Sentencia 6054 de septiembre 23 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME

EL ARTÍCULO 1954 DEL CÓDIGO CIVIL CONSAGRA UN TÉRMINO DE CADUCIDAD

EXTRACTOS: «1. Como fácilmente se aprecia en la reseña que del cargo viene de hacerse, el centro de gravedad del mismo se ubica en el reproche que el impugnante le enrostra al tribunal, consistente en que éste interpretó erróneamente el artículo 1954 del Código Civil, en cuanto aseveró que el término previsto en el aludido precepto es de caducidad y no de prescripción como lo alega la censura.

Empero, puesta la Corte en la tarea de aquilatar esa imputación del recurrente, se ve precisada a advertir, de una vez, que el fallador ad quem no es reo de la recriminación que se le endereza, pues dicho plazo, hay que decirlo sin ambages, es ciertamente de caducidad, como pasa a demostrarse.

2. Al respecto, tórnase oportuno comenzar por destacar que la construcción doctrinaria y jurisprudencial del concepto de caducidad, tal como hoy es concebido, es cuestión relativamente reciente; inclusive, no se incurre en exageración si se dice que la misma obedece a una inquietud propia de los tiempos que corren, sin que, por supuesto, con esto se quiera significar que los plazos de esa especie fueran totalmente extraños al ordenamiento jurídico, desde luego que éste, de tiempo atrás, los consagró, sólo que las más de las veces no les dio frontalmente esa denominación, amén que nunca se preocupó por distanciarlos, estructuralmente, de los de prescripción, con los que usualmente fueron confundidos.

La verdad es que en el pasado la voz caducidad denotaba simplemente la extinción de una determinada relación jurídica o la pérdida de un derecho por la falta de realización de un específico acto o hecho, o por su ejecución. Así, por ejemplo, en el Derecho Romano se denominaron “caducarias” las leyes Julia de maritandis ordinibus y Papia Poppaea, en virtud de las cuales los célibes y los casados que no tuviesen familia, perdían (los primeros) o se les reducían en una mitad (a los segundos), las liberalidades que les fuesen dejadas en un testamento, si en los cien días siguientes al fallecimiento del testador, no habían contraído matrimonio o, en su caso, no habían procreado.

Destácase, por consiguiente, que el concepto de caducidad se encontraba allí íntimamente ligado a la noción de extinción o pérdida de un derecho o potestad, sin que, por regla general, el mero transcurso del tiempo, tuviese, per se, mayor injerencia. Y no cabe duda que con dicho sentido pasó al Código Civil Colombiano, tal como se refleja en sus artículos 1202,1232,1271,1333, 2442, etc., normas en las que se percibe que la voz “caducidad”, además de no estar referida al ejercicio de la acción judicial, tiene un sentido claramente orientado a definir la pérdida de un derecho o una potestad por la falta de realización de un acto, de un hecho o, por el contrario, por su cumplimiento, independientemente de que exista o no un plazo dentro del cual deba acaecer el suceso.

Es decir, que desde la perspectiva del aludido ordenamiento, la voz caducidad no hace relación de manera ineludible, a un término dentro del cual deba realizarse un acto, de modo que el tiempo carece, en esa concepción, de relevancia jurídica o, por lo menos, ella es apenas marginal o accidental.

Ese entendimiento del mentado fenómeno es de tan hondo arraigo que, inclusive, conforme al Diccionario de la Lengua Española, la primera acepción de caducidad consiste, precisamente, en la “acción y efecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho...”.

3. Sin embargo, en la actualidad, el vocablo en comento se encuentra sustancialmente determinado por el tiempo o el plazo. Puede decirse, entonces, que la caducidad comprende la expiración (o decadencia) de un derecho o una potestad, cuando no se realiza el acto idóneo previsto por la ley para su ejercicio, en el término perentoriamente previsto en ella. A este significado obedecen, en un sentido general, las nociones de plazo prefijado (delais-préfix) del derecho francés, plazo de caducidad (verwirkung) del derecho alemán y la decadencia del derecho italiano.

Por consiguiente, desde esta perspectiva es inherente y esencial a la caducidad la existencia de un término fatal fijado por la ley (aun cuando en algunas legislaciones se concede a las partes la facultad de estipularlo en el contrato, como acontece v. gr., en Italia —artículos 2965 y 2968—, respecto de derechos disponibles), dentro del cual debe ejercerse idóneamente el poder o el derecho, so pena de extinguirse.

O, para decirlo en otros términos, acontece que la ley, sin detenerse a consolidar explícitamente una particular categoría, consagra plazos perentorios dentro de los cuales debe realizarse a cabalidad el acto en ella previsto con miras a que una determinada relación jurídica no se extinga o sufra restricciones, fenómeno que, gracias a la labor de diferenciación emprendida por la doctrina y la jurisprudencia, se denomina caducidad.

Resulta palpable, entonces, que este especifico significado del término en comento, no se aviene puntualmente con aquél que de ordinario reluce en el Código Civil, al cual se ha hecho mención, habida cuenta que, como ya se dijera, conforme a este estatuto, la acepción de caducidad a la que el mismo usualmente alude, no apareja indefectiblemente la existencia de un plazo perentorio dentro del cual deba ejecutarse el acto previsto en la ley para impedir la perención o alteración del derecho o potestad.

Esto no quiere decir, obviamente, como ya se pusiera de presente, que dicho ordenamiento no hubiese establecido plazos de caducidad, los cuales, por supuesto contempla, sino que por no haberlos denominado así expresamente, puede entenderse, en algunos eventos, vía interpretación como de caducidad. Así, por ejemplo, el artículo 217 del citado texto dispone que “toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto …”. El artículo 221 ibídem, prescribe que “los herederos y demás personas actualmente interesadas tendrán, para provocar el juicio de ilegitimidad, sesenta días de plazo, desde aquél en que supieron de la muerte del padre ...”; o el plazo señalado en el artículo 337 ídem; o, en fin, más recientemente, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, hipótesis estas que, por demás, no ha vacilado la Corte en calificar como de caducidad (Por ejemplo, Sents. ago. 16/72, nov. 19/76, entre muchas otras).

A su vez, a la caducidad, entendida como decadencia de la posibilidad de aducir una determinada pretensión por no haberse presentado oportunamente la demanda respectiva, alude frontalmente el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto autoriza al juez para rechazar de plano, el libelo demandatorio cuando ha transcurrido el término previsto en la ley para tal efecto; otro tanto acontece con el artículo 90 ejusdem, amén de que, a esa especie de plazos se refiere el artículo 381 ibídem.

4. Para efecto de establecer si un determinado plazo es de caducidad, cuando el legislador se hubiese abstenido de calificarlo explícitamente como tal, es menester entender primeramente que el fundamento de aquella estriba en la necesidad de dotar de certidumbre a ciertas situaciones o relaciones jurídicas para que alcancen certeza en términos razonables, de modo que quienes están expuestos al obrar del interesado (sobre quien pesa la carga de actuar so pena de expirar su derecho o acción), sepan, si esto habrá o no de ocurrir.

Vale decir, que el ordenamiento, por razones superiores, de “policía jurídica”, o para proteger determinados intereses, y con miras a poner fin al estado de incertidumbre de ciertas situaciones o relaciones jurídicas cuyo ejercicio depende de un único o primer acto no repetible, le impone al titular la necesidad de ejercitarlo idóneamente en un término perentorio, so pena de perder el derecho o de que se extinga la posibilidad de accionar.

El legislador, pues, en aras de la seguridad jurídica, pretende con los términos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situación o relación de derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponiéndole al interesado la carga de ejercitar un acto específico, tal la presentación de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisión, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte más allá de lo razonablemente tolerable los intereses de otros.

Así lo ha puntualizado esta corporación al decir: “y está bien que se haya fijado ese término de caducidad, pues la incertidumbre en el estado civil de las personas no goza de la complacencia de la ley. No es justo que muerto el pretendido hijo, el padre presunto o los herederos y su cónyuge, tengan que estar a merced del capricho de los descendientes legítimos y de los ascendientes de aquél, para afrontar, en el tiempo que estos escojan, una demanda de filiación natural con efectos patrimoniales. La ley quiere que la relación jurídico-procesal en procesos de paternidad natural que no pueden trabarse entre legítimos contradictores, quede bien constituida dentro de los dos años siguientes a la muerte del padre o a la del hijo, pues de otro modo, aunque el derecho a demandar la paternidad no se extingue, la declaración de la misma no produciría beneficio económico a quienes la obtengan” (CXLVIII, pág. 306).

Así mismo, la Corte subrayó la seguridad jurídica por la que propendía el artículo 7º de la Ley 160 de 1936, para calificar como de caducidad, el plazo allí previsto para iniciar la acción (G.J. LXI, pág. 583).

Nótese, por consiguiente, cómo la caducidad descansa, en últimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad de ciertas y determinadas relaciones jurídicas, respecto de las cuales el ordenamiento desea, de manera perentoria, su consolidación, sin que ella deba concebirse como una sanción por abandono, ni haya lugar a deducir que envuelve una presunción de pago o cumplimiento de la obligación, como tampoco pretende interpretar el querer del titular del derecho.

De ahí que la expresión: “Tanto tiempo tanto derecho”, demuestre de manera gráfica sus alcances, esto es, que el plazo señala el comienzo y el fin del derecho o potestad respectivo, por lo que su titular se encuentra ante una alternativa: o lo ejercitó oportunamente o no lo hizo, sin que medie prórroga posible, ni sea viable detener la inexorable marcha del tiempo.

“La caducidad, ha dicho la Corte (…), está ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido, la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. El fin de la prescripción es tener por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado. Por ello, en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea la negligencia real o supuesta del titular; mientras que en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad de hecho”. (G.J. CLII, pág. 505).

Vale decir, entonces, que los plazos de caducidad determinan de antemano el lapso de vigencia del derecho, potestad o acción respectiva, la cual, en ese orden de ideas, nace con un inevitable término de expiración a cuestas. Así las cosas, cuando la acción judicial está sometida a un plazo de caducidad, la presentación idónea de la demanda no implica la interrupción de un término, sino la cabal ejecución del acto esperado, al paso que la no formulación oportuna del libelo comporta la extinción irremediable de tal potestad; es decir, que si la presentación de la demanda judicial apareja la inoperancia de la caducidad, ello no obedece a que la misma se interrumpa, cual sucede, v. gr. con la prescripción, sino a que por el ejercicio oportuno de la acción, aquella, obviamente, no se consuma.

5. Así mismo, es preciso reparar en que el tiempo asume en la caducidad un singular cariz, en cuanto éste corresponde a la funcionalidad típica de la institución, de modo que se requiere únicamente su transcurrir para que operen sus efectos letales, esto es que el término constituye, por sí mismo, una condición para el ejercicio idóneo del derecho, un requisito del mismo, de manera que si éste no se realiza oportunamente, se extingue sin necesidad de la concurrencia de otros requerimientos, esto es, sin que sea menester v. gr. alegarlo.

En fin, dado que con la caducidad se pretende la seguridad de las diversas relaciones jurídicas como premisa indispensable de la estabilidad del tráfico jurídico, mediante el señalamiento de un plazo —dies fatalis— que no se suspende y que, por ende, se cumple inexorablemente a la hora precisa, es factible que el juez pueda decretarla de oficio, pues resultaría inaceptable que vencido dicho plazo, se oyera al demandante cuya potestad ya se extinguió. Desde esta perspectiva es palmario que la caducidad opera automáticamente, esto es, que no es necesaria instancia de parte para ser reconocida.

6. Examinado al tamiz de las consideraciones precedentes el artículo 1954 del Código Civil, conforme al cual “…La acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años, contados desde la fecha del contrato”, se tiene, en primer lugar, que el legislador se abstuvo de calificar expresamente la naturaleza de ese plazo, omisión que además de generar cierto desconcierto, torna imperioso para el intérprete determinarla; en segundo lugar, que del mismo se ha predicado inveterada y uniformemente, que comporta una de las condiciones de prosperidad de la pretensión rescisoria derivada de la lesión enorme, o sea, que uno de los requisitos esenciales de dicha acción estriba, justamente, en que la misma debe ejercitarse en el anotado lapso (XCV, pág. 771; sentencias del 16 de julio de 1993, y del 29 de noviembre de 1999, entre otras); igualmente, como más adelante se verá, que ese lapso obedece a la necesidad de dotar de certidumbre y firmeza los negocios jurídicos.

Destacadas, pues, estas particularidades del señalado plazo, se impone inferir que se trata de un término de caducidad que, en cuanto tal, fija precisa y fatalmente el tiempo durante el cual debe ejercitarse la acción.

En efecto, si como acaba de expresarse, dicho lapso ha sido calificado por la Corte, de tiempo atrás y de manera invariable, como uno de los presupuestos de prosperidad de la referida pretensión, bien pronto se advierte, entonces, que en ella el transcurrir del tiempo se comporta, por sí mismo, como una condición sustancial para su ejercicio, característica esta que, precisamente, se corresponde, como ya se dijera, con la funcionalidad típica de la caducidad. Subsecuentemente, su fijación no puede quedar supeditada, de ninguna manera, al arbitrio del demandado, esto es, a que este comparezca a invocar el vencimiento del plazo, cabalmente, porque dejaría de ser un elemento estructural de aquella.

Del mismo modo, dado que la mencionada acción postra la relación jurídica, llevándola a un innegable estado de fragilidad e incertidumbre, ha querido el legislador que tal situación desaparezca, supeditándola a un término fatal e improrrogable, de manera que la estabilidad de los negocios jurídicos y, desde luego, la de los derechos que de ellos dimanan, queden consolidados, en un termino objetivamente conmensurable, ajeno por ende, a dilaciones derivadas de actitudes subjetivas, distintas, por supuesto, al ejercicio mismo de la acción.

Si bien no se niega, como adelante se verá, que encomiables exigencias de justicia reclaman la posibilidad de rescindir, en las condiciones previstas en la ley, aquellos negocios afectados por un notorio desequilibrio económico en las prestaciones de los distintos involucrados, no es menos cierto que la seguridad del tráfico jurídico reclama, a su vez, que la volubilidad a la que esas relaciones jurídicas quedan sometidas se desvanezca rápidamente y en medio de la menor zozobra posible para quienes deban enfrentar tal pretensión.

De ahí que sea más evidente y perentoria la carga del interesado: le incumbe accionar en el término imperiosamente previsto por el ordenamiento, so pena que su facultad se extinga irremediablemente, sin que haya lugar a la suspensión o interrupción del mismo, derivadas de las condiciones subjetivas de las partes o de la conducta que éstas hubiesen denotado; es decir que dicho plazo corre con objetividad fatal.

Infiérese, por consiguiente que, vencido el cuatrienio consagrado en el artículo 1954 del Código Civil, sin que se hubiese ejercitado la acción, se extingue tal facultad de manera automática, particularidad que, justamente, permite al juez decretarla de oficio, sin que deba esperar actos complementarios derivados de la actitud asumida por el demandado. El contratante sabe de antemano, que cuenta con un determinado tiempo para ejercitar su acción, sin que la expiración del mismo halle justificación en su dejadez, sino en el mero vencimiento del aludido plazo.

7. Cabría preguntarse, entonces, ¿porqué razón el legislador sometió dicha acción a un término de caducidad, siendo que los mismos tienden a ser excepcionales en el Código Civil?. La respuesta aflora expedita y diáfana: por la peculiar naturaleza de la misma.

No hay duda, en primer lugar, que la historia de la lesión enorme es, a su vez, la reseña de la tensión existente, a través del tiempo, entre algunos valores de tan honda estimación para el derecho, como los de justicia, libertad y seguridad. En efecto, recuérdese cómo los orígenes de la misma se remontan a dos rescriptos de Diocleciano y Maximiano, interpolados, según sostienen diversos autores, por la época de Justiniano, y en virtud de los cuales el vendedor tenía derecho a la rescisión del contrato y, por ende, a la restitución de la cosa vendida, devolviendo el precio que había recibido, cuando éste fuere inferior a la mitad de su justo valor.

Esa interpolación se explica por la notoria influencia de las ideas moralizadoras cristianas, a la sazón en boga, las que sirvieron para paliar, en un acto de justicia, el clamor de los necesitados que, determinados por el abuso de los poderosos, enajenaban sus predios por cualquier precio.

El espíritu de esa disposición, que posteriormente se extendió a la venta de cualquier bien por valor menor a su precio justo, fue desentendido en occidente, debido, talvez, a la ignorancia de su texto. Hubo que esperar a los glosadores para que lo revivieran, replanteándolo de la mano de un texto de Ulpiano, como un vicio del consentimiento (un dolus re ipsa), extendiéndolo al comprador y a diversos contratos, y prohibiendo su renuncia. Posteriormente, los canonistas abogaron aún más por su expansión, guiados por imperativos de justicia conmutativa.

Empero, el ulterior auge del racionalismo trajo consigo la consolidación de la voluntad como fuente de todo derecho y la frontal proclamación de la libertad individual en el ámbito contractual, repulsando, de ordinario, cualquier intervención extraña a los designios volitivos de los contratantes, injerencia que se consideraba nefasta para las relaciones entre los particulares.

Por supuesto que esta concepción política chocó con las ideas que nutrían la institución de la lesión enorme, la que pasó a considerarse, entonces, como una cortapisa de esa libertad negocial y un estorbo para la seguridad del tráfico jurídico, lo que aparejó su decaimiento.

De ahí que el Código Napoleónico la hubiese consagrado con criterios supremamente restrictivos, y en determinadas circunstancias. Inclusive, la necesidad de concederle a la acción de rescisión un término fatal y breve, se explica cómo una concesión a los malquerientes de la institución, quienes replicaban que, por causa de la incertidumbre que la misma generaba, el comprador no desplegaría abiertamente las facultades emanadas de la propiedad, tales como la de levantar mejoras en el bien.

Aún así, tanta aversión llegó a cosechar la lesión enorme al pensamiento liberal e individualista de la época, que algunos comentaristas se apresuraron a decir que ella constituía “una mancha” del Código Civil francés.

El talante restrictivo de ese código, común a todos los de la época, se enseñorea, así mismo en el Código Civil colombiano, de manera que, como en ellos y por las anotadas razones, la lesión enorme es, también, aquí una figura de empleo excepcional y taxativo.

Colígese de la reseña precedente, en la que pueden percibirse claramente los períodos de ensanchamiento y contracción por los que la lesión enorme ha transitado, que en la reglamentación que de ella ha hecho el ordenamiento patrio se ve reflejada, y quizás aliviada, la compleja tensión existente entre los valores de justicia, seguridad y libertad que gobiernan su regulación; por supuesto que en ella subyace triunfante la necesidad ética de redimir la justicia conmutativa en ciertos negocios jurídicos en los que una de las partes sufre un perjuicio derivado de la falta de equivalencia de las prestaciones emanadas del mismo.

Empero, a su vez, las ideas individualistas liberales decimonónicas de las que se nutrió el ordenamiento civil colombiano, proclaman vigorosamente la autonomía de la voluntad y la libertad contractuales, razón por la cual fue consagrada solamente como un remedio excepcional de los específicos actos señalados en él; amén que la necesidad de dotar de seguridad y certidumbre las relaciones contractuales reclama no someterlas a demasiadas contingencias que contribuyan a su aniquilamiento, pues sobre ellas se edifica la creación y circulación de la riqueza, lo que determinó que se hubiese sometido la acción rescisoria que de ella surge, a un apremiante término de caducidad.

No hay duda, ciertamente, que el desarrollo y la solidez de los negocios dependerá de la seguridad con la que los rodee el ordenamiento, es decir, que las distintas transacciones deben generar la confianza de que será rápida y definitiva su consolidación, reprimiéndose el ejercicio tardío de los derechos, o la formulación inesperada de ciertas reclamaciones que cubran con sombras de incertidumbre determinadas relaciones jurídicas.

De manera, pues que, si como se ha dicho, la figura de la lesión enorme, tal como actualmente se encuentra reglada por el ordenamiento colombiano, encarna la conciliación de diversos valores y principios en conflicto, la interpretación de las normas que la gobiernan debe atender, necesariamente, esa circunstancia. De ahí que deba decirse, que la idea de acatar impostergables imperativos de justicia conmutativa, justifiquen su existencia, a la vez que innegables principios de libertad y, fundamentalmente, de seguridad en el tráfico jurídico, determinen su carácter restringido y el breve y perentorio término de caducidad para alegarla.

8. Por causa de la ambigüedad conceptual a la que aquí se ha hecho mención, ha dicho esta corporación en algunas ocasiones que “...En el caso en estudio, ni puede presumirse que la vendedora mantuvo firme su voluntad de preservar en el contrato de compraventa ajustado con el demandado, ni el tiempo transcurrido desde esa fecha hasta su muerte fue el que la ley determina para la prescripción de la acción, ni esa voluntad pudo, por lo mismo, impedir a sus sucesores el ejercicio de las acciones que les competen” (se destaca). (G.J. XXXV. Sent. oct. 17/27). Y que “...El vendedor que tiene la acción rescisoria por lesión enorme es quien puede, en lugar de ella, reclamar el exceso del precio, cuando la cosa materia del contrato ha sido enajenada por el comprador, de manera que si la primera se extingue por prescripción, desaparece la segunda...” (se resalta) (G.J. XXVII. Sent. sep. 23/18).

Pero, a su vez, también ha señalado, incluso, mucho más recientemente, que “para que sea viable la acción rescisoria de la compraventa por lesión, se requiere que ésta sea enorme en los términos de la ley (C.C. art. 1947), y que se reúnan ciertos requisitos establecidos en ella, como el de que la compraventa verse sobre inmuebles y que no se haya efectuado por ministerio de la justicia (L. 87/1887, art. 52); que no se trate de compraventas mercantiles (C. Co. art. 218); que no tenga un carácter aleatorio; que después de celebrado el contrato no se renuncie a la acción (C.C. art. 1950); que la cosa no se haya perdido en poder del comprador (art. 1951 ibídem); y que la acción se establezca oportunamente, es decir, antes de que caduque (art. 1954 del mismo código)” (G.J. CXXIV, pág. 99. Sent. mayo 6/68).

Nótese, por consiguiente, que en esta última y más reciente decisión, la Corte se inclinó por considerar el referido plazo como de caducidad, calificación que hoy se reitera. Del mismo modo, que cuando con antelación lo tildó de prescripción, no era el objetivo expreso de su estudio el de precisar su naturaleza, como hoy aquí se ha hecho, amén que la noción antagónica, es decir, la de caducidad, apenas se fraguaba, lo que explica que hubiese utilizado aquella otra, entonces en boga, y tras la cual subyacía, encubierta, la noción de caducidad.

En ese orden de ideas, es patente que el tribunal no incurrió en el error juris in judicando que el recurrente le atribuye toda vez que el discernimiento que le otorgó al artículo 1954 del Código Civil, no es equivocado».

(Sentencia de casación, 23 de septiembre de 2002. Expediente 6054. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles).

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