Sentencia 5994 de agosto 5 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

DESPIDO ANTIGUO

DIFICULTADES PROBATORIAS

EXTRACTOS: «El tema que el magistrado disidente llamó “inversión de la carga de la prueba” en su salvamento de voto al fallo acusado, al cual se remite la recurrente en la fundamentación del cargo, corresponde a la tesis que coloca al trabajador en la necesidad de probar la causa del despido cuando ha transcurrido un tiempo prolongado entre la terminación del contrato y la iniciación del proceso laboral para reclamar la pensión proporcional de jubilación.

El criterio del magistrado disidente está consignado en el siguiente aparte:

“Sucede en el presente caso que las faltas atribuidas al demandante y con base en las cuales se le canceló su relación laboral sucedieron hace diecinueve años y que la prueba básicamente consistió en la aceptación que el demandante hizo ante una comisión de auditoría de haber falsificado unos recibos con los cuales pretendió justificar unos gastos. En la investigación interna la comisión de auditoría obtuvo la versión de las dos personas que según el demandante le habían firmado los recibos y esas personas lo desmintieron, probándose de esa forma los cargos imputados.

¿Cómo se le puede pedir ahora a la entidad demandada que diecinueve años después obtenga esas mismas declaraciones de inculpación, frente a la negativa que hace el demandante de haber cometido las faltas?” (folio 15, c. 2).

El transcurso del tiempo indudablemente puede generar dificultades probatorias. Pero no es la única situación que las produce. El sistema casuístico y tarifado del anterior Código Judicial (Ley 105 de 1931) ofrecía diversos ejemplos que hoy se condensan bajo la fórmula de la sana crítica del artículo 187 del C.P.C. Así ocurría por ejemplo en el caso del llamado testigo de abono para acreditar la declaración del fallecido (art. 694 ibídem); o para la prueba del depósito necesario; o en los casos de imposibilidad para obtener la prueba escrita y para los cuales el artículo 93 de la Ley 153 de 1887 excepcionalmente autorizaba el testimonio: principio de prueba por escrito, imposibilidad física o moral para hacerse a la prueba preconstituida y los casos especiales de cuentas en familia, en circunstancias de confianza o apremiantes, servicios médicos, etc. Igualmente han ofrecido dificultad probatoria el dolo, el error, el fraude y la simulación.

Pero la dificultad de la obtención de la prueba no se traduce en la “inversión de la carga de la prueba”. La carga de la prueba es regla de juicio principalmente dirigida al juez para indicarle quién debe asumir las consecuencias de la falta de prueba de un hecho, mas es claro que esa regla de juicio no sufre variación por la dificultad de obtenerla.

El enfoque para la solución acertada debe situarse en un plano distinto. Tiene que ver con la razón de ser de la prueba y su relación con el derecho sustancial. Aunque la prueba es judicial, no sólo se dirige al juez. La prueba hace parte de la vida cotidiana, de las relaciones personales, familiares, laborales y de negocios y, como lo precisa la doctrina, debe incitar a las gentes a proveerse de medios de convicción tan previsivos y eficaces que estimulen al contendor a abstenerse de la pretensión o a resistirla o que lo impulsen a solucionar los conflictos sin necesidad de acudir al proceso judicial.

La necesidad de conservar la prueba del hecho pretérito tiene que ver con el derecho sustancial y concretamente con el fenómeno de la prescripción. Al acreedor precavido le conviene dejar memoria escrita del hecho cuando sea evidente e indiscutible la obligación. Puede hacerlo mediante el registro documental o con su preconstitución extrajudicial o judicial.

Reciente decisión de esta misma Sección de la Sala abordó el tema de la dificultad probatoria en tratándose del reclamo judicial aparentemente tardío de la pensión sanción (sent. sept. 19/91, rad. 4331). Aunque no se estudió allí en particular el fenómeno de la supuesta “inversión de la carga de la prueba”, sí se analizó la imprescriptibilidad de la pensión y el asunto relacionado con los inconvenientes probatorios cuando se juzga un despido antiguo. Se dijo entonces:

“8. La dificultad probatoria que la impugnadora presenta como argumento principal de su exposición cuando afirma que la imprescriptibilidad de la pensión sanción deja sin defensa eficaz al empleador en caso de que el trabajador aplace por muchos años el ejercicio de su acción y presente la demanda cuando ya su antiguo patrono carece de los medios adecuados para recordar y acreditar debidamente los hechos que provocaron la terminación del contrato, si bien aparece como un argumento agudo y serio en favor de su tesis, tampoco tiene la consistencia suficiente para justificar —si fuera posible hacerlo— la variación jurisprudencial que ella propone. En efecto, en la misma dificultad probatoria se encuentra el trabajador demandante cuando ha sido él quien le puso término al contrato de manera unilateral y bajo la forma del despido indirecto.

Además no es normal —y la ley se ocupa de regular las hipótesis que ocurren normalmente— que el trabajador abandone por inacción derechos derivados del despido injusto que, en su momento, tendrían posiblemente un valor igual o superior al de la futura (y a veces incierta) “pensión sanción”, tales como la estabilidad en el empleo que se concreta en la acción de reintegro o el resarcimiento de perjuicios que se concreta en la acción para reclamar la indemnización por despido.

No es cierto tampoco que la prueba preconstituida tendiente a demostrar los hechos que provocaron el despido, recaudada oportunamente por iniciativa del empleador, haya de valer menos en un proceso futuro que la prueba practicada dentro del debate judicial propiamente dicho, en el supuesto, desde luego, de que esa prueba anticipada se haya practicado en legal forma. Las reglas de la sana crítica determinarán obviamente que el juez deba darle la credibilidad que corresponde a los medios probatorios practicados o recibidos inmediata o cercanamente a la ocurrencia de los hechos, de preferencia a las pruebas que, tratando de rememorar esos mismos hechos, se evacúen muchos años después.

Pero es más: siguiendo las mismas sugestivas ideas de la impugnación, si el empleador considera que tiene o ha tenido motivos suficientes para despedir con justa causa a un trabajador antiguo, no solamente está en posibilidad de preconstituir las pruebas pertinentes y conducentes a la demostración de esos hechos en prevención de un litigio futuro, sino que también está legitimado, como actor, para provocar la decisión judicial declarativa de certeza que reconozca esa justificación”.

De lo expuesto se sigue que la imprescriptibilidad de la pensión sanción de jubilación debe motivar a los interesados para conservar la prueba de los hechos determinantes del despido (directo o indirecto), puesto que la dificultad innegable que se presenta para su demostración cuando el proceso se plantea mucho después no produce sin embargo la inversión de la carga de la prueba».

(Sentencia de agosto 5 de 1993. Radicación 5994. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

___________________________________