional que amerita un pronunciamiento del juez de tutela, cumpliendo la citada condición de procedibilidad.

Respecto a las demás, hay inmediatez porque la decisión atacada data del 2 de noviembre de 2011 y la demanda se radicó en la Corte el 21 de febrero de 2012, siendo que la posición de esta corporación respecto de un plazo razonable para interponer esta acción se ha fijado en seis (6) meses(4). De otra parte, la decisión acusada no anuncia ni legamente tiene otros recursos en vía ordinaria que puedan ser ejercidos, los hechos y fundamentos se desarrollan de manera concreta y no se trata de una decisión de tutela, por lo que el primer paso para la viabilidad de la acción se encuentra superado.

4. Análisis del caso concreto desde el punto de vista constitucional.

Del estudio de los argumentos de la demanda, lo primero que corresponde descartar a la Corte es si los mismos configuran un ataque de instancia respecto de la decisión cuestionada, pues bien se tiene dicho por la jurisprudencia que la procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, opera exclusivamente “...cuando en las decisiones judiciales se configure una ostensible deviación de las normas sustanciales o procesales, es procedente su anulación a fin de dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”(5) —negrillas fuera del original—, siendo que el criterio de lo “ostensible” constituye un carácter fundante, a fin de que el juez de tutela no intervenga en la definición de meras divergencias interpretativas para las cuales no estaría habilitado, según también se ha explicado:

“Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada”(6) (negrillas y subrayas fuera del original) (sic).

En ese contexto, la Sala considera que se presentó una ostensible vía de hecho en la actuación, afectante de la garantía fundamental del debido proceso por desconocimiento de los límites de competencia que le correspondía respetar al Tribunal Superior de Medellín y al Juzgado 23 Penal del Circuito de la misma ciudad, en la solución del problema concreto que tuvieron que resolver al momento de aprobar el allanamiento a cargos al cual se sometió la parte accionante.

Para efectos de lo anterior, debe considerarse que, tanto en la Ley 600 de 2000 como en la Ley 906 de 2004, el ejercicio de la acción penal está en cabeza de la Fiscalía, normatividad esta última que desarrolla los términos constitucionales que en tal sentido implementó el Acto Legislativo 03 de 2002 en la siguiente forma:

“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”. Artículo 2º.

Ahora bien, respecto de lo anterior, existe una postura compartida tanto en los modelos anglosajones como en el continental europeo según la cual el control de los hechos o del acontecer fáctico le corresponde al ente acusador; en ese sentido, en el primero de los modelos se afirma, por ejemplo, que “...el juicio no es una instancia de investigación”(7) y, por lo tanto, los hechos y los elementos deben estar acreditados antes de llegar a la etapa judicial, siendo esa labor exclusiva de las partes.

Por su parte, los tratadistas europeos igualmente resaltan que:

“La misma existencia del proceso tiene que presuponer que el juzgador no puede determinar qué hechos son los que se imputan ni a quién se imputan, pues si así fuera el juzgador se convertiría en acusador”(8).

En esa medida, si el investigador es el directamente relacionado con el acontecer fáctico, resultaría un desbordamiento de competencias que, contrario a las evidencias que la Fiscalía tiene para soportar fácticamente una imputación, el juez pretenda afirmar que existen o pueden existir otros elementos fácticos que sugieren que los hechos sucedieron con un alcance distinto, como sucedió en este caso donde el tribunal razonó así:

“(...) (i)ncuestionables resultan las circunstancias de hecho que propiciaron la actuación y que serán nuevamente referidas en los aspectos particulares que permitirán dilucidar el asunto.

“En los argumentos sentados por los sujetos procesales disidentes, se ha planteado que debido a la relación sentimental que aún existía entre Luís Felipe Bustamante Restrepo y Pilar Cristina Sierra Bermúdez, y las circunstancias que antecedieron al hecho delictivo, esto es, las continuas llamadas que realizaba el imputado a su ex compañera y el que Mauricio hubiese atendido una de ellas y le hubiese manifestado que era el novio de la dama, además de haber presenciado el momento en que la víctima abandonaba el domicilio de esta, le generó un estado de ira que lo conllevó a lesionar de manera fatal a Mauricio.

“Es claro para la Sala que no fueron estas las situaciones desencadenantes de un estado irascible que hubiese llegado al imputado impulsivamente a realizar la conducta homicida, pues los hechos ocurrieron en escenarios distintos, entre los cuales hubo un interregno en el que Mauricio pudo hallar el objeto contundente con el que golpeó a quien posteriormente se convirtiera en su victimario, quien ya estaba en su vehículo dispuesto a abandonar el lugar.

“Lo anterior es suficiente para que esta instancia concluya que el móvil del comportamiento de Luis Felipe Bustamante Restrepo no fueron los celos, pues este incluso, se insiste, se disponía a abandonar el lugar cuando al infringirse frente a él una lesión de Mauricio con un madero, esgrime su arma corto punzante y se origina aquel fatídico desenlace” —negrillas fuera del original—.

Se entiende entonces, que bajo el anterior acontecer fáctico, que la Sala accionada califica de “incuestionable”, tal autoridad confirmara (sic) el auto de primer grado que anuló el allanamiento por violación al principio de legalidad; no obstante, la Sala si bien ha dejado sentado que tal principio fundamental debe ser necesariamente protegido cuando se trata de la aprobación judicial de los acuerdos o allanamientos,(9) ello en consonancia con el principio iura novit curia, según el cual la calificación jurídica de los hechos le corresponde únicamente a los jueces quienes son los que conocen el derecho, lo cierto es que en el sub judice se parte de un presupuesto fáctico cuyos alcances y control no le corresponden al juez sino al fiscal, al punto que este es el directo conocedor de las evidencias que respaldan el caso y de las posibilidades que se tienen de extractar de ellas las conclusiones probatorias más acertadas.

Siendo así, no es atinado que el tribunal afirme que el sustento fáctico emerge “incuestionable” e imponga conclusiones probatorias que el ente acusador, dueño de la investigación, no acepta, al punto que coadyuva las pretensiones del demandante en este proceso constitucional; en ese sentido, cuando el tribunal afirma que “(a)l fiscal le está vedado realizar imputaciones jurídicas que desconocen la realidad de los hechos”, al mismo tiempo incurre en el error de desconocer que la realidad de los hechos y, más que de los hechos, de las proposiciones probatorias que de estos emergen, radica en la Fiscalía y que es esta quien determina su verdadero alcance a partir del programa metodológico de investigación aplicado.

Adicionalmente, no resulta tan “incuestionable”, como lo califica el tribunal, el acontecer fáctico, si el mismo en su decisión y actuando como una especie de juez instructor de la investigación, brinda orientaciones sobre qué aspectos debe abarcar tal trabajo metodológico, indicando:

“Corresponde pues a la Fiscalía adecuar la conducta típica de conformidad con el supuesto fáctico, teniendo en cuenta precisos aspectos, partiendo de las circunstancias particulares que rodearon el hecho, teniendo en cuenta i) que en un escenario anterior a aquel en que se produjeron los fatídicos hechos, se presentó un cruce de palabras, sin que en momento alguno se refiera que el imputado intentara alguna agresión física contra la víctima y quien para entonces se encontraba totalmente desprevenido, pues desconocía la identidad de Luís Felipe Bustamante Restrepo ii) si efectivamente el imputado acudió al domicilio de su ex compañera con intención de lesionar a quien se identificara telefónicamente como su novio iii) si la agresión infringida por Luis Felipe y el arma que utilizó para ello fue proporcional para ejercer la defensa frente a la lesión que le propinó Mauricio Heriberto Giraldo con el madero, cuando ya este pretendía abandonar el lugar iv) si la muerte de la víctima le era previsible, ante la reacción frente a la agresión en su contra, sí la trayectoria del arma corto punzante fue premeditada y así mismo la naturaleza letal de la herida v) la connotación de lo manifestado por Luis Felipe a Pilar Cristina, a quien luego de indicarle que Mauricio necesitaba ayuda, le pide que manifieste que se trató de un atraco”.

En ese sentido, las indicaciones probatorias dadas por el tribunal demuestran que el control no fue de legalidad (debido proceso), en el sentido de la garantía fundamental que el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 ordena constatar como elemento esencial para la aprobación de un allanamiento, sino que se trató de una divergencia probatoria respecto a las conclusiones que podían derivarse del relato fáctico, aún no consolidado, que dio lugar al allanamiento; para la Sala, las proposiciones probatorias que se puedan defender a partir del relato fáctico de los hechos, no dicen de la posibilidad indiscutible que tiene el juez de aplicar el derecho —principio iura novit curia— y, por contera, del principio de legalidad, de manera que por ello no puede derivarse la vulneración de tal garantía en el allanamiento suscrito.

El sistema procesal acusatorio incorporado en la Ley 906 de 2004, no puede aplicarse de forma aislada sino a partir de una mirada sistemática y esta perspectiva, tanto en su tendencia anglosajona como continental europea, exige que el juez no interfiera en el soporte fáctico que sostiene los cargos imputados. Se trata de una garantía, igualmente del principio acusatorio mismo que se resume en la idea, “...importante, pero bien simple, la de que no “hay proceso sin acusación”; y esto, si bien se piensa, comprende que “quien acusa no puede juzgar”(10).

Por lo anterior, la Sala estima que se incurrió en una vía de hecho en las decisiones atacadas y que por ello es menester anularlas, siendo que les compete a las autoridades judiciales accionadas pronunciarse nuevamente sobre el allanamiento suscrito, sin entrar en disputas o interpretaciones probatorias con el ente acusador.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONCEDER amparo al derecho fundamental del debido proceso del accionante.

DECLARAR la nulidad de los autos dictados el 11 de julio de 2011 por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Medellín y el 2 de noviembre de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de la citada ciudad, que lo confirmó, mediante los cuales declararon la nulidad del allanamiento a cargos que el accionante suscribió con la Fiscalía. En consecuencia, ordenar que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Medellín profiera una nueva providencia, de conformidad con las consideraciones aquí expuestas.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Leónidas Bustos Martínez—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Fallo C-590 de 8 de junio de 2005 y T-332 de 2006.

(2) Ibídem.

(3) Ibídem.

(4) Fallo de tutela, Sala Civil, Referencia 11001-02-03-000-2008-02116-00, 25 de agosto de 2009.

(5) Fallo T-967 de 2010, Corte Constitucional.

(6) Fallo T-167 de 2006, Corte Constitucional.

(7) Baytelman A., Andrés y Duce J., Mauricio, Litigación penal, juicio oral y prueba, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2006, página 99.

(8) Montero Aroca, Juan, Derecho jurisdiccional, tomo 1, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, página 364.

(9) En ese sentido, ver fallos 27759, 12 de septiembre de 2007 y 29979, 27 de octubre de 2008.

(10) Armenta Deu, Teresa, Lecciones de derecho procesal penal, Madrid, Macial Pons, 2004, página 55.