Sentencia 695-99 de octubre 28 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

NO TIENEN AUTONOMÍA PARA REGULAR SALARIOS Y PRESTACIONES

EXTRACTOS: «En materia de prestaciones sociales, a los empleados públicos se les deben aplicar las normas legales que para tal fin establezca el legislador conforme a lo dispuesto por el artículo 150 numeral 19 literal e de la Carta Política; es más, existe prohibición expresa para delegar la facultad de regular las prestaciones en entidades territoriales (literal f, inciso 2º), la cual sigue siendo la regla general.

Sobre la dependencia en materia de regulación sobre las prestaciones sociales, la Corte Constitucional en sentencia C-053 de marzo 4 de 1998, magistrado ponente Dr. Fabio Morón Díaz, sostuvo:

“Las universidades públicas, como se ha dicho, son órganos autónomos del Estado, que por su naturaleza y funciones gozan de esa condición y están sujetas a un régimen legal especial que en la actualidad está consagrado en la Ley 30 de 1992; dada esa caracterización sus servidores son servidores públicos, que se dividen entre docentes empleados públicos, empleados administrativos y trabajadores oficiales, cuyos salarios y prestaciones sociales cubre el Estado a través del presupuesto nacional, específicamente de asignaciones para gastos de funcionamiento (...).

El legislador impuso, en el régimen especial que expidió para las universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes en esas materias le corresponda fijarlo al Gobierno Nacional, previas las asignaciones que en el rubro de gastos de funcionamiento para el efecto haga el legislador a través de la ley anual de presupuesto, y que por lo tanto a ellas les sea aplicable la restricción impuesta en la norma impugnada, la cual, además de no impedir ni obstruir el ejercicio de la autonomía de dichas instituciones, que pueden cumplir sus funciones y actividades sin que el mandato en cuestión las interfiera, contribuye a un manejo racional, armónico y equilibrado de dichos recursos por parte del Estado, y a la consolidación de una política macroeconómica que contribuya a un manejo racional y al saneamiento y optimización en el manejo de las finanzas públicas (...)”.

En otras palabras, el régimen de prestaciones que rige para las universidades públicas, es el establecido por las normas generales que determine la ley cuando quiera que se encamine hacia la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, las demás clasificaciones deben estar a las formas establecidas y reguladas por el legislador para poder imputar un gasto adicional en el presupuesto (caso de los trabajadores oficiales y docentes). Pero en todo caso, la fijación de prima de servicios no corresponde a los consejos directivos de las universidades».

(Sentencia de octubre 28 de 1999. Expediente 695-99. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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