Sentencia 599 de octubre 2 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

GOBERNADORES

INHABILIDADES EN LA ELECCIÓN

EXTRACTOS: «Violación del art. transitorio 18-4 de la C.N., del siguiente tenor:

“Mientras la ley establece el régimen de inhabilidades para los gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrán ser elegidos como tales: . . .

4. Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección, hayan intervenido en la gestión de asuntos o en la celebración de contratos con entidades públicas, en su propio interés o en interés de terceros” .

De la anterior transcripción se deduce claramente que los supuestos que dan origen a la inhabilidad establecida en la norma son la gestión de asuntos y la celebración de contratos.

Se observa que el Constituyente en forma expresa estableció dos causales de inhabilidad que en consecuencia se fundamentan en hechos diferentes: una es la celebración de contratos que comporta la culminación de una etapa en el proceso contractual y otra la gestión de asuntos que excluye la anterior.

Las causales se extienden, según la disposición, tanto a quien actúa en propio nombre y beneficio como a quien lo hace en nombre y beneficio de terceros.

Ahora bien, la norma restringe los supuestos mediante dos limitantes: una en razón de la naturaleza de la entidad con la cual se contrata o se gestiona, puesto que ésta debe ser necesariamente pública y así debe aparecer demostrado, y otra de carácter temporal porque la gestión de asuntos o la celebración de contratos deben realizarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección de gobernadores.

En cuanto al aspecto de la celebración de contratos, vale la pena precisar que la norma no estableció como causal de inhabilidad el hecho de tener la calidad de contratista con entidades públicas, como sucede en otras normas que establecen la causal por tal razón (ver art. 83 del Decreto 1333 de 1986), para ser elegido en cargos diferentes al de gobernador, sino que siguió la pauta prevista para el caso de los alcaldes, respecto de los cuales estableció como inhabilidad la celebración de contratos dentro de un término concreto, excluyendo de esta forma de la causal a quienes celebraron con anterioridad a dicho término un contrato de las características previstas en la ley (ver art. 5º lit. e) de la Ley 78 de 1986, tal como quedó modificado por el art. 1º de la Ley 49 de 1987).

Al seguir la norma constitucional en estudio la pauta establecida por el art. 5º lit. e) de la Ley 78 de 1986, tal como fue modificado por el art. 1º de la Ley 49 de 1987, la interpretación por fundamentarse en los mismos elementos, debe ser igual a la efectuada con ocasión de los casos estudiados en relación con su violación, es decir, que la causal de inhabilidad no se genera por el hecho de que el elegido posea la calidad de contratista con una entidad pública sino por razón de que el contrato que genera dicha calidad se haya celebrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones.

La gestión de asuntos, por su parte, no aparecía consagrada como tal en la legislación anterior a la vigencia de la nueva Constitución. La Carta Fundamental de 1886, establecía para los congresistas una inhabilidad consistente en que a tiempo de la elección o dentro de los seis meses anteriores a ella estén interviniendo o hayan intervenido en la gestión de negocios con el Gobierno en su propio interés o en interés de terceros, distintos de las entidades o instituciones oficiales. Pero la misma norma defería a la ley la clase de negocios a los cuales se aplicaría la disposición así como la prueba especial para demostrar el hecho (ver art. 111 de la C.N. de 1886). Es de anotar que la legislación no desarrolló esta disposición.

En tales condiciones se observa que no existe precedente para efectos de interpretar la disposición, y existen diferencias marcadas con la norma en comento:

En primer término la disposición transitoria de la Constitución no habla de gestión de negocios (que podría tener una connotación específica referida, por ejemplo, la figura que aparece en el Código Civil) sino de gestión de asuntos; en consecuencia, para efectos de la interpretación de la norma en estudio se debe considerar que se trata de aquellas actuaciones que tengan por objeto el pedir, discutir, reclamar, para lograr unos resultados específicos, en una palabra litigar en el sentido visto. Se excluye así la actividad normal de cualquier ciudadano frente a las entidades públicas.

La limitante temporal que existe respecto de la celebración de contratos rige también para la gestión de asuntos; en consecuencia, tal gestión descrita para efectos de la inhabilidad como se vio antes, debe haberse efectuado dentro de los seis meses anteriores a la elección. Se excluye por lo mismo la gestión anterior a dicha fecha».

(Sentencia de octubre 2 de 1992. Expediente 0599. Consejera Ponente: Dra. Miren de la Lombana de Magyaroff).

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