Sentencia 5930 de julio 9 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

EXCEPCIÓN DE NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN

EXTRACTOS: «Aparece, en primer término, que al resolver un incidente de nulidad planteado en el juicio ejecutivo, se declaró la nulidad del proceso de conocimiento desde la notificación del auto admisorio de la demanda al curador ad litem. Esta nulidad, alegada dentro del trámite de ejecución adelantado ante el mismo juez de primera instancia que conoció del proceso en que se dictó la sentencia que sirvió como base de recaudo, se declaró porque el edicto emplazatorio no permaneció fijado por el término de un mes en un lugar visible de la secretaría, hecho diferente al que se propuso como fundamento del incidente, cual fue el de haberse notificado al curador antes de llevar a cabo el emplazamiento (folios 122 a 124). Sólo al interponer el recurso de reposición contra el auto que inicialmente negó la nulidad que planteaban los ejecutados, su apoderado reconoció no haber sido “muy explícito” en el escrito “con respecto al señalamiento del defecto o vicio que presenta el juicio y en cuanto dice relación al acto o edicto emplazatorio” (folio 134), y presentó el nuevo hecho que sirvió para que el juez que adelantaba la ejecución declarara la nulidad del proceso ya terminado, equivocada decisión que confirmó el Tribunal de Medellín.

Ambos juzgadores de instancia pasaron por alto que el hecho invocado como causal de nulidad fue el de haberse nombrado el curador para la litis a los demandados antes del emplazamiento, argumento que carecía por completo de fundamento puesto que es el procedimiento correcto de acuerdo con el artículo 29 del CPT, que prevalece en los procesos laborales sobre lo establecido en los artículos 318 y 320 del CPC. Se equivocaron dichos jueces entonces al admitir que se planteara un hecho diferente al interponer el recurso de reposición y aceptar, contra el mandato del art. 143 del CPC, que se invocara en la impugnación una nulidad fundamentada en una causal distinta a la inicialmente propuesta cuando se promovió el incidente.

Igualmente se equivocaron el Juzgado Séptimo Laboral y el Tribunal de Medellín al declarar nulos el nombramiento, posesión y discernimiento del cargo del inicial curador, así como la notificación que se le hizo de la demanda —todo lo cual incidió en la prescripción de la acción finalmente declarada—, pues estas actuaciones no sólo fueron todas anteriores al emplazamiento incompleto que sirvió de fundamento a la anulación de lo actuado, sino que eran también independientes del mismo por disposición expresa del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo. Este error sobresale al observarse que la providencia que, luego de declarada la nulidad, designó un nuevo curador y ordenó un nuevo emplazamiento (folio 177), tiene alcance y contenido idénticos a la anulada, salvo naturalmente la variación del término fijado por la nueva ley.

Por otra parte, no resultaba posible que dentro del proceso ejecutivo se anulara lo actuado en el proceso ordinario que ya había concluido por sentencia ejecutoriada. Una cosa es que se autorice alegar la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, y otra diferente que en el juicio ejecutivo se pueda anular un proceso de conocimiento ya concluido y sobre el que recayó una sentencia.

La circunstancia de que por economía procesal la ley haya permitido la ejecución de la sentencia a continuación del juicio ordinario y dentro del mismo expediente, no significa que en modo alguno pueda confundirse un proceso con otro ni que cada uno pierda la autonomía que le es propia. Esa posibilidad de adelantar el juicio ejecutivo a continuación del ordinario, que conlleva evidentes ventajas de tipo práctico, no autoriza a considerar los dos procesos, refundiéndolos, como uno solo, ni por consiguiente a suponer que el curador que actuó en el de conocimiento, ya concluido, continúa siéndolo para la ejecución como erróneamente lo dispuso el a quo (folio 113), pues cada juicio conserva su diferente naturaleza y estructura, sus objetivos y características particulares y autónomas y aun, para algunos efectos, sus propias causales de nulidad.

De ahí que no sea admisible, como equivocadamente lo decidieron ambos falladores de instancia, que dentro del trámite del juicio de ejecución pueda anularse lo actuado en el proceso cognoscitivo. Lo contrario equivaldría a permitir, contra toda lógica, que un juez de primera instancia pudiera anular no sólo su propia sentencia definitiva, después de haberla declarado firme, sino también la sentencia ejecutoriada de su superior, o inclusive la de un juez distinto en el evento de que la ejecución se llevara a cabo ante uno diferente al que dictó la providencia que sirve de base del recaudo ejecutivo.

Si se piensa solamente en que la ley procesal civil ha establecido la falta de notificación o emplazamiento como causal del recurso extraordinario de revisión, se entiende inmediatamente por qué no es posible para el mismo juez, una vez en firme su sentencia, dejarla sin efecto acudiendo al incidente de nulidad. Y tampoco puede pasarse por alto que, conforme expresamente lo dispone el artículo 142 (inc. 2º) del CPC, la excepción de nulidad por indebida notificación o emplazamiento, propuesta dentro del proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, “sólo beneficiará a quien la haya invocado”, precepto que necesariamente supone la validez, eficacia y ejecutabilidad de esa sentencia contra aquellos obligados que no propongan la excepción o que no puedan proponerla.

Lo procedente, entonces, cuando se adelanta un juicio ejecutivo laboral con base en una sentencia dictada en otro proceso en el cual se haya efectivamente incurrido en causal de nulidad por indebida notificación o emplazamiento del demandado, será declarar probada la excepción correspondiente, que hará inejecutable la sentencia contra el excepcionante y sólo contra él»..

(Sentencia de casación, julio 9 de 1993. Radicación 5930. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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