Sentencia 6089 de julio 14 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PROCEDIMIENTO GUBERNATIVO

NO TIENE ETAPA PROBATORIA ESPECÍFICA

EXTRACTOS: «Violación del debido proceso. Este cargo lo hace consistir la actora en el hecho de haber pretermitido la administración la etapa probatoria, porque a pesar de presentar y pedir pruebas, aquélla no se pronunció admitiendo o rechazando las pruebas presentadas, incurriendo así en la causal de nulidad señalada en el numeral 6º del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

Señalaba el artículo 152 del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil) en su numeral 6º:

“Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”.

Observa la Sala que la actora evidentemente, tanto con oportunidad de la respuesta al requerimiento como con ocasión de la interposición del recurso tributario, presentó pruebas, que si bien no fueron objeto de admisión mediante auto o decreto de pruebas, sí fueron analizadas por la administración, con oportunidad de las etapas de determinación y discusión del impuesto, como se infiere del texto de la Resolución 616 de 1988, páginas 14, 16 y 17, que dan cuenta del análisis y valoración de los documentos presentados por la actora, entre ellos el certificado expedido por el contador de la sociedad. No puede alegarse entonces, pretermisión de la etapa probatoria en un proceso, que como el gubernativo, que por ser especial carece de este trámite específico como etapa propia, hecho que obliga a que la administración los analice previamente y los evalúe con ocasión de la decisión administrativa, como en efecto ocurrió en el sub lite. Distinto es que el acervo probatorio allegado por la actora no hubiera sido suficiente, a juicio de la administración, para demostrar los costos, deducciones y pasivos realizados.

No es acertado exigir para un proceso de discusión que debe concluirse en el término de un año, so pena del silencio administrativo, que se apliquen los trámites previstos en el Código de Procedimiento Civil, pues de nada valdría entonces la existencia de un procedimiento especial propio de la actuación administrativa tri-butaria, cuyos vacíos se llenan en forma suple-toria por las disposiciones del procedimiento administrativo general o común (primera parte del CCA).

Encuentra así la Sala, acertada la decisión del a quo, cuando al compartir lo expresado por el agente del Ministerio Público ante el tribunal, concluye que no hubo desconocimiento del derecho de defensa, que diera lugar a nulidad por la causal invocada y que el hecho de que el funcionario administrativo no decretara las pruebas y las practicara observando el ritual propio de los procedimientos judiciales, no afecta la validez formal de los actos administrativos acusados expedidos de acuerdo con las normas especiales de carácter administrativo. Por lo demás, agrega la Sala que la norma invocada como violada regula las causales de nulidad en los procesos judiciales y no es susceptible de aplicación en el procedimiento administrativo».

(Sentencia de julio 14 de 1995. Expediente 6089. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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