Sentencia 5949 de febrero 17 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DOCENTES

DESEMPEÑO EN DOS CARGOS

EXTRACTOS: «La controversia planteada gira en torno a la legalidad de la Resolución 221 de 20 de febrero de 1989, por medio de la cual la rectoría de la Universidad de Antioquia declaró insubsistente el nombramiento del actor del cargo de profesor de tiempo completo adscrito al Liceo Antioqueño, por cuanto para la fecha de su designación en dicho empleo —13 de marzo de 1985—, se hallaba vinculado como profesor de tiempo completo a otro establecimiento de carácter oficial, situación que, según se dice en dicho acto, “se encuentra expresa y reiteradamente prohibida en disposiciones constitucionales y legales” (fl. 31).

El artículo 64 de la Constitución Política de 1886, como regla general, prohibía “recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, los departamentos y los municipios”.

En desarrollo del precepto supralegal, entre otros, se expidió el Decreto 1713 de 1960 que en su artículo 1º consagraba varias excepciones a la regla contemplada en dicha norma, entre ellas, la que permite recibir “... a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo”; y “...b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario, hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos”. El parágrafo del artículo 1º ibidem, precisa que “se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas”.

Sobre el particular la Sala observa que si bien en el citado parágrafo se da una definición de horario normal de trabajo, al cual en ningún momento alude el literal a) del Decreto 1713 de 1960, ello no implica que la expresión “profesorado de tiempo completo” utilizada en la norma últimamente citada, adquiera un significado distinto del que el ordenamiento jurídico le ha atribuido.

Profesor de tiempo completo es el que labora durante toda la jornada que los planteles educativos de enseñanza media establecen a fin de cumplir con el pénsum señalado a este nivel de educación, independientemente de su intensidad horaria.

El literal a) del artículo 1º del decreto mencionado al consagrar una excepción a la prohibición constitucional aludida, hace referencia expresa al profesorado de tiempo completo para sustraerlo de dicha excepción. Dada la diafanidad de los términos en él empleados, la precisión del concepto y el carácter restrictivo que el ordenamiento jurídico ha previsto para los regímenes de excepciones, la Sala estima que no es del caso recurrir al análisis interpretativo del parágrafo de la norma citada, para saber si el actor era en ambos establecimientos educativos, profesor de tiempo completo, pues no hay duda alguna acerca de esa condición.

El horario normal de trabajo de 8 horas, tiene que ver con otro literal, el b), y teniendo los docentes regulación expresa debe aplicárseles ésta, no la que se refiere a profesionales con título universitario.

Es incuestionable que a la luz del Decreto 1713 de 1960 está vedado a una misma persona ocupar en forma simultánea dos cargos docentes de tiempo completo, independientemente de la derogatoria o declaratoria de inexequibilidad de los decretos a los cuales se refiere el apelante.

De manera que como el señor Zapata Mejía, según se desprende de las pruebas allegadas a los autos, simultáneamente se desempeñaba como profesor de tiempo completo en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia (fl. 37) y en el INEM Industrial Antonio Mesa Naranjo (fl. 116), fácil es concluir que se hallaba incurso en la prohibición contemplada en el artículo 64 de la citada Constitución. Por tanto, la resolución demandada por la cual se dispuso la declaratoria de insub-sistencia de su nombramiento en el cargo que desempeñaba en esa Universidad, se ajusta a derecho.

De otra parte, cabe anotar que no se transgreden las normas sobre estabilidad relativa de los docentes escalafonados contenidas en el Decreto 2277 de 1979, que se invocan como violadas en la demanda, y que establecen que el educador tiene derecho a permanecer en el servicio mientras no haya sido excluido del escalafón, por cuanto tal preceptiva se refiere a los educadores escalafonados que dada la legalidad de su vinculación con el sector oficial, se encuentren rodeados de las garantías de estabilidad relativa que en ellas se consagran. Mas en el presente caso, no puede afirmarse que respecto de su vinculación sin respaldo jurídico con la Universidad de Antioquia, al actor le asistieran esos privilegios que se repite, se otorgan al docente cuya relación laboral con la entidad oficial se halla acorde con el ordenamiento jurídico.

Además, si se hubiera ordenado tal exclusión ello hubiera repercutido desfavorablemente en las condiciones de la relación laboral del accionante en el INEM Industrial Antonio Mesa Naranjo.

Resta anotar que la prohibición de desempeñar simultáneamente dos cargos públicos, se halla consagrada hoy en el artículo 128 de la Constitución de 1991, y fue objeto de desarrollo entre otras normas, por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que prescribe

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados”.

No ha habido pues, quebranto de las normas constitucionales y legales indicadas en el libelo, porque es claro que un profesor nombrado de tiempo completo en plantel educativo de la Nación, del departamento o del municipio, no puede devengar simultáneamente otro u otros sueldos como educador de tiempo completo en otras instituciones educativas oficiales».

(Sentencia de febrero 17 de 1993. Expediente 5949. Magistrada Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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