Sentencia 5940 de marzo 24 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PUBLICACIÓN

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

EXTRACTOS: «La recurrente (Superintendencia Bancaria) centra su apelación en desvirtuar la inoponibilidad frente a terceros de su Circular Externa 40 de 1986, decidida por el tribunal a quo, argumentando que si bien no fue publicada en el Diario Oficial, ni en el boletín de la entidad, pues, al momento de su expedición se carecía de tal medio, fue realizada mediante el envío por correo certificado cumpliendo así con la finalidad de la publicación, pues fue conocida por la corporación actora.

Analiza la corporación que el único fundamento de la sanción impuesta a la Corporación de Ahorro y Vivienda “Conavi” mediante las resoluciones acusadas es la contravención de la Circular Externa 040 que prohibía el sistema de amortización de créditos basado en el pago de cuotas fijas en pesos.

Para resolver se considera:

La obligación de la publicación de los actos generales de las entidades públicas fue impuesta por el legislador mediante el Decreto 01 de 1984 y reiterada mediante la Ley 57 de 1985, es decir que a partir del 1º de marzo de 1994 las circulares que expidiera la Superintendencia Bancaria debían ser publicadas de conformidad con las normas anteriormente citadas, vigentes para la fecha de expedición de la Circular Externa 040 de 1986.

En efecto, la Ley 57 de 1985 establece:

“ART. 1º—La Nación, los departamentos y los municipios incluirán en sus respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos (...)

ART. 3º—Cuando el volumen de publicaciones obligatorias así lo justifique, el Gobierno Nacional podrá autorizar a los distintos sectores administrativos la edición de sendos boletines o gacetas en los que se divulguen los actos del respectivo ministerio o departamento administrativo y de los organismos que se hallen adscritos o vinculados a éstos.

En el Diario Oficial continuarán publicándose los actos que llevan la firma o contengan la aprobación del Presidente de la República”.

Y el Decreto 01 de 1984 , Código Contencioso Administrativo, en su artículo 43 establece:

“ART. 43.—Deber y forma de publicación. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto.

Los municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, o por bando.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio hábil”.

Del análisis de las normas transcritas se infiere que los únicos medios válidos de publicación de los actos administrativos son los diarios, gacetas o boletines oficiales, además, que los actos administrativos de carácter general que no han sido publicados en estos medios no son obligatorios para los particulares.

En el caso de autos, la Circular 040 de 1986 no fue publicada en ningún diario, gaceta o boletín oficial, sino que fue enviada por correo certificado a todos los entes vigilados por la Superintendencia Bancaria; medio que a consideración de la corporación no es idóneo ni válido para tal fin, pues no fue previsto por las normas anteriormente citadas que regulan la materia, en consecuencia, no era obligatorio su acatamiento para la corporación actora, ya que no podía producir efectos jurídicos.

En síntesis, la entidad demandada al expedir la Circular Externa 040 de 1986 no cumplió con los requisitos de la publicación previstos en la Ley 57 de 1985 y el Decreto 01 de 1984, razón por la cual dicha Circular es inoponible frente a terceros, cargo que formula la corporación y que acogió el a quo. En consecuencia, la Corporación de Ahorro y Vivienda “CONAVI” no estaba obligada a su acatamiento y el ente vigilante no podía imponer sanciones por su incumplimiento como lo hizo mediante las resoluciones acusadas.

En conclusión, la Sala comparte las consideraciones del a quo y no encuentra mérito para revocar la providencia apelada».

(Sentencia de marzo 24 de 1995. Expediente 5940. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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