Sentencia 6048 de marzo 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad. 25000-2325-000-2001-01125-01(6048-03) autoridades nacionales

Consejera Ponente:

Dra. Ana Margarita Olaya Forero

Actor: Julio Roberto Quimbay Gómez

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil cinco

EXTRACTOS: « Consideraciones

Se solicita el cumplimiento de los decretos expedidos en aplicación de la Ley 4ª de 1992, año a año por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se estableció la remuneración de los empleados de la rama judicial, con posterioridad a 1994.

Este mismo asunto ha sido sometido al juicio de esta corporación con anterioridad. En tales ocasiones, las dos subsecciones adoptaron un criterio de interpretación de las normas, que difiere en algunos aspectos, con el que definió la sentencia proferida por esta Sala de Sección el 27 de octubre de 2001, expediente 271-01 Magistrado Ponente Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.

Por ello es necesario hacer las siguientes precisiones:

El régimen salarial de los servidores de la rama judicial, fue objeto de revisión para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 parágrafo de la Ley 4ª de 1992. En esta norma, se obligó al Gobierno Nacional a estudiar “el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

Con tal antecedente, se expidió el Decreto 57 de 7 de enero de 1993, que estipuló un nuevo régimen salarial y prestacional, para los servidores de la rama judicial que se vinculen al servicio con posterioridad a su vigencia; fijó el valor de la remuneración correspondiente a dicho año; y señaló, para quienes en esa fecha servían a la rama, la permanencia del régimen salarial y prestacional anterior, a menos que de forma libre optaran por el nuevo, antes del 28 de febrero de 1993.

Para quienes continuaron con el régimen anterior, el Gobierno Nacional señaló el valor de la remuneración correspondiente al año de 1993, en el artículo 4º del Decreto 51 de 1993. En tal norma se definió un valor en términos nominales.

No obstante que en forma nominal, es decir mediante una suma determinada, el gobierno había definido en este último decreto el incremento del salario para 1993, de quienes conservan el régimen salarial anterior u ordinario; se incluyó en el artículo 17 del Decreto 57 (que estipula la retribución de quienes cobija el nuevo régimen), un pago adicional del 2.5% sobre la asignación básica que venían recibiendo en el año anterior (1992), con el siguiente tenor:

“ART. 17.—En desarrollo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 41 de 1992, los empleados de la rama judicial que no opten por el régimen establecido en el presente decreto tendrán derecho a un incremento del dos punto cinco por ciento (2.5%) sobre la asignación básica mensual que tenían a 31 de diciembre de 1992, sin perjuicio de los incrementos decretados por el gobierno para el año de 1993” (negrillas fuera de texto).

Tal norma no tiene zonas de penumbra para su interpretación. Se entiende que para ese año 1993, el gobierno decidió un incremento porcentual adicional de nivelación, que se aplica sobre la asignación básica que devengaban los servidores a 31 de diciembre de 1992, sin perjuicio de la tabla salarial incrementada que ya había fijado. La liquidación del salario correspondiente a 1993 debió incluir: el valor de la asignación básica estipulada por el gobierno para cada grado según la tabla definida en el Decreto 51 de 1993, más un incremento del 2,5% sobre el valor de la asignación básica que recibía el funcionario a 31 de diciembre del año 1992.

En términos similares, para el año siguiente, 1994, el Gobierno mantuvo el incremento porcentual adicional de nivelación, incrementando su valor en un 21%. Ello se deduce del claro tenor literal del artículo 4º del Decreto 106 de 1994 que no deja dudas de interpretación:

“Los funcionarios y empleados de la rama judicial que no optaron por el régimen establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, tendrán derecho a partir del 1º de enero de 1994, a un incremento del 21% de la remuneración contemplada en el artículo 17 del Decreto 57 de 1993”.

Se debe precisar respecto de tal incremento adicional, que la asignación básica es un concepto diferente de la remuneración mensual pues ella es una especie de esta; así la “asignación básica” prevista en el artículo 4º del Decreto 51 de 1993 es inferior a la “remuneración” mensual señalada en el artículo 4º del Decreto 57 del mismo año. Se entiende que quienes continúan con el régimen “anterior”, tienen derecho al reconocimiento y pago de prima de antigüedad según lo estipula el artículo 17 del precitado Decreto 51 de 1993 y esta forma de retribución mensual forma parte de su “remuneración”.

En el año de 1995, y de forma similar a como procedió en los años 1993 y 1994, el Gobierno Nacional expidió dos decretos que definieron el salario de los servidores de la rama judicial: El Decreto 47 que fijó en términos nominales la retribución correspondiente a quienes no se acogieron al nuevo régimen salarial y prestacional; y el Decreto 43 que en iguales condiciones fijó la retribución de quienes se someten al nuevo régimen.

Tales decretos contienen el incremento nominal que el gobierno fijó para el año 1995.

No obstante, el parágrafo del artículo 5º del Decreto 43 de 1995, y de forma similar los parágrafos de los decretos que con posterioridad a dicho año repitieron su contenido modificando el porcentaje aplicable, estipularon lo siguiente:

“... Los funcionarios y empleados de la rama judicial que no optaron por el régimen establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y que no opten por el régimen establecido en el presente decreto, tendrán derecho a partir del 1º de enero de 1995, a un incremento del dieciocho por ciento (18%) de la remuneración que venían percibiendo a 31 de diciembre de 1994”.

Dichos parágrafos adolecen (sic) de claridad suficiente para su aplicación y por ello es necesario adoptar una interpretación que además de ajustarse al ordenamiento jurídico, tenga un grado aceptable de corrección y sea razonable. Así, se les puede interpretar en uno de dos sentidos posibles: a) Entendiendo que el Gobierno Nacional decidió, como lo hizo en los años de 1993 y 1994, y a partir del 1º de enero de 1995, un incremento adicional de nivelación, en términos porcentuales, para quienes tuvieren el régimen salarial y prestacional ordinario o antiguo; o b) Entendiendo que el porcentaje definido en tales parágrafos, simplemente repite en términos porcentuales, el incremento que nominalmente definió el Gobierno Nacional en los decretos dictados cada año para quienes tienen el régimen salarial y prestacional ordinario o antiguo.

Para defender la primera interpretación, puede aducirse el principio de relevancia, según el cual, no se debería asignar como significado de una regla, aquel según el cual algunas partes de dicha regla resulten redundantes. Cabría entonces, como argumento a favor de este criterio interpretativo, la siguiente afirmación: Si el Decreto 47 de 1995 definió en términos nominales el valor del salario —ya incrementado— correspondiente al año 1995, la única finalidad relevante del parágrafo del artículo 5º del Decreto 43 del mismo año, sería reconocer un incremento adicional.

Aunque lo anterior resulta posible, los argumentos que pesan a favor de la segunda forma de interpretar la norma, aportan razones con el peso suficiente para apartarse de la primera interpretación y acoger la segunda posibilidad hermenéutica del citado parágrafo.

En efecto, se observa que quienes no se acogieron al nuevo sistema salarial y prestacional creado en 1993, conservan por expreso mandato del artículo 17 del Decreto 51 de 1993, el derecho a recibir prima de antigüedad. Este beneficio consiste en un porcentaje de la asignación básica que se causa en forma adicional y creciente para cada funcionario según el tiempo servido. En este orden de ideas, el valor de la prima de antigüedad es distinto para cada empleado y se incrementa de forma automática cuando aumenta la asignación básica: cuando el gobierno expidió los decretos que contienen el valor nominal de la asignación básica incrementada de cada año, estaba igualmente incrementando el valor de la prima de antigüedad correspondiente; es decir incrementaba su remuneración.

Así las cosas, y entendiendo que el ordenamiento jurídico debe tener armonía, resultaría incoherente que el valor de la remuneración que corresponde a cada empleado se incremente cada año dos veces con el mismo porcentaje. En efecto, se observa que el valor nominal de incremento anual que estipularon los decretos 47 de 1995, 34 de 1996, 47 de 1997, 65 de 1998, 43 de 1999, y 2739 de 2000 en los artículos 4º; corresponde exactamente al porcentaje de incremento que definen los parágrafos de los decretos 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, y 2740 de 2000.

Por ello la Sala acoge la segunda posibilidad interpretativa, frente a la desafortunada inclusión y, redacción de los parágrafos mencionados, para entender que el porcentaje que ellos contienen, repite en términos porcentuales el incremento que nominalmente ha definido el gobierno cada año en el decreto correspondiente, y que tales parágrafos no otorgan un incremento adicional. De esta forma se rectifica el criterio de interpretación que esta sección había adoptado en decisiones anteriores.

El asunto concreto

En el caso presente, se observa de la certificación visible a folio 94 del expediente, que la entidad ha venido reconociendo la asignación básica de cada año en estricta aplicación de los decretos que nominalmente han definido su incremento en las condiciones descritas en esta providencia.

El valor de su remuneración total —que puede incorporar conceptos adicionales como la prima de antigüedad—, se ha incrementado, en consecuencia, con los porcentajes que el Gobierno Nacional definió cada año en los correspondientes decretos. Ello hace inane la demanda presentada, lo que impone a la Sala confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 9 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” en el proceso iniciado por Julio Roberto Quimbay Gómez contra la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - dirección ejecutiva de administración judicial, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

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