Sentencia 6062 de mayo 14 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6062

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles

Bogotá, Distrito Capital, catorce de mayo de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 21 de marzo de 1995, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Ana Elvia Avendaño Ayala frente a Miryam y Clara Prieto Avendaño, Alba García, Elizabeth García de Ayala y personas indeterminadas

Antecedentes:

1. Correspondió al Juzgado 19 Civil del Circuito de esta ciudad, aprehender conocimiento de la demanda por medio de la cual el libelista pidió, de manera principal, que se declarase que Ana Elvia Avendaño Ayala adquirió por prescripción adquisitiva extraordinaria el dominio del inmueble ubicado en la calle 4A Nº 3-40, de la nomenclatura actual de la ciudad de Bogotá, cuyos linderos y especificaciones allí se insertan y que, como consecuencia, se ordenara la inscripción del fallo en la oficina de registro pertinente.

Subsidiariamente reclamó que se reconociera que la demandante realizó diferentes clases de mejoras en el inmueble ya aludido, petición esta última que, debido a la mutilación parcial del folio respectivo de la demanda, sólo se colige de los diversos resúmenes que de la misma se han hecho en el proceso y, en consecuencia, que se condene a los demandados a pagar su valor, incluida la corrección monetaria y que se le faculte para retener el inmueble hasta que ese pago se efectué.

2. Clasificó los supuestos de hecho que apuntalan sus pedimentos en dos clases, unos destinados a fundamentar las peticiones principales y los otros a las subsidiarias.

Con relación a los primeros, dijo que la demandante ha ejercido la posesión material, pública, “específica” e ininterrumpida del aludido inmueble, con ánimo de señor y dueño y sin reconocer dominio ajeno, durante más de veinte años. Agregó más adelante, que las demandadas son herederas testamentarias y legatarias de quien aparece como titular del derecho de dominio en el certificado de tradición y en la copia del auto de apertura y de reconocimiento de herederos de la sucesión de Nieves Castañeda Torres, añadiendo que, en ejercicio de esa posesión, ha efectuado diversas clases de mejoras en el inmueble, ha pagado los servicios públicos, los impuestos y contribuciones de orden municipal y nacional.

Fincó las pretensiones subsidiarias en que desde hace más de 20 años tomó posesión del inmueble en mención y que ha realizado las mejoras necesarias tanto en el primero como en el segundo piso de la casa, mejoras consistentes en el arreglo de los techos, sustitución de canales y bajantes, reconstrucción de paredes, tablado, baños, puertas, escaleras, fachada en general, como lo pueden atestiguar varios vecinos del sector. Además, que ha efectuado el pago de impuestos y servicios, para mantener a paz y salvo por estos conceptos, el referido inmueble.

3. Enteradas las demandadas de esas pretensiones, Myriam Mercedes Prieto compareció al proceso a oponerse a ellas, aduciendo, básicamente, que la causante habitó el inmueble de su propiedad hasta el momento de su fallecimiento, suceso ocurrido seis años antes.

4. Agotada la primera instancia, a ella puso fin el juzgador a quo mediante sentencia estimatoria de las pretensiones, decisión que fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá y sustituida por el fallo inhibitorio que se impugna en casación.

Las razones del tribunal

Luego de reseñar los aspectos relevantes del litigio y del proceso, destacó el tribunal que para que sea posible proferir sentencia de mérito es necesario que se presenten los denominados presupuestos procesales, que son los requisitos que la ley señala como necesarios para regular la formación y perfecto desarrollo del proceso, y dentro de los cuales reparó en el que atañe con la aptitud formal de la demanda, de la cual dijo que es el acto de postulación más importante en el proceso, que pone en movimiento el aparato jurisdiccional y limita el poder decisorio del juez, de modo que el legislador ha señalado un mínimo de requisitos formales que debe reunir para que sea admisible y que están encauzados al logro de los presupuestos procesales y a facilitar la labor de proferir un fallo en consonancia con las pretensiones del actor.

Y, tras citar lo dispuesto por el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, afirmó que en el proceso fueron demandadas Miryam y Clara Prieto Avendaño, Alba García, Elizabeth García de Ayala, de quienes se dijo que eran herederas testamentarias y legatarias de la titular de derechos reales del bien pretendido, agregando que en tal calidad fueron reconocidas en la sucesión de Nieves Castañeda Torres, sin que se allegara el auto de reconocimiento de herederos anunciado, lo que quiere decir que al no haberse demandado a la persona que aparece en el certificado expedido por el registrador como titular de derechos reales sobre el bien y tampoco se trajera la prueba de la apertura de la sucesión y el reconocimiento de herederos, la demanda es inepta, lo que acarrea la revocatoria de la sentencia consultada y la inhibición que ahora se combate en casación.

La demanda de casación

En el único cargo que ella contiene, se acusa, con fundamento en la causal primera de casación, la sentencia impugnada de ser violatoria, por falta de aplicación, de los artículos 673, 758, 762, 765, 2512, 2518, 2528, 2529, 2531, 2532, 2533 y 2534 del Código Civil, infracción que, asevera el recurrente, se produjo en forma indirecta debido al error de hecho manifiesto y trascendente en que incurrió el sentenciador, al no dar por demostrado, estándolo, que en el proceso obra el certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos (fl. 35 del c. 1), y copia auténtica del auto de reconocimiento como herederas testamentarias de la demandadas Miryam Mercedes y Clara Prieto Avendaño (fl. 151 del c. 1).

Sustenta su imputación en que el juzgador revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, profirió fallo inhibitorio fundamentándose en la no existencia de ciertas pruebas que sí obran en el proceso. Reitera que Myriam Mercedes y Clara Prieto Avendaño fueron demandadas en su calidad de herederas testamentarias de la causante, al paso que Alba García y Elizabeth García Ayala lo fueron como legatarias y que, precisamente, la inhibición del tribunal se apoya en la ausencia de prueba del reconocimiento como herederas.

Sin embargo, añade, al folio 151 del expediente obra copia del reconocimiento, prueba esta que se aportó en debida forma, por lo que el tribunal incurrió en un manifiesto y trascendente error de hecho derivado de la no apreciación de dicha prueba y que lo condujo a proferir el fallo inhibitorio cuestionado, error que lo llevó a no dar por demostrado, estándolo, la calidad de herederas de esas demandadas, es decir que se presentó el fenómeno de la preterición ya que no dio por acreditado tal hecho.

Y tras citar jurisprudencia de la Corte relacionada con esa especie de yerro, asevera que las incorrecciones que le atribuye al juzgador “conllevaron” a que, por la vía indirecta, violara las normas acusadas en el cargo ya que si hubiera apreciado esas pruebas no habría incurrido en la falta de aplicación de los aludidos preceptos. Luego el error fue manifiesto y trascendente porque fue determinante y decisivo en la sentencia atacada.

Se considera:

1. No obstante que el tribunal, debido quizás a la superficialidad, ligereza y carencia de sindéresis que caracterizan su decisión, pasó por alto el documento por cuya preterición se queja la censura, tal omisión, como se verá seguidamente carece de virtualidad para descarrilar la sentencia recurrida.

No hay duda, ciertamente, de que la piedra angular de la resolución inhibitoria, es la aseveración según la cual, no se allegó al proceso “el auto de reconocimiento de herederos”, con el que se demostraría que las demandadas sí son herederas testamentarias “y legatarias de la titular de derechos reales del bien pretendido en usucapión”.

Empero, semejante inferencia del sentenciador ad quem, solamente fue refutada por el impugnante con la acusación consistente en que aquél no estimó la “copia autenticada del auto de reconocimiento como herederas testamentarias de las demandadas Myriam Mercedes y Clara Prieto Avendaño”, visible al folio 151 del cuaderno principal, documento respecto del cual es tangible que no se respetaron las reglas de los artículos 254 y 115 del Código de Procedimiento Civil, relativas a la emisión y aportación de los documentos en copias, motivo por el cual la referida imputación se torna irrelevante; desde luego que, por causa de la señalada anomalía, dicho documento carece de vigor probatorio.

Al respecto, es preciso comenzar por señalar que la susodicha copia fue “autenticada” el día 1º de abril de 1991, esto es, estando en vigor el artículo 254 ejusdem, reformado por el Decreto 2282 de 1989, norma que, subsecuentemente, es la llamada a gobernar el asunto.

Igualmente, que, por mandato de la citada disposición legal, “...Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: ... 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada...” (se resalta), por lo que debe colegirse que si bien es cierto que de conformidad con la reseñada reglamentación, se autorizó a los secretarios de los despachos judiciales para que expidiesen copias auténticas de los expedientes sometidos a su cuidado, a diferencia del régimen anterior que lo prohibía, no es menos cierto que el ejercicio de tal atribución se encuentra forzosamente condicionado a que el juez imparta la orden respectiva, requisito que se echa de menos en la copia allegada por la parte demandante al proceso; por supuesto que no obra constancia alguna que permita inferir que la atestación secretarial relativa a la supuesta autenticidad de la mencionada fotocopia hubiese sido precedida por la ineludible autorización del juez.

Es más, dado que se trata de la copia de un auto proferido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad y la atestación relativa a su posible autenticidad fue impuesta, como ya se dijera, por el secretario del Juzgado Primero de Familia de Bogotá, debió hacerse constar en ella que se trataba de copia auténtica del original cuya custodia estaba a cargo de ese despacho judicial, anotación de la que así mismo carece la referida constancia.

2. No sobra destacar, a propósito de lo anteriormente expuesto, que estrechamente entroncado con los mandatos del artículo 29 de la Constitución Política colombiana y 174 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra el principio de la formalidad de la prueba, conforme al cual, la validez de ésta se halla supeditada, entre otras cuestiones, a que ella sea aportada al proceso con cabal sujeción a los requisitos intrínsecos y extrínsecos previstos en el ordenamiento para tal efecto, es decir, que si bien las partes tienen el derecho fundamental de aportar pruebas al proceso, tal potestad no pueden ejercerla arbitraria o antojadizamente, ya que, dada la trascendencia de la actividad probatoria, en cuanto ella involucra cardinales derechos constitucionales, la misma se encuentra escrupulosamente reglada por el legislador, incumbiéndoles a los litigantes someterse a las exigencias previstas por aquél, entre ellas, las relativas al modo, tiempo y lugar de la aportación y práctica de las pruebas, requerimientos estos que constituyen un conjunto de coordenadas que convergen a vivificar los postulados de publicidad, contradicción, lealtad, pureza e igualdad que gobiernan la materia y que, en síntesis, constituyen el debido proceso de la prueba.

De modo, pues, que la forma de aportar, decretar y practicar pruebas no queda librada al capricho del juzgador o de las partes, ya que, reitérase, todas estas fases de la actividad probatoria se encuentran minuciosamente regladas por el ordenamiento con miras a asegurar el cabal cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales.

Refiriéndose a la exequibilidad del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, señaló la Corte Constitucional que “un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos... De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia y, en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial” (Sent. C-023/feb. 11/98)

Resulta palmario, pues, que conforme a la regla contenida en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, norma esta que como oportunamente se anotara, es la llamada a gobernar el caso, para que la aludida copia pudiera tener eficacia probatoria debió autenticarse en la forma allí prevista. Y como así no aconteció, la inexplicable omisión del tribunal no resulta trascendente; por supuesto que aún en el evento de que aquél hubiese reparado en la existencia del aludido documento, no podía concederle ningún valor probatorio, es decir, no podía derivar de él mérito persuasivo alguno, por lo que el yerro fáctico que se le imputa deviene fútil e irrelevante.

3. Y como quiera que fue éste, según se dijo, el único aspecto por el que se dolió el censor, le está vedado a la Corte, dado el carácter marcadamente dispositivo que gobierna el recurso, emprender el examen de cuestiones distintas a las señaladas por el impugnante. No sobra memorar, al respecto, que incumbe a la censura señalar con precisión los aspectos de la sentencia recurrida que suscitan su discrepancia, señalando de ese modo los derroteros que debe transitar esta corporación para despachar el recurso.

El cargo, pues, no se abre paso.

Decisión

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, NO CASA la Sentencia del 21 de marzo de 1995, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Ana Elvia Avendaño Ayala frente a Miryam y Clara Prieto Avendaño, Alba García, Elizabeth García de Ayala y personas indeterminadas.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Notifíquese.

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