Sentencia 59697 de abril 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 59697

Acta 10

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Apelación

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Corte

Es competente esta Sala de la Corte para conocer del recurso de apelación propuesto contra la decisión de 11 de diciembre de 2012, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

El tribunal para declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la empresa promotora del presente procedimiento creado por la Ley 1210 de 2008, tuvo como argumento fundamental que “el cese de actividades que se encuentra acreditado es el realizado por los trabajadores de Carbones de La jagua S.A., durante el período comprendido entre el 19 de julio al 26 de octubre de 2012 el cual perturbó las labores normales desempeñadas por los trabajadores de la empresa demandante, debido a la operación integral que practican estas empresas en pro de una explotación carbonífera lo cual no significa de ningún modo que los trabajadores hayan cesado sus actividades por decisión propia sino como consecuencia del cese colectivo”. Así mismo, descartó un “cese colectivo por parte de los trabajadores de CMU”.

Se observa en el sub lite que el mismo apelante admite y desde el libelo genitor, que el cese de actividades que afectó el normal desarrollo de las actividades del Consorcio Minero Unido S.A., se produjo con ocasión del conflicto colectivo surgido entre la empresa colindante a la promotora de este proceso Carbones de La jagua S.A., circunstancia que dio lugar a la formulación del petitum de la demanda propuesto en los siguientes términos: “Declarar mediante proceso especial y preferente contemplado en la ley 1210 de 2008, que el sindicato (...) promueve una cesación ilegal de las actividades en las instalaciones de Consorcio Minero Unido S.A.” y, por ello, resulta pertinente la omisión respecto de la existencia de cese de actividades por parte de sus trabajadores; máxime cuando siempre sostuvo y lo reiteró en el recurso bajo estudio, que el conflicto colectivo que adelanta el sindicato demandado es con una empresa diferente a la hoy recurrente (Carbones de La jagua S.A.), y del cual obviamente dicha sociedad no es parte.

Lo que resulta corroborado con el material probatorio que obra en el proceso, así:

1. Actas de verificación de cese de actividades realizadas por el Ministerio del Trabajo los días 19 de julio de 2012 (fls. 159-175); 15 de agosto de 2012 (fls. 176-177), 12 de agosto de 2012 (fls. 203 y 204); 23 de julio de 2012 (fls. 208-209); 26 de agosto de 2012 (fl. 210), en la empresa Carbones de La jagua S.A., que examinadas de manera atenta, es claro que ninguna se realizó en la empresa demandante.

2. Comunicación al Ministerio de Trabajo de fecha 25 de julio de 2012, informando sobre las presuntas irregularidades en la interrupción de operación en el área de CMU vista a folios 132-145 con inventario adjunto.

3. Solicitud de amparo y protección del personal y la propiedad presentado por la empresa demandante a través de su representante legal ante la alcaldía municipal de la Jagua de Ibirico, (fls. 403-404) y el trámite posterior de dicha querella policiva (fls. 211-215) con práctica de inspección ocular (fls. 219 y 220).

4. Acción de tutela formulada por el Consorcio Minero Unido S.A. y algunos de sus trabajadores contra La Nación - Ministerio del Trabajo por vulneración de derecho fundamental del trabajo en virtud del cierre de las instalaciones de la empresa con ocasión del cese colectivo sostenido por la organización sindical aquí demandada.

5. Certificación proveniente del Consorcio demandante suscrito por el representante legal en la que hace constar que los empleados vinculados en forma directa al Consorcio Minero Unido S.A., es de 494 trabajadores (fl. 89).

6. Listado de los trabajadores vinculados al Consorcio Minero Unido S.A., que son afiliados al sindicato demandado Sintramienergética, seccional La Jagua, expedido por la misma organización sindical y corresponden a un total de 18 (fl. 353).

7. Declaraciones de los trabajadores de la empresa demandante manifestando sobre la obstaculización para el desempeño normal de sus actividades por parte de trabajadores sindicalizados al servicio de Carbones de La Jagua S.A. (fls. 152 a158, cdno. 1.)

Lo que se desprende de dicho material probatorio, es la existencia de un cese de labores adelantado por el sindicato demandado Sintramienergética en desarrollo del conflicto colectivo suscitado entre esta y la empresa Carbones de La Jagua S.A., dentro del cual se presentaron circunstancias que afectaron a los trabajadores del Consorcio Minero Unido S.A., quienes quedaron en imposibilidad real de concurrir a sus lugares de trabajo y de ejecutar en forma normal sus labores, en cumplimiento de los contratos de trabajo suscritos con su empleadora “Consorcio Minero Unido S.A.”, en contra de su fuero interno; conforme a la atestación de los trabajadores de la empresa demandante en declaraciones vistas a folios 152 a 158 del cuaderno 1, dada la obstaculización de que fueron objeto; ello por cuanto el centro de explotación de la demandante colinda con el de una empresa diferente en cuyo interior sí se desarrollaba un cese de actividades promovido por la organización sindical aquí demandada y por cuya causa, resultó perjudicada y/o afectada la sociedad demandante.

Situación que igualmente motivó la presentación de acciones de tutela de la aquí demandante y algunos de sus trabajadores, a efecto de lograr el amparo de sus derechos fundamentales vulnerados por la actividad desplegada por la organización sindical demandada. Adicionalmente la solicitud de medidas de protección policivas para garantizarlos.

Todo lo cual habla, sin lugar a dudas, de falta de anuencia hacia las acciones cumplidas por la referida organización sindical aquí enjuiciada y examinado el material probatorio en su conjunto permite concluir que no aparece acreditado en forma fehaciente un cese de actividades adelantado por trabajadores vinculados al Consorcio Minero Unido; ni prueba de concertación previa o concomitante tendiente a brindar apoyo a la actividad sindical llevada a efecto por parte de la organización sindical demandada que avizore una huelga de solidaridad como pretendió la parte actora, dado que nunca existió o se produjo manifestación en apoyo o solidaridad al cese de actividades promovido por parte de la organización sindical convocada a este proceso en virtud del conflicto colectivo suscitado con la empresa vecina Carbones de La Jagua S.A., quedando por tanto, relevada la Sala de pronunciamiento sobre este aspecto.

Así, por tanto, al arribar la sala sentenciadora a quo a la conclusión que “el cese de actividades que se encuentra acreditado es el realizado por los trabajadores de Carbones de La jagua S.A., durante el período comprendido entre el 19 de julio al 26 de octubre de 2012 el cual perturbó las labores normales desempeñadas por los trabajadores de la empresa demandante, debido a la operación integral que practican estas empresas en pro de una explotación carbonífera”; se aviene a lo demostrado con los medios de convicción que obran en el proceso, sin lograr demostrar el recurrente los yerros enrostrados y que dieran lugar a desvirtuar las razones en que fundamentó el tribunal su decisión.

Máxime cuando se demostró la iniciación de conflicto colectivo entre las partes contendientes en este proceso, conforme a la documental de folios 366-390; con la presentación del pliego de peticiones por parte de Sintramienergética al Consorcio Minero Unido S.A.; la respectiva acta de aprobación y designación de comisión negociadora; acta de terminación de la etapa de arreglo directo y por tratarse de un sindicato minoritario, que no agrupa más de la mitad de los trabajadores de dicha empresa y, comoquiera que la votación de huelga no fue declarada por la mayoría absoluta de estos (CST, art. 452-c), conforme al referente legal citado tal conflicto debe ser resuelto por tribunal de arbitramento obligatorio, el cual ya fue constituido y pendiente de emitir la decisión respectiva. (fls. 391-402). Lo que excluye toda posibilidad de huelga.

Ahora, dado que la previsión normativa de declaratoria de ilegalidad o legalidad de suspensión o paro colectivo de trabajo restablecida para la jurisdicción ordinaria laboral con la expedición de la Ley 1210 de 2008, y sin perder de vista, la resolución de la alzada, radica ciertamente en determinar si el Consorcio Minero Unido S.A., como tercero perjudicado por el cese de labores llevado a cabo por el demandado Sintramienergética, en las inmediaciones de las instalaciones de este, tiene derecho a promover la presente acción especial con el fin de obtener la calificación de un cese de actividades realizado por quienes no tienen ningún vínculo jurídico-laboral, pues no son trabajadores vinculados a dicha empresa y por lo mismo, no son subordinados suyos.

De cara a este interrogante, baste citar lo asentado por esta corporación en sentencia de 12 de septiembre de 2012 dentro del radicado 55498, frente a un caso de contornos similares al presente, donde se dijo:

“Uno de los elementos de la pretensión, es la denominada ‘legitimación en causa’ (legitimatio ad causam), que, según tiene enseñado esta Corte, hace relación a la titularidad de la situación jurídica material discutida en un juicio.

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, como juez de apelación, determinar si la empresa Polipropileno del Caribe S.A., en calidad de beneficiaria de la obra, tiene derecho a promover una acción en busca de la calificación de un cese de actividades que presuntamente realizaron quienes no fueron sus trabajadores subordinados, vinculados a la sociedad Aseco SAS, contratista independiente.

Desde ya no puede perderse de vista que cuando el empleador pone en movimiento el órgano jurisdiccional del estado, en aras de que se califique una huelga como ilegal, es porque estima que sus trabajadores han incumplido con una de sus obligaciones inherente al contrato laboral, cual es la de prestar el servicio pactado, como consecuencia de un conflicto colectivo suscitado entre él y sus propios trabajadores.

Como ya se anotó, en la figura del contratista independiente se celebran contratos, entre este y quien se beneficia del servicio o es dueño de la obra, los cuales son de naturaleza civil o mercantil.

Pero también se da simultáneamente otra vinculación, esta sí de carácter eminente y rigurosamente laboral, que es la que se realiza entre el contratista independiente y sus colaboradores subordinados, con el fin de cumplir lo pactado con el contratante. Son contratos bilaterales, que producen obligaciones recíprocas entre empleador y trabajador, por ser ambos los titulares de la relación laboral.

De suerte que, el contratista independiente actúa como verdadero y real empleador, a la luz de las disposiciones contempladas en el Código Sustantivo de Trabajo.

En tales circunstancias, preciso es poner de presente que, en principio, a los fines del postulado de la relatividad de los contratos, estos solo afectan y producen derechos y obligaciones frente a las partes contratantes y no respecto a terceros no intervinientes.

Por consiguiente, no es aceptable la tesis de que el beneficiario de la obra está legitimado para que, mediante su solicitud, un juez de la República califique el comportamiento o conducta de los trabajadores de un tercero, como consecuencia de un conflicto colectivo de trabajo entre estos últimos. Aceptarlo, sería tanto como permitir que el beneficiario abandone su posición de tal, para asumir o ubicarse en el plano de verdadero empleador de esos trabajadores (parte), calidad que, a no dudarlo, la ley no le reconoce.

El hecho de que el beneficiario de la obra funja como garante —cuando así lo determine la ley—, de las obligaciones laborales del contratista independiente —itérese verdadero empleador—, ante el incumplimiento por este de las obligaciones con sus propios trabajadores, no lo habilita para promover una acción como la que es objeto de examen de la Sala en esta oportunidad, con referencia a quienes no son sus directos trabajadores, así estos realicen un cese de actividades que eventualmente le perjudique.

Para la Corte Suprema de Justicia la concepción legislativa que inspiró la Ley 1210 de 2008 en cuanto a que la demanda en esta clase de acción podrá ser “presentada por una de las partes o por el Ministerio de la Protección Social” fue restringida y limitada. Es patente que, cuando la norma hace relación a las partes, se refiere precisamente a los protagonistas sociales de un conflicto colectivo de trabajo, cuales son el empleador y sus trabajadores, sindicalizados o no, id est, propiamente a los gestores del contrato laboral. De manera que si el legislador hubiera querido que estuviesen legitimadas para ello otras personas naturales o jurídicas (terceros) —como lo serían los beneficiarios de la obra o dueños de la obra—, así lo hubiera plasmado claramente.

Nótese que el numeral 6º del artículo 4º de la Ley 1210 de 2008, al referirse a las prevenciones de las partes, expresa que “La providencia en que se declare la legalidad o la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo deberá contener, además, las prevenciones del caso para las partes en conflicto y se hará conocer al Ministerio de la Protección Social”. Y, se reitera, las partes en conflicto no pueden ser otras que el empleador y los trabajadores vinculados por él.

Es que, como se asentó, la acción que dimana de la mencionada ley tiene como finalidad que se declare judicialmente el incumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato de trabajo y por tanto ella tiene su fuente en la responsabilidad contractual. En tanto que la reparación de los perjuicios que pretende la sociedad Polipropileno del Caribe S.A. le sea reconocida por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, fluye de la responsabilidad civil extracontractual y, en ese horizonte, no es el juez del trabajo el llamado a dirimir la suscitada controversia.

No desconoce la Sala que puede ocurrir que el contratista independiente le incumpla el convenio al beneficiario de la obra, precisamente por el cese de actividades de sus trabajadores. Pero en tal hipótesis, aflora cristalino que la ley le da al acreedor la posibilidad de echar mano de los “efectos de las obligaciones”, es decir, le otorga el derecho a exigir el cumplimiento de las mismas. Así las cosas, dada la naturaleza civil o mercantil de los contratos que los ligan, y aún a riesgo de fatigar, repítase que no es el juez laboral el competente para conocer sobre ese diferendo.

Ciertamente, un cese de actividades de trabajadores puede generar algún tipo de perjuicio para un tercero de la relación laboral; pero resulta ser una realidad inconcusa que la acción de que es titular este para buscar la reparación de los daños no es la consagrada en la Ley 1210 de 2008, sino de otra índole”.

En consecuencia, al no formar la sociedad demandante Consorcio Minero Unido S.A., parte en el conflicto existente entre el sindicato demandado y la sociedad Carbones de la Jagua S.A., carece de legitimación en la causa por activa, conforme lo determinó la colegiatura de primera instancia y por tanto, no incurrió en ningún desacierto al así declararlo, lo que impone su confirmación.

Decisión que no implica que en estas precisas circunstancias y frente a las contingencias derivadas del cese colectivo de actividades sufridas por un tercero y a efecto de determinar responsabilidades, este no pueda ejercer acciones ajenas a la jurisdicción del trabajo, por constituir una figura diferente a la presente, pues su estirpe ya no será la colectiva en la especialidad laboral.

Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada del 11 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Superior de Valledupar, en el proceso especial adelantado por el Consorcio Minero Unido S.A. contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica Agrocombustible y Energética —Sintramienergética—.

Notifíquese y cúmplase».