Sentencia 6022 de diciembre 6 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

ABANDONO DEL CARGO

DECLARATORIA DE VACANCIA

EXTRACTOS: «El abandono del empleo no se encuentra regulado expresamente en las normas de administración propias del sector de la salud, por lo cual son aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 2400 de 1968 y sus normas reglamentarias, modificado por el Decreto 3074 del mismo año, en virtud del reenvío que a tales disposiciones hace el Decreto 694 de 1975.

Según lo previsto por el artículo 126 del Decreto 1950 de 1973 se configura tal abandono, entre otros casos, cuando sin justa causa el empleado deja de concurrir al trabajo durante tres días consecutivos; es decir, que la causal contemplada en la norma, se presenta en este evento por no concurrir al trabajo durante el referido lapso, sin que medie justa causa.

Con fundamento en lo anterior, la Sala analizará las causas de disentimiento con el fallo del a quo expuestas por el apelante.

Se argumenta que el 2 de mayo de 1990, la administración del servicio seccional de salud de Nariño, a sabiendas de que el demandante hacía un mes que estaba en servicio activo, o sea, con pleno conocimiento de que el cargo estaba ocupado por su legítimo titular, lo declaró vacante, creyendo que la ley le daba la facultad discrecional de declarar el hecho del abandono a pesar de que ya no existía.

Se debe tener en cuenta, en primer lugar, que la inasistencia al trabajo por parte del actor durante el lapso previsto por la ley se configuró en forma clara y tal hecho no es discutido. Igualmente se debe observar, que los decretos que regulan el abandono no establecen en ninguno de sus apartes que el acto de reasumir las funciones por el empleado borre o deje sin efecto las consecuencias previstas en la norma. En consecuencia, no existe razón jurídica para considerar que por el hecho de reasumir las funciones, le quede vedada a la administración la posibilidad legal, jurídica y lógica de declarar el abandono; antes por el contrario, una interpretación armónica de las normas que tipifican esta causal de retiro, en consonancia con la prestación de un buen servicio público, imponen a la autoridad nominadora la obligación de declarar la vacancia siempre que se deje de concurrir a laborar durante el lapso señalado en cada caso, sin que exista una justa causa que haya obligado al empleado a abandonar la prestación del servicio público a él encomendado. De ahí, que no sea útil para el actor sostener que la autoridad nominadora no puede declarar la vacancia del cargo, después de que el empleado haya reasumido sus funciones.

Desde otro punto de vista, aparece probado en el proceso que el jefe de la unidad regional de salud de occidente, doctor Rodríguez Rosero, jefe inmediato del actor, sí verificó el abandono (fl. 110), y así lo informó al jefe de Servisalud de Nariño, consignando en su oficio Nº 184 de abril 11/90, que en la visita realizada a la localidad de El Charco se comprobó que el abandono del cargo ocurrió entre el 13 de marzo y el 2 de abril del mismo año.

De lo anterior se deduce que el jefe inmediato indagó directamente al demandante sobre las razones y motivos que le asistían para haber abandonado el cargo, quien las presentó como era su deber al jefe del servicio de salud, por ser competente para tomar una decisión administrativa, optando éste por declarar la vacancia al dar aplicación a los artículos 126 y 127 del Decreto 1950 de 1973.

Lo precedente lleva a concluir que los presupuestos de la norma se cumplieron a cabalidad al adelantar la administración una indagación breve y sumaria sobre la ocurrencia del hecho y la verificación de las causas que lo originaron; sin que ello implique el seguimiento de un proceso administrativo idéntico al que se exige para la aplicación del régimen disciplinario, pues el abandono del cargo es en nuestro derecho causal autónoma de retiro del servicio, independiente de la destitución.

Así las cosas, si la administración para tomar la decisión contenida en los actos acusados adecuó su actuación a las normas legales vigentes, mal puede hablarse que existió transgresión del principio de la buena fe.

Las consideraciones precedentes llevan a concluir que aunque el actor logró demostrar que su novia tuvo que ser atendida médicamente y aun teniendo este hecho como justa causa para ausentarse inicialmente del trabajo, no puede aceptarse que tal justa causa pueda pregonarse para todo el período de ausencia, pues en tales circunstancias, una vez superada la emergencia médica, debió en forma diligente y responsable reintegrarse de inmediato a su labor y no prolongar su ausencia, esa sí a todas luces injustificada, con el fin de contraer matrimonio, ceremonia que se hubiera podido celebrar en una ocasión en que sus obligaciones laborales se lo permitieran. A juicio de la Sala no es convincente la afirmación de que el matrimonio era inaplazable por el vencimiento de la documentación, pues ella bien podía reponerse para una ocasión posterior.

Por todo lo anterior se concluye, que la conducta del demandante fue negligente y contraria al sentido de responsabilidad que le imponía su carácter de servidor público y bien actuó la administración al declarar la vacancia del cargo».

(Sentencia de diciembre 6 de 1994. Expediente 6022. Consejero Ponente: Dr. Joaquín Barreto Ruiz).

______________________________________