Sentencia 6039 de agosto 31 de 2000

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 6039

Consejero Ponente:

Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Autoridades nacionales

Actor: Antonio José Pinzón Pinzón

Santafé de Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil.

EXTRACTOS: « III. Consideraciones

1. En autos se hace mención del señor Julio Roberto Delgado Medina, en términos que indican que podía tener interés directo en la causa, y como no le había sido notificado la demanda, el despacho del consejero ponente dispuso poner en su conocimiento esta situación, atendiendo el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, como en efecto se hizo, ante lo cual ha manifestado dicho señor que no tiene ninguna clase de interés directo en el resultado del proceso (fl. 51), por lo tanto, la nulidad que hubiera podido presentarse se da por subsanada.

2. Vistas las razones del recurso, el meollo del asunto en la presente instancia radica en la viabilidad de condenar a la entidad demandada al pago de perjuicios, consistentes en daño emergente y lucro cesante, en la cuantía que resulte probada en el proceso, y de costas al actor y ordenarle que libre los oficios reclamados en el recurso, puesto que estos son los motivos del mismo, de donde resulta improcedente la petición de la entidad demandada, en el sentido de que se revoque la declaratoria de nulidad, por cuanto no apeló ni siquiera de forma adhesiva.

Respecto del fondo del recurso, se precisa lo siguiente:

2.1. Se sabe de autos que la Resolución 546 de 22 de mayo de 1997 dejó sin efecto el registro de la escritura pública mediante la cual fue constituida la hipoteca que respaldó un crédito del actor por valor de cien millones de pesos ($ 100.000.000), y el oficio mediante el cual el juzgado 1º civil del circuito de Santafé de Bogotá informó a la oficina de registro de instrumentos públicos el embargo del inmueble respectivo, que decretó dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el recurrente con base en dicha hipoteca, del cual esta informa en la demanda que aún cursaba en dicho juzgado.

Declarada la nulidad de esta resolución, se entiende que en cuanto a su eficacia y en todo lo concerniente a ella, incluido el registro del embargo, las cosas volvieron al estado inicial, es decir, que revivieron los registros en comento, como si nunca hubieran sido dejados sin efecto, y por lo tanto recobran el orden del turno respectivo, con prelación a todo registro que se hubiera producido con posterioridad a los mismos.

Teniendo en cuenta esta situación, la Sala acoge los planteamientos del a quo y del Ministerio Público sobre la condena al pago de perjuicios, toda vez que habiendo sido declarada la nulidad, el accionante queda restituido íntegramente en sus derechos como son el de la garantía hipotecaria y el del embargo del inmueble correspondiente, de modo que no puede predicarse que haya perdido el valor del mutuo por causa del acto anulado, por lo tanto, no se genera el daño emergente que por este concepto reclama (fl. 36), y al no producirse este no se puede producir lucro cesante a cargo de la demandada, que el recurrente hace consistir en los intereses moratorios que la sociedad ejecutada le salía a deber, amén de que de suyo esta deuda no ha dejado de existir a cargo de esta sociedad, si es que aún no ha sido cancelada por ella.

En estas circunstancias, el dictamen pericial que tanto invoca el apelante queda sin objeto alguno, ya que precisamente toma como base para determinar los supuestos perjuicios, el valor del mutuo como daño emergente, y los intereses convencionales dejados de percibir por el actor (fl. 73), de allí que no sea pertinente o necesario tenerlo en cuenta.

En relación con el reclamo de que por causa del acto enjuiciado el valor del inmueble hoy no sea suficiente para respaldar el crédito hipotecario, la Sala observa que es un punto que no fue objeto de debate en la primera instancia, por tanto no podía ser decidido en la sentencia apelada y, además, no hay prueba de que tal petición se haya presentado, por cuanto ni se ha aportado el avalúo actual del inmueble, ni del valor actualizado del crédito.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia en cuanto a la pretensión relativa a los perjuicios.

2.2. La orden de oficiar a los juzgados 1º y 20 civil del circuito para “que se dejen sin efecto las decisiones que se remitieron en cumplimiento de los artículos séptimo, octavo y noveno de la resolución impugnada” (en realidad se trata de los arts. 6º, 7º y 8º que disponen compulsar copia de la resolución a tales despachos) aparece ciertamente solicitada en la demanda en el punto 4 de las pretensiones, sin que el a quo la hubiera considerado.

La Sala la encuentra totalmente procedente, por cuanto la resolución tuvo incidencia directa en la situación procesal de los juicios ejecutivos de que se habla en autos, en virtud de la copia que con sendos oficios la misma oficina de registro remitió a dichos juzgados para lo pertinente.

Por lo tanto, es necesario que ahora les informe de la situación resultante de la sentencia, que, como ya se dijo, es la que corresponde a la que estaba dada antes de que se expidiera la resolución acusada.

2.3. La Sala, atendiendo lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, según el cual el juez podía condenar en costas teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, no accede a la petición de condena en costas por cuanto el hecho de que hubiera sido anulada la resolución acusada, no implica en sí mismo que la conducta de la demandada haya sido temeraria, pudiéndose observar incluso que no lo fue en la actuación procesal, ya que su intervención en la misma estuvo limitada a lo estrictamente debido: contestación de la demanda y alegatos para fallo, además de aportar al proceso lo requerido por el juez de instancia. Además, esta condena no fue pedida en la demanda.

En resumen, la Sala confirmará la sentencia en cuanto negó la pretensión de condenar al pago de daños y perjuicios a favor del actor, y la adicionará respecto de la pretensión de que se ordene a la entidad demandada oficiar a los juzgados 1º y 20 civil del circuito informándole sobre el estado de los registros afectados por la resolución enjuiciada que resulta de la declaración de anulación de la misma, en lo que atañe a los procesos ejecutivos de que se habla en autos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada de fecha 7 de octubre de 1999, proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto negó la petición de condenar a la entidad demandada a pagar al actor los daños y perjuicios relacionados en la demanda.

2. ADICIÓNASE la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR a la oficina de registro de instrumentos públicos, zona norte, oficiar a los juzgados 1º y 20 civiles del circuito de esta ciudad, informándoles sobre el estado en que quedan los registros que interesan a los procesos ejecutivos que dieron lugar a los mismos, como consecuencia de aquella.

3. No se condena en costas a la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 31 de agosto del año 2000».