Sentencia 5914 de junio 15 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR

COMO CAUSAL DE DESPIDO

EXTRACTOS: «La empleadora demandada decidió unilateralmente la terminación del contrato de trabajo aduciendo la causal prevista en el numeral 15 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965. Sin embargo el Tribunal consideró que no se reúnen los supuestos fácticos propios de tal norma y, por consiguiente, que el despido carece de justificación. El censor acusa la sentencia de violar directamente esa disposición legal por errónea interpretación.

La norma en referencia consagra como justa causa de despido la siguiente:

“La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al patrono de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad”.

El artículo 4º del Decreto 1373 de 1966, reglamentario de la norma anterior, establece:

“De acuerdo con el numeral 15 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, es justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 16 del mismo decreto, cuando a ello haya lugar, y no exime al patrono de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad”.

El artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 dispone:

“Reinstalación en el empleo. 1. Al terminar el período de incapacidad temporal, los patronos están obligados: a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo;

b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.

2. El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un despido injustificado”.

La orientación del cargo por la vía directa implica que el recurrente acepta el análisis de los hechos que se dan por probados en la sentencia de ahí que el censor manifestó expresamente que, “para los efectos de la acusación formulada se aceptan todos los soportes fácticos de la decisión que se ataca”.

Los supuestos fácticos del fallo se expresan así:

“A folio 2 del expediente, en fotocopia auténtica, hallamos la comunicación de despido, concebida en los siguientes términos:

“En días pasados usted completó 180 días de incapacidad sin poderse restablecer de la enfermedad que lo venía aquejando, hecho éste constitutivo de justa causa para dar por terminado su contrato de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º, literal a) numeral 15 del Decreto 2351 de 1965. Esta determinación que ahora toma la empresa tendrá vigencia a partir del día 24 de diciembre de 1990, una vez expire el preaviso de quince (15) días exigido por la ley laboral”.

Del cúmulo probatorio allegado oportunamente y en particular de la inspección judicial, se estableció que el asalariado permaneció incapacitado desde el mes de mayo de 1989 hasta noviembre de 1990, con algunos períodos de recuperación, para reintegrarse a sus labores en noviembre 27 de 1990, “fecha a partir de la cual siguió laborando hasta el momento de la terminación efectiva del contrato” (fs. 43 y 44), sin embargo, ninguna de estas incapacidades alcanza a cubrir el período de 180 días de que habla la norma... Así las cosas, no se configuró la justa causa legal, por lo que el despido devino en ilegal, siendo procedente la indemnización impuesta”.

Vale decir, que el Tribunal interpreta la norma en el sentido de que para que se configure la causal de despido en alusión debe presentarse incapacidad de ciento ochenta días y no incapacidades que sumen ese número de días. La Corte encuentra que de tal interpretación no se deduce error alguno, pues para la hermenéutica del numeral 15 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 es necesario considerar también lo que establecen las otras dos normas transcritas o sea el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1373 de 1966 y el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 al cual remite la norma reglamentaria indicando que prevalece en caso de que cese la incapacidad.

De tales normas se infiere que la incapacidad debe ser una, y que dure cuando menos ciento ochenta días, puesto que si el trabajador recobra su capacidad es porque ha tenido curación o porque la enfermedad no lo incapacita para laborar, y la causal implica la concurrencia de las dos circunstancias esto es, que se trate de enfermedad que a la vez que incapacita para el trabajo no tenga curación en “dicho lapso”. Tal es la hermenéutica que debe mantenerse toda vez que evita trastornos al sistema jurídico puesto que satisface principios de justicia y equidad, los cuales se verían quebrantados por la desarmonía sobreviniente a la permisión del despido con solo la suma de incapacidades que, dentro de un término indefinido (décadas quizá), pudiera causar una misma patología.

Según lo expone el ad quem, y lo admite el censor, el accionante nunca ha estado incapacitado durante ciento ochenta días, sino que ha tenido varias incapacidades discontinuas, además de que al momento de la terminación del contrato ya no se encontraba incapacitado; son dos circunstancias que separan el caso sub examine del supuesto fáctico previsto en el numeral 15 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 como justa causa de despido, por lo que el Tribunal concluyó que no se dio la causal allí consagrada, sin que pueda decirse que interpretó con desvío de su auténtico sentido esta última disposición legal».

(Sentencia de casación, junio 15 de 1994. Radicación 5914. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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