Sentencia 6089 de septiembre 26 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA

CALIDADES DE LA PERSONA REEMPLAZANTE

EXTRACTOS: «En lo atinente a que la demandante era una funcionaria idónea y eficiente en el ejercicio del cargo que desempeñaba, dirá la Sala, como lo ha manifestado en varias ocasiones, que tales condiciones que acreditaba la actora, según se afirma en el libelo, no son por sí solas suficientes para enervar el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad nominadora, ni conceden estabilidad laboral al empleado de libre nombramiento y remoción dentro del servicio público, ya que aquellas circunstancias especiales no significan que no pueda haber otras personas que desempeñen mejor el cargo o existir otras razones, que por motivos del buen servicio, hagan aconsejable producir la desvinculación del funcionario.

No obstante lo anterior, situación diferente se presenta en relación con lo expuesto en los hechos de la demanda, en donde se afirma que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde la fecha de retiro de la actora “no ha designado al funcionario en propiedad permaneciendo encargado el jefe de Senalde funcionario éste que no es abogado, demostrando este hecho que la declaratoria de insubsistencia no se hizo para la buena prestación de servicio a la comunidad” (fl. 10) y en el desarrollo del concepto de la violación, cuando la parte demandante expone que “si se observa, se le reemplazó por un funcionario que no era idóneo en las normas del derecho ... el funcionario reemplazante de la doctora Acosta no responde al requisito de la idoneidad ...” (fl. 12). Es decir, que el demandante afirma que su remoción del empleo no fue armónica con el buen servicio que debe inspirar a este tipo de decisiones.

En relación con este aspecto particular de la demanda, recuerda la Sala que los actos administrativos, como el demandado, gozan de la presunción de legalidad, pues se considera que han sido expedidos en razón del buen servicio; pero tal presunción se quiebra cuando se demuestra que como resultado de la decisión, no solamente no se mantuvo la prestación normal del servicio sino que éste se desmejoró. Tal es el caso, en opinión de la Sala, cuando se designa para el ejercicio de un empleo a una persona que no cumple los requisitos mínimos exigidos para su ejercicio; requisitos que no son señalados en forma caprichosa, sino que son determinados con base en la evaluación de la naturaleza y complejidad de las funciones asignadas al empleo. De ahí, que se exija acreditar un determinado nivel académico, una menor o mayor experiencia laboral y, en casos especiales, una formación profesional en un campo específico del conocimiento, caso éste en el que no se podrá reemplazar a un médico por un abogado, a un economista por un ingeniero civil, o a un abogado por un administrador, no obstante ser todos ellos profesionales, pues la especificidad de la actividad que corresponde a quien desempeña el empleo (medicina, economía, derecho) impide que éste sea ejercido por un profesional de una disciplina diferente. Si esta circunstancia se presenta, es innegable que se produce un desmejoramiento en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.

Sobre el tópico, como lo destaca el Tribunal del conocimiento (fl. 193) está probado en el caso sub judice la falta de idoneidad del señor Álvaro David Cormane Correa para ejercer el empleo que ocupaba la demandante, funcionario que entró a reemplazarla en calidad de encargado, movimiento de personal que se da por demostrado al no haber sido controvertido por la parte demandada, a pesar de no constar dentro del expediente el acto administrativo contentivo del encargo, aunque sí copia del acta de entrega de la oficina por parte de la demandante a su reemplazo transitorio; quien reemplazó a la actora manifiesta en su declaración ser titulado en administración de empresas y haber ejercido el cargo por un lapso superior a cuatro meses hasta cuando fue nombrada en propiedad la doctora Leomara Gallo Mendoza (fls. 178 y 179), mientras que para el desempeño del empleo se exigía tener grado universitario en derecho y dos años de experiencia específica (fl. 172).

Así las cosas, si el funcionario que sustituyó a la demandante en el empleo carecía de los requisitos indispensables para su ejercicio, fuerza concluir que dentro de esta circunstancia no se podía mejorar el servicio y, antes por el contrario fue desmejorado, sin que lo expresado por el apoderado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al respecto (fl. 125), justifique la decisión de la administración de efectuar el encargo en una persona que no acreditaba la formación profesional requerida.

Lo anterior lleva a la Sala a confirmar la sentencia proferida el 31 de julio de 1991 por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia consultada, proferida el 31 de julio de 1991 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el proceso instaurado por la señora María Elena Acosta Mejía en orden a obtener la nulidad del Decreto 1115 de 10 de junio de 1988 expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se declaró insubsistente su nombramiento.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen».

(Sentencia de septiembre 26 de 1994. Expediente 6089. Magistrado Ponente: Dr. Joaquín Barreto Ruiz).

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente me permito manifestar que no comparto la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, puesto que considero que en este caso no se probó la desviación de poder.

De la sola circunstancia de haber encargado a un funcionario que no reunía requisitos para desempeñar las funciones que correspondían a la actora en el cargo del cual fue declarada insubsistente, no es posible deducir desviación de poder.

El encargo es por su naturaleza transitorio y bien pudo hacerse necesario mientras se nombraba en propiedad o en período de prueba el reemplazo de la actora.

No debe olvidarse que las dos decisiones son independientes una de otra y que no necesariamente la ilegalidad del nombramiento del reemplazo implica la nulidad de la insubsistencia; sólo cuando sumada a otras pruebas que demuestren por ejemplo desmejora en el servicio o móviles contrarios a la ley como inspiradores de la insubsistencia, será posible anular ésta.

En el caso presente no se adujo ninguna prueba sobre móviles ocultos ni tampoco se estableció la desmejora del servicio; por lo cual, a mi juicio, debían negarse las súplicas de la demanda.

Clara Forero de Castro 

Las razones para salvar mi voto están ampliamente consignadas en el de la Consejera Dra. Clara Forero de Castro, por lo cual adhiero a sus consideraciones.

Dolly Pedraza de Arenas. 

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