Sentencia 5906 de mayo 18 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 5906

Consejero Ponente:

Dr Juan Alberto Polo Figueroa

Actor: la Nación - rama judicial

Santafé de Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil

EXTRACTOS: «La Sala decide, en única instancia, el proceso a que ha dado lugar la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ha instaurado la Nación - rama judicial, a través de apoderado, dirigida a obtener la nulidad del Decreto 2349 de 1998, tal como fue modificado por el Decreto 2529 del mismo año.

III. Consideraciones

Mediante los actos acusados se creó el Consejo Superior de Justicia, se señalaron sus funciones, esto es, obrar como cuerpo de carácter consultivo del Presidente de la República en materia de administración de justicia; formular recomendaciones al gobierno en materia de políticas de justicia y las demás que se determinen en el reglamento adoptado por el organismo creado; y se señalaron los miembros que lo integrarían, esto es el Ministro de Justicia y del Derecho, los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, un representante de la comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes designado por ella, un representante de la comisión primera constitucional del Senado designado por él y, como invitado permanente, el Director Nacional de Planeación o el jefe de la unidad de justicia de dicho organismo.

La creación del Consejo Superior de Justicia tuvo como fundamento legal el artículo 1º del Decreto Ley 1050 de 1968, el cual considera violado la parte actora y cuyo texto es como sigue:

“ART. 1º—De la integración de la rama ejecutiva. La rama ejecutiva del poder público, en lo nacional, se integra con los siguientes organismos:

a) Presidencia de la República;

b) Ministerios y departamentos administrativos;

c) Superintendencias, y

d) Establecimientos públicos.

La Presidencia de la República y los Ministerios y departamentos administrativos son los organismos principales de la administración; los demás les están adscritos y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley, bajo la orientación y control de aquellos.

Además, el gobierno, previa autorización legal, podrá organizar unidades administrativas especiales para la más adecuada atención de ciertos programas propios ordinariamente de un ministerio o departamento administrativo, pero que, por su naturaleza, o por el origen de los recursos que utilicen, no deban estar sometidos al régimen administrativo ordinario.

Como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o temporal, y con representantes de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la ley o el gobierno determinen. En el acto de constitución se indicará a cuál de los entes administrativos ordinarios quedarán adscritos tales organismos.

PAR.—Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta están vinculadas a la administración y sujetas a su orientación, coordinación y control, en los términos de las leyes y estatutos que las rijan”.

Además de la violación del artículo 1º del Decreto-Ley 1050 de 1968, la demandante considera que se violaron los artículos 113, 152, 189, numerales 15 y 16, 228, 256 y 257 de la Constitución Política, los cuales, en su orden, señalan que los órganos que integran las ramas legislativa, ejecutiva y judicial tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente entre si; la facultad del Congreso de regular, entre otras materias, mediante una ley estatutaria, la administración de justicia; la atribución del Presidente de la República para suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley y para modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley; la característica de función pública que tiene la administración de justicia y la independencia de sus decisiones; y las funciones del Consejo Superior de la Judicatura.

Pues bien, a juicio de esta corporación le asiste razón a la parte actora en cuanto afirma que los actos demandados desconocen la autonomía e independencia de la rama judicial, pues si bien es cierto que el artículo 1º del Decreto-Ley 1050 de 1968 autorizó al gobierno para crear un cuerpo consultivo, integrado por representantes de varias entidades estatales, ello debe entenderse en el sentido de que dichas entidades pertenezcan a la rama ejecutiva, pues dicha norma se refiere a la integración de la rama ejecutiva, razón por la cual el hecho de conformar el Consejo Superior de Justicia como organismo adscrito a la Presidencia de la República, con miembros que pertenecen a la rama judicial, esto es, con los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación, desnaturaliza el organismo consultivo previsto en la norma que sirvió de fundamento legal para la expedición de los actos acusados.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los decretos cuya legalidad ocupa su atención, dado que el Gobierno Nacional, con base en el artículo 1º del Decreto 1050 de 1968, vigente para la fecha de expedición de aquellos, no tenía la competencia para crear un organismo como el cuestionado, desconociendo con ello, además del precepto en mención, los artículos 113 y 228 de la Constitución Política, pues es indudable que al adscribir a la rama ejecutiva el Consejo Superior de Justicia, cuya mayoría de sus miembros pertenecen a la rama judicial, le restó la independencia que caracteriza a las decisiones de ésta última, en virtud de la separación de las funciones que corresponden a cada uno de los poderes del poder público.

Así las cosas, la Sala concluye que el Gobierno Nacional no podía, so pretexto de la colaboración armónica entre las tres ramas del poder público de que trata el artículo 113 de la Carta Política, dar vida a un órgano consultivo como el Consejo Superior de Justicia, integrado por los más altos representantes de las ramas judicial y legislativa, “adscrito” a la administración pública, ya que ello significaría colocar a los integrantes bajo la dependencia, orientación y control de tutela del Presidente de la República o de su Ministro de Justicia, lo cual es contrario a los preceptos constitucionales aquí analizados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de los Decretos 2349 de 18 de noviembre de 1998, “por el cual se crea el Consejo Superior de Justicia” y 2529 de 11 de diciembre del mismo año, “por el cual se modifica el artículo 1º del Decreto 2349 del 18 de noviembre de 1998”, expedidos por el Gobierno Nacional.

DEVUÉLVASE al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 18 de mayo del año 2000.

_____________________________