Sentencia 5923 de octubre 23 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

SUPRESIÓN DE CARGOS

PARA ATENDER FUNCIONES MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de fecha 17 de septiembre de 2002 mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

Guillermo León Pineda Bodhert acude a la jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y solicita se declare la nulidad del Decreto 106 del 23 de febrero de 1998 expedido por el alcalde del municipio de Envigado por medio del cual se suprime el cargo de fotolector adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal, sección predial y complementarios de la planta de cargos de la entidad demandada y del Decreto 107 del 23 de febrero de 1998 expedido por esta misma autoridad por medio del cual se declara insubsistente el nombramiento efectuado al demandante en el cargo fotolector, adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal, sección predial y complementarios.

A título de restablecimiento del derecho, se depreca el reintegro del demandante al mismo cargo que ocupaba al momento del retiro o a otro de iguales o mejores condiciones, que se declare para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio y que se reconozca y pague al demandante la totalidad de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 23 de febrero de 1998 hasta la fecha del reintegro, teniendo en cuenta los incrementos salariales, prestacionales y la actualización monetaria.

Se impetra el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Se aduce en la demanda que el actor se vinculó como empleado público en el municipio de Envigado desde el 13 de junio de 1989 en el cargo analista de impuestos. Como consecuencia de la expedición de la Ley 27 de 1992, el demandante fue inscrito extraordinariamente en carrera administrativa en el cargo de analista de impuestos, lo cual se efectúo mediante la Resolución 532 del 21 de junio de 1994 emanada de la Comisión Seccional del Servicio Civil de Antioquia.

Mediante el Decreto 333 del 28 de diciembre de 1995 el actor fue reubicado en el cargo de fotolector, adscrito a la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado.

Mediante el Decreto 106 del 23 de febrero de 1998, el cargo de fotolector de la Secretaría de Hacienda Municipal, sección predial y complementarios fue suprimido y en consecuencia, ese mismo día a través del Decreto 107, se declaró insubsistente el nombramiento del actor en el mencionado cargo.

(...).

Consideraciones

La Sala confirmará la sentencia apelada al observarse que el a quo, efectuó una valoración correcta de los medios probatorios allegados al expediente y de las normas que sustentan las pretensiones incoadas.

En el expediente, se encuentra acreditado en la forma como lo determinó el tribunal, que las funciones que venía desempeñando el actor; no desaparecieron de la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado, toda vez que la labor de verificación de campo, a pesar de la actualización predial seguía siendo necesaria en la entidad.

(...).

Significa lo expuesto que las labores de campo que venía realizando el fotolector no desaparecieron del ámbito funcional que le correspondía a la sección predial y complementarios de la Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado y por ende, la destinación efectuada en los contratos de prestación de servicios se hizo desconociendo los derechos de carrera administrativa que le asistían al demandante toda vez que la labor que venía cumpliendo el actor fue materia de la contratación estatal.

No se desconoce que la administración está facultada para celebrar contratos de prestación de servicios, pero considera la Sala que la práctica administrativa de celebrar tales acuerdos con el objeto de llevar a cabo las funciones que venía cumpliendo el cargo suprimido, desestimula la carrera administrativa y atenta contra el amparo constitucional que se consagra en el artículo 125 de la Constitución Política.

Es evidente también, que la supresión de empleos puede obedecer a una política de reducción de costos y en estas condiciones, es factible que se celebren contratos de prestación de servicios para llevar a cabo la función que venía cumpliendo el empleo, siempre y cuando ello sea posible, toda vez que en la medida en que para desarrollar dicha tarea naturalmente se requieran elementos de la relación laboral, no se cumplirán los objetivos que consagra el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

En el sub lite, observa la Sala que la función contratada envolvió en su ejecución las tareas que venía cumpliendo el demandante, pudiéndose afirmar que en realidad el cargo de fotolector no desapareció funcionalmente de la entidad, en tanto la actividad que le correspondía realizar al demandante fue disfrazada con el mecanismo de la contratación estatal.

Aprecia la Sala que la labor probatoria del demandante se cumplió satisfactoriamente, toda vez que le correspondía acreditar la identidad funcional entre el cargo suprimido y el objeto de la contratación estatal y en consecuencia, era tarea de la administración justificar la celebración de los mentados contratos de prestación de servicios.

La parte demandada solamente adujo en la contestación de la demanda la disminución de costos y las dificultades presupuestales y no acreditó dicho aspecto, razón por la cual no logró justificar la necesidad de la contratación estatal, máxime porque se aprecia que tampoco demostró que con los mentados contratos de prestación de servicios no se encubrieron relaciones laborales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que funcionalmente los contratos celebrados llevaban implícito el cumplimiento de algunas de las actividades que venía desarrollando el actor, entre ellas fundamentalmente la labor de campo y la verificación de datos para la realización de avalúos.

Para la Sala los actos acusados, fundamentalmente el que suprimió el empleo que venía ocupando el actor y de contera, el de declaratoria de insubsistencia motivado en esta causa, se encuentran falsamente motivados, toda vez que como quiera que el actor logró acreditar en el plenario la similitud de funciones entre el cargo suprimido y el objeto de la contratación estatal, le correspondía a la administración justificar las razones de la contratación.

Con las decisiones impugnadas, se violaron los derechos de carrera que ostentaba el demandante; la actuación del municipio de Envigado, revela un panorama de desconocimiento al principio de estabilidad relativa de que gozan quienes ingresan al sistema y por ello, estima la Sala que la decisión apelada merece su confirmación».

(Sentencia de 23 de octubre de 2003. Expediente 5923-02. Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado).

NOTA: El consejero Tarcisio Cáceres Toro firmó la sentencia con aclaración de voto, pero el texto de su aclaración no había sido divulgado todavía el 27 de abril de 2004, fecha de cierre de esta revista (N. del D.).

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