SENTENCIA 6028 DE OCTUBRE 23 DE 1990

 

Sentencia 6028 de octubre 23 de 1990 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SOCIEDADES EXTRANJERAS LICITANTES

PRUEBA DE SU EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

EXTRACTOS: «Si bien es cierto que en el “pliego de condiciones” se dijo que “todos los documentos sobre los aspectos contractuales deberán estar en idioma español y en caso de encontrarse en otro idioma obliga su traducción oficial”; que el art. 13 del Estatuto Contractual de las Empresas dispone que “Cuando los contratistas fueren personas jurídicas deberán acreditar su existencia y representación mediante los documentos exigidos por la ley” y que los arts. 259 y 260 del C. de P.C. establecen que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención se deben presentar autenticados por el agente consular colombiano o a falta de éste por el de una nación amiga, que con esto se presumen otorgados conforme a la ley del respectivo país, debiendo a su vez ser autenticados por el ministro de Relaciones Exteriores y que si están extendidos en idioma distinto del castellano, para que puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el mencionado ministro o por un intérprete designado por el juez, todo ello, siendo. se repite cierto, no implica necesariamente que en el sub-lite se hubieran violado las normas, cuando la entidad licitadora tuvo como cierta la existencia y representación legal de la sociedad que licitó y a quien se le adjudicó el contrato. Véase por qué:

a) Cuando en el pliego de condiciones de la licitación se estableció que los documentos sobre los aspectos contractuales debían estar en idioma español. no puede entenderse que entre ellos estuvieran comprendidos los relativos a la existencia y representación de la sociedad por las razones que se expresan a continuación.

Parece estar fuera de toda discusión, por lo obvio, que la entidad licitadora necesita tener seguridad de que quienes liciten, cuando se trate de personas jurídicas, existen legalmente, pues ningún sentido tendría aceptar como proponentes, primero, y luego seleccionar, a una entidad que resultare inexistente. La seriedad del proceso y principios evidentes de economía y lealtad con los demás proponentes imponen esta solución.

¿Pero querrá significar lo anterior que la entidad licitadora no pueda tener esa seguridad, cuando se trate de sociedades sino y en cuanto los documentos demostrativos de su existencia y de la personería de su representante legal estén en idioma español o en caso contrario su traducción oficial?

No lo cree así la Sala. En la etapa precontractual que va hasta la adjudicación de la licitación, basta que la entidad licitadora tenga seguridad sobre la existencia de las sociedades proponentes, a través de los documentos que de acuerdo con la ley del país donde se haya constituido la respectiva sociedad proponente acrediten esa existencia y dicha personería. Ningún derecho de otros proponentes se ve afectado en estas circunstancias, ni la entidad administrativa ni el interés público sufren detrimento alguno porque los documentos no estén en idioma español y en este caso no hayan sido traducidos.

Además, el art. 65 inciso 3° decía en forma semejante a como ahora quedó en virtud de la reforma introducida por el art. 1° num. 23 del Decreto-Ley 2282 de 1989, que si quien otorga el poder es una sociedad extranjera, el cónsul que lo autentique o ante quien se otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de su existencia y que quien lo confiere es su representante, “se tendrán por establecidas estas circunstancias”.

Cuando los arts. 259 y 260 del CPC se refieren a documentos públicos otorgados en el exterior y los requisitos que deben llenar para ser apreciados como prueba, están regulando una materia procesal y se están refiriendo a un evento en el cual tales documentos sirven para acreditar algún aspecto que es materia de una controversia ante la jurisdicción.

Si no fuere así y si las normas citadas se aplicaran por fuera de su contexto procesal, se tendría que un contrato administrativo o de derecho privado celebrado con una sociedad extranjera sin que a él se acompañara la prueba de su existencia en la forma prevenida por los arts. 259 y 260 citados, adolecería de algún vicio, cosa que no sucede pues las causales de nulidad son taxativas y en ninguna de éstas puede encuadrarse o subsumirse la ausencia de dicha prueba.

El art. 469 del Código de Comercio dice que “Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior” y una sociedad así constituida no deja de ser lo que es, ni de tener exi tencia porque en un momento dado, al contratar, no presente como prueba de tal existencia los documentos que acrediten tal existencia en la forma y con los requisitos de que tratan los arts. 259 y 260 del CPC, pues éstos, se repite, rigen para el caso en que jurisdiccionalmente fuere necesario acreditar un hecho a través de un documento extendido en el exterior en idioma distinto del español y por funcionario extranjero.

El art. 480 del Código de Comercio, que hace parte del Libro Segundo, título VIII sobre sociedades extranjeras se refiere a los documentos otorgados en el exterior y relativos a la constitución, estatutos, reformas a éstas, nombramiento de apoderados, decisión de establecer una sucursal en Colombia, etc., para decir que ellos

“ ...se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.

Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país”.

Obsérvese, entonces, que no se exige ni que los documentos estén en idioma español ni que si no lo están se efectúe su traducción oficial. Esto último, se repite, sólo deberá hacerse en caso de que se presenten como prueba en juicio, por así disponerlo el Código de Procedimiento Civil.

En el caso materia de este proceso sucedió que el licitante que resultó favorecido presentó los documentos relativos a su existencia y representación no sólo en idioma francés sino también en idioma español, si bien no por traductor oficial pero sí autenticados por el Cónsul de Colombia correspondiente y además con la certificación por éste sobre la existencia de la sociedad y que ésta cumple con su objeto legal, de donde no podía haber lugar a ninguna duda, para la entidad licitadora ni para los restantes licitantes sobre tales hechos y los intereses públicos en general quedaban protegidos en cuanto a la seriedad del proceso de licitación por este aspecto.

Agréguese a lo anterior, que aun cuando las disposiciones citadas del Código de Comercio nada dicen acerca del abono o autenticación por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la firma del cónsul, en la certificación de aquél sobre la existencia de la sociedad y el cumplimiento de su objeto, dicho abono o autenticación se efectuó.

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Pero la misma sociedad actora alega, además, que se contrarió la condición 1.12 B del “pliego de condiciones” porque ésta disponía que “todos los documentos sobre los aspectos contractuales deberán estar en idioma español y en caso de encontrarse en otro idioma obliga su traducción

Para la Sala esta condición, que es bien ambigua en sus términos, no puede pensarse que debía aplicarse a los documentos referentes a la existencia de la sociedad que propiamente no era un aspecto contractual (que por otra parte estaba acreditada ya con la documentación presentada en los términos de que trata el precitado art. 468) sino a los documentos de la oferta que hicieron referencia al contrato mismo que ofrecía celebrar.

3. Es cierto que la jurisprudencia de la Corporación a tono con la doctrina universal, como lo anota el a-quo, ha dicho que el apartamiento, del licitante, del pliego de condiciones en aspectos no sustanciales no implica incumplimiento con los requisitos enlistados en el mismo.

El censor, recurrente, alega que sin embargo “el defecto acotado de la no presentación de los comprobantes de existencia y representación en traducción oficial no puede minimizarse en la forma en que se ha hecho, pues por su entidad lo que toca con la actualidad, vigencia y capacidad de quien no es persona natural constituye uno de los elementos de mayor importancia dentro de cualquier trámite...”.

Para la Sala es cierto, también, lo dicho por el censor, pero lo que sucede es que no es verdad que en este caso se esté minimizando como el afirma, esos aspectos, sino que lo que ocurre es que para ella la existencia y representación de la sociedad sí quedó establecida frente a la entidad licitadora con los documentos que presentó con su oferta, por las razones atrás anotadas, de donde la cita jurisprudencial hecha por el a-quo en el fondo, simplemente le sirvió de apoyo a su decisión sin que fuera ni sea necesariamente pertinente para haberla tomado ni para mantenerla incólume con ocasión del fallo que se pronunciara en esta segunda instancia.

4. Finalmente, la Sala llama la atención sobre la circunstancia de haberse acreditado la existencia y representación de la sociedad, aun dentro de los rigurosos términos probatorios de que tratan los arts. 259 y 260 del CPC, para el momento en que se celebró el contrato adjudicado en desarrollo de la licitación PR-211 (0664-E1) convocada por las Empresas Públicas de Medellín, por lo cual no podría tampoco sostenerse que se escogió a un proponente inexistente legalmente».

(Sentencia de octubre 23 de 1990. Expediente 6028. Consejero Ponente: Dr. Gustavo de Greiff Restrepo).

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