Sentencia 606-07 de junio 26 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Si el acto se motivó de manera expresa, se puede configurar el vicio de falsa motivación.

EXTRACTOS: «De la falsa motivación. Se reconoce esta causal cuando la motivación de los actos administrativos es ilegal, es decir cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para su emisión, traducidas en la parte motiva del acto, no tienen correspondencia con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su expedición.

De manera pues que el acto administrativo, ya sea que su emisión corresponda a una actividad reglada o discrecional, debe basarse siempre en hechos ciertos, verdaderos y existentes al momento de emitirse, so pena de configurar el vicio de falsa motivación que afecta su validez y que confluye en la nulidad del mismo.

Entratándose de examinar esta causal de nulidad, se acudirá siempre a la motivación expresada en el acto cuando se expide en ejercicio de una facultad reglada. La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que rodean la expedición del acto, los presupuestos o razones cuya expresión sostiene la legitimidad y oportunidad de la decisión de la administración; constituye además un medio de prueba de la intencionalidad administrativa y una pauta para la interpretación del acto (4) , por lo que cualquier anomalía que se aduzca en este sentido necesariamente debe confrontarse con la expresión del mismo y con la realidad jurídica y fáctica de su expedición.

En este sentido, afirma el recurrente que la motivación del acto demandado ha sido estructurada bajo supuestos que configuran una falsa motivación, comoquiera que no corresponden a los exigidos en la ley para la expedición del acto. Considera que aunque los empleados provisionales no tienen el fuero de estabilidad que otorga el acceso a la carrera administrativa, ostentan una estabilidad relativa que impide su desvinculación por parte de la administración en ejercicio de la facultad discrecional que se predica para el retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción, y sin razones legalmente válidas para el retiro, que para el caso se concretarían en la existencia de motivos disciplinarios o en la provisión definitiva del empleo respectivo mediante concurso.

Lo anterior, para precisar la falsedad en que incurrió el demandado al declarar insubsistente al actor, alegando el vencimiento del término de cuatro (4) meses que consagra el artículo 5º del Decreto 1572 de 1998, por cuanto al momento del retiro no se había provisto el cargo mediante concurso, ni existía alguna causal legal que justificara su insubsistencia; aunado a lo cual, anota que dentro del acto de nombramiento no se señaló el término de duración del mismo y por el contrario se estableció que tendría efectos mientras se efectuaba el concurso respectivo para proveer la vacante definitivamente.

La situación esbozada amerita el siguiente análisis en orden a esclarecer la virtualidad del cargo invocado frente al acto acusado:

Lo primero que ha de precisar la Sala es que el acto administrativo demandado no se expidió en ejercicio de la facultad discrecional que reprocha el demandante y que se ha predicado tantas veces de la administración frente al retiro de los empleados provisionales; por el contrario, del examen del acto acusado visible a folio 2 del expediente, se observa que nos encontramos ante un acto reglado, en tanto la norma invocada como motivación de la decisión tomada predetermina concretamente la conducta de la administración, de manera que esta tan solo junta las circunstancias que configuran los supuestos de hecho contenidos en la norma para aplicar la consecuencia jurídica que esta prescribe, es decir, que el acto acusado expresa una motivación clara, detallada y precisa de las razones que llevaron a la parte demandada a declarar insubsistente al actor con base en un fundamento legal. Veamos:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 0352 DE 2001

(Marzo 14)

Por medio de la cual se termina una provisionalidad.

El secretario administrativo de la alcaldía de Bucaramanga en uso de sus facultades legales y conferidas mediante Decreto 0037 del 9 de febrero de 2001 y

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Resolución 0226 del 6 de abril de 2000, se hizo el nombramiento provisional de Fabio Alexander Ordóñez Amaya, en el cargo de profesional universitario código 340, grado 1, nivel profesional.

b) Que el artículo 5º del Decreto 1578 de 1998 (sic), señala que el nombramiento o encargo provisional no podrá ser superior a cuatro (4) meses.

c) Que no medió prórroga en el nombramiento del cargo antes mencionado.

d) Que el artículo 7º del Decreto 1572 de 1998, señala que el empleado con vinculación de carácter provisional deberá ser retirado del servicio mediante declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, a través de acto administrativo expedido por el nominador, cuando se haya superado el término legal previsto.

e) Que en el presente evento se ha superado ampliamente el término legal de nombramiento en calidad de provisionalidad en el cargo de profesional universitario código 340, grado 1, nivel profesional.

RESUELVE:

ART. 1º—A partir de la fecha declarar insubsistente el nombramiento en calidad de provisionalidad de Fabio Alexander Ordóñez Amaya, en el empleo de profesional universitario código 340, grado 1, nivel profesional por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ART. 2º—Copia del presente acto administrativo será enviado (sic) a la secretaría administrativa, (grupo de talento humano, nómina, hoja de vida, novedades, descuentos salariales), Secretaría de Hacienda (grupo de presupuesto), interesado y demás oficinas a que haya lugar.

Notifíquese y cúmplase

Expedida en Bucaramanga, a 14 de marzo de 2001”.

En efecto, el acto transcrito precisa las razones que fundamentaron la declaratoria de insubsistencia del señor Fabio Alexander Ordóñez Amaya, invocando como fundamento lo prescrito en los artículos 5º y 7º del Decreto 1572 de 1998; como ya se anotó, es claro que su motivación implica el ejercicio de una facultad reglada —es decir que la conducta de la administración se encuentra regulada, prevista y legitimada en una disposición normativa—, lo que presupone además que las razones allí expuestas son las que efectivamente determinaron el retiro del demandante y que fuera de ellas no existen otras; por ende deberá examinarse la legalidad de su motivación frente al contexto normativo que lo sustenta y la validez de su aplicación al caso concreto, previo a lo cual resulta necesario para la Sala aclarar lo siguiente:

Si bien frente a los cargos de carrera desempeñados por empleados en provisionalidad ha imperado la tesis según la cual estos se asimilan en su tratamiento a los de libre nombramiento y remoción —dada la similitud en su forma de provisión— predicándose el ejercicio de la facultad discrecional para su retiro mediante acto administrativo que no requiere motivación, tal facultad se le ha endilgado a la administración respecto de los empleados provisionales sin expresión real de la misma dentro del ordenamiento jurídico, presumiendo razones objetivas para su retiro, es decir, que la no expresión de motivación implica un fin intrínseco y adecuado de mejoramiento del servicio; sin embargo, cuando existe una motivación clara y expresa dentro del acto de insubsistencia de un empleado provisional, ya no opera la presunción referida y en su control jurisdiccional, se atiene la administración a las razones de hecho y de derecho consignadas en dicho acto por cuanto constituye entonces un acto reglado, tal como se precisó inicialmente.

Así, la facultad discrecional no puede aducirse en estos casos y por ende no pueden presumirse las razones objetivas de mejoramiento del servicio como equivocadamente lo alega la parte demandada y posteriormente lo ratifica el a quo, sino que en ejercicio de una facultad reglada y con expresión de la misma, el acto se sujeta a lo prescrito en el ordenamiento al respecto y la revisión de los cargos de nulidad de que se acuse, debe instruirse al tenor de su contenido pues lo contrario implicaría un cambio de motivación desde todo punto de vista ilegal.

Bajo las anteriores precisiones se tiene, que los motivos consignados en la Resolución 0352 del 14 de marzo de 2001, por medio de la cual la administración municipal de Bucaramanga retira del servicio al señor Fabio Alexander Ordóñez Amaya, redundan en el prolongado vencimiento del término de duración de 4 meses previsto para esta clase de nombramientos en el Decreto Reglamentario 1572 de 1998, sin que mediara la prórroga del mismo, frente a lo cual, la norma ordena el retiro del empleado, declarando la insubsistencia de su nombramiento mediante acto administrativo expedido por el nominador.

Sobre la naturaleza de los nombramientos de quienes ejercen empleos de carrera sin haber participado en el correspondiente concurso, la Ley 443 de 1998 por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa, señala que los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito.

Frente a la provisión de los mismos, el artículo 8º de dicho ordenamiento, dispone lo siguiente:

“ART. 8º—Procedencia del encargo y de los nombramientos provisionales. En caso de vacancia definitiva, el encargo o el nombramiento provisional solo procederán cuando se haya convocado a concurso para la provisión del empleo.

Mientras se surte el proceso de selección convocado para proveer empleos de carrera, los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados de tales empleos, si acreditan los requisitos para su desempeño. Solo en caso de que no sea posible realizar el encargo podrá hacerse nombramiento provisional (...)” (resalta la Sala).

Consagra la norma, la forma de proveer transitoriamente los cargos de carrera administrativa vacantes definitivamente, precisando el derecho preferente de los empleados de carrera para acceder a los mismos bajo la figura del encargo, en defecto de lo cual pueden ser provistos mediante nombramientos provisionales siempre y cuando se haya convocado a concurso para la provisión del empleo y se acrediten los requisitos para su desempeño.

Por su parte, el artículo 10 de la misma ley, establece un término de duración del encargo y de los nombramientos provisionales, así:

“ART. 10.—Duración del encargo y de los nombramientos provisionales. El término de duración del encargo y del nombramiento provisional, cuando se trate de vacancia definitiva no podrá exceder de cuatro (4) meses; cuando la vacancia sea resultado del ascenso con periodo de prueba, de un empleado de carrera, el encargo o el nombramiento provisional tendrán la duración de dicho periodo más el tiempo necesario para determinar la superación del mismo. De estas situaciones se informará a las respectivas comisiones del servicio civil.

Cuando por circunstancia debidamente justificada ante la respectiva comisión del servicio civil, una vez convocados los concursos, estos no puedan culminarse, el término de duración de los encargos o de los nombramientos provisionales podrá prorrogarse previa autorización de la respectiva comisión del servicio civil, hasta cuando se supere la circunstancia que dio lugar a la prórroga.

La comisión del servicio civil respectiva podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales o su prórroga sin la apertura de concursos por el tiempo que sea necesario, previa la justificación correspondiente en los casos que por autoridad competente se ordene la creación, reestructuración orgánica, fusión, transformación o liquidación de una entidad” (resalta la Sala).

Asimismo, el Decreto Reglamentario 1572 de 1998 en su artículo 5º desarrolla la disposición transcrita en los siguientes términos:

“ART. 5º—La provisión de los empleos de carrera a través del encargo o del nombramiento provisional no podrá ser superior a cuatro (4) meses, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando la vacancia se produzca como resultado del ascenso en periodo de prueba de un empleado de carrera, en cuyo caso tendrá la duración de dicho periodo y su superación, más el tiempo requerido para la realización del proceso de selección si fuere necesario.

2. Cuando la prórroga sea autorizada previamente por las comisiones del servicio civil en el evento de que el concurso no pueda culminarse en el término de cuatro (4) meses. En este caso, se extenderá hasta cuando se supere la circunstancia que la originó.

3. Cuando se haya autorizado por las comisiones del servicio civil encargo o nombramiento provisionales sin la apertura de concurso.

4. Cuando se trate de proveer empleos de carrera que impliquen separación temporal de sus titulares, caso en el cual su duración será igual al tiempo que duren las situaciones administrativas que la originaron.

5. En caso de vacancia definitiva del empleo, cuando este se encuentre provisto mediante nombramiento provisional con una empleada en estado de embarazo; en este evento, el término de duración de la provisionalidad se prorrogará automáticamente y culminará tres (3) meses después de la fecha del parto o una vez vencida la licencia remunerada, cuando en el curso del embarazo se presente aborto o parto prematuro no viable. Cuando se trate de adopción, el término del nombramiento provisional culminará tres (3) meses después de la fecha de la entrega del menor de 7 años. En estos eventos, el concurso convocado continuará su curso y el nombramiento de quien ocupe el primer puesto será efectuado una vez venza el término de la provisionalidad.

PAR.—Las prórrogas de los encargos y de los nombramientos provisionales se efectuarán mediante resolución motivada por el nominador y de ello se informará a las respectivas comisiones del servicio civil” (resalta la Sala).

Bajo los preceptos anteriores, el artículo 7º del citado decreto establece que el término de duración de la provisionalidad debe ser consignado dentro del acto de nombramiento y señala la forma de retiro del empleado provisional al vencimiento del mismo, facultando al nominador para la expedición del acto administrativo respectivo, así:

“ART. 7º—El término de duración del encargo, de la provisionalidad o el de su prórroga, si la hubiere, deberá consignarse en el acto administrativo correspondiente, al vencimiento del cual el empleado de carrera que haya sido encargado cesará automáticamente en el ejercicio de las funciones de este y regresará al empleo del cual es titular. El empleado con vinculación de carácter provisional deberá ser retirado del servicio mediante declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, a través de acto administrativo expedido por el nominador.

No obstante lo anterior, en cualquier momento antes de cumplirse el término del encargo, de la provisionalidad o de su prórroga, el nominador, por resolución, podrá darlos por terminados” (resalta la Sala).

Las normas anteriormente esbozadas establecen la perentoriedad del término de duración de los cargos en provisionalidad; no obstante debe observarse que la provisión bajo esta modalidad se autoriza únicamente cuando previamente se ha convocado a concurso, lo que sin duda alguna justifica el sucinto término señalado para su duración pues se supone que dentro del mismo debe agotarse el proceso de selección respectivo, lo que obliga a la autoridad encargada a su adelantamiento expedito so pena de afectar la prestación del servicio y la eficiencia en el desarrollo de la función administrativa ante la vacancia prolongada del cargo a proveer; regulación que además busca evitar la dilación indefinida de los nombramientos en interinidad, situación que desconocería los principios de la carrera administrativa establecidos en el sistema de administración de personal adoptado en nuestro ordenamiento.

De esta manera, el término de cuatro meses que señala la norma, corresponde y se encuentra estrechamente ligado a la duración del proceso de selección respectivo, previa convocatoria, tan así es, que la ley prevé la prolongación del mismo por excepción ante las diversas contingencias que impidan la provisión efectiva del cargo mediante concurso, bien por la extensión del tiempo previsto para adelantar el proceso de selección o bien ante situaciones especiales que afecten la estructura orgánica de la entidad respectiva, extensión del término sujeta en todo caso a la autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

De acuerdo a lo anterior, se tiene, que el límite de temporalidad establecido para los nombramientos en provisionalidad no es caprichoso, sino que obedece a razones indefectibles de celeridad en el adelantamiento de los concursos para la provisión definitiva de los cargos de carrera administrativa que se encontraban en vacancia, como también, que su prórroga requería necesariamente la aprobación de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

No obstante, con ocasión de la sentencia C-372 de 1999 de la Corte Constitucional, a partir del 12 de julio de 1999, las entidades y organismos públicos regidos por la Ley 443 de 1998 perdieron competencia para convocar los procesos de selección tendientes a proveer los cargos de carrera administrativa, quedando como una competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que a su vez desapareció comoquiera que las disposiciones que la organizaban y reglamentaban —artículos 44, 46 y 47 de la Ley 443 de 1998—, fueron retirados del ordenamiento con ocasión de su revisión de constitucionalidad. De igual manera desaparecieron las comisiones departamentales y del Distrito Capital, con la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 48, 49, 50 y 51 del mismo ordenamiento (5) .

La Corte Constitucional concluyó en esa oportunidad la necesidad de una nueva ley que instituyera y organizara la Comisión Nacional del Servicio Civil con las características que se indicaron en la referida sentencia, a fin de que se lograran cumplir las funciones asignadas a dicho organismo de conformidad con el artículo 130 de la Carta Política, esto es, la convocatoria y ejecución de los concursos para proveer los cargos de carrera administrativa, la autorización para la provisión transitoria de los mismos, la organización del registro público de la carrera y las demás relacionadas con la administración y vigilancia de la carrera administrativa.

Lo anterior trajo como consecuencia que a partir de la fecha en que las entidades perdieron la competencia para convocar y adelantar los respectivos concursos y en ausencia del órgano habilitado para tal efecto, no fuera posible la provisión de los cargos de carrera administrativa mediante concurso y por ende tampoco resultara viable la provisión transitoria de los mismos.

Sin embargo, la situación señalada no impidió que las entidades proveyeran los cargos de carrera vacantes mediante nombramientos en encargo o en provisionalidad, en tanto se les facultó temporalmente para tal efecto en aras de cubrir las apremiantes necesidades del servicio. A esa conclusión llegó la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación con fundamento en los siguientes planteamientos:

“Si la Constitución atribuye determinada función a un órgano específico, distinto de las tres ramas tradicionales del poder público, y no se ha conformado por falta de la ley que le dé vida jurídica y la reglamente, no hay manera de entregarle esa función a otro órgano o entidad pues ello iría contra la Constitución.

Es lo que ocurre en el caso presente cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil y las departamentales y distrital de Santafé de Bogotá dejan de existir, por causa del fallo de inexequibilidad de la Corte Constitucional y en consecuencia, no es viable transferirle la competencia que tenían o asignarle los asuntos de su conocimiento (reclamaciones, consultas o recursos para su decisión, información o autorización de encargos o nombramientos provisionales o su prórroga) a otro organismo, con la finalidad de llenar el vacío, pues ello equivaldría a crear una competencia inconstitucional que invalidaría las decisiones y actuaciones administrativas.

Dentro de las funciones asignadas a dichas comisiones están, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 443 de 1998, la de recibir información sobre la duración de encargos y nombramientos provisionales y la de autorizarlos sin la convocatoria previa del concurso o prorrogar el término de su duración, en casos debidamente justificados, hasta cuando se supere la circunstancia que dio lugar a la prórroga.

¿Debe entenderse que mientras se crea la Comisión Nacional del Servicio Civil no pueden hacerse encargos y nombramientos provisionales o prorrogar el término de su duración? Una interpretación gramatical del artículo 10 de la Ley 443 conduce a afirmar que no es viable adoptar esas decisiones; pero la aplicación del anterior criterio producirá como resultado una parálisis o desmejoramiento del servicio en las entidades en las cuales surja la necesidad de hacer los encargos o nombramientos provisionales, mientras se crea la mencionada comisión encargada de realizar los concursos para proveer los cargos en carrera u otorgar las autorizaciones antes indicadas.

Para construir una solución lógica a la cuestión planteada, es necesaria una interpretación sistemática que consulte el ordenamiento jurídico a partir de los principios constitucionales.

Dentro de estos principios están los de la prevalencia del interés general, los que definen los fines esenciales del Estado que son, entre otros, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. Precisamente, el artículo 209 de esta, dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (...).

Por consiguiente, si la ley impone un requisito que no se puede cumplir porque ella misma no provee la forma de hacerlo, forzoso es concluir que para darle prevalencia al interés general, mediante la prestación oportuna y adecuada de los servicios que contribuyen a lograr los fines del Estado, deben adoptarse las decisiones correspondientes con prescindencia de esos requisitos de imposible cumplimiento. Entonces, mientras subsista la carencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil será viable jurídicamente proveer las vacancias definitivas de empleos en carrera administrativa mediante encargos o nombramientos provisionales” (6) .

Así, el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante Circular 1000-004 del 8 de septiembre de 1999, siguiendo el citado concepto, impartió la siguiente instrucción a los nominadores de las entidades y organismos de los órdenes nacional, distrital y territorial, regidos por las disposiciones de la Ley 443 de 1998:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 443 de 1998, el requisito para efectuar encargos o nombramientos provisionales es la previa convocatoria del concurso. No obstante y ante la inexistencia del organismo competente (Comisión Nacional del Servicio Civil) para convocarlos o para autorizar encargos o nombramientos provisionales, sin la apertura del proceso de selección, las entidades pueden proveer transitoriamente los empleos que se encuentren en vacancia definitiva, a través de estas figuras (encargos o nombramientos provisionales), mientras la ley conforma y organiza la mencionada comisión”.

De acuerdo con lo anterior, las entidades podrían proveer los cargos en vacancia definitiva mediante nombramientos en encargo y provisionalidad, aunado a lo cual se tiene, que el periodo de duración inicialmente establecido para dichos nombramientos transitorios se hizo inoperante pues la razón de ser del mismo declinó ante la imposibilidad de convocar los concursos respectivos para la provisión definitiva de los cargos de carrera administrativa y en ausencia del órgano competente para autorizar, regular y vigilar tales nombramientos, pues como se planteó inicialmente, desaparecieron todos los supuestos que justificaban e imponían su plena observancia por parte de los nominadores hasta tanto reaparezcan las condiciones de ejecutoriedad de dicha norma, es decir, hasta que se organice en los términos expresados en la sentencia citada, la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Bajo el análisis precedente resulta clara la configuración de la causal invocada respecto del acto demandado, en tanto se alegó como motivación de la declaratoria de insubsistencia el cumplimiento profuso del término de cuatro meses establecido en el artículo 5º del Decreto 1572 de 1998, de acuerdo a lo cual el municipio de Bucaramanga ejerció la facultad conferida en el artículo 7º ibídem, que ordena al nominador del nombrado en provisionalidad, el retiro del servicio al vencimiento del término señalado en el acto de nombramiento.

En efecto, el acto de nombramiento del demandante se produjo el 6 de abril del 2000, fecha para la cual los entes públicos ya habían perdido la competencia para convocar los procesos de selección para proveer los cargos de carrera administrativa vacantes dentro de sus plantas de personal, competencia que correspondía para entonces exclusivamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual no se encontraba aún organizada, razón por la cual el vencimiento del término de cuatro meses aducido para la desvinculación del actor no tenía razón de ser, por cuanto no medió en ningún momento convocatoria a concurso de méritos que justificara su perentoriedad.

Aunado a lo anterior, se observa, que el nombramiento del actor en el cargo de profesional universitario, código 340, grado 1, se hizo con fundamento en las directrices dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante la Circular 1000-004 del 8 de septiembre de 1999, que ante las contingencias anteriormente expuestas permitió la provisión de tales empleos sin que mediara la convocatoria a concurso, atendiendo a las imperiosas necesidades del servicio, razón por la cual resultaba inapropiado invocar el cumplimiento del término señalado en el Decreto 1572 de 1998 para declarar insubsistente su nombramiento, ante el decaimiento de las circunstancias fácticas que señalaba la norma para su apremiante observancia.

Por ende, la facultad ejercida por el nominador con fundamento en el vencimiento del término de la provisionalidad consagrado en el artículo 7º del Decreto 1572 de 1998 no es válida en este caso y constituye una falsa motivación, pues como ya se dijo, esta obedecía a circunstancias de hecho diferentes, en donde mediaba la previa convocatoria a concurso para proveer los cargos en vacancia definitiva, la existencia de Comisión Nacional del Servicio Civil y el adelantamiento y posibilidad de culminación de los procesos de selección respectivos; de allí precisamente que el término de duración de la provisionalidad no haya sido incluido en el acto de nombramiento cuando la ley expresamente así lo ordena y al contrario se haya sujetado a la condición de la provisión del cargo mediante concurso.

No quiere ello decir que el empleado provisional no pueda ser retirado o se le esté atribuyendo el fuero de estabilidad de quienes acceden por mérito a los cargos de carrera luego de agotar las diferentes etapas del concurso, sino que la motivación aducida para el ejercicio de la facultad de retiro del mismo se constituyó quimérica y no obedece a aquellas causales legalmente válidas para proferir dicha decisión, en tanto resulta desajustada frente al contexto fáctico del asunto y los supuestos de hecho de la norma que autoriza su ejercicio. [...].

Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que el acto administrativo acusado se halla viciado de nulidad, lo cual impone para la Sala la revocatoria de la sentencia apelada y el despacho favorable de las súplicas de la demanda.

Así, una vez establecida la prosperidad de la acción, al actor le corresponde el reintegro al servicio en un cargo de igual o superior categoría, como también el pago a título de indemnización de lo equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir a partir del 14 de marzo de 2001, fecha a partir de la cual fue retirado del servicio y hasta cuando opere su reintegro efectivo».

(Sentencia de 26 de junio de 2008. Radicación interna 0606-07. Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).

(4) Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Edit. Ciudad Argentina. 2004.

(5) Concepto 1.213 del 3 de septiembre de 1999. Sala de Consulta y Servicio Civil.

(6) Concepto 1213 del 3 de septiembre de 1999. Sala de Consulta y Servicio Civil.

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