Sentencia 60211 de mayo 11 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN EN TUTELA

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 177

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones

1. Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000, toda vez que el reproche involucra una decisión adoptada por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, colegiatura de la cual es la Corte su superior funcional.

2. Suficiente ha sido la divulgación frente al artículo 86 de la Constitución Política, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

3. Así mismo, que la acción de tutela contra decisiones judiciales presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que consientan su interposición: genéricos y específicos, esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada, contrariando su esencia, que no es distinta a denunciar la violación de los derechos fundamentales.

3.1. En el anterior orden de ideas, si no existen motivos que impidan promover la acción, esta procederá contra las decisiones judiciales en la medida que carezcan de fundamento objetivo y configuren una vía de hecho, por lo cual, son improcedentes aquellas demandas en las que las consideraciones personales o subjetivas del accionante se anteponen a las argumentaciones del funcionario que las profiere, toda vez que esa circunstancia por sí misma no es razón suficiente para predicar la existencia de una arbitrariedad.

4. En el presente caso, la queja del actor radica en la declaratoria de nulidad que hiciera la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al momento de desatar el recurso de alzada, desde la formulación de imputación en lo relativo al delito de falso testimonio pues, arguye, se desconoce su titularidad en el ejercicio de la acción penal.

4.1. Pues bien, de cara a ello, impróspera resulta la petición, comoquiera que pretende el delegado de la Fiscalía emplear la acción de amparo como un medio para imponer su criterio y revisar la actuación del juez competente, como si se tratara de una instancia adicional.

Al respecto, se tiene que el juez colegiado que conoció del recurso impetrado, analizó las circunstancias del caso, los alegatos de las partes e intervinientes y adoptó la determinación que en su juicio y con fundamento en el ordenamiento legal encontró procedente, la cual, contrario a lo afirmado por el quejoso, no aparece como el proceder arbitrario de la Sala accionada y la abrogación de la acción penal, sino como un ejercicio constitucional en el cual se verificó la posible existencia de violación a garantías fundamentales.

Violación que detectó desde la ejecución de un acto procesal, como lo es la formulación de imputación y por ello, susceptible de ser anulado, pues si bien esta Sala ha venido en exponer ampliamente la naturaleza del escrito de acusación como acto de parte y no jurisdiccional, no lo es menos que no descartó la posibilidad de anular las actuaciones que conlleven un control por parte de la judicatura en las oportunidades establecidas, como acaeció en el caso bajo análisis, donde la nulidad se propuso en la audiencia prevista para tal fin, ante el juez llamado a conocer del asunto y permitiéndose el ejercicio de los recursos legales.

De allí que, así esta corporación comparta o no el sentido de la decisión, no puede afirmarse que contraríe el ordenamiento jurídico o desconozca la titularidad de la acción penal en cabeza del ente investigador, puesto que el motivo por el cual se arribó a la misma no fue otro que la garantía del derecho a la no autoincriminación prevista en el artículo 33 de la Carta Superior.

Por consiguiente, es inconsistente el razonamiento del accionante al entender que de la providencia impugnada emerge la absolución por el delito de falso testimonio, como que no aparece apreciación en tal sentido, y la declaratoria de nulidad deja abierta la posibilidad de intentar nuevamente la formulación de la imputación, conforme con la pautas que rigen el debido proceso y el respeto de las garantías fundamentales.

4.2. De allí que no surge un agravio en cabeza del actor, quien so pretexto de la protección a su derecho al debido proceso, traslada una discusión propia del proceso penal, e insiste en la configuración de una conducta punible acerca de la cual no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre su existencia. En consecuencia, son irrelevantes los argumentos relativos a tal punto esbozados no solo en la demanda sino en las intervenciones de quienes concurrieron al presente trámite.

4.3. Es bajo tal óptica que no puede servirse el libelista de esta colegiatura para interferir en un proceso que se encuentra en curso y frente al cual existen alternativas jurídicas para la defensa de los intereses de las partes, pues la Sala reitera, la tutela no puede ser entendida ni ejercida como un medio alternativo idóneo y válido para suplir los procedimientos ordinarios existentes, a través de los cuales se garantizan las prerrogativas procesales de quienes participan dentro de una actuación judicial y menos tenerse como una instancia más o paralela, porque de ser así se rebasaría el ámbito que le es propio con la consecuente injerencia arbitraria en competencias previa y legalmente atribuidas a los jueces naturales, al tiempo que conllevaría un ostensible menoscabo a la independencia y autonomía inherentes al poder judicial.

Y comoquiera que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en el proceso, el amparo no puede formularse para justificar la dilación del trámite o buscar aplazamientos en espera de decisiones de esta índole salvo una orden concreta en tal sentido, toda vez que ello en el fondo le otorgaría la connotación de instancia adicional ya descartada.

Luego no se entiende el propósito de los actores, que en ejercicio de las labores que desempeñan como delegados de la Fiscalía, deben conocer el ordenamiento jurídico Colombiano y la naturaleza excepcional que entraña el mecanismo constitucional y por consiguiente, ser conscientes del ejercicio racional que debe hacerse del mismo, en procura de que no interfiera indiscriminadamente en procesos que se adelantan ante las autoridades competentes, quienes igualmente, se obligan a actuar conforme a los parámetros legales que sujetan la función de administrar justicia.

5. Así las cosas, a pesar de la insatisfacción del fiscal del caso y su fiscal de apoyo, con la determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no se advierte esta contraria a mandatos constitucionales y legales, o quebrantadora de derechos fundamentales, pues obedece al estudio de presupuestos y principios normativos y constitucionales aplicables al caso.

Por manera que, la pretensión del accionante, al invocar presunta vulneración de derechos fundamentales y aspirar con ello a imponer sus razones frente a la interpretación efectuada en cada una de las instancias normales del proceso, no tiene vocación de prosperidad y por ende será desestimada.

6. Finalmente, de cara a la petición del representante del Ministerio Público, no se accederá a aquella, al poderse intentar al interior del proceso penal la defensa de los intereses de la procesada Jessy Mercedes Quintero.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión en Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar improcedente la acción de tutela invocada por Antonio Luis González Navarro y Napoleón Botache Díaz, en su calidad de fiscales 11 seccional de la unidad de vida y adjunto de apoyo.

2. Notifíquese esta decisión en los términos consagrados en el Decreto 2591 de 1991.

3. De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casación Civil de la corporación, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».