Sentencia 6026 de septiembre 1º de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL ARRENDAMIENTO COMO ACTIVIDAD DE SERVICIO

EXTRACTOS: «El artículo 32 de la Ley 14 de 1983, señala como hecho gravable del impuesto de industria y comercio “todas las actividades comerciales, industriales y de servicio”.

A su vez, el artículo 36 de la citada ley definió para los efectos del aludido impuesto lo que debe entenderse por actividades de servicios, en los siguientes términos:

“Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducción que contenga audio y video, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho” (se subraya).

Por su parte, el artículo 41 del Acuerdo 024 del 10 de marzo de 1991, expedido por el concejo municipal de Itagüí, previó que la actividad de servicios “es la destinada a la satisfacción de las necesidades de la comunidad en general o de personas en particular”, e incluyó dentro de las actividades de la naturaleza en mención, las previstas en el transcrito artículo 36 de la Ley 14 de 1983.

A renglón seguido, y luego de “reproducir” el listado del artículo 36 referido, señaló como actividades de servicios, el arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, el subarriendo de los mismos, la intervención de personas jurídicas como asociados en la constitución de sociedades comerciales, la administración de los mismos, las operaciones de bolsa y de martillo, siempre y cuando no se consideran (sic) por la ley o por este acuerdo como industriales o comerciales” (se subraya).

A juicio de la Sala bien podía la autoridad municipal definir el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles como actividad de servicio, toda vez que, como se deduce del texto mismo de la norma transcrita, la enumeración de las actividades que se consideran servicios, según el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, tiene carácter enunciativo y no taxativo, ya que expresamente hace referencia a actividades análogas como sería la del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles toda vez que ésta bien puede considerarse como análoga a las allí definidas, en cuanto, a través de ella, cuando se trata de inmuebles se facilita la vivienda, satisfaciendo así una necesidad de la comunidad que es la definición básica que de “actividad de servicios” da la Ley 14 de 1983, en el citado artículo 36.

A juicio de la Sala no es cierto que el carácter de análoga de la actividad de arrendamiento de bienes se da en relación con la intermediación comercial, a través de sociedades comerciales inmobiliarias, ya que allí la actividad de servicios gravada es no propiamente el arrendamiento, sino la intermediación comercial en dife-rentes campos, ya que la norma se refiere a dicha intermediación realizada en corretaje, comisión, compraventa de inmuebles y su administración, lo cual indica claramente que el servicio es la intermediación comercial, independientemente de la materia específica en la cual se realice.

Así las cosas, el arrendamiento de inmuebles en sí mismo considerado bien puede considerarse como una actividad de servicio análoga a las enunciadas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, tal como lo es la intermediación comercial en administración de inmuebles, y como tal, gravada con el impuesto de industria y comercio.

El hecho de que la ley al enumerar la actividad de intermediación comercial como actividad de servicio, haya mencionado, a título de ejemplo, la administración de inmuebles, no implica que esa sea la única posibilidad de que el arrendamiento se considere un servicio gravado con el impuesto de industria y comercio, de acuerdo con la Ley 14 de 1983.

En cuanto al arrendamiento de muebles, la Sala observa que el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 en su enumeración enunciativa califica como actividad de servicios el arrendamiento de algunos bienes muebles, como lo son las películas y todo tipo de reproducción que conjuntamente contengan audio y video, lo cual permite considerar como análoga la actividad de arrendamiento de otros bienes muebles diferentes a los allí enumerados, tal como lo precisó el acuerdo demandado del concejo municipal de Itagüí, sin que pueda afirmarse que se desconoció el citado artículo 36 de la Ley 14 de 1983, cuando, por el contrario, lo que hace es desarrollar la posibilidad que la misma norma deja expresamente consagrada, de que otras actividades análogas a las allí enumeradas sean consideradas como de servicios, para efectos del impuesto de industria y comercio.

De otra parte, estima el actor que el artículo 46 del Acuerdo 024 de 1991 ha infringido también el texto de la Ley 14 de 1983.

Según dicho artículo, aquí demandado, la administración de edificios propios cuando tengan más de cinco locales o apartamentos de alquiler, es considerada por el Acuerdo 024 de 1991 como una actividad de servicios.

Dicha norma tampoco viola la Ley 14 de 1983, toda vez que la administración de inmuebles es una actividad análoga a la de arrendamiento respecto de la cual la Sala precisó su criterio en párrafos anteriores, cuyo contenido resulta aplicable para concluir que este artículo 46 del Acuerdo demandado, tampoco viola la Ley 14 de 1983, por cuanto lo que hace es ampliar la enumeración enunciativa fijada por la norma».

(Sentencia de septiembre 1º de 1995. Expediente 6026. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Como salvamento de voto consignamos los razonamientos expuestos en la ponencia original presentada por el doctor Delio Gómez Leyva, que acogía las súplicas de la demanda, la cual fue negada con la intervención de conjuez, los cuales indicaban que:

“Si bien es cierto el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 relaciona las actividades de servicios a título enunciativo, y por tal razón caben dentro de dicha relación actividades análogas, como bien lo prevé esa misma disposición, a juicio de la Sala, el arrendamiento de bienes inmuebles o muebles no es una actividad que encuadre dentro de las actividades de servicios que prevé o permite el artículo 36.

En efecto, en relación con el arrendamiento de inmuebles, la actividad análoga sería la administración de los mismos, sin embargo, se observa que en la Ley 14 de 1983 la administración de los inmuebles hace parte de la intermediación comercial, es decir, que dicha actividad no es considerada en sí misma como de servicios y para ser tenida como tal requiere ser ejercida a través de intermediarios profesionales, o mejor comerciales.

En consecuencia, si la administración de inmuebles no se opera como objeto de la intermediación comercial, v.gr. a través de sociedades inmobiliarias, sino en forma directa, no hay actividad de servicios gravada, pues lo que constituye el objeto de imposición en lo que atañe con los inmuebles es la intermediación comercial sobre los mismos.

La conclusión que se ha sentado resulta del análisis del texto mismo del artículo 36 de la Ley 14 de 1983, que en la parte pertinente prevé como actividad de servicios las “formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles”.

Así las cosas, el arrendamiento de inmuebles en sí mismo considerado y como forma de administración de tales bienes, no es una actividad de servicios gravada con el impuesto de industria y comercio y, por ende, no existe razón lógica ni jurídica que permita gravar con dicho impuesto los cánones que se perciban en virtud del arrendamiento de un inmueble en las condiciones que se han precisado.

De otra parte, la noción de “arrendamiento de inmuebles” da cabida tanto a la intermediación comercial, como a la operación o administración directa o indirecta de carácter no comercial, desbordando así el contenido del artículo 36 de la Ley 14 de 1983, norma a la cual por mandato constitucional debe sujetarse en materia de industria y comercio cualquier concejo municipal del país.

En lo que tiene que ver con el arrendamiento de muebles, la Sala observa que el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 sólo considera como actividad de servicios el citado contrato si versa sobre ciertos bienes muebles, cuales son las películas y todo tipo de reproducción que conjuntamente contengan audio y video, lo cual significa que al incluir como actividad de servicios el arrendamiento de todo bien mueble, el concejo municipal de Itagüí nuevamente gravó hechos no contemplados en la mencionada ley.

Adicionalmente, el artículo 35 de la Ley 14 de 1983 considera como actividades comerciales, además de las que allí enuncia, “las demás definidas como tales por el Código de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código o por esta ley, como industriales o de servicios”.

Es así como el artículo 20, numeral 2º, del Código de Comercio considera como acto de comercio el arrendamiento de bienes muebles, y la Ley 14 sólo prevé como actividad de servicio el arrendamiento de películas y reproducciones, de lo cual se colige que únicamente el arrendamiento de algunos bienes muebles constituye actividad de servicios, y el arrendamiento de bienes diferentes a aquéllos constituye actividad comercial, lo que reitera que el acuerdo demandado no podía incluir como actividad de servicios el arrendamiento de todos los bienes muebles.

De otra parte, estima el actor que el artículo 46 del Acuerdo 024 de 1991, ha infringido también el texto de la Ley 14 de 1983.

La disposición acusada prescribe lo siguiente:

“ART. 46.–Gravar la administración de edificios propios, cuando tengan más de cinco (5) locales y/o apartamentos de alquiler, con una base gravable del 7 x 1.000 (siete por mil) correspondiente al código 40-01.01 y a su respectivo complemento de avisos y tableros”.

La administración de edificios propios es considerada por el Acuerdo 024 de 1991 como una actividad de servicios, pues la administración de inmuebles, una de cuyas expresiones es el contrato de arrendamiento, también fue prevista como tal por dicha norma.

Dicha disposición viola ostensiblemente la Ley 14 de 1983, toda vez que la administración de inmuebles sólo constituye hecho gravado cuando se ejerce como una forma de intermediación comercial, forma esta que excluye la administración directa por parte de los propietarios.

Debe insistirse en el hecho de que lo que pretendió la Ley 14 de 1983 fue gravar la actividad profesional de intermediación, en el presente caso, de administración de inmuebles, actividad que se ha abierto paso en el tráfico mercantil con la construcción de grandes complejos inmobiliarios que requieren la presencia de profesionales en el ramo.

Sin embargo, el Acuerdo 024 de 1991, en su artículo 46, amplió el marco legal de actividades gravables en cuanto gravó la administración de edificios propios con más de cinco locales y/o apartamentos, además de que introdujo un elemento cuantitativo tampoco previsto en la ley”».

Magistrados: Julio Enrique Correa Restrepo—Delio Gómez Leyva.

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