Sentencia 6114 de septiembre 3 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CONCENTRACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS

TIPIFICACIÓN

EXTRACTOS: «Como el cargo de atipicidad de la conducta imputada a los procesados recurrentes se hace consistir en la ausencia del elemento normativo del tipo penal del artículo 19 del Decreto 2920 de 1982, esto es, porque las tres operaciones crediticias realizadas el 12 de agosto de 1983 individualmente consideradas o sumadas una a otras no rebasan las autorizaciones legales, es preciso transcribir el texto de la norma en cuestión que dice:

“A la misma pena (de 2 a 6 años de prisión) estarán sujetos los directores, administradores, representantes legales y funcionarios de las instituciones financieras, que otorguen créditos o efectúen descuentos en forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas de la propia entidad, por encima de las autorizaciones legales.

Incurrirán en la conducta establecida en este artículo y en las sanciones aplicables, los accionistas beneficiarios de la operación respectiva”.

Este delito conocido como “concentración indebida de créditos” prohíbe a los directores, administradores, representantes y funcionarios de instituciones financieras otorgar créditos o efectuar descuentos, de manera directa o indirecta a los accionistas de la propia entidad, superando las autorizaciones legales que le señalan un límite o cupo de endeudamiento; es decir, concentrar o reunir en un solo accionista (persona natural o jurídica) préstamos o hacer descuentos por encima del tope legal.

Y como lo que prohíbe la norma es la concentración de créditos en una sola persona rebasando las autorizaciones legales, a dicha prohibición se llega mediante el otorgamiento de uno o varios de ellos, que separada o conjuntamente considerados superen el límite legal. Así lo entendió el ad-quem al expresar que “copada la capacidad lícita de endeudamiento, cualquier otro crédito por ínfimo que sea” tipificaría el hecho punible descrito en el artículo 19 del Decreto 2920 de 1982.

Argumenta el recurrente que el Tribunal Superior dio por estructurado el delito en mención sobre el equívoco de contabilizar operaciones crediticias que como las anteriores al 12 de agosto de 1983 habían sido declaradas prescritas por la misma Corporación; pero olvida que lo que prescribe en cada caso concreto es la acción del Estado para perseguir el hecho punible y no el hecho objetivamente considerado.

Con sobrada razón dijo el representante de la parte civil que

“Tal planteamiento desconoce a todas luces el alcance de los tipos penales infringidos y la filosofía en la que está inmerso nuestro estatuto punitivo, pues una cosa son los efectos jurídicos de la prescripción de la acción penal, que pone fin a la potestad punitiva del Estado respecto de hechos concretos y otra cosa bien distinta es otorgarle a dicha figura jurídica la facultad sobrenatural de hacer desaparecer hechos naturalísticamente incontrovertibles.

Ciertamente el hecho de que los créditos amparados por la declaratoria de prescripción no sean perseguibles punitivamente, no significa que el límite legal previsto en el Decreto 2920 de 1982 no haya sido quebrantado con la concesión de los que motivaron la sentencia condenatoria, pues el punto de referencia naturalístico con base en el cual se sabe cuándo comienza a excederse el límite legal de crédito, no se altera en absoluto con la declaratoria de prescripción de la acción penal de algunos créditos, legitima la subsiguiente comisión de hechos punibles que tienen en común con las anteriores circunstancias naturalísticas que en manera alguna se afectan por el fenómeno de la prescripción. Como se anotó anteriormente, el punto de referencia para determinar cuándo se excede el límite legal de crédito, no se altera en ninguna forma porque algunas de sus transgresiones posteriores pierdan relevancia penal en virtud de la operancia del fenómeno prescriptivo”.

Para la Sala es incuestionable que el delito de concentración indebida de créditos de que trata el artículo 19 del Decreto 2920 de 1982 (reproducido como tal en el Decreto 1730 de 1991) se configura en el momento en que el crédito o los créditos otorgados por la entidad prestamista a un accionista suyo, sobrepasan los límites de endeudamiento, los que para el caso sub judice equivalían al 7% de su capital pagado y reservas patrimoniales, o el 15% de los mismos, cuando el exceso de las obligaciones del deudor para con las instituciones financieras estuviere amparado en garantías reales, conforme al artículo 1º del Decreto 3663 de 1982. Es por eso que el crédito que desborde el cupo de endeudamiento ya señalado torna ilícito el que se otorgue después, cualquiera que sea su cuantía, como lo entendieron los falladores de instancia y el Procurador Primero Delegado en lo Penal.

Siendo evidente, como resulta de autos, que los créditos directos concedidos por el Banco de Colombia a la sociedad “Inversiones y Valores S. A.” el 23 de diciembre de 1982 y el 16 de febrero de 1983 por quinientos doce y trescientos millones de pesos respectivamente, sobrepasaron en mucho el límite de endeudamiento del capital pagado más reservas patrimoniales de la entidad bancaria (10% a 25% según el Decreto 990 de 1983) que sumaban $ 3.711.863.792; los restantes créditos indirectos por varios millones de pesos, entre los cuales, los concedidos el 12 de agosto de 1983 por cantidades inferiores a los cincuenta millones de pesos cada uno, están impregnados de ilicitud por haber desbordado el cupo individual de endeudamiento y puesto en peligro la solvencia y liquidez del banco permitiendo la concentración, en pocas manos, de ingentes recursos captados del público.

De manera que las operaciones crediticias indirectas realizadas el 12 de agosto de 1983, cada una por suma inferior a los cincuenta millones de posos, se subsumen en el tipo penal del artículo 19 del Decreto 2920 de 1982 (hoy reproducido en el estatuto orgánico del sistema financiero) toda vez que para entonces se había sobrepasado el cupo legal de endeudamiento de la institución financiera».

(Sentencia de casación, septiembre 3 de 1992. Radicación 6114. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Carreño Luengas).

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