Sentencia de tutela 608 junio 24 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DESVINCULACIÓN DE TRABAJADORES

AVISO AL PÚBLICO

EXTRACTOS: «El derecho a la intimidad adquiere un contenido suficientemente claro en la medida en que se tenga presente que el bien en el que se fundamenta y a la vez constituye su esencia desde el punto de vista conceptual, es la vida interior de las personas en su expresión tanto individual como familiar, o para mejor decirlo con palabras de un especialista, “es aquella parte de la existencia que transcurre en el sagrario de los muros domésticos, en la intimidad familiar o en la llama de las pasiones amorosas...” (Adriano de Cupis, Los Derechos de la Personalidad, Milán, 1950), de donde se sigue que por virtud de aquel derecho la persona humana, en el doble plano que acaba de dejarse indicado, está protegida constitucionalmente contra cualquier interferencia en su autonomía física o mental, en su libertad moral e intelectual, en su honor y en su reputación, poniéndola a salvo el ordenamiento superior, en consecuencia, de injustificados ataques que de hecho la sitúen en un falso concepto ante la opinión pública e impidiendo así mismo el ordenamiento en cuestión, la revelación abusiva de información atinente a esa esfera de intimidad inviolable que resulte impertinente, embarazosa e irrelevante frente al interés general de la comunidad, alcances estos que por cierto son los que al derecho consagrado en el artículo 15 de la Carta Política vigente en el país desde julio de 1991, le imprimen tratados internacionales ratificados por Colombia (art. 93 de la Constitución Nacional), principalmente la Convención americana sobre derechos humanos —Pacto de San José de Costa Rica ratificado por la L. 16 de 1972— cuyo texto es del tenor siguiente:

“Protección de la honra y de la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación...”.

Apreciada bajo los perfiles generales que se desprenden de las consideraciones precedentes la situación concreta planteada por la acción de tutela denegada mediante el fallo ahora impugnado, preciso es convenir en que la publicación de un aviso informando que unas determinadas personas ya no son trabajadoras de una específica compañía, por lo que se le pide a terceros y al público en general se abstengan de contratar en nombre de la empresa con ellas, no atenta en nada contra el buen nombre ni la honra o el derecho al trabajo de los extrabajadores mencionados, como que siendo cierto que ya no lo son, la divulgación de ese informe, en prevención de riesgos a terceros sobre futuras contrataciones, no constituye una intromisión manifiestamente dolosa o arbitraria en la vida privada del accionante, ni puede catalogarse tampoco como un atropello contra su buen nombre.

En efecto, la finalidad de dicha publicación encuentra sustento legal en expresas normas de carácter comercial y laboral que así lo permiten, y ella se utiliza como un instrumento de sana práctica, que en cuanto opere normalmente y sea aprovechado con sentido de responsabilidad y prevención, no redunda en detrimento del orden constitucional, pues quien obre siempre con rectitud no tiene por qué sentirse incomodado o atropellado en su dignidad, así como tampoco sometido a una restricción indebida en su libertad de acción económica, o de emplearse nuevamente, toda vez que la publicación sólo indica a manera de prevención el acaecimiento de un determinado hecho que es cierto, lo que en modo alguno puede representar para posibles nuevos empleos o contrataciones del accionante, situaciones especiales de riesgo o de desprestigio, y sí en cambio permite que el público en general conozca que una persona ya no labora para una empresa por lo que no debe contratarse con ella en nombre de la entidad. Por ende, tal información no puede tenerse como evidencia clara y manifiesta de una restricción arbitraria a los derechos fundamentales invocados a lo largo de esta actuación, lo que conduce a que deba confirmarse el fallo impugnado».

(Sentencia de tutela, junio 24 de 1993. Expediente 608. Magistrado Ponente : Héctor Marín Naranjo).

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