Sentencia 5921 de julio 23 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

TRABAJADORES OFICIALES

PERÍODOS DE PRUEBA SUCESIVOS

EXTRACTOS: «La cláusula segunda del contrato de trabajo que el 27 de agosto de 1984 celebraron, por el término fijo de un año, la entidad demandada y Ascencio Serrato Casanova, dispuso textualmente que este último, como trabajador, ingresaba “a Caminos Vecinales sometido a un período de prueba de dos (2) meses durante los cuales el contrato podrá darse por terminado unilateralmente sin previo aviso de indemnización” (fol. 172).

Igual cláusula sobre el período de prueba, con idéntico texto al transcrito, se estipuló en los contratos que las partes suscribieron posteriormente el 6 de septiembre de 1985 (fol. 176) y el 15 de diciembre de 1986 (fol. 180). En los tres contratos consta igualmente que el trabajador fue vinculado al servicio de la entidad demandada para que ejecutara las mismas labores de “operador maquinaria pesada I” (fols. 171, 175 y 179).

Por lo demás, ambos litigantes aceptaron y el Tribunal dio por establecido que los dos primeros contratos se cumplieron por las partes en los términos convenidos y por dos años consecutivos, de modo que resulta acertada la observación del recurrente en el sentido de que sus aptitudes como operador de maquinaria pesada habían sido suficientemente evaluadas por Caminos Vecinales durante un lapso muy superior al fijado en la ley como período de prueba.

La regulación dada por el legislador al período de prueba de los trabajadores oficiales no es exactamente la misma que el Código Sustantivo del Trabajo establece para los empleados particulares. En efecto, mientras el artículo 76 de este último estatuto lo define como “la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de este, la conveniencia de las condiciones de trabajo”, señalándole una duración máxima de dos meses (art. 78), el artículo 9º de la Ley 6ª de 1945 lo entendió como aquel lapso al cual el trabajador podía ser sometido, antes de su admisión definitiva, con el propósito de que el empleador evaluara sus aptitudes para el empleo, fijándole una duración máxima de dos meses para los operarios calificados y de quince días en los demás casos. Resulta, en consecuencia, que las teorías consensualistas o contractualistas elaboradas por la doctrina para explicar la naturaleza jurídica del período de prueba, que podrían aparecer aplicables en nuestro medio para la disposición contenida en el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, no resultan necesariamente válidas frente al sometimiento previsto por la Ley 6ª de 1945.

De todos modos es pertinente precisar que el período de prueba no debe convenirse o imponerse, según el caso, con finalidades distintas a las señaladas por la ley. De ahí que no sea posible confundirlo con la cláusula de reserva prevista en el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945 y que también se aplicó a los contratos de trabajo particulares de duración indefinida hasta 1965, bajo la vigencia de los artículos 48 del Código Sustantivo del Trabajo y 1º del Decreto 616 de 1954. El objetivo del período de prueba no es, como lo sugiere la redacción de la cláusula segunda de los contratos de trabajo suscritos entre el actor y Caminos Vecinales y como también parece haberlo entendido el Tribunal, el de permitirle al empleador, como si se tratara de aplicar una cláusula de reserva, despedir sin justa causa y sin tener que pagar indemnización. La circunstancia de que la ley haya previsto que durante esa “etapa inicial del contrato” o “antes de la admisión definitiva” del trabajador por la empresa, ésta pueda —en razón de la ineptitud de aquél para el oficio— abstenerse de continuar con el vínculo o no incorporar a su servicio en forma definitiva al trabajador, sin que esa decisión le implique la obligación de indemnizar perjuicios, que en realidad no ha causado, no significa que el empleador esté facultado para estipular o imponer períodos de prueba cuyo verdadero propósito, expreso o tácito, sea el de restringir o eliminar el derecho del trabajador a la permanencia en su empleo.

La cláusula de reserva, en cuanto aún permite que el empleador oficial impunemente ponga término al contrato por su exclusivo arbitrio y sin necesidad de invocar motivo distinto a su voluntad unilateral, tenía y aún mantiene la naturaleza de un privilegio en favor del Estado para que libremente pueda decidir el momento desde el cual no utilizará más los servicios de determinados trabajadores. Semejante prerrogativa para el empleador equivale, desde luego, a una grave limitación al derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo que ha adquirido ahora rango constitucional (art. 53 C. N.). El período de prueba, por su parte, tiene como exclusiva finalidad la de que el empleador, antes de la admisión definitiva, evalúe la capacidad laboral del operario, de modo que debe suponerse que si esa evaluación es satisfactoria o, como suele decirse en el lenguaje corriente de las relaciones laborales, “si el trabajador pasa la prueba”, tiene el derecho a considerarse definitivamente admitido en la empresa y ésta la obligación de considerarlo así.

La misma forma de interpretar la naturaleza y finalidad del período de prueba que se ha dejado expuesta debió sin duda inspirar al legislador de 1990 cuando dispuso, por el artículo 7º de la Ley 50 de ese año, reformatorio del 78 del Código Sustantivo del Trabajo, que cuando en el sector particular “entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato”.

Si bien es cierto que en el caso examinado el Tribunal pudo acertar cuando consideró que la celebración entre las partes de tres contratos sucesivos por períodos fijos de un año hacía suponer la “autonomía” de cada uno de esos convenios, no es menos cierto que esa autonomía no permitía al empleador arrogarse una reserva de limitación del derecho del trabajador a la estabilidad en su empleo, acudiendo a la imposición de “períodos de prueba”, también sucesivos, que no tenían evidentemente la finalidad calificadora de las aptitudes del trabajador puesto que por los tres contratos fue invariablemente vinculado para desempeñar la misma labor.

Se concluye que el ad quem incurrió en los dos primeros errores de hecho ostensibles que denuncia el cargo y que resultan suficientes para su prosperidad. Los yerros fácticos cuarto y quinto que el recurrente atribuye a la sentencia equivalen en verdad a las consecuencias jurídicas de los anteriores y como tales serán tenidos en cuenta por la Sala al proferir la decisión de reemplazo.

No se estudia el primer cargo de la demanda de casación puesto que el recurrente pretende con él lo mismo que obtendrá con el segundo que resultó fundado.

Procediendo ya como juzgador de instancia, la Corte encuentra ajustados a derecho los razonamientos que expuso en su sentencia el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá para deducir que la entidad demandada había despedido al actor sin causa justificada y por tanto debía pagarle por lucro cesante el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltaba para cumplirse el último plazo fijo del contrato suscrito el 15 de diciembre de 1986, argumentos que tienen en líneas generales el mismo fundamento jurídico explicado por la Sala al resolver el recurso de casación. La cuantía de la indemnización deducida por el a quo es igualmente correcta si se tiene en cuenta que cuando se produjo el despido injustificado faltaban diez (10) meses y cuatro (4) días para la expiración del plazo estipulado en el contrato (fols. 7 y 179) y que el trabajador devengaba un salario de $ 45.730.25 mensuales (fol. 150).

Igualmente encuentra la Sala acertadas las deducciones del juez de primera instancia en cuando a la condena por indemnización moratoria puesto que no obran en el expediente medios de convicción que permitan deducir la existencia de buena fe en la entidad demandada al dejar de pagar al trabajador el lucro cesante a que tenía derecho, sin que pueda aceptarse como excusa por parte de Caminos Vecinales —por las razones que con amplitud se expusieron al resolver el recurso— su supuesta creencia de haber procedido conforme a la ley cuando despidió a Ascensio Serrato dentro de un período de prueba que válidamente no podía imponerle. Sin embargo, se modificará la fecha señalada por el juzgado como aquella a partir de la cual deberá reconocerse la indemnización moratoria, en los términos del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, para fijarla 90 días después de terminado el contrato, es decir desde el 2 de junio de 1987.

Se confirmará asimismo lo resuelto por el a quo sobre la petición de indexación aunque por razones diversas. Como ha tenido oportunidad de reiterarlo la Sala la “indexación no opera cuando la ley ha previsto para la acreencia laboral su propio sistema de reajuste cuantitativo, ni tampoco procede en aquellos casos en los cuales se impone la condena por indemnización moratoria como consecuencia de la falta de pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato (art. 65 CST) o por el no reconocimiento de la pensión de jubilación (art. 8º de la Ley 10 de 1972), habida cuenta de que la compensación mediante los “salarios caídos”, tiene la misma naturaleza indemnizatoria de la indexación y en la gran mayoría de los casos resulta más favorable para el trabajador”. (Rad. 5171, Mg. Sust. Dr. Rafael Baquero Herrera).

No habrá lugar a costas en la segunda instancia habida consideración de que ambas partes apelaron y la entidad demandada obtuvo con el recurso una reducción de la condena por concepto de indemnización moratoria».

(Sentencia de casación, julio 23 de 1993. Radicación 5921. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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