Sentencia 600 de octubre 26 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PARENTESCO CON NOTARIOS

NO ES CAUSAL DE INHABILIDAD ELECTORAL

EXTRACTOS: «Segundo cargo: La señora Lucelly García de Montoya estaba inhabilitada para ser elegida Representante a la Cámara el 27 de octubre de 1991, a tenor del artículo 179, numeral 5°, de la Constitución Nacional, porque su hermano legítimo doctor Elkin Jaime García Tobón al momento de ser elegida desempeñaba el cargo de Notario Primero del Círculo de Calarcá, Quindío, con ejercicio de autoridad civil, autoridad ésta que emana de las nuevas disposiciones que “...les han atribuido la facultad de celebrar matrimonios civiles, divorcios, liquidación de sociedades conyugales y sucesiones, cambios de nombres y otra serie de actos, reservados unos a las autoridades jurisdiccionales y otros a los funcionarios civiles y administrativos”. Como el cargo lo desempeñaba en la misma circunscripción electoral para la cual fue elegida, la inhabilidad es obvia. Y la autoridad civil la tiene el notario si se tiene en cuenta el concepto que de la misma emitió el Consejo de Estado.

Por lo que hace a este cargo, como lo indica el señor apoderado de la parte demandada en su alegato de conclusión, a tenor del artículo 2° del Decreto 960 de 1970, llamado estatuto del notariado “la función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción y no puede ejercerse sino dentro de los límites territoriales del respectivo círculo de notaría”. Y como se desprende del contenido del artículo 3° del mismo decreto, la función notarial se reduce a dar fe de todos aquellos actos que requieren la intervención del notario, con o sin su presencia física. Si por disposición legal la función notarial no es compatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción, no se ve cómo el desempeño del cargo de notario implique tal ejercicio. De otra parte, las nuevas atribuciones otorgadas a los notarios en los Decretos 902, 999, 2458 y 2668 de 1988, y 1534, 1536, 1555, 1556, 1557, 1712, 1900 y 1729 de 1989, en manera alguna conllevan ejercicio de autoridad civil o jurisdiccional, porque para la celebración de los actos correspondientes no ejerce el notario poder alguno puesto que se trata de refrendar actos voluntarios de las partes, limitándose el notario a dar fe de lo probado con la confección de la escritura pública correspondiente, como en el caso de la partición o adjudicación de la herencia o de la liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, que en estos casos los notarios se limitan a refrendar la voluntad de las partes, dejando constancia de ello en el correspondiente instrumento público. Tampoco se trata de decisiones jurisdiccionales porque como claramente se desprende del artículo 116 de la Carta Política, los notarios no administran justicia, ni hasta el momento la ley les ha atribuido función jurisdiccional. Las atribuciones dadas a los notarios en los decretos atrás mencionados no los habilitan para juzgar el derecho sino simplemente para registrar el cumplimiento de la voluntad de las partes interesadas una vez llenados los requisitos formales correspondientes.

No prospera por consiguiente este cargo».

(Sentencia de octubre 26 de 1992. Expediente 0600. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

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